FUNDACIÓN VILLA MANUELITA
UN CAMINO INCONCLUSO
En 1973 Perón volvía a la
argentina con un plan de acción concreto y fundamental: poner en marcha una
democracia congruente con las potencialidades del hombre moderno. Una democracia donde más allá de elegir
representantes el pueblo debería junto con el gobierno tomar las riendas de la
transformación de la Nación.
Para lograrlo volvería a
plantear las herramientas doctrinarias históricas que permitieran fortalecer
una unidad conceptual para poner en marcha un proceso de autodeterminación
comunitaria.
RECONSTRUCCIÓN Y LIBERACIÓN
Perón plantearía la necesidad
de una reconstrucción del hombre
argentino avasallada por la acción liberal con una exaltación de sus sesgos
individualistas que lo había sumergido en el egoísmo, la insolidaridad y la
indiferencia. Habló entonces de un gobierno de reconstrucción previo al
desarrollo de una nueva institucionalidad que pusiera en marcha la nueva
democracia social que anhelaba.
Su prédica siempre apunto a
despertar la conciencia social de la comunidad argentina. Su pensamiento era el
de provocar un cambio radical en la forma de hacer política. Preveía un aumento
geométrico de la complejidad y un aceleramiento de las conflictividades
socioeconómicas. A esto se sumaba la necesidad de elevar la confianza
comunitaria con sus gobernantes y estructuras del Estado para poner en marcha
un proceso de desarrollo que sacara al país de su situación colonial.
Solamente el incremento de la
conciencia social de la comunidad en su conjunto podría revertir la situación
de dependencia. Para ello el peronismo volvería a repetir la necesidad de una nueva forma de participación ciudadana. Las
formas participativas liberales demostraban una limitación para la elevación
del compromiso y la solidaridad social del pueblo y sus dirigencias.
Desde su óptica la
participación política no debía circunscribir la creatividad de los planes de
desarrollo de la Nación a los representantes elegidos por el voto, sino que
estos debían incorporar a la elaboración al pueblo en su conjunto y sus
instituciones sociales. Dividía Perón a la política en dos: una política
electoralista esencial para designar a la conducción del estado, y otra la
política nacional que debía ser la responsable de diseñar los planes de
gobierno que pudieran sacar al país de su situación colonial.
La política electoralista, fundamental para mantener a través del voto
libre de los ciudadanos las instituciones republicanas, debía ser acotada a los
tiempos eleccionarios. La política
nacional la pensaba Perón como el eje fundamental para ordenar las
potencialidades comunitarias en el desarrollo de un objetivo común a todos los
argentinos. Separar estas dos formas de acción política resultaba fundamental
para elevar la cultura social del pueblo y el único camino para ello era
brindar ámbitos de discusión y elaboración de políticas nacionales para
recuperar el sentido solidario del basamento institucional del país.
Esta nueva y última
actualización doctrinaria sería el objetivo fundamental de su tercer gobierno.
La pacificación del país y la armonización de sus potencialidades
socioeconómicas a través del pacto social estaban en función de poner en marcha
un enorme proceso autodeterminante de la
comunidad que convocaría el 1 de mayo de 1974 con el lanzamiento del Modelo
Argentino.
Este trabajo era una
herramienta fundamental para construir una nueva democracia que permitiera
aumentar las solidaridades comunitarias provocando el crecimiento de la
confianza ciudadana, fortaleciendo las instituciones y permitiendo enfrentar la
conflictividad que necesariamente se desata en el proceso de creación de
riqueza y redistribución equitativa necesario para vencer la situación
colonial.
El intento anterior de
motorizar una autodeterminación comunitaria en forma tan evidente se había dado
en el lanzamiento del Segundo Plan Quinquenal donde el Gral. Perón convocó a la
organización popular promoviendo y alentando las Organizaciones Libres del
Pueblo. Intentaba de esta forma que estas organizaciones pudieran continuar con
la dinámica solidaria institucional necesaria para romper la filosofía de
defensa de intereses sectoriales típica del liberalismo.
