domingo, 19 de septiembre de 2010

La Matanza de Napalpí: crónica de un genocidio por Maximiliano Molocznik


La Matanza de Napalpí: crónica de un genocidio

Por: Maximiliano Molocznik

“Para fingir gratitud podrá alzarse cualquier monumento al indio en una plaza pública de la capital federal y hasta cantársele loas, pero, en la realidad de la vida, se le explota, humilla, expulsa y mata”
El Heraldo del Norte, 27 de Junio de 1925

El 19 de Julio de 1924 fue un día aciago para la historia de los pueblos originarios en nuestro país. Esta matanza fue la respuesta del poder político al primer movimiento agrario reivindicativo aborigen de la historia contemporánea argentina.
En los primeros días de julio de 1924 comenzó a gestarse un movimiento de resistencia integrado por cerca de 800 aborígenes tobas y mocovíes que deseaban llevar adelante la primera y única huelga agrícola indígena de nuestra historia. Se negaban a participar de la cosecha algodonera de ese año por estar hartos de cobrar jornales muy inferiores a los del resto del país. La situación ya se venía caldeando desde fines de 1923, cuando se produjo “el crimen del cuchillo”, un asesinato horrible de indios en los lejanos parajes de El Cuchillo en el departamento salteño de Rivadavia, limítrofe con el territorio nacional del Chaco que nunca fue aclarado.
El movimiento se extendió rápidamente a otras comunidades indígenas y etnias del Chaco. Sus reclamos eran muy claros: mejores condiciones de trabajo, pago en pesos y no en vales por sus tareas, y fin a la ocupación ilegal que los blancos hacían de sus tierras. También denunciaron los atropellos y vejaciones que venían sufriendo desde fines del siglo XIX con la anuencia y distracción de las autoridades civiles y militares.
Frente a la dimensión del movimiento, una delegación de caciques presidida por Pedro Maidana intenta viajar a la ciudad de Resistencia para plantear formalmente sus reivindicaciones. No lo logran. Son detenidos a la altura de la localidad de Quitilipi, a poco más de cien kilómetros de la capital del Chaco, debiendo volver otra vez a la reducción. Cuando corre la información del fracaso de Maidana, los indígenas comienzan a autoorganizarse para emigrar a las provincias de Salta y Jujuy a trabajar en los ingenios azucareros. El gobernador nombrado por el gobierno federal, Fernando Centeno, les prohíbe la salida del territorio. El carácter pacífico del movimiento permitió que se sumaran los hacheros criollos de origen correntino –serán también brutalmente asesinados en Napalpí- y los cosecheros de origen santiagueño. Frente a la cohesión, a la predisposición a la lucha y al abandono de los campos, comenzaron a levantarse las voces de los poderosos de siempre: terratenientes, gerentes de las multinacionales extranjeras y concesionistas obrajeros. Los “desesperados terratenientes” Walter Kaussel, Juan Retamozo y Luis Fernández, lloraban sus penas ante el gobernador por la falta de cosecheros para explotar. Denunciaban pérdidas millonarias al no poder levantar sus cosechas, sembrar o talar los montes. Piden al gobierno de Chaco que adopte una postura firme para “escarmentar a los que dan el mal ejemplo”.
La situación comienza a repicar en Buenos Aires y obliga el 12 de julio a Eduardo Elordi, titular de la Secretaría de Territorios del Ministerio del Interior de la Nación, a viajar urgentemente a Chaco a negociar con los caciques. Estos, para ese momento, ya se habían concentrado en Napalpí. Nunca se supo de qué hablaron los caciques rebeldes y el funcionario nacional. Lo cierto es que la reunión fracasa frente a la intransigencia absoluta del gobernador Centeno, quien no está dispuesto a aceptar ninguna de las reivindicaciones solicitadas. Inicia un raid por los medios, preparando el clima de la futura represión al hablar de “sublevación”, “peligro indio” y “malón que se avecina”.Colaboran con él, en la instalación de la paranoia, los terratenientes. El periódico “La Voz del Chaco” informa que “todos los campos quedaron deshabitados desde Quitilipi a Fortín Aguilar (…)en la estancia de los señores Von Rentzell y Jorge Kessel se construyeron trincheras sistema alemán, en toda forma, tendiendo redes de alambre de púa alrededor de las casas y con bolsas de tierra y algodón para parapetos de tiro”. Centeno, no conforme con esto, reclama la llegada de tropas del ejército para “sofocar la sublevación”. Frente a la negativa de las autoridades militares a intervenir, ordena a la tercera división militar “tener tropas listas para cualquier emergencia”.
El 16 de julio sale de Resistencia hacia Machagai el comisario Sáenz Loza junto a cuarenta policías nacionales cuya misión era reforzar la concentración policial ya existente en la zona. Sáenz Loza no era un desconocido para los indígenas, su fama de siniestro torturador lo acompañaba desde hacía largo tiempo. Un testimonio de la época dice de él: “…ni siquiera sabía firmar. Dibujaba la firma y era temido por propios y extraños por su brutalidad con quien se le metía entre ceja y ceja. Hacía gala de sus contactos políticos en Resistencia. Después de Napalpí exhibía con orgullo en su despacho un frasco grande de vidrio donde conservaba en alcohol orejas de aborígenes de aquella ‘batalla’”.
