domingo, 18 de febrero de 2018

Libo "La Constitución Justicialista de 1974"


FUNDACIÓN VILLA MANUELITA


UN CAMINO INCONCLUSO
En 1973 Perón volvía a la argentina con un plan de acción concreto y fundamental: poner en marcha una democracia congruente con las potencialidades del hombre moderno. Una democracia donde más allá de elegir representantes el pueblo debería junto con el gobierno tomar las riendas de la transformación de la Nación.
Para lograrlo volvería a plantear las herramientas doctrinarias históricas que permitieran fortalecer una unidad conceptual para poner en marcha un proceso de autodeterminación comunitaria.

RECONSTRUCCIÓN Y LIBERACIÓN
Perón plantearía la necesidad de una reconstrucción del hombre argentino avasallada por la acción liberal con una exaltación de sus sesgos individualistas que lo había sumergido en el egoísmo, la insolidaridad y la indiferencia. Habló entonces de un gobierno de reconstrucción previo al desarrollo de una nueva institucionalidad que pusiera en marcha la nueva democracia social que anhelaba.
Su prédica siempre apunto a despertar la conciencia social de la comunidad argentina. Su pensamiento era el de provocar un cambio radical en la forma de hacer política. Preveía un aumento geométrico de la complejidad y un aceleramiento de las conflictividades socioeconómicas. A esto se sumaba la necesidad de elevar la confianza comunitaria con sus gobernantes y estructuras del Estado para poner en marcha un proceso de desarrollo que sacara al país de su situación colonial.
Solamente el incremento de la conciencia social de la comunidad en su conjunto podría revertir la situación de dependencia. Para ello el peronismo volvería a repetir la necesidad de una nueva forma de participación ciudadana. Las formas participativas liberales demostraban una limitación para la elevación del compromiso y la solidaridad social del pueblo y sus dirigencias.
Desde su óptica la participación política no debía circunscribir la creatividad de los planes de desarrollo de la Nación a los representantes elegidos por el voto, sino que estos debían incorporar a la elaboración al pueblo en su conjunto y sus instituciones sociales. Dividía Perón a la política en dos: una política electoralista esencial para designar a la conducción del estado, y otra la política nacional que debía ser la responsable de diseñar los planes de gobierno que pudieran sacar al país de su situación colonial.
La política electoralista, fundamental para mantener a través del voto libre de los ciudadanos las instituciones republicanas, debía ser acotada a los tiempos eleccionarios. La política nacional la pensaba Perón como el eje fundamental para ordenar las potencialidades comunitarias en el desarrollo de un objetivo común a todos los argentinos. Separar estas dos formas de acción política resultaba fundamental para elevar la cultura social del pueblo y el único camino para ello era brindar ámbitos de discusión y elaboración de políticas nacionales para recuperar el sentido solidario del basamento institucional del país.
Esta nueva y última actualización doctrinaria sería el objetivo fundamental de su tercer gobierno. La pacificación del país y la armonización de sus potencialidades socioeconómicas a través del pacto social estaban en función de poner en marcha un enorme proceso autodeterminante de la comunidad que convocaría el 1 de mayo de 1974 con el lanzamiento del Modelo Argentino.
Este trabajo era una herramienta fundamental para construir una nueva democracia que permitiera aumentar las solidaridades comunitarias provocando el crecimiento de la confianza ciudadana, fortaleciendo las instituciones y permitiendo enfrentar la conflictividad que necesariamente se desata en el proceso de creación de riqueza y redistribución equitativa necesario para vencer la situación colonial.

El intento anterior de motorizar una autodeterminación comunitaria en forma tan evidente se había dado en el lanzamiento del Segundo Plan Quinquenal donde el Gral. Perón convocó a la organización popular promoviendo y alentando las Organizaciones Libres del Pueblo. Intentaba de esta forma que estas organizaciones pudieran continuar con la dinámica solidaria institucional necesaria para romper la filosofía de defensa de intereses sectoriales típica del liberalismo.

