Documento de convocatoria al acto por el segundo aniversario de la
recuperación de YPF
Juventud Sindical Peronista
La Compañera Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el 16 de
abril de 2012, el envío del Proyecto de Ley al Congreso Nacional en donde
además de expropiar el 51 % de YPF, declara de “interés público y nacional” al
“autoabastecimiento de hidrocarburos”. Esta decisión del Ejecutivo Nacional
recibió el apoyo inmediato de amplios sectores políticos nacionales e
internacionales y la población en general, celebró la medida.La
expropiación de la empresa petrolera estatal YPF de manos de la española
REPSOL, es un ejercicio de gobierno soberano, nacional y popular porque
–parafraseando a Raúl Scalabrini Ortiz- “recuperar nuestro petróleo, es
recuperar nuestra bandera”. A dos años de aquella fecha los trabajadores
argentinos consideramos pertinente realizar el oportuno balance histórico
mediante una demostración activa en las calles tendiente a reafirmar nuestro
compromiso con la defensa de la soberanía nacional.
YPF que llegó a tener
setenta mil empleados y la destilería de Ensenada llegó a ser la décima
destilería más grande del mundo y la tercera de América Latina, fue sustento y
orgullo de nuestra identidad argentina y los ypefianos los grandes sostenedores
de su grandeza. Durante el Proceso de Reorganización Nacional se hizo todo lo
posible para desarrollar la actividad privada, e YPF aparecía como el principal
escollo para el equipo económico de la dictadura por lo que la prioridad era
limitar el crecimiento y presencia de la petrolera estatal YPF (principal
empresa petrolera en el momento), que aumentó su deuda por el casi 1613 %,(de
372 a 6000 millones de dólares en solo siete años). La empresa despidió a trece
mil empleados y aumentó la productividad en un 80 %. En ese momento al no
contar con destilerías, YPF tenía que entregar el petróleo a empresas como
Shell y Esso, para su refinación. Paradójicamente, fue en el marco de un
gobierno surgido de las urnas y votado por la masa peronista el 14 de mayo de
1989, que se concretó la privatización de YPF. Desde La Rioja, y con el
argumento de la Revolución Productiva” y el “Salariazo”, Carlos Menem asumió la
presidencia de la Nación dando inicio a la segunda década infame; mediante tres
decretos (1055, 1212 y 1589) firmados en los primeros meses de su gobierno,
desreguló el mercado petrolero argentino, disminuyendo el poder de control del
Estado respecto de las empresas privadas. Los anteriores contratos de servicio
fueron transformados en concesiones con libre disponibilidad del petróleo
extraído, y se licitaron áreas centrales y marginales de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales. El 31 de diciembre de 1990 mediante el decreto n.°
2.778, el Poder Ejecutivo transformó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima. En el año 1992 la ley n.º 24.145
transfirió el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado
Nacional a las provincias, la ley también privatizó a YPF, así Argentina perdió
poder de decisión sobre la política petrolera, toda vez que cada provincia
petrolera no podía negociar sola frente a las poderosas empresas
multinacionales. Uno de los diez puntos del Consenso de Washington fue también
motivo de la privatización de YPF, ya que el mismo expresaba entre otras cosas,
la necesidad de privatizar empresas públicas. Fue establecido por organismos
como el FMI y el Banco Mundial. De aquí surgió la privatización de varios
servicios estatales, como Ferrocarriles Argentinos, YPF, Gas del Estado, Entel
y Aerolíneas Argentinas. Pero para privatizar la empresa era condición
necesaria endeudarla, no invertir para aumentar la producción y achicar el
plantel de trabajadores. En el marco de un conflicto solidario con una filial
hermana, la Filial Ensenada acude a un paro de actividades el 21 de septiembre
de 1991, dando la excusa precisa para cesantear a casi 1500 trabajadores. A las
nuevas empresas petroleras se les permitió la libre disponibilidad del petróleo
extraído, ya sea poniendo el precio para importar, como también la libre
disponibilidad de las ganancias obtenidas por las exportaciones, a causa de
esto la extracción del petróleo para exportar superó el 50 %, por encima de las
necesidades del mercado interno, en consecuencia, hubo una brusca caída en las
reservas del país, a la vez se agravaron por la falta de inversiones en
exploración de nuevos pozos, desde mediados de la década de 1990. Menem
concretó los planes que el imperialismo venía preparando sin pausa desde el
golpe de 1976. Como sus antecesores, los golpistas y los “democráticos”, las
políticas por él practicadas fueron antinacionales, antipopulares y
desindustrializantes. Su estrategia consistió en el traspaso masivo del
patrimonio nacional a manos de los monopolios y grupos financieros
internacionales. Al igual que con la dictadura, la gran prensa antinacional se
ocupó de ocultar la verdad, preparando el terreno para la más funesta entrega
de la propiedad de todos los argentinos. La empresa española Repsol compró
todas las acciones de YPF por un total de quince mil millones de dólares,
Repsol solo explotó los yacimientos heredados de YPF, vendiendo el petróleo
extraído. Se exportaron grandes cantidades de crudo al mercado internacional,
al tener la libertad en las ganancias obtenidas, las mismas fueron usadas para
comprar yacimientos en otros lugares, como Bolivia, Trinidad y Tobago y Libia.
