Nuevo documento de la Doctrina
de la Fe y del Dicasterio para el Desarrollo Integral propone reglas para los
mercados, un impuesto mundial sobre las transacciones “offshore” y dar valor a
las experiencias positivas desde abajo
17/05/2018
ANDREA TORNIELLI - La ESTAMPA
CIUDAD DEL VATICANO
«Frente a la inmensidad y
omnipresencia de los actuales sistemas económico-financieros, nos podemos
sentir tentados a resignarnos al cinismo y a pensar que, con nuestras pobres
fuerzas, no podemos hacer mucho. En realidad, cada uno de nosotros puede hacer mucho, especialmente si no se queda
solo». Es la conclusión del documento “Oeconomicae et pecuniariae quaestiones”,
aprobado por el Papa Francisco y redactado por la Congregación para la
Doctrina de la Fe y por el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano
Integral, que propone «consideraciones para un discernimiento ético sobre
algunos aspectos del actual sistema económico y financiero». El texto
identifica riesgos, injusticias e inmoralidades en el actual sistema. Pero
sugiere también soluciones: pide mayores
reglas para que todos tengan garantías, propone un impuesto mundial sobre las
transacciones “offshore” (que podría resolver el problema del hambre en el
mundo) e invita a llevar a cabo cambios estructurales para resolver el problema
de la deuda pública de muchos países.
La primera parte del documento
se ocupa de los fundamentos éticos. El orden ético, «arraigado en la sabiduría
de Dios Creador», es «el fundamento indispensable para edificar una comunidad
digna de los hombres, regulada por leyes inspiradas en la justicia real».
Reconociendo que «el bienestar económico
global», sin duda, «ha aumentado en la segunda mitad del siglo XX», se constata
que «al mismo tiempo han aumentado las desigualdades entre los distintos países
y dentro de ellos. El número de personas que viven en pobreza extrema sigue
siendo enorme».
«La reciente crisis financiera –se lee en el texto– era una oportunidad
para desarrollar una nueva economía más atenta a los principios éticos y a
la nueva regulación de la actividad financiera»; sin embargo, a pesar de
algunos esfuerzos positivos, «no ha habido ninguna reacción que haya llevado a
repensar los criterios obsoletos que continúan gobernando el mundo. Por el
contrario, a veces parece volver a estar en auge un egoísmo miope y limitado a
corto plazo». Por ello se necesita «una
ética amiga de la persona», una visión del ser humano «entendido como
sujeto constitutivamente incorporado en una trama de relaciones»: el progreso
no puede ser medido «solo con parámetros de cantidad y eficacia en la obtención
de beneficios, sino que tiene que ser evaluado también en base a la calidad de
vida que produce». El bienestar no puede
ser valorado solamente según el PIB, por lo que se requieren otros parámetros,
como «la seguridad, la salud, el crecimiento del “capital humano”, la calidad
de la vida social y del trabajo».
El documento indica que la
libertad «de la que gozan, hoy en día, los agentes económicos, entendida en
modo absoluto y separado de su intrínseca referencia
a la verdad y al bien, tiende a generar centros de supremacía y a
inclinarse hacia formas de oligarquía, que en última instancia perjudican la
eficiencia misma del sistema económico». La
política parece impotente ante las grandes redes económico-financieras
supranacionales: «Esto hace hoy más que nunca urgente una alianza renovada
entre los agentes económicos y políticos».
No es posible hacer finta de
no ver que los mercados no son capaces
de regularse por sí mismos: «de hecho, estos no son capaces de generar los
fundamentos que les permitan funcionar regularmente (cohesión social,
honestidad, confianza, seguridad, leyes...), ni de corregir los efectos
externos negativos (“diseconomy”) para la sociedad humana (desigualdades,
asimetrías, degradación ambiental, inseguridad social, fraude...)»
Y no son suficientes las
«buenas y correctas intenciones» de los agentes: no es posible «ignorar que en
la actualidad la industria financiera,
debido a su omnipresencia y a su inevitable capacidad de condicionar y, en
cierto sentido, de dominar la economía real, es un lugar donde los egoísmos y
los abusos tienen un potencial sin igual para causar daño a la comunidad». Hay
muchos casos de «inmoralidad próxima»,
que generan «abusos y fraudes, especialmente en perjuicio de la contraparte en
desventaja». Por ejemplo, «comercializar algunos productos financieros, en sí
mismos lícitos, en situación de asimetría, aprovechando las lagunas
informativas o la debilidad contractual de una de las partes», como a menudo
sucede cuando el cliente suscribe productos financieros sin estar al corriente
de sus riesgos reales.
