Por
Jorge Taiana - 4 marzo, 2018
Extraído de ELCOHETEALALUNA
En
septiembre de 2016 en la Declaración
Conjunta entre la Argentina y el Reino Unido, nuestro país asumió una serie de
compromisos lesivos para el interés nacional. En esa declaración, ambas
Partes “acordaron establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos
los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco… En este contexto se acordó
adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el
crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas,
incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos… También acordaron el
establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental
argentino, una en cada dirección”.
En
una carta fechada en agosto de 2016, la Primera Ministra británica Theresa May
ya le había pedido al Presidente Macri sumar nuevas conexiones aéreas para las islas “con terceros países de la
región”, así como poner fin a las acciones que Argentina venía aplicando contra la exploración y explotación ilegal
de recursos renovables y no renovables de nuestro país en el área
disputada.
Aquel
reclamo de la Primera Ministra May fue transcripto casi textualmente en el
comunicado conjunto alcanzado por ambas Cancillerías en septiembre de 2016 y
constituye un acuerdo de voluntades y una verdadera “hoja de ruta” que fija
compromisos específicos.
El
16 de febrero último, la Cancillería argentina emitió un comunicado de prensa
confirmando que “en el marco de las relaciones bilaterales y con el espíritu de
proponer acciones positivas en temas de interés común, la Argentina y el Reino
Unido han realizado gestiones conjuntas ante los gobiernos de Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay a fin de invitar a compañías aéreas de dichos países a
operar un vuelo semanal hacia las Islas Malvinas”. Este “avance” en materia de conexiones aéreas viene a satisfacer
aquella demanda original de la Primera Ministra británica.
Es
importante tener presente que la premura para avanzar en materia de conexiones
aéreas con las islas no debe vincularse ni, menos aún, puede justificarse a
partir del logro recientemente alcanzado en la identificación de los cuerpos de
los soldados argentinos desconocidos sepultados en el cementerio de Darwin, otra de las cuestiones incluidas en el comunicado
conjunto de 2016. En primer lugar, porque se trata de cuestiones de
naturaleza ciertamente diferente: logros de estricto orden humanitario no
pueden ser objeto de canje por aspectos económicos, tal como da cuenta el Reino
Unido al explicar su interés en fomentar vínculos aéreos entre las islas y
terceros países. En segundo lugar, porque los recientes resultados de las
tareas forenses llevadas a cabo por el equipo especializado de la Cruz Roja
Internacional con expertos argentinos es la conclusión de un largo proceso
iniciado en abril de 2012 junto al Comité Internacional de la Cruz Roja y el
Reino Unido.
El
gobierno nacional sabe y no debería perder de vista que, en materia de
conexiones aéreas, el gobierno británico solo
busca garantizar una nueva frecuencia con “terceros países de la región” que
relegaría a la Argentina continental a la condición de “escala” tal como lo
estipuló el acuerdo de voluntades alcanzado en septiembre de 2016, al disponer
que ambas Partes acordaron buscar conexiones aéreas adicionales entre las Islas
Malvinas y terceros países.
Se
trata, en suma, de insistir con el mismo formato ya existente con los vuelos
semanales de LATAM (ex LAN Chile) que,
vale recordar, fueron establecidos a instancias de la Argentina en 1999 luego
de que Chile los suspendiera en represalia directa por la decisión del
Gobierno del Reino Unido, adoptada en diciembre de 1998, de conceder la
apertura del proceso de extradición a España de Pinochet. Desde entonces, es la
Argentina quien autoriza la realización de estos vuelos semanales que unen Punta
Arenas y las islas, con dos escalas mensuales en Río Gallegos —una en cada
dirección— conforme lo estipula la Declaración Conjunta argentino-británica de
1999.
A
pesar de la “sutileza” diplomática, los
ciudadanos británicos en Malvinas lo aclararon de modo categórico: el punto de
partida de cualquier nuevo arreglo con la Argentina es que no podrán
establecerse conexiones aéreas con la Argentina continental y la figura de
la “escala” les resolvería esa sensibilidad. De esta manera, el Reino Unido y
sus ciudadanos en las islas evitan, a cambio de un par de escalas, tener que
considerar el objeto de la propuesta argentina presentada en 2003 y renovada
desde entonces para establecer un servicio aéreo regular y directo entre las
islas y la Argentina continental, operado por una empresa aerocomercial
argentina, bajo fórmula de soberanía. Y vale recordar que los dos países
mantuvimos largas e intensas negociaciones sobre la propuesta y estuvimos cerca
de alcanzar un principio de entendimiento.
En
este complejo escenario se suma, además, la
insistente demanda británica de que la Argentina autorice el creciente número
de vuelos no regulares —chárteres— que existieron durante años y sólo
contribuyeron a profundizar la desconexión entre la Argentina continental y las
islas al unir terceros países y Malvinas sin tocar nuestro territorio
continental.
El
objetivo de la política británica en relación a las conexiones áreas es claro y
contrario al interés nacional: autonomizar cada vez más a las Islas Malvinas
del territorio continental y de su espacio aéreo, evitando un mayor
relacionamiento y conexión entre las islas y el territorio continental.
Es
por todo lo anterior que debemos estar alertas porque, con este primer paso en
cumplimiento del acuerdo de septiembre de 2016, el Reino Unido pretende avanzar
en una agenda que procura desmontar los logros obtenidos por la Argentina en
años recientes por la sostenida protesta diplomática argentina, el creciente
respaldo a los derechos soberanos argentinos en foros multilaterales, el plan
de acciones legales implementadas desde el Estado argentino, así como la
continua denuncia de la acción unilateral británica en materia de recursos
naturales, incluyendo la industria del petróleo.
Estos
acuerdos y compromisos asumidos por parte del gobierno de Macri se enmarcan en
el cambio de la política exterior, donde resulta fácil observar que se ha
perdido firmeza en el reclamo de soberanía y que los avances del Reino Unido
sobre nuestros derechos, se han convertido en una constante.
Nos
encontramos ante una política tendiente a desmontar las medidas legales que el
Estado Argentino puso en vigencia para resguardar sus derechos y proteger sus
recursos naturales renovables y no renovables que son apropiados de manera
ilegal por acciones expresamente prohibidas por Naciones Unidas.
Este
giro en la política hacia Malvinas y las gestiones conjuntas para facilitar los
vuelos desde terceros países atentan contra uno de los principales éxitos de la
anterior política que logró convertir el reclamo argentino en un reclamo de
América Latina en general y de América del Sur en particular, a la vez que
debilitan los compromisos asumidos por los países de la región en relación al
tema.
El actual clima de
acercamiento entre ambos gobiernos y las concesiones, no sólo retóricas, del
unilateralismo argentino en una suerte de “amor no correspondido” por la falta
de reciprocidad del Reino Unido, deberían ser una más de las líneas rojas que
bien conocen nuestros diplomáticos para defender el interés nacional con
firmeza y coherencia.