Repsol (ahora llamada Repsol YPF), obtuvo ganancias de dos mil millones de
dólares anuales. Pero como los yacimientos argentinos no eran rentables, la
inversión de Repsol YPF en exploración de nuevos yacimientos fue inexistente.
Las reservas bajaron. La privatización del petróleo durante la década del 90,
que en un contexto muy duro para el movimiento obrero en la dictadura iniciada
en 1976 y disciplinamiento a través de la hiperinflación en los 80 evidenció,
frente a una reestructuración capitalista similar y aún más profunda, una
respuesta diferente por parte de los petroleros estatales; una aparente
sumisión de la extensa dirigencia gremial y complicidad de la federación SUPeH,
dejaron en evidencia la soledad en que la filial de Ensenada resistió el
proceso privatizador. Mientras los trabajadores perdían paulatinamente sus
puestos de trabajo unos, y otros debían conformar cooperativas de trabajo para
sortear el despojo que la tercerización de muchos sectores les dejaba, la
conducción local junto a pocos cesantes y otros en actividad sostuvieron una
lucha épica contra la empresa privatizada, los ejecutivos nacional, provincial
y municipal, los medios de prensa y la obsecuencia interesada de la conducción
nacional del sindicato.
El presidente Illia anuló algunos de esos contratos, pero luego rectificó,
permitiendo la continuidad de las petroleras estadounidenses, produciendo un
déficit en la producción de hidrocarburos. La llamada revolución Argentina con
su ministro Adalbert Krieger Vasena, devaluó la moneda nacional el 40%,
permitiendo a las empresas transnacionales adueñarse de las empresas de capital
nacional subvaluadas y luego con la Ley de Hidrocarburos, avanzaron sobre el
petróleo argentino. En 1967 la Ley 17319 de Onganía marcó un hito en la
política antinacional petrolera, al otorgar a las empresas permisionarias y
contratistas seguridades suficientes para operar en el país. Es en este marco
que se produce la “gran huelga petrolera” de 1968 en Ensenada; durante la
misma, que duró más de tres meses (entre octubre, noviembre y diciembre), se
vio una combinación de luchas por mejores condiciones de trabajo como la
derogación de la protección horaria por insalubridad, y aspectos políticos
contra medidas económicas y sociales de la dictadura, como la Ley de
Hidrocarburos, que permitía a empresas privadas explotar yacimientos de YPF, y
la Ley 14343 de racionalización administrativa que venía dejando en situación
de prescindibilidad a muchos trabajadores estatales en la etapa. La
contradicción entre la posiciones de la federación SUPE y la filial Ensenada en
el marco de la desestatización de YPF quedó plasmada en el hecho de que la
federación tuvo una estrategia de supervivencia organizativa convirtiéndose en
un “sindicato de negocios” y desmovilizando a las filiales del interior con el
discurso de que “nada podía hacerse” más que adaptarse a la lógica
privatizadora, mientras que la filial Ensenada asumió el camino de la
resistencia y la lucha contra la privatización. Esta huelga de los trabajadores
petroleros y la de los ferroviarios, junto a los hechos del llamado
“cordobazo”, produjeron la declinación del dictador Juan Carlos Onganía. La
suerte que corrió la empresa nacional, sus trabajadores y la Nación durante los
siguientes 15 años fue una impronta que permite entender los sucesos
privatistas subsiguientes.
En 1955, con el derrocamiento del gobierno popular de Perón a manos de la
“revolución” liberticida y Fusiladora, YPF no fue concesionada a petroleras
extranjeras, pero tampoco se alentó la inversión, lo que alejaba los sueños de
auto abastecimiento.
