Humberto Podetti
Algo está cambiando en el mundo. Los
pueblos de Estados Unidos y la Unión Europea reclaman que se proteja el trabajo
de sus ciudadanos, afectado por un comercio internacional desigual e injusto. Trump
ganó las elecciones norteamericanas porque prometió que terminará con la
inmigración y denunciará el NAFTA (EEUU, México y Canadá) y el Tratado de
Asociación Transpacífico (EEUU, Japón, Corea y otros 9 países asiáticos). En Europa
la falta de trabajo derivada de los Tratados de Libre Comercio y la inmigración
provocó el Brexit. Y obligó a la conservadora Teresa May a anunciar un plan de
política industrial para Gran Bretaña, para aumentar la participación en el PBI
británico del salario de los trabajadores industriales. En la misma dirección, Francia
anunció que no apoyará el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y
Estados Unidos. Y Bélgica exigió modificaciones al TLC entre Canadá y la Unión
Europea, entre ellas que tuviera una vigencia provisoria por un año para
verificar si afecta el trabajo belga.
Esta tendencia no implica el
rechazo al comercio internacional, sino la exigencia de que beneficie a todos
los habitantes del planeta y no a una pequeña minoría. Para hacerlo posible,
los pueblos reclaman a sus gobiernos que reasuman sus funciones respecto de la
producción y la distribución de la riqueza, para garantizar que el beneficio
sea efectivamente para todos. Y que se proteja adecuadamente la tierra, como casa
común de la humanidad.
Las elecciones presidenciales en
Estados Unidos han confirmado la tendencia, probablemente de modo irreversible.
De acuerdo con las encuestas, lo mismo ocurrirá en diciembre con las
presidenciales en Austria, y en marzo y septiembre del año que viene con las
legislativas en Holanda y en Alemania y en abril, con las presidenciales en
Francia.
En ese marco es esperable que los
sindicatos norteamericanos y europeos exijan que los productos intercambiados en
el comercio internacional se fabriquen respetando los principios del Pacto
Mundial de Naciones Unidas, que exige legalizar la actividad gremial y celebrar
convenciones colectivas de trabajo con el gremio representativo de cada
actividad. Y por supuesto la prohibición del trabajo infantil y del trabajo
forzado. También que el proceso productivo o extractivo no afecte la naturaleza.
La OMC, auxiliada por la OIT y la ONU, puede hacerse cargo de controlar que en
el mundo se comercien exclusivamente bienes producidos bajo esos principios.
Si eso ocurre, tal vez sea
irreversible la actual tendencia mundial a devolver a la política y al gobierno
de las naciones la facultad de orientar la economía, un primer paso para
alcanzar la justicia social universal como pide el papa Francisco.
América Latina y el Caribe se
anticiparon a esta tendencia. En el año 2000 iniciaron procesos de asociación
política que culminaron con la formación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) que
incluye a todas las naciones latinoamericanas y caribeñas y de la Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR)
que reúne a todas las naciones suramericanas. El NAFTA, que ata la economía
mexicana a Estados Unidos es la razón de que existan dos organizaciones. Pero
si el NAFTA se modifica, es posible que la CELAC y UNASUR se fusionen. La
solicitud de México de integrarse al Banco del Sur –el organismo financiero de
UNASUR- puede ser un anticipo en esa dirección.
CELAC y UNASUR albergan, además, varios
procesos de unión económica. Los principales son la ALIANZA PARA EL PACÍFICO (Colombia,
Perú, Chile y México) y el MERCOSUR. Ambos coinciden en cuanto al objetivo de
eliminar las fronteras económicas entre todas las naciones latinoamericanas y
caribeñas y crear un fondo destinado a desarrollar la industria en las más
pequeñas. Pero discrepan en cuanto al comercio de América latina y el Caribe con
el resto del mundo. La ALIANZA PARA EL PACÍFICO aspira a integrarse el TTP y
levantar las fronteras económicas entre sus miembros y los 12 miembros del TTP,
entre los cuales están dos de las cinco economías más poderosas del planeta,
con la consiguiente continuidad de los graves efectos del sistema económico
global en nuestro continente. Pero el TTP probablemente se debilitará luego de
las elecciones presidenciales en los EEUU. En cuanto al MERCOSUR, hasta ahora
defensor de un arancel externo común y de una negociación en conjunto con el
mundo, afronta un debate interno, entre abandonar el arancel externo y sumarse
a la ALIANZA o seguir la tendencia internacional de actuar en común para
obtener mejores condiciones en el comercio internacional y proteger el trabajo
de sus ciudadanos. Es decir, devolver a los gobiernos la orientación de la
economía.
Una encuesta en todos los países
latinoamericanos del INTAL, el Instituto para la Integración de América Latina
del BID, verificó que el 77 % de la
población, con picos del 80 % en Argentina, está de acuerdo con la integración
económica y el 69 % con la integración política (www.iadb.org/intal/alianzalb).
Atendiendo la tendencia mundial y
la opinión de nuestros pueblos, es el momento de fortalecer CELAC y UNASUR,
afianzando sus instituciones e incrementando su capacidad de decisión en el
mundo cambiante del siglo XXI. Y orientando desde los gobiernos la mayor
capacidad de decisión de los pueblos, a través de la política, en la producción
y distribución de la riqueza, para garantizar un continente en el que todos
accedan al trabajo, el techo y la tierra.