El 18 de julio de 1924 Centeno, alegando una supuesta desprotección de colonos blancos y el peligro de un malón indígena, ordena la represión. Es importante aclarar que ni los tobas ni los mocovíes eran pueblos “salvajes dedicados al pillaje” ni realizaban “saqueos o raptos de mujeres” como decía el poder político local.
En la madrugada del 19 de julio comienza el genocidio. Los efectivos dispuestos por el gobernador rodean la zona “para que nadie escape”. A las nueve de la mañana, para sacarlos de la espesura del monte, les arrojaron una sustancia química que produjo el incendio de la toldería y del monte que los protegía. Esta acción fue realizada por el sargento Emilio Esquivel, acompañado por el civil Juan Browis desde un avión biplano, propiedad de la Escuela de Aviación del Aeroclub Chaco. No hubo resistencia. Cuando comenzaron a salir desesperados del monte por el fuego los niños, ancianos, mujeres y hombres adultos, desarmados y con las manos en alto, comenzó la masacre. Les dispararon tanto de la tierra como desde el aire. “Las descargas de fusiles Mauser y Winchester de los 130 efectivos comenzaron cuando dieron la orden el comisario Sáenz Loza y su lugarteniente, el comisario de Quitilipi José B. Machado. Se dispararon más de cinco mil cartuchos en menos de dos horas, sin previo aviso. Mataron a todos los que pudieron, porque se quedaron sin municiones. Entonces, a los muertos y a los heridos todavía con algún hilo de vida los degollaban a sablazos, como trofeos de guerra, les cortaron a machetazos las orejas, los testículos y penes a los hombres y los pechos a las mujeres. Aun vivo, también a machetazos, caparon al líder de la huelga que se había entregado prisionero. Al cacique Pedro Maidana se le había prometido que se le iba a respetar la vida. Fue empalado junto con sus dos hijos, José y Marcelino. El mismo destino corrieron otros líderes de la huelga. Los colocaron por sus esfínteres, atravesados por grandes estacas, con los cuerpos todavía moviéndose a la entrada de la toldería que seguía incendiándose. Se salvaron de este salvajismo los correntinos y santiagueños, que sólo fueron degollados”. Hasta el día de hoy, cuenta la tradición toba, que en las noches de tormenta se pueden sentir en los montes los gritos desesperados de dolor de aquellas víctimas. Sin embargo, no todo terminó aquí. Las persecuciones y asesinatos se prolongaron por más de tres meses. Las mujeres jóvenes que tuvieron la “suerte” de no ser masacradas de entrada, fueron violadas y abusadas reiteradamente para “solaz de la soldadesca” y, luego, también fueron asesinadas. La orden era clara: no debía quedar ningún testigo aborigen.
Los enterramientos fueron tan perversos como la masacre. Una gran parte de los muertos fue enterrada en grandes fosas comunes allí mismo; algunos heridos todavía estaban vivos. Treinta y ocho prisioneros cavaron las fosas. Luego de esta tarea fueron degollados allí mismo, según lo relata el prestigioso historiador chaqueño Carlos López Piacentini. Los que no tuvieron la “suerte” de tener una sepultura fueron amontonados en enormes piras, rociadas con querosene y alquitrán. Se les prendió fuego y ardieron por varios días. El hedor y el humo de la carne quemada se extendió por varias leguas. Las fuerzas de seguridad habían hecho bien su trabajo, no quedó ninguno de los que “dan el mal ejemplo”.
En Buenos Aires, muy poca gente se enteró de este hecho. Los grandes medios lo ignoraron o, en su defecto, publicaron la noticia apoyando la represión. Así, vemos que el Diario La Prensa, por ejemplo, titula el día 20 de Julio de 1924: “Alzamiento de indios en el territorio chaqueño”. Es importante indicar que el país se encontraba en democracia pero, evidentemente, el presidente Alvear estaba más preocupado por atraer a los inversores extranjeros y por proseguir los últimos años de la Belle Epoque, que por esta masacre. Sólo unas pocas voces se alzaron para denunciar esta situación. La que tomó estado público fue la realizada por Enrique Lynch Arribálzaga, ex director de la Reducción de Napalpí, quien el 24 de agosto de 1924 ante el Congreso Nacional habló de “una verdadera carnicería humana”. La segunda fue el informe de la Comisión Honoraria para la protección de los indios, redactado por Lorenzo Galíndez, Ramón Pardal y J. Bialet Masse que resulta esclarecedor para comprender el nivel de explotación al que eran sometidos los indígenas: “Tenemos establecimientos de empresas particulares donde el indio trabaja de sol a sol, sin descanso, mal alimentado, casi desnudos, viviendo en huetes hechas con paja, llenas de piojos y donde se producen las más grandes enfermedades infecciosas. Los indios están directamente bajo la acción de un tratante que los contrata y maneja como bestias y que después de haberlos hecho trabajar todo lo necesario, terminada la zafra, los despide, dándoles unos trapos viejos, algún animal doméstico que ya no sirve y algunas moneditas”.
La Matanza de Napalpí fue un verdadero ejemplo de terrorismo de Estado que merece nuestro más profundo repudio, no solamente por el dolor infringido sino también por la impunidad que gozaron y gozan sus culpables. Cabría preguntarse, entonces, por qué nuestros juristas, tan apegados siempre a las formalidades de la Ley no han declarado aún este hecho como un Crimen de Lesa Humanidad.

Fuente:

Vidal, Mario: “Napalpí, la herida abierta”, Resistencia, Editorial Región, 1998.

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