Juventud Sindical Peronista
La Compañera Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el 16 de
abril de 2012, el envío del Proyecto de Ley al Congreso Nacional en donde
además de expropiar el 51 % de YPF, declara de “interés público y nacional” al
“autoabastecimiento de hidrocarburos”. Esta decisión del Ejecutivo Nacional
recibió el apoyo inmediato de amplios sectores políticos nacionales e
internacionales y la población en general, celebró la medida.La
expropiación de la empresa petrolera estatal YPF de manos de la española
REPSOL, es un ejercicio de gobierno soberano, nacional y popular porque
–parafraseando a Raúl Scalabrini Ortiz- “recuperar nuestro petróleo, es
recuperar nuestra bandera”. A dos años de aquella fecha los trabajadores
argentinos consideramos pertinente realizar el oportuno balance histórico
mediante una demostración activa en las calles tendiente a reafirmar nuestro
compromiso con la defensa de la soberanía nacional.
YPF que llegó a tener
setenta mil empleados y la destilería de Ensenada llegó a ser la décima
destilería más grande del mundo y la tercera de América Latina, fue sustento y
orgullo de nuestra identidad argentina y los ypefianos los grandes sostenedores
de su grandeza. Durante el Proceso de Reorganización Nacional se hizo todo lo
posible para desarrollar la actividad privada, e YPF aparecía como el principal
escollo para el equipo económico de la dictadura por lo que la prioridad era
limitar el crecimiento y presencia de la petrolera estatal YPF (principal
empresa petrolera en el momento), que aumentó su deuda por el casi 1613 %,(de
372 a 6000 millones de dólares en solo siete años). La empresa despidió a trece
mil empleados y aumentó la productividad en un 80 %. En ese momento al no
contar con destilerías, YPF tenía que entregar el petróleo a empresas como
Shell y Esso, para su refinación. Paradójicamente, fue en el marco de un
gobierno surgido de las urnas y votado por la masa peronista el 14 de mayo de
1989, que se concretó la privatización de YPF. Desde La Rioja, y con el
argumento de la Revolución Productiva” y el “Salariazo”, Carlos Menem asumió la
presidencia de la Nación dando inicio a la segunda década infame; mediante tres
decretos (1055, 1212 y 1589) firmados en los primeros meses de su gobierno,
desreguló el mercado petrolero argentino, disminuyendo el poder de control del
Estado respecto de las empresas privadas. Los anteriores contratos de servicio
fueron transformados en concesiones con libre disponibilidad del petróleo
extraído, y se licitaron áreas centrales y marginales de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales. El 31 de diciembre de 1990 mediante el decreto n.°
2.778, el Poder Ejecutivo transformó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima. En el año 1992 la ley n.º 24.145
transfirió el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado
Nacional a las provincias, la ley también privatizó a YPF, así Argentina perdió
poder de decisión sobre la política petrolera, toda vez que cada provincia
petrolera no podía negociar sola frente a las poderosas empresas
multinacionales. Uno de los diez puntos del Consenso de Washington fue también
motivo de la privatización de YPF, ya que el mismo expresaba entre otras cosas,
la necesidad de privatizar empresas públicas. Fue establecido por organismos
como el FMI y el Banco Mundial. De aquí surgió la privatización de varios
servicios estatales, como Ferrocarriles Argentinos, YPF, Gas del Estado, Entel
y Aerolíneas Argentinas. Pero para privatizar la empresa era condición
necesaria endeudarla, no invertir para aumentar la producción y achicar el
plantel de trabajadores. En el marco de un conflicto solidario con una filial
hermana, la Filial Ensenada acude a un paro de actividades el 21 de septiembre
de 1991, dando la excusa precisa para cesantear a casi 1500 trabajadores. A las
nuevas empresas petroleras se les permitió la libre disponibilidad del petróleo
extraído, ya sea poniendo el precio para importar, como también la libre
disponibilidad de las ganancias obtenidas por las exportaciones, a causa de
esto la extracción del petróleo para exportar superó el 50 %, por encima de las
necesidades del mercado interno, en consecuencia, hubo una brusca caída en las
reservas del país, a la vez se agravaron por la falta de inversiones en
exploración de nuevos pozos, desde mediados de la década de 1990. Menem
concretó los planes que el imperialismo venía preparando sin pausa desde el
golpe de 1976. Como sus antecesores, los golpistas y los “democráticos”, las
políticas por él practicadas fueron antinacionales, antipopulares y
desindustrializantes. Su estrategia consistió en el traspaso masivo del
patrimonio nacional a manos de los monopolios y grupos financieros
internacionales. Al igual que con la dictadura, la gran prensa antinacional se
ocupó de ocultar la verdad, preparando el terreno para la más funesta entrega
de la propiedad de todos los argentinos. La empresa española Repsol compró
todas las acciones de YPF por un total de quince mil millones de dólares,
Repsol solo explotó los yacimientos heredados de YPF, vendiendo el petróleo
extraído. Se exportaron grandes cantidades de crudo al mercado internacional,
al tener la libertad en las ganancias obtenidas, las mismas fueron usadas para
comprar yacimientos en otros lugares, como Bolivia, Trinidad y Tobago y Libia.
