lunes, 16 de mayo de 2016

LINEAMIENTOS POLÍTICOS Y ACADÉMICOS PARA UNA NUEVA UNIVERSIDAD

65 medidas para refundar la Educación Superior

“Agrupación 22 de noviembre”
Marzo de 2008
           
I- NUESTRO PUNTO DE PARTIDA: LA UNIVERSIDAD ES DEL PUEBLO QUE LA FINANCIA

            La Agrupación 22 de noviembre está conformada por argentinas y argentinos comprometidos con la nación. Esta profunda unión con nuestro país nos fortalece en la convicción de que el desarrollo nacional necesita de un sistema universitario consustanciado con la “reformulación histórica que el país y la historia nos demanda a todos”, donde las tareas de formación, investigación, docencia y extensión, sean palancas para revertir la dependencia y las desigualdades sociales existentes.
Este punto de partida permite avanzar en el forjamiento de nuestra identidad, no sólo a través de nuestra condición de argentinos comprometidos sino además como estudiantes universitarios con conciencia nacional. Esta conciencia nos impulsa a una acción cotidiana tendiente a  construir una universidad al servicio del país, apoyando su desarrollo económico y social, respetando los derechos humanos y contribuyendo activamente a resolver sus múltiples problemáticas.
 Pese a nuestros anhelos, creemos que en la actualidad algunas Universidades Nacionales se encuentran distanciadas de las funciones que les corresponden en tanto bienes públicos nacionales. Esta noción supone la necesidad y la obligatoriedad de que los universitarios actúen con responsabilidad social y política, favoreciendo y promoviendo la emancipación social, cultural y económica de nuestro país. Convencidos de esto, postulamos que el sistema universitario debe formar profesionales con conciencia nacional y sabemos, que esta tarea implica la articulación previa y permanente, con las organizaciones sociales, económicas y políticas, conjuntamente con la totalidad de los actores encargados de implementar las políticas públicas del Estado. Este último, en tanto depositario de la elección popular, debe ser el encargado legal y legítimo de formular una Política de Planificación Universitaria Nacional en función de las necesidades estratégicas de la nación.

