Gabriel Merino, 6 de marzo de
2017
Y claro que la movilización es
política... No es político partidaria, es político estratégica. Es una
movilización en contra del rumbo estratégico del gobierno que causa estragos a
la mayor parte de la sociedad, y por lo cual todos los frentes se encuentran
movilizados y en lucha. Así lo define el propio Daer, dirigente del sindicato de Sanidad: “el rumbo que le están dando al país con este cambio estructural lo
único que nos va a generar es un país para menos habitantes, un país exportador
de materias primas básicas sin ningún tipo de valor agregado”.
En términos generales, todos los indicadores socio-económicos son
negativos producto de las políticas de gobierno de los cuadros del Bloque
Financiero (JP Morgan/HSBC/Shell/Farmacity/
Carrefour/AEA/Macri/Caputo/Brown,
etc.).
En el primer año de gobierno,
bajó la producción, bajó el consumo, aumentó el desempleo, bajó el salario
real, bajaron las inversiones, las exportaciones crecieron sólo el 1,7% a pesar
de la devaluación y la quita de retenciones, subió la pobreza, subió la
indigencia y creció la desigualdad.
Durante 2016 hubo una caída
estimada del PBI de 2,5%, una inflación del 41% promedio (pero que si se
calcula para los sectores de menores ingresos es hasta diez puntos mayor) y una
transferencia de ingresos hacia los
sectores concentrados del capital y la gran propiedad de 25.000 millones de
dólares.
El aumento salarial promedio
de las paritarias de los trabajadores formales fue del 32%, con lo cual existió
un pérdida promedio de entre el 8% y el 10% de los ingresos reales y por ello
cayó abruptamente el consumo. Según la cámara empresarial CAME el nivel de
ventas minoristas exhibió una reducción de 8,5% en noviembre y de 5,4% en
diciembre.
En contraste con lo que le
sucedió a la casi totalidad de los argentinos, el 10% de la población con mayores ingresos aumentó sus ingresos en un
50%, estableciéndose como el único sector que le ganó a la suba de precios.
Dicho decil privilegiado pasó de concentrar un 29,7% a un 31,3% del ingreso,
según datos del INDEC.
Por ello, el coeficiente de Gini que mide la
desigualdad (1 significa desigualdad absoluta y 0 igualdad absoluta) pasó del
0,385 a 0,417 en un año, lo que indica un rotundo cambio de la tendencia que
existía desde 2003, en donde dicho índice se encontraba en 0,49 y fue
disminuyendo (informe CEPA-INDEP según datos de EPH-INDEC). En el último año el
consumo de los sectores de altos ingresos y riqueza subió un 3%
aproximadamente, mientras que todos los demás cayeron estrepitosamente.
Por otra parte, el déficit fiscal y cuasi fiscal batió récords
y se ubicó en el 13,2% del PBI (el déficit fiscal primario nacional fue de
4,6%). Dicho déficit se financia con endeudamiento
externo récord, el cual superó durante 2016 los 50.000 millones de dólares
(ello significó la mayor emisión de deuda de mercados emergentes). Un dato
relevante es que la mayoría de las emisiones contó con el protagonismo de la
banca norteamericana JP Morgan, de
donde provienen, hasta el corrimiento de Prat Gay, cuatro funcionarios de alto
rango en el gobierno, especialmente el ministro de finanzas, Luis Caputo, quien
se encarga de las emisiones. Dicha deuda es emitida a tasas altísimas respecto
a los niveles internacionales, garantizando enormes retornos para las grandes
redes financieras, en un mundo con sobreacumulación de capital, en donde se
achican cada vez más las inversiones rentables.
Si a ello le sumamos el
impresionante negocio financiero de las Lebacs,
por más de 40.000 millones de dólares (las cuales comenzaron el año en la
inefable cifra del 38%), como también la desregulación de la tasa de interés y
la eliminación del plazo mínimo obligatorio para que los capitales permanezcan
en el país, podemos observar que el 2016 fue una impresionante fiesta
financiera para pocos en detrimento de la producción y el trabajo.