Repsol (ahora llamada Repsol YPF), obtuvo ganancias de dos mil millones de
dólares anuales. Pero como los yacimientos argentinos no eran rentables, la
inversión de Repsol YPF en exploración de nuevos yacimientos fue inexistente.
Las reservas bajaron. La privatización del petróleo durante la década del 90,
que en un contexto muy duro para el movimiento obrero en la dictadura iniciada
en 1976 y disciplinamiento a través de la hiperinflación en los 80 evidenció,
frente a una reestructuración capitalista similar y aún más profunda, una
respuesta diferente por parte de los petroleros estatales; una aparente
sumisión de la extensa dirigencia gremial y complicidad de la federación SUPeH,
dejaron en evidencia la soledad en que la filial de Ensenada resistió el
proceso privatizador. Mientras los trabajadores perdían paulatinamente sus
puestos de trabajo unos, y otros debían conformar cooperativas de trabajo para
sortear el despojo que la tercerización de muchos sectores les dejaba, la
conducción local junto a pocos cesantes y otros en actividad sostuvieron una
lucha épica contra la empresa privatizada, los ejecutivos nacional, provincial
y municipal, los medios de prensa y la obsecuencia interesada de la conducción
nacional del sindicato.
Otras luchas por la
misma causa
En julio de 1958, el presidente Frondizi declara la “batalla del
petróleo”, dando un giro ideológico a su postura anterior que le había
conseguido el respaldo popular para lograr la presidencia de la Nación. En
consecuencia se rompe el pacto Perón-Frondizi, y los trabajadores petroleros
enrolados en el sindicato SUPE inician la huelga general en repudio de los
contratos petroleros que entregaban concesiones a empresas extranjeras.
El presidente Illia anuló algunos de esos contratos, pero luego rectificó, permitiendo la continuidad de las petroleras estadounidenses, produciendo un déficit en la producción de hidrocarburos. La llamada revolución Argentina con su ministro Adalbert Krieger Vasena, devaluó la moneda nacional el 40%, permitiendo a las empresas transnacionales adueñarse de las empresas de capital nacional subvaluadas y luego con la Ley de Hidrocarburos, avanzaron sobre el petróleo argentino. En 1967 la Ley 17319 de Onganía marcó un hito en la política antinacional petrolera, al otorgar a las empresas permisionarias y contratistas seguridades suficientes para operar en el país. Es en este marco que se produce la “gran huelga petrolera” de 1968 en Ensenada; durante la misma, que duró más de tres meses (entre octubre, noviembre y diciembre), se vio una combinación de luchas por mejores condiciones de trabajo como la derogación de la protección horaria por insalubridad, y aspectos políticos contra medidas económicas y sociales de la dictadura, como la Ley de Hidrocarburos, que permitía a empresas privadas explotar yacimientos de YPF, y la Ley 14343 de racionalización administrativa que venía dejando en situación de prescindibilidad a muchos trabajadores estatales en la etapa. La contradicción entre la posiciones de la federación SUPE y la filial Ensenada en el marco de la desestatización de YPF quedó plasmada en el hecho de que la federación tuvo una estrategia de supervivencia organizativa convirtiéndose en un “sindicato de negocios” y desmovilizando a las filiales del interior con el discurso de que “nada podía hacerse” más que adaptarse a la lógica privatizadora, mientras que la filial Ensenada asumió el camino de la resistencia y la lucha contra la privatización. Esta huelga de los trabajadores petroleros y la de los ferroviarios, junto a los hechos del llamado “cordobazo”, produjeron la declinación del dictador Juan Carlos Onganía. La suerte que corrió la empresa nacional, sus trabajadores y la Nación durante los siguientes 15 años fue una impronta que permite entender los sucesos privatistas subsiguientes.