 Nuestra identidad
Entre las banderas y las filiaciones políticas que definen nuestra identidad recuperamos la tradición de la juventud que luchó por alcanzar la primera independencia, que se encolumnó en las filas de los caudillos populares, que acompañó a Yrigoyen y a la Reforma Universitaria del año 1918, que marchó el 17 de octubre, que se fusionó con el pueblo en las décadas del ´60 y del ´70, que protagonizó el proyecto de universidad popular en 1946 y en 1973, que resistió al neoliberalismo y que participó de las jornadas del 19 y 20 de diciembre y que en la actualidad, acompaña el proceso abierto en el  año 2003 que día a día, y sin hacer distinción de partidos, ideologías o filiaciones de cualquier índole, trabaja en la construcción de un país con justicia social, con una economía industrial e independiente, en el marco de una nación política, cultural y tecnológicamente soberana. A nivel latinoamericano, nos identificamos directamente con el proceso político americano que está sepultando el modelo neoliberal en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brasil, Nicaragua y Cuba. Seguimos y seguiremos defendiendo y acompañando la importancia histórica de la lucha por la soberanía de los pueblos hermanos latinoamericanos.
Nos identificamos con la gesta patriótica que llevó a la presidencia al General Juan Domingo Perón el 24 de febrero del año 1946 y que inició el camino de la formación de una nación engrandecida e independiente, medio sin el cual la universidad nunca podría haber sido libre, inclusiva y autónoma. Además, y en relación a la elección del nombre que nos bautiza Agrupación 22 de noviembre, podemos afirmar que las gestiones de gobierno popular encabezadas por Perón, fueron las encargadas de otorgar a nuestro país los mayores logros en el ámbito de la Educación Superior a lo largo de nuestra historia. Por mencionar algunos: creación del Ministerio de Educación de la Nación, declaración de la gratuidad universitaria, eliminación de los exámenes de ingreso, sanción de tres leyes de Educación Superior, fomento del ingreso de estudiantes latinoamericanos, consolidación de la Universidad Obrera, apertura y desarrollo de las carreras industriales, entre otras medidas de este tenor. Todas, tuvieron el doble objetivo de articular directamente la Universidad con el desarrollo de la industria nacional y de favorecer el ingreso de los sectores populares a la Educación Superior, cuestión que les había sido negada durante décadas, elevando el nivel espiritual de la Argentina. No cabe duda entonces, que son estas nuestras banderas impostergables.
            El proceso inaugurado en el año 2003 abrió un nuevo marco para la acción política tras el extenso letargo neoliberal. Entre las medidas que rescatamos del gobierno, hay que mencionar que mantiene un tipo de cambio competitivo para nuestra actividad económica, se favorece el MERCOSUR, se amplió el espacio político a las organizaciones sociales, se impulsó el recambio en la Corte, se creó ENARSA, se reconstruyó el sistema jubilatorio y se redujeron considerablemente las cifras del desempleo, la pobreza y la desigualdad, entre otras cuestiones. Pese a estos avances, estamos seguros de que aún falta mucho por hacer en la medida en que continúa existiendo una desigual distribución del ingreso que coexiste con niveles altos de extranjerización y concentración de nuestra economía. Asimismo, creemos que es importante seguir sosteniendo las banderas del peronismo histórico en temas vinculados con el desarrollo de una política soberana de energía, comunicaciones, bancos y comercio exterior. En lo que respecta a la cuestión educativa desde el año 2003 a la fecha, rescatamos la trascendencia que supuso la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnica, la Ley Nacional de Educación y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El paso subsiguiente anunciado por la presidenta de la Nación, supone la confección de otra Ley de Educación Superior, cuestión a la que estamos convocadas obligatoriamente las agrupaciones y los estudiantes, teniendo en cuenta la necesidad de reformular el concepto de autonomía universitaria y de insertar conocimiento en el proceso productivo, a la par que aseguramos el pensamiento crítico y la libertad de cátedra.
            Nuestra forma de contribuir a fortalecer los aciertos del proceso abierto en el 2003, dependerá del nivel de organización y de participación de los universitarios. Con este objetivo, fomentaremos la centralidad de la participación masiva y protagónica del estudiantado en la construcción de otra universidad. La lucha contra el individualismo y el nihilismo neoliberal impulsando la conciencia juvenil del compromiso con el país es una de nuestras tareas  primordiales. Nos proponemos entonces, formar parte del conjunto de estudiantes de distintas provincias y Facultades del país, organizados en una gran corriente universitaria nacional y popular, que acompañe el desarrollo pleno y autosustentable de la Argentina y de Latinoamérica.
Consideramos que los tiempos actuales necesitan de la articulación de las voluntades estudiantiles con el conjunto de las organizaciones libres del pueblo y de los actores que llevan adelante la nación, superando el modelo meramente teórico o declamativo de la denominada “unidad obrero estudiantil”. En este marco, observamos críticamente las visiones individualistas que definen a la universidad como mera “fabrica de profesionales” desconectados de la práctica diaria de las organizaciones económicas, sociales, culturales o políticas. Estas nociones cientificistas, reformistas o positivistas, han alejado a los egresados, a los estudiantes, a los académicos y a los intelectuales, del conjunto de los sucesos del país. El intelectual aislado del contexto, más allá de su buena o mala voluntad, no tiene manera de aplicar sus conocimientos al servicio de la nación y de los sectores más desprotegidos. Hemos aprendido la gran iniquidad de que significa educar en el individualismo, que permite que sus estudiantes se sientan extranjeros en su propio país. Somos concientes de que no existe una problemática teórica universal y universalizable y que la posibilidad de superar nuestros problemas como nación implica la necesidad previa de construir miradas y marcos conceptuales y teóricos propios, que partan de nuestra propia realidad para volver sobre ella y remediarla.
La Universidad no es una isla escindida del país en su totalidad y por lo tanto, no habrá solución al problema universitario al margen del desarrollo nacional. Únicamente con una economía de pleno empleo, la juventud podrá estar en igualdad de derechos para acceder a la Universidad y acompañar el engrandecimiento del país. Con la finalidad de alcanzar un pleno desarrollo nacional, debemos superar la dependencia estructural de la Argentina, cuestión que implica previamente, la recuperación de los resortes de la soberanía en provecho nacional. De esta manera sostenemos que:  “No es desde la universidad desde donde se resuelven los problemas del país, sino que desde el país se deben motorizarán  los cambios que necesita la universidad para ponerse al servicio del desarrollo nacional”.



II- ASPECTOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS
1-    Vamos a promover el carácter gratuito (aplicación del art. 75, Inc. 19 de la Constitución Nacional) y el acceso masivo a los Estudios Superiores de los jóvenes provenientes de hogares pobres.
2-    Nos proponemos replantear la óptica política y social para enfocar el rol de la universidad con el objetivo de formar una plataforma teórica, tecnológica y doctrinaria nacional. Con este fin, creemos en la necesidad de desarrollar un compromiso directo de la investigación, la extensión y la enseñanza con las problemáticas presentes y futuras de nuestro país.
3-    Vamos a promover la modificación del sistema de prioridades del aprendizaje, la extensión y la investigación acompañando el proyecto nacional y la utilidad práctica y social del conocimiento. En este sentido, consideramos que la estructura curricular debe partir, prioritariamente, de las problemáticas nacionales, regionales y locales.
4-    Consideramos oportuno modificar la relación pedagógica y didáctica entre los docentes y los alumnos, introduciendo a estos últimos como elementos centrales del proceso de formación del conocimiento.
5-    Nos proponemos difundir la necesidad de superar la enseñanza extremadamente teórica y abstracta para adaptarla a la realidad del país o, en otros términos, como herramienta para analizar y transformar la realidad nacional.
6-    Vamos a acompañar la modificación de la relación entre la enseñanza y la producción, fomentando el aprendizaje productivo desde experiencias concretas de transferencia y construcción conjunta del saber.
7-    Promoveremos la formación educativa general basada en el análisis de un conjunto de autores nacionales y latinoamericanos que sean parte de la formación de los estudiantes argentinos. 

Como un punto de partida y desde nuestro trabajo cotidiano, promoveremos  la aplicación institucional concreta de los principios teóricos y doctrinarios mencionados arriba. Con este objetivo, creemos fundamental hacer una fuerte autocrítica del rol jugado por el movimiento estudiantil respecto a su aislamiento de la sociedad. Consideramos prioritario, entonces, superar las distancias existentes entre la Universidad y las organizaciones de la comunidad argentina.



III- MEDIDAS CONCRETAS QUE VAMOS A PROMOVER
Consideramos que el Estado Nacional es el responsable del desarrollo de la planificación general educativa y que tiene que aportar el financiamiento del mismo. Es innegable que ambas cuestiones, la planificación y el financiamiento, son una obligación irrenunciable del Estado. Vamos a favorecer, de esta manera, la formulación de una Política de Planificación Universitaria Nacional. Dicho punto de partida implicará dotar al Estado de herramientas institucionales idóneas para esta tarea, pero además y previamente, deberemos desarrollar un profundo debate sobre el rol que  deberán tener la Secretaría de Política Universitaria (SPU), el Congreso Nacional y todas las estructuras relacionadas con la educación superior. Sobre estos principios vectores, que deberán plasmarse en un plan educativo, consideramos oportuno que el Estado fije metas y plazos en las políticas a implementar, superando el consignismo y priorizando la transformación concreta del país.

