Eduardo
J. Vior para infobaires 24
22
de julio de 2020
El intento, este martes 21, de allanar
las oficinas parlamentarias del senador José
Serra (PSDB) sin autorización del Supremo Tribunal Federal (STF) fue el
último episodio. En la semana anterior se dieron la apertura de las
negociaciones del cambista máximo, Dario
Messer, con el Ministerio Público Federal (MPF) y la confirmación del
hábeas corpus para el ex presidente paraguayo Horacio Cartes, el consecuente (y obligado) viaje de Mauricio Macri a Paraguay, la publicación de la
lista de los involucrados en el escándalo del Banestado y la presentación del
abogado de Lula ante la Justicia
suiza para obtener el disco rígido con la documentación auténtica de Odebrecht.
Todavía una semana antes el Procurador General de la República (PGR) ordenó una
inspección del equipo del Lava Jato en Curitiba (Paraná) que llevó a la
renuncia de varios fiscales partícipes de la investigación y un extenso informe periodístico certificó el
grado de intromisión del FBI en el armado del Lava Jato.
Entre tanto, Petrobrás fue devastada y el presal quedó en manos extranjeras, Embraer
fue privatizada, la base de Alcântara entregada a los norteamericanos, los
derechos de los trabajadores abolidos, el sistema previsional privatizado y la
Amazonia incendiada. Todo fue sólo el prólogo de la desidia criminal con la
que el Estado brasileño desatendió el cuidado de la población más pobre, cuando
advino la pandemia de Corona-virus. Más de dos millones de contagiados y 80.000
muertos, en medio de una crisis económica pavorosa y de enfrentamientos sin
sentido con su principal socio comercial (China) fueron la consecuencia de una
acción premeditada para destrozar Brasil. Cometido el crimen, ya no se necesita
al asesino.
En una derivación del Lava Jato que
investiga el financiamiento ilegal de campaña del PSDB, varios domicilios vinculados al senador Serra fueron allanados por
segunda vez en menos de un mes, pero la Policía Federal no pudo ingresar a su
oficina en el Congreso, porque el Presidente del Supremo Tribunal Federal Dias
Toffoli bloqueó el allanamiento debido a los fueros del senador.
El político está acusado de haber
recibido en Suiza durante su época como gobernador
paulista (2007-10) sobornos de empresas constructoras por la construcción
de una autopista perimetral de San Pablo, pero no han surgido nuevos datos que
justifiquen los recientes allanamientos. La acción de la Justicia Electoral
paulista se dirige más bien a intimidar
al gobernador João Doria (PSDB) en vísperas de las elecciones municipales del
15 de noviembre y a desafiar a la máxima instancia judicial del país.
Entre tanto, tras haber iniciado
negociaciones con Dario Messer, para
que colabore con el capítulo del Lava Jato que se tramita en Rio de Janeiro, el
juez federal Marcelo Bretos pidió la captura internacional de siete empresarios paraguayos imputados por lavado
de dinero, contrabando y evasión de divisas. Dario Messer, “o doleiro dos
doleiros”, ha sido hasta su detención en julio de 2019 en São Paulo el más importante cambista de Brasil. En un
país donde no existe el bimonetarismo, la fuga de capitales requiere de los
cambistas. Como heredero de su padre Mordko Messer, Dario Messer comenzó la
actividad cambiaria ya en la década del 80, pero tomó vuelo gracias a la
relación de Horacio Cartes con sus padres. Cuando el joven cambista paraguayo
fue perseguido por la dictadura de Stroessner en 1986 por haber evadido
divisas, se refugió primero en Rio de Janeiro en casa de Mordko Messer y su
esposa. Éstos lo instalaron en Ponta Porá (Mato Grosso do Sul), donde él
recibía diariamente las remesas de Messer, cruzaba a pie la frontera y en Pedro
Juan Caballero las convertía en dólares que remesaba a EE.UU. Apenas 14 días
después de la caída de la dictadura, en febrero de 1989, Dario Messer fundó en
Ciudad del Este la empresa Cambios
Amambay SRL. Esta titularidad falsa permitió que poco después, cuando
Cartes se presentó a la Justicia paraguaya, no se le embargara también la casa
de cambios. Cuando salió de la prisión, un año más tarde, la SRL se convirtió
en una SA, opacando así la composición de su capital, y en 1992 se convirtió en
Banco Amambay SA, antecedente del actual
BASA, centro de los negocios de la familia Cartes.
Dario fue el principal administrador
en Nueva York de la cuenta que abrió allí la sucursal del entonces Banco del
Estado de Paraná (Banestado) de Foz de Iguazú para canalizar las transferencias
que se hacían aprovechando un tipo de cuentas corrientes para personas y
empresas no residenciadas que les permitía remitir legalmente dinero al
exterior. El problema fue que por esas
cuentas por la sucursal de Foz salieron entre 1996 y 2001 unos 30 mil millones
de dólares procedentes de las coimas cobradas por políticos y empresarios por
la privatización de empresas estatales durante la presidencia de Fernando H.
Cardoso (1995-2002). Gracias a la iniciativa del entonces senador y
posterior gobernador de Paraná Roberto Requião (respectivamente 1995-2002 y
2003-10, nuevamente senador entre 2011 y 2018), la Policía Federal y el
Ministerio Público Fiscal realizaron una búsqueda en Brasil y EE.UU. que,
empero, al cabo de dos años fue frenada desde Brasilia. La investigación
parlamentaria, a su vez, acabó en 2003 sin informe final gracias a un acuerdo
entre los principales partidos. No casualmente, el juez instructor de la causa
en Curitiba fue Sergio Moro. Éste y
Messer volvieron a cruzarse durante el procesamiento del escándalo del
“mensalão” (los sobresueldos que el PT pagaba a parlamentarios opositores)
que, estallado en 2006, llegó en 2012 al STF. Allí Moro fue el actuario.