El déficit fiscal que se paga
con deuda se explica, entre otras cuestiones, por la caída en el consumo producto del ajuste (menos recaudación) y por
los cambios tributarios regresivos (pagan menos los que más tienen, redundando
en menos recaudación). Ello está orientado a aumentar la tasa de rentabilidad
del capital concentrado y grandes terratenientes con el argumento (por lo bajo)
de que así se promueve la inversión.
Sin embargo la inversión cayó durante todo el 2016 en
la comparación interanual y recién repuntó a fin de año posiblemente producto
del blanqueo. La mayor rentabilidad de estos sectores no se traduce en
inversión sino en concentración de la riqueza y fuga de capitales como sucedió
históricamente.
En el sector privado formal se destruyeron casi 128.000 puestos de
trabajo y se estima que en total la destrucción alcanzó los 400.000 puestos de
trabajo contabilizando los distintos sectores. En este sentido, en términos
porcentuales, el desempleo se está duplicando respecto al cuarto trimestre de
2015 en los grandes aglomerados nacionales (GBA, Gran Rosario, Gran Córdoba).
Por otra parte, todo esta
situación se agrava en la industria, que
cerró el año con una baja de 4,6% en 2016. Y si se observa en particular
las industrias metálicas básicas la caída es del 14,6%. La apertura de
importaciones, junto con la baja del consumo, está haciendo estragos al
entramado industrial nacional, especialmente el mercado internista. Los únicos
sectores que se expanden son los ligados al complejo agropecuario, con bajo
valor agregado y, por lo tanto, baja capacidad del generar empleo.
Para este año se espera una inflación de entre el 23 y 25%, alimentada
por los tarifazos de los servicios públicos. Si añadimos a dicha inflación
esperada para 2017 los 10 puntos de pérdida salarial promedio del año pasado,
la cuenta de las paritarias de este año deberían rondar el 33 a 35% de piso
para revertir la pérdida en el poder adquisitivo real. No por casualidad, desde
el sindicato de Camioneros ya se afirmó que las negociaciones van a estar por
arriba del 30%, el sindicato del Seguro firmó por un 35% en dos cuotas y en
bancarios firmaron como adelanto el 24,5% (en cuyo caso ya habían compensado
parte de la pérdida del año pasado).
En esta situación, el gobierno
pide paritarias del 18% y en cómodas cuotas para los trabajadores estatales,
consolidando el ajuste…
El desempleo y la negociación
paritaria por debajo de la inflación están en relación a un objetivo central
del gobierno del Bloque Financiero, que se ve reflejado en “estudios” y
posicionamientos de la UIA y otras
entidades del gran empresariado en Argentina: bajar el llamado costo laboral
nacional. De acuerdo con un estudio de la UIA el costo laboral nacional
“descoloca” a los productores tanto en el mercado doméstico como en el
internacional. Y se esgrime el siguiente ejemplo: una hora hombre en la misma
fábrica con el mismo puesto y la misma tecnología cuesta aquí entre u$s 16/18
mientras que en Brasil es de entre u$s 9/11 y en México, entre u$s 5/7 (que ya
cuenta con salarios más baratos que los de China). En otros estudios
académicos, en donde se estudia el caso de la industria automotriz, se observa
que en 2012 el salario del trabajador argentino llegó a representar la mitad
del salario del trabajador alemán, un 80% del de los EE.UU., casi al nivel de
España, mientras que superó en 11% al salario del trabajador automotriz
coreano, por 53% al de Brasil y por 270% al de México.
La cuestión que se plantea es
converger hacia Brasil o México (no a desarrollar productividad a través de la
inversión en investigación, desarrollo e innovación para apuntar hacia arriba),
para lo cual el salario promedio industrial y el salario promedio general
deberían disminuir por lo menos un 40%.
La disminución del salario tiene como contracara el aumento de las
ganancias para el capital concentrado. De hecho, eso se reflejó claramente
en la participación de los asalariados en el ingreso nacional: cayó del 37,4%
al 34,9% la participación del salario en el valor agregado entre 2015 y el 1°
semestre de 2016, alejándose aún más de cierto ideal distributivo histórico 50-50.