También la “financialización” del mundo de la empresa,
«en sí mismo un hecho positivo», «implica hoy el riesgo de provocar una mala
financiación de la economía, haciendo que la riqueza virtual, concentrándose
principalmente en transacciones marcadas por un mero intento especulativo», que
atraen «excesivas cantidades de capitales, sustrayéndolas al mismo tiempo a los
circuitos virtuosos de la economía real». El rendimiento del capital «asecha de
cerca y amenaza con suplantar la renta del trabajo, confinado a menudo al
margen de los principales intereses del sistema económico».
El documento recuerda «la función social insustituible del
crédito» y deplora la aplicación de tasas de interés «excesivamente altas»
que contaminan el sistema económico y representan, en los hechos, prácticas de
usura. En cambio, son positivas y deben ser favorecidas «realidades como el
crédito cooperativo, el microcrédito, así como el crédito público al servicio
de las familias, las empresas, las comunidades locales y el crédito para la
ayuda a los países en desarrollo». Por el contrario, es inaceptable lucrar a
expensas de los demás o perturbando el bienestar colectivo, como
desgraciadamente sucede «cuando unos pocos –por ejemplo, importantes fondos de
inversión– intentan obtener beneficios, mediante una especulación encaminada a
provocar disminuciones artificiales de los precios de los títulos de la deuda
pública, sin preocuparse de afectar negativamente o agravar la situación
económica de países enteros». En relación con las enormes deudas públicas que
han acumulado diferentes naciones, se afirma que «los Estados están llamados a
revertir la situación con una adecuada gestión del sistema público, mediante
sabias reformas estructurales».
Por ello, hay que apostar por
la «salud del sistema económico internacional», evitando las contaminaciones de
«instrumentos económico-financieros poco confiables». Es necesario «introducir
una certificación de las autoridades públicas para todos los productos que
provienen de la innovación financiera», y es urgente «una coordinación
supranacional entre las diferentes arquitecturas de los sistemas financieros
locales». La salud del sistema depende de su “biodiversidad”, que garantiza «a los
mercados la presencia de una pluralidad de sujetos e instrumentos sanos, con
riqueza y diversidad de caracteres».
Es más que nunca necesaria una
reglamentación debido a la dimensión «supranacional del sistema
económico» que permite «burlar fácilmente las reglas establecidas por los
distintos países». Por ello, el documento espera que haya y se mantenga «una
coordinación estable, clara y eficaz entre las diversas autoridades nacionales
de regulación de los mercados», y recuerda que en donde «se ha practicado una
desregulación masiva» se han verificado «burbujas especulativas», «repentinos
colapsos ruinosos» y crisis sistémicas.
Para evitar estas crisis,
sugiere la Santa Sede, habría que «establecer, para los intermediarios
bancarios de crédito, una clara definición y la separación de la gestión de cartera de créditos comerciales y aquel
destinado a la inversión o a la negociación de cartera propia». Cada
inversor debería saber por anticipado si «si los propios capitales son usados
con fines especulativos o no».
El documento indica que son moralmente criticables «los excesivos
movimientos del portafolio de títulos, con el propósito principal de
incrementar los ingresos generados por las comisiones del intermediario»,
sobre todo cuando se piensa en las ganancias y no en las exigencias del
cliente. Por ello es necesario invertir esta tendencia y, en este sentido,
sería más que pertinente instituir «Comités éticos, que funcionasen junto a los
Consejos de Administración». El documento alude a ejemplos negativos, como los
«títulos de crédito de alto riesgo»,
que enriquecen a los intermediarios pero crean «fácilmente insolvencia»,
generando (como en el caso de la titulación de hipotecas “subprime”)
«intoxicación en amplios sectores y dificultades potencialmente sistémicas». Es
urgente, pues, «una regulación y evaluación pública “super partes” del
comportamiento de las agencias de rating del crédito».