El presidente Illia anuló algunos de esos contratos, pero luego rectificó, permitiendo la continuidad de las petroleras estadounidenses, produciendo un déficit en la producción de hidrocarburos. La llamada revolución Argentina con su ministro Adalbert Krieger Vasena, devaluó la moneda nacional el 40%, permitiendo a las empresas transnacionales adueñarse de las empresas de capital nacional subvaluadas y luego con la Ley de Hidrocarburos, avanzaron sobre el petróleo argentino. En 1967 la Ley 17319 de Onganía marcó un hito en la política antinacional petrolera, al otorgar a las empresas permisionarias y contratistas seguridades suficientes para operar en el país. Es en este marco que se produce la “gran huelga petrolera” de 1968 en Ensenada; durante la misma, que duró más de tres meses (entre octubre, noviembre y diciembre), se vio una combinación de luchas por mejores condiciones de trabajo como la derogación de la protección horaria por insalubridad, y aspectos políticos contra medidas económicas y sociales de la dictadura, como la Ley de Hidrocarburos, que permitía a empresas privadas explotar yacimientos de YPF, y la Ley 14343 de racionalización administrativa que venía dejando en situación de prescindibilidad a muchos trabajadores estatales en la etapa. La contradicción entre la posiciones de la federación SUPE y la filial Ensenada en el marco de la desestatización de YPF quedó plasmada en el hecho de que la federación tuvo una estrategia de supervivencia organizativa convirtiéndose en un “sindicato de negocios” y desmovilizando a las filiales del interior con el discurso de que “nada podía hacerse” más que adaptarse a la lógica privatizadora, mientras que la filial Ensenada asumió el camino de la resistencia y la lucha contra la privatización. Esta huelga de los trabajadores petroleros y la de los ferroviarios, junto a los hechos del llamado “cordobazo”, produjeron la declinación del dictador Juan Carlos Onganía. La suerte que corrió la empresa nacional, sus trabajadores y la Nación durante los siguientes 15 años fue una impronta que permite entender los sucesos privatistas subsiguientes.
El sueño de un país
soberano
Esta historia comenzó cuando apareció el primer yacimiento de petróleo
el 13 de diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia. En 1922 por decreto del 3 de
junio, a instancia del presidente Hipólito Irigoyen, se funda la empresa YPF,
cuya presidencia fue ejercida hasta 1930 por el general Enrique Mosconi, quién
impulsó la idea de: “La propiedad del subsuelo es un derecho inalienable del
país”. Poco después, en 1925 se inaugura la Destilería La Plata, iniciándose la
búsqueda del autoabastecimiento de hidrocarburos. Desde 1930, con el golpe de
estado que derrocó a Yrigoyen, la empresa estatal se estancó permitiendo el
crecimiento de las empresas privadas extranjeras, hasta que con el gobierno de
Perón, se recuperó aquél espíritu inicial y con la reforma constitucional de
1949, nacionalizo los yacimientos petroleros, haciendo así de YPF un monopolio
estatal y incorporando el principio de que “Los yacimientos de hidrocarburos
sólidos, líquidos y gaseosos… son bienes exclusivos, imprescriptibles e
inalienables del Estado Nacional…. estarán a cargo de YPF, Gas del Estado”. Pero
fueron los trabajadores petroleros, aquellos pioneros que con su sacrificio
personal, permitieron que esta empresa creciera hasta ser orgullo nacional.
En 1955, con el derrocamiento del gobierno popular de Perón a manos de la “revolución” liberticida y Fusiladora, YPF no fue concesionada a petroleras extranjeras, pero tampoco se alentó la inversión, lo que alejaba los sueños de auto abastecimiento.
En 1955, con el derrocamiento del gobierno popular de Perón a manos de la “revolución” liberticida y Fusiladora, YPF no fue concesionada a petroleras extranjeras, pero tampoco se alentó la inversión, lo que alejaba los sueños de auto abastecimiento.
Por todo lo expuesto
la Juventud Sindical Peronista convoca a todos los compañeros encuadrados en
las distintas organizaciones sindicales y al pueblo en general a participar del
acto por el segundo aniversario de la recuperación de la empresa YPF organizado
por los compañeros del Sindicato Unido de Petroleros e Hidrocarburiferos
conjuntamente con la Confederación General del Trabajo.