Cambio de precios relativos
Una de las pujas principales
entre proyectos políticos estratégicos para definir el modelo de acumulación
dominante es por la definición de los precios relativos de la economía. La
estructura de precios relativos define la apropiación del excedente o
plusvalía. En este sentido, la estructura de precios relativos consolidada
durante el final de la década de 1990 favoreció fuertemente al sector
financiero, de servicios y comercial (dominados por el capital foráneo), en
detrimento a los sectores productores de bienes transables, pero
particularmente del sector industrial, y de las clases trabajadoras.
Esto se agudizó en el ciclo
recesivo (1998-2002), mediante el cual se buscó un proceso de acumulación por
desposesión a favor de las redes financieras transnacionales. Que se tradujo en
una fuerte caída en el PBI industrial tanto en términos absolutos como
relativos a otras actividades y relativo a la participación en el PBI total.
Bajo el gobierno del Bloque Financiero, el aumento sideral de
los servicios públicos, la baja de las retenciones a las exportaciones del agro
y su eliminación en el caso de las mineras, la baja del salario real, la
desregulación de la tasa de interés cobrada por los bancos, la baja en los
aranceles a la importación de productos y la eliminación de protecciones no
arancelarias, vuelve a constituir una profunda modificación de los precios
relativos de la economía a favor de los 50 actores económicos que dominan
nuestra estructura económica y en detrimento de los sectores productores de
bienes para el mercado interno y para los trabajadores.
EL cambio de precios relativos
es para consolidar un modelo de acumulación primario exportador, de bajo valor
agregado y con salarios baratos, para competir como país periférico en la
producción de excedente a apropiarse por las redes financieras globales.
Para ello se aplica de forma
sistemática, aunque con resistencias, el clásico recetario de políticas
económicas del capital financiero transnacional. Este se compone de nueve
políticas principales:
1- Control de la emisión
monetaria y aumento de la tasa de interés (en beneficio de los actores
financieros dominantes).
2- Disminución de impuestos a
los altos ingresos (con la excusa de incentivar la inversión, pero que
históricamente sólo aumentó los ingresos de los sectores más concentrados
derivando en la fuga de capitales, la cual para pero fue cubierta con
endeudamiento externo).
3- Abolir controles a los
flujos financieros, flujos de información y libre comercio (perdiendo todo
control soberano de nuestra economía).
4- Creación de desempleo (para
quebrar la resistencia de los trabajadores y bajar sus ingresos)
5- Coerción sobre huelgas y/o
movilizaciones, persecución a dirigentes gremiales y legislación
“anti-sindical” para debilitar a las clases trabajadoras.
6- Recorte “gastos” sociales
(se dice "gasto" y no "inversión" pública para
deslegitimar) para convertir los bienes públicos en mercancías (salud,
educación, etc. mercantilizados).
7- Privatizaciones
8- Endeudamiento externo
9- Promoción a las Inversiones
extranjeras como motor económico, que profundiza la dependencia y el
subdesarrollo.
Todo ello no puede avanzar
completamente ni consolidarse como proyecto hegemónico porque no tienen la
correlación de fuerzas suficiente. Meten el cuchillo y ven hasta donde llegan.
Como pasó en ciencia y técnica, donde el ajuste del 80% que se había
proyectado, junto con un rediseño negativo del sistema, se terminó estrellando
en buena medida por la lucha de los trabajadores de ciencia y tecnología. Sin
embargo, pudieron avanzar en parte.
Por ello todos los frentes están movilizados y en lucha, resistiendo a
estas políticas que afectan a la Producción y al Trabajo. Por ello se moviliza
el 7 la CGT, la CTA, la CTEP y un conjunto de organizaciones políticas y
sociales, entre los que se incluyen muchos sectores PYMES. Para frenar el
proyecto político estratégico del Bloque Financiero, estableciendo una nueva
relación de fuerzas. Habrá que ver cuál es el resultado de esta medición de
inicio de año...