“Nosotros pensamos que si el Primer Plan Quinquenal fue -diremos así- el de la organización de esa conciencia social, el Segundo Plan Quinquenal ha de ser el de la consolidación de esa conciencia social en los hechos de la organización misma, alcanzando un alto grado o un grado mayor de eso, que es la solidaridad social. La solidaridad social es el sentimiento de aglutinación orgánica que necesitan todos los que forman la organización popular. El sentido de la solidaridad social, que lleva a la solidaridad nacional, que es otro grado mayor, es lo que nosotros debemos desarrollar en este Segundo Plan Quinquenal, en lo que se refiere a la conquista de la organización popular.” Juan Domingo Perón

En 1974 lo que motorizaría el segundo intento de poner en marcha una democracia social o integrada, sería la necesidad de una reforma constitucional que dejara atrás las oscuras interpretaciones legales de las dictaduras y democracias proscriptivas.
El mismo equipo que acompañó al General Perón en la redacción del Modelo trabajaría en la elaboración de un borrador que el peronismo tendría como referencia para el gran debate nacional que intentaría provocar una nueva forma participativa comunitaria de todos los sectores comprometidos con el futuro de la Nación.
El texto de este borrador realizado por Alfredo Carella fue publicado como apéndice en la obra “Perón la unidad nacional entre el conflicto y la reconstrucción” de Leopoldo Frenkel y Carlos A. Fernández Pardo publicado por la editorial El Copista en el año 2004. Tenemos el honor de poder incluir en la presente edición el capítulo de esa obra fundamental referida a los prolegómenos de la reforma constitucional: “La perspectiva de las instituciones en el último tramo: peronismo y postperonismo”.

