Aritz
Recalde - Leonardo Moyano
Junio
de 2018
El legado de los reformistas
del año 1918
Hace
un siglo se produjo la Reforma Universitaria del año 1918, conformando uno de
los sucesos políticos y culturales sudamericanos más importantes del siglo XX. Con
justeza, el peruano Raúl Haya de La Torre lo caracterizó como el “más trascendente movimiento de renovación
intelectual acaecido en Indoamerica desde la Independencia”.
Europa
se encontraba sumergida en una cruenta guerra y en una decadencia política,
económica y cultural. Frente a ese panorama, la juventud iberoamericana elevó
la esperanza de un nuevo mundo. Los universitarios promovieron activamente la
edificación de una cultura humanista, que iba a funcionar como marco para
construir una sociedad justa, libre y solidaria.
La
Reforma retomó el legado de los pensadores, artistas, dirigentes políticos y
trabajadores de nuestra región. Las jornadas reflejan los aires libertarios de
la revolución mexicana y el legado intelectual de José Vasconcelos. La iniciativa
afirmó los ideales americanistas de la Magna
Patria del uruguayo Enrique Rodó y también la causa democrática y social
del presidente José Batlle y Ordóñez. El proceso luego se irradió por las diversas
universidades sudamericanas, templando la política regional con nuevas
consignas y con renovadas banderas emancipadoras.
La
Reforma Universitaria fue pluripartidista y diversa en el plano ideológico. El
movimiento expresó los anhelos de cambio social y de democratización electoral,
en línea con la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Los reformistas bregaron por
una universidad comprometida con su tiempo, que garantizara la participación
activa de los jóvenes y que estuviera consustanciada con el cambio social y
político de los pueblos. La institución tenía que ser forjadora de la conciencia
nacional independiente y antiimperialista, contribuyendo a la unidad
sudamericana y a un nuevo orden regional y mundial de paz y de fraternidad.
La Universidad de la Segunda
Reforma Universitaria
En
el contexto de surgimiento y de desenvolvimiento de la Reforma, los
trabajadores carecían de derechos sociales y laborales, y en muchos casos las
organizaciones sindicales no eran reconocidas institucionalmente. Las
represiones de los Talleres Vassena y de la Patagonia son expresiones trágicas
de esa realidad. Las mujeres no votaban y tenían cercenadas las posibilidades
de estudiar en la universidad. Los modelos productivos del país y de la región
eran dependientes y atrasados y se caracterizaban por la escasa
industrialización y por la mera exportación de recursos naturales.
Con
posterioridad al año 1918, surgieron en todo el Continente diversos movimientos
nacionales que intentaron superar el subdesarrollo y emancipar socialmente al
pueblo. En ese marco, se conformó una nueva agenda universitaria, científica,
cultural y social y eso supuso cambios y actualizaciones a la Reforma.
Los
obreros exigieron el derecho a estudiar y a participar activamente de la vida
académica. Cumpliendo este anhelo, Juan Perón sancionó la gratuidad de los
estudios en el año 1949 y sostuvo que “yo
no quiero una universidad para el privilegiado: yo quiero la universidad para
el Pueblo (…) hemos de llevar a las universidades profesionales a nuestros
muchachos pobres, porque entre ellos, estoy persuadido, hay más inteligencia y
más corazón que en los otros”. La
Revolución Justicialista creó comedores estudiantiles subsidiados, horarios
nocturnos y promovió becas para jóvenes de bajos recursos y derechos laborales
para docentes y nodocentes. El gobierno inauguró la Universidad Obrera Nacional
(UON), con carreras de ingeniería orientadas a alcanzar la independencia
económica.
En
las décadas del cuarenta al setenta, los sindicatos de trabajadores ocuparon un
lugar fundamental en la vida nacional y en su origen la Universidad Obrera
designó un rector proveniente de la Confederación General del Trabajo. Con
justeza, Ernesto “semilla” Ramírez afirmó que “en la universidad no puede lograr hacerse otra cosa que lo que sucede
en el país; en este momento el pueblo y su columna vertebral, los trabajadores,
asumen el gobierno y también lo tenemos que asumir en la Universidad”. Los universitarios
argentinos lucharon por alcanzar los derechos laborales de estabilidad, salario
digno, capacitación y carrera académica y administrativa. Con estos
antecedentes y por primera vez en la historia, en los años 2006 y 2015 se
sancionaron los Convenios Colectivos de trabajo nodocente y docente,
respectivamente.
Abandonando
posiciones elitistas, las Casas de Altos estudios fueron reconociendo la
importancia de incluir en los órganos de gobierno a los docentes (1918), los
estudiantes (1918), a los graduados (1956), a los nodocentes (1974) y a
miembros de la producción y del trabajo que intervienen en consejos sociales y
comunitarios en diversas universidades argentinas.
Ciencia para la emancipación
Los
académicos no pueden ser ajenos al acontecer nacional. Los universitarios no
nos podremos realizar plenamente en una comunidad que no se realiza. La
autonomía no puede convertirse en la justificación de una universidad isla, distante de la realidad nacional y
social. Ernesto “semilla” Ramírez lo manifestó con lucidez: “nosotros decimos que vamos a crear una
universidad para la liberación (…) lo que no vamos a tolerar es que en nombre
de la libertad de cátedra o en nombre de la autonomía universitaria venga a
trabajarse en contra del país”. Con esta misma finalidad, entendemos que las
instituciones deben orientar sus funciones de docencia, transferencia,
cooperación e investigación, para acompañar el desarrollo nacional y la
soberanía cultural y tecnológica de los países.
A
cien años de las históricas jornadas de Córdoba, seguiremos bregando por
edificar:
- Una
cultura y una ciencia nacional y antiimperialista, reconociendo la diversidad
histórica, étnica y regional, promoviendo el dialogo interdisciplinario
y orientando la actividad académica hacia la solución de los problemas
argentinos, sudamericanos y universales;
- Una
universidad abierta al pueblo y en la cual la educación sea un derecho social universal
y no un privilegio de elite o de clase;
- Una
comunidad colegiada y democrática de trabajo, en la cual intervengan los cuatro
claustros con voz y voto, en dialogo directo y permanente con consejos sociales
compuestos con organizaciones de la producción y del trabajo de cada región;
- Una
institución cogobernada, con participación protagónica de los sindicatos y en
la cual se reconozcan, garanticen y profundicen los derechos laborales de sus
trabajadores docentes y nodocentes;
- Una
conciencia sudamericana que contribuya a la efectiva integración cultural,
social, productiva y tecnológica de nuestros pueblos, gobiernos y Estados;
- Una
agenda de investigación, de docencia y de transferencia que contribuya a la
formación de cadenas de valor, a la innovación y a la soberanía industrial y
tecnológica sudamericana;
- Una
cultura humanista y democrática, que reconozca y que promueva el pleno
ejercicio de los derechos humanos, repudiando las dictaduras y la violación del
orden constitucional.
Como
bien dijo Arturo Jauretche, “el remedio
no es menos Reforma, si no más Reforma, es decir más politización (…)
entendiendo por politización aproximar más la Universidad al país”.