I- Otra ley de Educación Superior
Somos concientes de que una nueva ley no resolverá la crisis universitaria y que únicamente el protagonismo y la participación del conjunto de la sociedad argentina y los diferentes sectores de la universidad, podrán planificar e implementar las reformas y acompañar la transformación de la Educación Superior que el país necesita.  Hecha esta salvedad, no olvidamos la importancia que reviste el debate iniciado en lo concerniente a dicha modificación normativa de la Educación Superior. Creemos entonces:
- que las diversas fuerzas políticas y los estudiantes que componen la Agrupación 22 de noviembre, tras profundos análisis y extensos debates, debemos impulsar un debate amplio en el seno de la universidad pero también en toda la sociedad argentina tomando como base el discurso del 1ª de marzo de la Presidenta Cristina Fernadez de Kirchner y los proyectos de ley existentes actualmente en el Parlamento, en especial el que fuera presentado el año pasado por el compañero Alberto Cantero Gutiérrez.
- que es necesario abrir este debate al gobierno universitario, a las organizaciones libres del pueblo y a los representantes de la soberanía popular.

II- Medidas Estudiantiles

Juzgamos cardinal establecer los derechos de los estudiantes, pero además, los “deberes” de la juventud de las Universidades nacionales. Con esta finalidad vamos a promover:

Respecto a los Derechos:
1-          Implementación de una política de retención de la matrícula introduciendo cláusulas de compromiso de las universidades con este fin. Vamos a promover la fijación de acuerdos y pautas específicas en las Universidades sobre estos temas.
2-          Desarrollo de un sistema de becas orientado a aquellos estudiantes de menores recursos y dirigido fundamentalmente a las carreras estratégicas.
3-          Difusión de una política de descentralización de los ciclos introductorios y/o tecnicaturas de algunas carreras hacia los gobiernos locales del interior del país para el fomento en el acceso de los jóvenes de bajos recursos.
4-          Promoción de la figura del Defensor Estudiantil.
5-          Fomento para la construcción de comedores, guarderías y rampas para discapacitados.
6-          Implementación de carreras cortas con tecnicaturas y títulos intermedios conservando la gratuidad de todos los niveles.
7-          Implementación de un sistema de horarios de clase diferenciado para los alumnos full time y los alumnos que trabajan.
Respecto a los Deberes:
8-          Sostener pautas mínimas de rendimiento estudiantil contemplando a aquellos  estudiantes que trabajan, que son madres/padres o que presentan discapacidades especiales. Es importante favorecer una mayor tasa de egreso de los ingresantes.
9-          Fomentar el Voluntariado social, e iniciar un profundo debate para que se amplié a todos los estudiantes.

III- Docentes, graduados y no docentes
10-        La implementación de una Carrera Docente, en articulación con un sistema abierto de concursos.
11-        La formulación de un régimen salarial centralizado.
12-        El fomento de la capacitación permanente y los Posgrados gratuitos para los docentes de todos los niveles educativos en las áreas consideradas “estratégicas” para el Estado. Este derecho de los docentes, implica un “deber” con la sociedad que lo financia. Consideramos que deben priorizarse las áreas del conocimiento útiles al país y que en tanto es el Estado el que financia la Educación Superior, el es también el encargado de planificar y dirigir los postgrados.
13-        Las medidas necesarias tendientes a terminar con el personal precarizado promoviendo la fijación de plazos y responsabilidades conjuntas entre las universidades, los gremios y el Ministerio de Educación.
14-        La democratización de los concursos y ampliación y apertura de nuevas cátedras en las materias masivas. Especialmente, en las cátedras cuya composición tiene varios auxiliares.
15-        Abogaremos por que se computen los criterios de pertinencia social de los proyectos docentes y la trayectoria de investigación en el Estado en los concursos.
16-        El debate sobre la Ciudadanía Plena, el Claustro Único docente y el ingreso de lo no docentes a los Consejos. 
17-        Se reoriente la dirección de las investigaciones del Programa de Incentivos hacia una mayor utilidad social, priorizando las investigaciones científico tecnológicas de utilidad para el país. Vamos a favorecer la ampliación de las partidas y los montos destinados a dicha inversión. Vamos a acompañar el debate sobre la desburocratización de los trámites.