EL BORRADOR DE LA CONSTITUCIÓN JUSTICIALISTA DE 1974
El preámbulo del borrador de la Constitución Justicialista de 1974 promueve la necesidad de realizar “…una democracia integrada plena de justicia social sustentada en la efectiva participación del pueblo a través de sus organizaciones naturales…”.
Aclara a continuación como fundamento de la propuesta que “Se reformula el preámbulo de la Constitución Nacional, toda vez que de su contenido deben surgir no sólo los objetivos de Proyecto Nacional, sino también la filosofía que alentará el logro de tales metas…”.
Estipula a continuación una serie de conceptos históricos y filosóficos y agrega:
“Preconizamos así básicamente:
En lo interno: lograr una efectiva democracia integrada. Ello supone la superación de la “democracia liberal” propia de los regímenes capitalistas y de la “democracia popular” característica de los regímenes totalitarios de signo socialista dogmático.
La existencia de fuerzas políticas, gremiales y sociales poderosas, materiales y espirituales, individuales y colectivas en permanente y fructífero equilibrio, es la mejor garantía para la felicidad del hombre, objetivo al cual subordinamos cualquier otro.
Esa armonía, ese equilibrio entre los distintos sectores que conforman nuestra comunidad organizada, se obtendrá a través de su participación irrestricta en los órganos de gobierno.
La participación se convierte así en el correlato de la justicia social, puesto que sólo ella posibilita a cada uno el ejercicio de su libertad y al hombre su más completa realización.
La herramienta principal de tal participación es la concertación de los intereses principalmente político-económico-sociales que ceden en ese acto parte de sus individualidades en beneficio del todo, es decir, de la Nación Argentina…”.
De esta forma el borrador comienza a esbozar una alternativa institucional firme a las instituciones fosilizadas de las democracias liberales. El sentido de la “representación ciudadana” es reemplazado por el de la “conducción ciudadana”. No se propone a través del mecanismo participativo del voto ciudadano ceder la exclusividad de la creación de las acciones necesarias para la transformación de la nación. En cambio propone elegir a la autoridad que conducirá ese acto creativo popular y comunitario y que se expresará en forma dinámica y permanente. La propuesta no es elegir a alguien para que se haga cargo de la construcción de la nación transformando al ciudadano en un simple espectador indiferente y distante, sino de elegir al responsable de dirigir una transformación política de la que toda la comunidad debe ser actor partícipe y también responsable.
Más adelante el borrador profundiza el sistema de gobierno proponiendo:
“La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal y social, dentro de una democracia integrada, según lo establece la presente Constitución. Se entiende por democracia integrada el sistema de gobierno que garantiza la participación plena y pluralista del pueblo a través de sus organizaciones naturales…”.
Profundizando a continuación entre sus fundamentos:
“Las ideas de integración y participación conducen a condenar el principio y la práctica del secreto, y a sostener la vigencia del debate, de la reflexión, de la consulta pública, del derecho a la información objetiva para conformar una sociedad de masas con aptitud para decidir por sí misma. Ella garantiza a cada individuo, a cada hombre su pertenencia integral a la familia nacional y humana, en la cual en lugar de instrumento se siente artífice igualitario en la empresa de construcción de la grandeza nacional.
Pero no se trata sólo de afirmar la existencia de un derecho, sino de ofrecer los medios para ejercerlo.
La experiencia ha probado que ninguna sociedad puede sobrevivir sin autoridad y que ninguna sociedad es dichosa sin libertad. Todo tiende a demostrar, por otra parte, que una sociedad moderna como la argentina no hallará su definitivo equilibrio sin la igualdad potencial que facilite el acceso a la información, a la deliberación, a la auténtica formación humanista y nacional.
La democracia integrada es el sistema que concilia estos imperativos. Para que su funcionamiento quede ampliamente garantizado, para que la estabilidad y la eficacia sea una realidad y no mera ficción, debe establecerse un total consenso nacional sobre las reglas de juego político que establecerá el cuerpo constitucional…”.
La propuesta institucional que propone el borrador no toca la estructura fundamental de la democracia liberal que se mantiene intacta, sino que propone incorporar al área de la acción ejecutiva del gobierno a las organizaciones comunitarias, para que sean responsables junto con el Poder Ejecutivo de la creación de los futuros planes de gobierno en una perspectiva de largo plazo (Juan habla en el Modelo de un plan con una perspectiva de décadas).
El planteo institucional no intenta generar nuevas organizaciones sino brindar a las existentes una nueva dinámica que rompa la funcionalidad liberal de la defensa de intereses sectoriales abriendo un ámbito de discusión de políticas nacionales. Aclarando en ese sentido:
La democracia integrada supone una nueva estructura participacionista de la que deben ser desterrados los dos vicios principales de la democracia liberal: la demagogia y la oligarquía. En este sentido tanto los partidos políticos como los gremios que constituyen organizaciones naturales del pueblo estarán representados en la Constitución.
Los primeros a través del pluralismo político expresan su voluntad por medio del sufragio universal, obligatorio y secreto. Los segundos participarán en la consulta constitucional a través de los órganos que se determinan expresamente en este aporte.
El sentido de esta reforma significa que la Constitución reconoce elementos ínsitos en la vida de la Nación: el pluralismo político y la unidad sindical, sobre los cuales se asienta la actual organización institucional de la República.
El órgano mediante el cual habrán de expresarse los gremios es el Consejo de Concertación Social en el que estarán representadas las organizaciones de las fuerzas productivas que cuenten con personería jurídica. La misión será consultiva, pero el Estado deberá recurrir a ellas toda vez que deban estudiarse normas relacionadas con el progreso económico-social de la República, sin estar obligado a prestar conformidad a lo que el Consejo produzca…”.
El sentido profundo de las transformaciones institucionales propuestas retoma el sentido anticolonialista del justicialismo en el plano de elevar la cultura social del pueblo. Abre el camino a un desarrollo nacional sustentable al incentivar el aumento de la solidaridad social de la comunidad en camino a fortalecer la unidad nacional. Promueve una forma de participación ciudadana que tiende a la maduración colectiva nacional, que incluye al pueblo, sus instituciones y dirigentes con el fin de fortalecer el Estado y permitir sortear las dificultades y conflictos que necesariamente suscitan el paso de una argentina colonial a una argentina libre.
El camino propuesto por los pensadores que acompañaron al General Perón en su última etapa sigue vigente. Hoy alcanza una dramática importancia porque estallan en todo el mundo movimientos de impugnación de las formas representativas liberales y han puesto en blanco sobre negro la necesidad de debatir sobre los límites de la participación de la democracia burguesa. El movimiento nacional ha dejado atrás con su lucha militante los fraudes, las democracias proscriptivas y las dictaduras. Hoy se enfrenta a un nuevo fenómeno de dominación colonial que es una democracia con una formalidad y legalidad evidente, pero con una forma de participación ciudadana que impide el aumento de la cultura social que nos puede liberar. Hoy como ayer el peronismo sale a la cancha a marcar un nuevo rumbo que desafía los eternos intereses de dominación colonial. Hoy como ayer la consigna es simple: Patria o Colonia.


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