“Nosotros
pensamos que si el Primer Plan Quinquenal fue -diremos así- el de la
organización de esa conciencia social, el Segundo Plan Quinquenal ha de ser el
de la consolidación de esa conciencia social en los hechos de la organización
misma, alcanzando un alto grado o un grado mayor de eso, que es la solidaridad
social. La solidaridad social es el sentimiento de aglutinación orgánica que
necesitan todos los que forman la organización popular. El sentido de la
solidaridad social, que lleva a la solidaridad nacional, que es otro grado
mayor, es lo que nosotros debemos desarrollar en este Segundo Plan Quinquenal,
en lo que se refiere a la conquista de la organización popular.” Juan Domingo Perón
En 1974 lo que motorizaría el
segundo intento de poner en marcha una democracia social o integrada, sería la
necesidad de una reforma constitucional que dejara atrás las oscuras
interpretaciones legales de las dictaduras y democracias proscriptivas.
El mismo equipo que acompañó
al General Perón en la redacción del Modelo trabajaría en la elaboración de un
borrador que el peronismo tendría como referencia para el gran debate nacional
que intentaría provocar una nueva forma participativa comunitaria de todos los
sectores comprometidos con el futuro de la Nación.
El texto de este borrador
realizado por Alfredo Carella fue
publicado como apéndice en la obra “Perón la unidad nacional entre el conflicto
y la reconstrucción” de Leopoldo Frenkel y Carlos A. Fernández Pardo publicado
por la editorial El Copista en el año 2004. Tenemos el honor de poder incluir
en la presente edición el capítulo de esa obra fundamental referida a los
prolegómenos de la reforma constitucional: “La perspectiva de las instituciones
en el último tramo: peronismo y postperonismo”.
EL BORRADOR DE LA CONSTITUCIÓN JUSTICIALISTA DE 1974
El preámbulo del borrador de
la Constitución Justicialista de 1974 promueve la necesidad de realizar “…una
democracia integrada plena de justicia social sustentada en la efectiva
participación del pueblo a través de sus organizaciones naturales…”.
Aclara a continuación como
fundamento de la propuesta que “Se reformula el preámbulo de la Constitución
Nacional, toda vez que de su contenido deben surgir no sólo los objetivos de
Proyecto Nacional, sino también la filosofía que alentará el logro de tales
metas…”.
Estipula a continuación una
serie de conceptos históricos y filosóficos y agrega:
“Preconizamos así básicamente:
En lo interno: lograr una
efectiva democracia integrada. Ello
supone la superación de la “democracia liberal” propia de los regímenes capitalistas
y de la “democracia popular” característica de los regímenes totalitarios de
signo socialista dogmático.
La existencia de fuerzas
políticas, gremiales y sociales poderosas, materiales y espirituales,
individuales y colectivas en permanente y fructífero equilibrio, es la mejor
garantía para la felicidad del hombre, objetivo al cual subordinamos cualquier
otro.
Esa armonía, ese equilibrio
entre los distintos sectores que conforman nuestra
comunidad organizada, se obtendrá a través de su participación irrestricta
en los órganos de gobierno.
La participación se convierte
así en el correlato de la justicia social, puesto que sólo ella posibilita a
cada uno el ejercicio de su libertad y al hombre su más completa realización.
La herramienta principal de
tal participación es la concertación de los intereses principalmente
político-económico-sociales que ceden en ese acto parte de sus individualidades
en beneficio del todo, es decir, de la Nación Argentina…”.
De esta forma el borrador
comienza a esbozar una alternativa institucional firme a las instituciones
fosilizadas de las democracias liberales. El
sentido de la “representación ciudadana” es reemplazado por el de la
“conducción ciudadana”. No se propone a través del mecanismo participativo
del voto ciudadano ceder la exclusividad de la creación de las acciones
necesarias para la transformación de la nación. En cambio propone elegir a la
autoridad que conducirá ese acto creativo popular y comunitario y que se
expresará en forma dinámica y permanente. La propuesta no es elegir a alguien
para que se haga cargo de la construcción de la nación transformando al
ciudadano en un simple espectador indiferente y distante, sino de elegir al
responsable de dirigir una transformación política de la que toda la comunidad debe
ser actor partícipe y también responsable.
Más adelante el borrador
profundiza el sistema de gobierno proponiendo:
“La Nación Argentina adopta
para su gobierno la forma representativa,
republicana, federal y social, dentro de una democracia integrada, según lo
establece la presente Constitución. Se entiende por democracia integrada el
sistema de gobierno que garantiza la participación plena y pluralista del
pueblo a través de sus organizaciones naturales…”.