IV- Carreras prioritarias
18-        Continuar, perfeccionar y profundizar las herramientas de fomento de carreras prioritarias como el PROMEI o el PROMAGRO de la SPU.
19-        Modificar el perfil excesivamente profesionalista de las universidades
20-        Establecer límites a la posibilidad de que las universidades abran carreras profesionalistas que no estén contempladas en la Política de Planificación Universitaria Nacional.
21-        Desarrollar planes de estudio y perfiles de egresados relacionados a los problemas nacionales.
22-        Impulsar un debate sobre la necesidad de relacionar los ingresos universitarios con el interés nacional.
23-        Seguir sosteniendo la importancia de la CONEAU, rediscutiendo su función en relación a una Política de Planificación Universitaria Nacional. Vamos a fomentar la publicación de los listados de pares evaluadores y de los dictámenes de “no acreditación” del organismo. Vamos a promover la composición de un directorio con representantes universitarios, entre ellos estudiantes,  y no universitarios óptimos para esa función.

 V- Articulación con el medio y compromiso social universitario
24-        La implementación en el currículum universitario de los temas prioritarios para el país y aquellos que revistan pertinencia social.
25-        La creación deCentros de Investigación Científica e Innovación Tecnológica” en los Municipios.
26-        El desarrollo de un Voluntariado permanente de graduados, docentes, no docentes y estudiantes.
27-        Que los docentes Titulares con Dedicación Exclusiva participen de las actividades de la Secretaría de Planificación Económico Social o similares.
28-        La creación de una Secretaría de Planificación económico social (o de Consejos Sociales Consultivos) para garantizar la participación de la comunidad y del Estado municipal a través de la presentación de proyectos, el ejercicio de un Presupuesto Participativo Local sobre un porcentaje de la inversión en educación, la planificación de la extensión, la implementación del programa de Voluntariado o en la implementación de audiencias Públicas.
29-        Implementar una valorización de la extensión y la práctica social universitaria a partir de una suma de un 0,20 % del promedio anual a los alumnos que participen en proyectos de transferencia y articulación con la comunidad.
30-        Un Servicio Social Federal para graduados de Universidades Nacionales.

VI- Gobierno universitario
Vamos a acompañar todas las medidas tendientes a democratizar el gobierno interno de la Universidad, pero creemos además, que la verdadera democratización de la Universidad se relaciona con su capacidad de expresar o no, los intereses de las mayorías populares del país. Vamos a promover entonces:
31-        La Elección Directa de autoridades con un sistema de voto ponderado.
32-        La participación plena en el gobierno universitario de los auxiliares docentes y los interinos.
33-        La participación de los gobiernos provinciales y las organizaciones libres del pueblo (sindicatos, ONGs, cámaras de productores pequeños y medianos) en los órganos colegiados de gobierno.
34-        Una sola reelección para rectores y miembros de la CONEAU.
35-        El ingreso de los trabajadores no docentes al gobierno.
36-        El debate sobre las representaciones de cada uno de los actores.
37-        El régimen de Incompatibilidades y de frenos a las reelecciones indefinidas.
38-        Los cupos de género en el gobierno.
39-        Los Presupuestos Participativos en los Centros de Estudiantes.
40-        La formación de un Presupuesto Participativo Local que permita destinar un porcentaje de los fondos de investigación a los temas requeridos por los gobiernos municipales y las organizaciones políticas, sindicales y sociales.
41-        La formación de una Secretaría de Planificación Económico Social que articule la investigación y la extensión de manera estable y permanente, con la comunidad y el Estado.

VII- Articulación entre distintos niveles educativos
42-        La instrumentación de un sistema de créditos que facilite el reconocimiento, acreditación y actualización de la formación y los estudios de los diferentes trayectos del sistema de educación superior.
43-        Fomentar la participación de las universidades en los actuales CEPRES, promoviendo el ingreso de los estudiantes.