Finalmente, cuando en 2014 comenzó el proceso del Lava Jato en Curitiba,
adecuadamente advertido por Moro, Messer huyó a Paraguay, donde Cartes
rápidamente le dio la ciudadanía. Se dice que Messer ha sostenido durante
muchos años el estudio de abogacía de Moro en Curitiba.
Cuando Cartes fue sustituido en 2018 por Mario Abdo en la Presidencia de
Paraguay, la Suprema Corte de ese país retiró a Messer la ciudadanía y éste
huyó a Brasil, donde pactó su detención en julio de 2019. Su “hermano del
alma” Cartes, en tanto, se vio impedido de salir de Paraguay por un mandato de
búsqueda internacional, hasta que, en abril pasado, el Supremo Tribunal de
Justicia (STJ), máxima instancia penal de Brasil, le concedió un hábeas corpus
que fue confirmado por el STF el pasado 6 de julio, el mismo día en que Messer
inició sus negociaciones con el Ministerio Público Fiscal (MPF), para declarar
en la causa Lava Jato de Rio de Janeiro como testigo protegido. Su ruptura con Sergio Moro, su estatuto
legal y la información que puede llegar a dar imponían que Cartes se haga cargo
de la organización criminal. En este contexto se entiende la orden que éste
impartió a Macri, para que viajara a Paraguay, entregara información
secreta y se anoticiara de su futura desprotección legal en Argentina, Brasil y
Paraguay.
Entre tanto, en el portal Duplo
Expresso, que el joven abogado Romulus Maia conduce desde Suiza, Requião dio a
conocer el domingo 5 la lista completa de involucrados en el escándalo
Banestado, pidió la reapertura del caso e impulsó la formación de una nueva
Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados. En sintonía con esta
denuncia, en la misma semana el abogado
de Lula se presentó a las autoridades judiciales suizas, para solicitar la
entrega del disco rígido con la verdadera documentación de Odebrecht, ya
que todo indica que en el proceso llevado adelante por Moro en Curitiba se
falsificó la documentación probatoria de la empresa.
Lava
Jato hace agua por todos los flancos.
El 24 y 25 de junio pasados estuvo en Curitiba la Subprocuradora General de la República
(SPGR), Lindora Maria Araújo, para inspeccionar en la fiscalía local toda la
documentación del proceso paranaense. Los procuradores locales se dieron por
ofendidos y anunciaron que pedirían la baja de la magistratura, pero la
inspección se explica por la coyuntura: cuando se detuvo a Dario Messer, en su
celular se hallaron intercambios en los que mencionaba pagos mensuales de
15.000 dólares a la Procuraduría de Curitiba, para evitar persecuciones.
Efectivamente, desde el Banestado Messer
no fue mencionado en ninguno de los procesos por corrupción. En un sentido más
amplio, la inspección es parte de un intento general del Procurador General
Augusto Aras para restablecer su autoridad sobre los fiscales en toda la
República. Aunque designado a propuesta de Bolsonaro, Aras viene demostrando
desde hace meses una saludable independencia y buena concordancia con los
principales ministros del STF. Se ha convertido en uno de los pilares del
republicanismo afectado por el golpismo bolsonarista que crea el caos, para
llevar al pueblo a pedir el estado de sitio y así entronizarse a perpetuidad.
Todavía el 1º de julio la “Agencia Pública” difundió en el portal
UOL un largo informe sobre el involucramiento del FBI en la gestación,
concepción y ejecución de la causa Lava Jato. El equipo de 18 agentes fue
conducido por Leslie Rodrigues Bashiel, hasta 2012 miembro de la División
de Operaciones Internacionales y hoy jefa de la Unidad de Corrupción
Internacional de la Oficina Federal, con sede en Miami. La fuerza de tareas
norteamericana empezó a cooperar en 2014 con el grupo de fiscales y el juez
curitibano, sin pasar por el Ministerio de Justicia brasileño ni respetar los
convenios binacionales. Se desplazaron por todo el territorio, se intercambiaron asiduamente con la
Policía Federal y la Fiscalía sin autorización del gobierno brasileño,
aportaron material, orientaron las investigaciones, interrogaron a testigos y
arreglaron su “arrepentimiento”. El informe se basa en gran parte en las
revelaciones del portal The Intercept, de Glenn Greenwald, y en investigaciones
propias. Si bien el FBI no respondió a las preguntas que le fueron formuladas y
la embajada norteamericana en Brasilia respondió en tono “business as usual”,
es evidente que no les importó demasiado la publicación.
El mismo portal informo este miércoles
22 que, al terminar la feria judicial extraordinaria en agosto, el Supremo
Tribunal Federal (STF) tratará sobre la sospecha de parcialidad de Moro y de
los fiscales de Paraná en el caso del tríplex de Guarujá, por el que fue
condenado y detenido el ex-presidente Lula da Silva. Interrumpido en diciembre
de 2018, el caso vuelve ahora a la agenda del máximo tribunal brasileño en un
escenario completamente distinto: el ex presidente ya dijo que no volverá a
presentarse a elecciones y, después de arrasada la economía y la sociedad
brasileña, EE.UU. abandona a los testaferros que utilizó para su tarea de
devastación. Lo que importaba era impedir por largo tiempo la integración del
Cono Sur y se consiguió.
Ahora
todos los criminales están librados a su propia suerte. Bolsonaro y Moro ya no
dependen de la embajada. Dario Messer y Cartes piensan negociar para salvarse,
sin importarles los costos. Macri, por su parte, ya tuvo oportunidad de tomar
nota.