Profundizando a continuación
entre sus fundamentos:
“Las ideas de integración y
participación conducen a condenar el principio y la práctica del secreto, y a
sostener la vigencia del debate, de la reflexión, de la consulta pública, del
derecho a la información objetiva para conformar una sociedad de masas con
aptitud para decidir por sí misma. Ella garantiza a cada individuo, a cada
hombre su pertenencia integral a la familia nacional y humana, en la cual en
lugar de instrumento se siente artífice igualitario en la empresa de
construcción de la grandeza nacional.
Pero no se trata sólo de
afirmar la existencia de un derecho, sino de ofrecer los medios para ejercerlo.
La experiencia ha probado que
ninguna sociedad puede sobrevivir sin autoridad y que ninguna sociedad es
dichosa sin libertad. Todo tiende a demostrar, por otra parte, que una sociedad
moderna como la argentina no hallará su definitivo equilibrio sin la igualdad
potencial que facilite el acceso a la información, a la deliberación, a la
auténtica formación humanista y nacional.
La democracia integrada es el sistema que concilia estos imperativos.
Para que su funcionamiento quede ampliamente garantizado, para que la
estabilidad y la eficacia sea una realidad y no mera ficción, debe establecerse
un total consenso nacional sobre las reglas de juego político que establecerá
el cuerpo constitucional…”.
La propuesta institucional que
propone el borrador no toca la estructura fundamental de la democracia liberal
que se mantiene intacta, sino que propone incorporar al área de la acción
ejecutiva del gobierno a las organizaciones comunitarias, para que sean
responsables junto con el Poder Ejecutivo de la creación de los futuros planes
de gobierno en una perspectiva de largo plazo (Juan habla en el Modelo de un
plan con una perspectiva de décadas).
El planteo institucional no
intenta generar nuevas organizaciones sino brindar a las existentes una nueva
dinámica que rompa la funcionalidad liberal de la defensa de intereses
sectoriales abriendo un ámbito de discusión de políticas nacionales. Aclarando
en ese sentido:
“La democracia integrada supone una nueva estructura participacionista
de la que deben ser desterrados los dos vicios principales de la democracia
liberal: la demagogia y la oligarquía. En este sentido tanto los partidos
políticos como los gremios que constituyen organizaciones naturales del pueblo
estarán representados en la Constitución.
Los primeros a través del
pluralismo político expresan su voluntad por medio del sufragio universal,
obligatorio y secreto. Los segundos participarán en la consulta constitucional
a través de los órganos que se determinan expresamente en este aporte.
El sentido de esta reforma
significa que la Constitución reconoce elementos ínsitos en la vida de la
Nación: el pluralismo político y la unidad sindical, sobre los cuales se
asienta la actual organización institucional de la República.
El órgano mediante el cual
habrán de expresarse los gremios es el
Consejo de Concertación Social en el que estarán representadas las
organizaciones de las fuerzas productivas que cuenten con personería jurídica.
La misión será consultiva, pero el Estado deberá recurrir a ellas toda vez que
deban estudiarse normas relacionadas con el progreso económico-social de la
República, sin estar obligado a prestar conformidad a lo que el Consejo
produzca…”.
El sentido profundo de las
transformaciones institucionales propuestas
retoma el sentido anticolonialista del justicialismo en el plano de elevar la
cultura social del pueblo. Abre el camino a un desarrollo nacional
sustentable al incentivar el aumento de la solidaridad social de la comunidad
en camino a fortalecer la unidad nacional. Promueve una forma de participación
ciudadana que tiende a la maduración colectiva nacional, que incluye al pueblo,
sus instituciones y dirigentes con el fin de fortalecer el Estado y permitir
sortear las dificultades y conflictos que necesariamente suscitan el paso de
una argentina colonial a una argentina libre.
El camino propuesto por los
pensadores que acompañaron al General Perón en su última etapa sigue vigente.
Hoy alcanza una dramática importancia porque estallan en todo el mundo
movimientos de impugnación de las formas representativas liberales y han puesto
en blanco sobre negro la necesidad de debatir sobre los límites de la
participación de la democracia burguesa. El movimiento nacional ha dejado atrás
con su lucha militante los fraudes, las democracias proscriptivas y las
dictaduras. Hoy se enfrenta a un nuevo fenómeno de dominación colonial que es
una democracia con una formalidad y legalidad evidente, pero con una forma de
participación ciudadana que impide el aumento de la cultura social que nos
puede liberar. Hoy como ayer el peronismo sale a la cancha a marcar un nuevo
rumbo que desafía los eternos intereses de dominación colonial. Hoy como ayer
la consigna es simple: Patria o Colonia.
