por Ernesto Jauretche
“El progreso de
la justicia es el sentido esencial de la historia” Arturo Enrique Sampay
Dedicado a todos
los lectores atentos y, en particular, a mi prima política, miembro de la Corte por la que se jugó Néstor Carlos Kirchner.
Hacían falta los últimos enunciados de los fallos de la Corte de Suprema de Justicia
para que quedara ostensiblemente demostrado que, ya sin prejuicios ni
suspicacias, para seguir adelante, el
país necesita una REFORMA CONSTITUCIONAL. UNA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SEGÚN SU INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL, FALLA EN CONTRA DE LAS DECISIONES DE UN PODER
LEGISLATIVO QUE EXPRESA LAS RELACIONES DE FUERZA ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO Y
DE UN EJECUTIVO SOBERANAMENTE ELEGIDO POR INDISCUTIBLE MAYORÍA. ¡Fenomenal demostración de
conducta antidemocrática de uno de los famosos Tres Poderes! Está claro que es hora de poner las cosas en su lugar, ya que el razonamiento
colectivo, el sentido común, se está enfrentando con la razón práctica de una
de las instituciones de la República. Esto
es, diría Don Arturo Jauretche, que el traje institucional le está quedando
incómodo al cuerpo de la Nación
¡LO QUE HAY QUE CAMBIAR ES EL TRAJE Y NO
EL CUERPO, SEÑORES! No es que el gobierno actual se
obstine en proponer leyes inconstitucionales: ¡es que la Constitución atrasa!
¿Qué pretende la Corte?
Parece empeñada en disciplinar al soberano, cuando su papel institucional
consiste en protegerlo en el ejercicio de sus derechos. Entonces, tradición
mediante, a las decisiones de los órganos políticos del Estado, que son
producto del voto de las mayorías y acompañan la actualización de la sociedad
para adaptar sus herramientas a las nuevas condiciones sociales, económicas,
nacionales e internacionales, le responde aplicando el corset de las
instituciones viejas. Todo al revés: pretende subordinar lo trascendente, que es la Nación y su pueblo, por
excelencia soberano en sus decisiones, a la tan proclamada ley suprema, la Constitución
Nacional, históricamente contingente (las hubo unitarias y
federales, y en el tan democrático EEUU se modifica cada dos años mediante
enmiendas). Mesiánica misión histórica de nuestras clases dominantes: civilizar al bárbaro. Pero las cosas
están cambiando… ya no son tan ganadores. Sin embargo, prefieren condenar el
país al atraso antes que resignar mayorazgos otrora obtenidos. Lo sabemos, no hay justicia; el pueblo llano hace rato que lo viene
comprobando: los ricos nunca entran a la cárcel; los pobres se pudren ella. Los
cargos en la justicia son elegidos y ratificados a dedo por la corporación,
como producto de un derecho divino, al estilo monárquico; no hay revocatoria
legalmente posible, ni ante los más atroces prevaricatos (no embromemos con el
Concejo de la
Magistratura, oportunamente ratificado en su neta parcialidad
corporativa por la Corte).
Así, los nombramientos en la judicatura, más que una expresión de
independencia, pasan a ser un bill de
indemnidad. Pero los jueces no son inmaculados apóstoles de la igualdad. Son sujetos
sociales con intereses culturales, políticos y de clase, naturalmente no de las
más bajas.
Si los lugares políticos están siempre sujetos al eventual escrutinio de
los ciudadanos de base y de ellos surge el poder representativo ¿porqué dos de los
poderes republicanos electivos deben estar sometidos a la supremacía de la más
feudal de las corporaciones? ¿Porqué los ciudadanos de esta Argentina próspera
deben respetar la decisión de la reacción conservadora? ¿No es que el sistema republicano se fundamenta en la soberanía popular,
expresada a través de los partidos políticos y su representación en el Estado
según las voluntades mayoritarias? ¿No es que el sistema tripartito de poderes
debe servir para evitar las arbitrariedades de alguno de sus estamentos? ¿Ha habido algún abuso de poder en el Ejecutivo y el Legislativo
(queremos conocerlos)? ¿En alguna ocasión dejaron de cumplirse los reglamentos
y deberes de funcionarios de los dos poderes que expresan directamente el voto
popular? De acuerdo a lo dicho, queda claro el abuso de poder de la Corte Suprema de Justicia donde
sus ejecutivos, en tanto vitalicios, se sienten exentos de someterse a la
opinión ciudadana.
Recordemos. El progreso del país y sus instituciones han sufrido
numerosas interrupciones reaccionarias. En todas ellas, ha sido decisiva la
aquiescencia de los variopintos abogados que se sucedieron en la Corte desde 1955. Nunca los
ciudadanos de a pie tuvieron oportunidad de influir ni de enmendar decisiones
ni nombramientos de la judicatura. No es porque esa profesión sea impenetrable a la sabiduría del vulgo.
Nadie sabe más de leyes que quienes las sufren (vaya a tomar un curso de derecho
penal a las cárceles, y verá). Pero la ley está sometida a la razón de la clase
dominante, y a esa racionalidad está
respondiendo hoy nuestra Corte. ¿Cuál es la
gran pauta que determina su comportamiento? La de siempre: el
antiperonismo. ¿No fueron jueces de honorable catadura los que admitieron la derogación
por bando militar de la
Constitución democráticamente sancionada de 1949? ¿Quiénes
ocultaron deliberadamente las violaciones a los derechos humanos a partir de
1976? ¿Cuáles legitimaron las leyes de obediencia y luego aprobaron los
indultos a los genocidas? Son los mismos funcionarios que hoy dominan la nómina
de ejecutivos judiciales. Entonces ¿cuál es la “virginidad” de la justicia? Es un órgano tan
politizado como el que más. Por eso, una asamblea
constituyente nacional y democrática (otorgando a los defensores del status quo el handicap de convocarla de
acuerdo al orden predominante) deberá elaborar un nuevo texto, atacando
principalmente los tópicos dogmáticos que vienen repitiéndose desde 1853. Sólo
así se podrán esclarecer y resolver los conflictos que hoy paraliza
institucionalmente la evolución histórica de la Nación Argentina. Mientras, a esta Corte Suprema de Justicia, a la que respetamos por su seriedad
profesional, debemos reclamarle que avance sincera y responsablemente en la
modernización democrática del servicio de justicia (que no es otra cosa sino
eso: servicio, nada más excelso; y no
las falsas dignidades medievales que se le atribuyen para darle la apariencia
de nobleza intocable). Y a nosotros, que no nos confunda la vocinglería pseudodemocrática con
su defensa de “las instituciones de la República”, diría otra vez Don Arturo; los
intereses de la Nación
y de su pueblo ostentan indiscutible supremacía: la Nación es el sujeto; la República su atributo. Superada esa zoncera, preparémonos para proyectar los progresos de este
mundo en vertiginosa marcha de cambios permanentes hacia nuestro presente: ese
es el verdadero sentido que se debe dar al concepto de inclusión social, así
como es preciso reconocer que los derechos que merecen en igualdad de
condiciones todos los argentinos se amparan ampliando y no recortando las
libertades democráticas.