VIII- Integración Latinoamérica
44-        La articulación normativa y de los programas entre las naciones del MERCOSUR y del resto de América latina y el Caribe.
45-        La implementación de una Agenda Universitaria para el MERCOSUR.
46-        La firma de convenios de intercambio y pasantías entre docentes y estudiantes del MERCOSUR, incluyendo el reconocimiento mutuo de aquellos programas acreditados.
47-        La apertura y desarrollo de Cátedras libres y seminarios sobre la historia, el pensamiento y las luchas del movimiento obrero y campesino latinoamericano.
48-        La formación de una Confederación de Estudiantes de Universidades del MERCOSUR.
49-        La formación de un postgrado sobre la Integración Universitaria del MERCOSUR.

IX- Autarquía financiera y federalización del gasto
Consideramos que la crisis universitaria no se resuelve sólo a través del aumento presupuestario, sino que dicha situación es un problema que tiene raíces en la misma orientación que se imprime hoy a las universidades. Por ello, no vamos a renunciar al mejoramiento de la inversión educativa y por eso, consideramos positiva la implementación de las pautas de la nueva Ley de Financiamiento Educativo y en el tema universitario en particular,  reivindicamos la importancia de la implementación reciente de partidas de dinero para rentar a los docentes “ad honorem” y se deben implementar pautas objetivas de distribución presupuestarias entre y para las casas de estudio.

En relación a los “derechos” de la universidad vamos a promover:
50-        El desarrollo de un programa nacional de infraestructura universitaria.
51-        La aplicación por parte de la SIGEN y la AGN de un sistema de auditoría económica específica para las universidades.
52-        La fijación de pautas y metas temporales para eliminar en el corto plazo la cifra de los docentes “ad honorem”.
53-        La revisión crítica del funcionamiento del programa FUNDAR en base a la experiencia del FOMEC para desarrollar una correcta política de calidad del aprendizaje y de apoyo a la universidad. Consideramos que los programas deben ser mejorados y que la oposición “consignista” que pide derogarlos sin ofrecer alternativas cae en el vacío retórico.
54-        El desarrollo de un debate sobre la necesidad de revertir la concentración de recursos, universidades, alumnos y profesionales en Buenos Aires en relación al conjunto de las universidades de las provincias.
55-        El sostén de la centralidad actual de la SIGEN, la AGN y la CONEAU en la evaluación y la auditoría a las universidades. Vamos a promover su permanencia y un debate acerca de las funciones específicas de cada uno de los entes.
56-        Fomentaremos la presentación y publicidad de balances públicos y obligatorios de los ingresos y los gastos de las universidades.

X- Soberanía científica tecnológica
57-        La formación de una ciencia aplicada al desarrollo nacional con el fin de alcanzar la soberanía tecnológica. Vamos a promover la creación de patentes argentinas, públicas y privadas.
58-        La introducción del debate acerca de los mecanismos cientificistas existentes para la  acreditación de investigaciones de los fondos públicos nacionales (SECYT, CONICET, etc.) con el fin encuadrarlos en el marco de la Política de Planificación Universitaria Nacional.

 XI- Universidades privadas
Vemos de forma positiva la existencia actual de importantes competencias del Estado para la regulación de las Universidades Privadas. Estas universidades deben encuadrase en la Política de Planificación Universitaria Nacional.
Vamos a promover:
59-        Su inserción programática y curricular en el marco de la Política de Planificación Universitaria Nacional.
60-        El ingreso docente por concurso. 
61-        La obligación de apoyar el perfeccionamiento de sus docentes de forma gratuita.
62-        El avance en la formulación del ingreso al gobierno de la Universidad de los alumnos, los docentes, los graduados, los no docentes y los representantes del Estado municipal.
63-        La obligatoriedad de desarrollar la investigación y la extensión.
64-        El derecho a que sus estudiantes provenientes de hogares humildes también reciban becas del Estado nacional, en simultáneo con la eximisión del pago de aranceles.

65-        El derecho a que sus programas académicos definidos como prioritarios por la planificación nacional, sean apoyados con créditos subsidiados, similares a los que benefician a las PYMES.

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