El documento también se
refiere a los “credit default swap”
(CDS), que al transferir el riesgo de crédito apuestan por el fracaso de las
empresas, que han favorecido el «crecimiento de una finanza de riesgo y de
apuestas sobre la quiebra de terceros», provocando «grandes daños a países
enteros y a millones de familias» con acciones «sumamente inmorales»., lo que
resulta inaceptable desde el punto de visto ético.
Se subraya también la
importancia de que los bancos cuenten
con «órganos internos que garanticen el adecuado control de conformidad (“compliance”)»
y con normas que declaren «ilegítimos, con la consiguiente responsabilidad
patrimonial de todos los sujetos imputables, aquellos actos cuyo propósito sea
principalmente la elusión de la normativa vigente». Entre otros, se cita como
ejemplo negativo «la concesión de préstamos por parte de un intermediario
bancario, subordinada a la simultánea subscripción de otros productos
financieros quizás no favorables al cliente». Una referencia a la historia
reciente, tristemente conocida, de varios institutos bancarios que han dejado
en la calle a muchos pequeños ahorradores.
Además, el documento invita a
no ignorar los sistemas bancarios
colaterales (“Shadow banking system”), que «han determinado de hecho una
pérdida de control sobre el sistema por parte de diversas autoridades de
vigilancia nacionales». Es importante el pasaje del documento dedicado a los
grandes sujetos del comercio mundial «que reducen drásticamente su carga fiscal
transfiriendo los ingresos de un lugar a otro, dependiendo de lo que les
convenga, transfiriendo los beneficios a los paraísos fiscales y los costos a
los países con altos impuestos». Estas actividades han restado recursos
fundamentales a al economía real y han generado sistemas económicos basados en
la desigualdad.
No es posible ignorar que esas
sedes “offshore”, en varias ocasiones,
se han convertido en lugares «de lavado de dinero “sucio”, es decir, fruto
de ganancias ilícitas (robo, fraude, corrupción, asociación criminal, mafia,
botín de guerra...)». De cualquier manera, «precisamente la elusión fiscal de
los principales actores que se mueven en los mercados, especialmente los grandes
intermediarios financieros, lo que representa una abominable sustracción de
recursos a la economía real y un daño para toda la sociedad civil».
La propuesta concreta que
plantea el documento es la siguiente: «se ha calculado que bastaría un impuesto
mínimo sobre las transacciones offshore para resolver gran parte del problema
del hambre en el mundo: ¿por qué no hacerlo con valentía?». El sistema “offshore”, «en los países con economías
menos desarrolladas», «ha empeorado la deuda pública», frente a las
riquezas acumuladas en los paraísos fiscales por sujetos privados que «tienden
a buscar la socialización de las pérdidas, frecuentemente, con la connivencia
de los políticos».
Para concluir, el documento
juzga positivamente todo lo que se mueve “desde abajo”, como las redes de
consumidores o la posibilidad de «votar con la cartera», y orientándose para
elegir «bienes de consumo detrás de los cuales hay un proceso éticamente
digno». Se trata, pues, de «votar diariamente en el mercado a favor de lo que
ayuda al verdadero bienestar de todos nosotros y rechazar lo que lo perjudica».
Y lo mismo vale para el ahorro, que
debería dirigirse hacia las «empresas que operan con criterios claros,
inspirados en una ética respetuosa del hombre entero y de todos los hombres y
en un horizonte de responsabilidad social».
No hay que resignarse a la
“omnipresencia” del actual sistema económico-financiero, porque «cada uno de
nosotros puede hacer mucho, especialmente si no se queda solo […] Hoy más que nunca, todos estamos
llamados a vigilar como centinelas de la vida buena y a hacernos intérpretes de
un nuevo protagonismo social». Con esta exigencia de establecer nuevas
reglas para tutelar principalmente a los más débiles, para llevar a cabo
reformas estructurales y dar valor a las experiencias positivas existentes, el
documento, que provocará discusiones entre los fanáticos de la
“des-regularización” y de los mercados que se “auto-gobiernan”, forma parte de
un proceso nuevo, para llevar a cabo “desde abajo” un eco-sistema
económico-financiero en el cual el impacto social y el bien común no sean
solamente palabras vacías o elementos publicitarios. Hace pocos días se anunció
el nacimiento de la Fundación
“Quadragesimo anno”, durante un congreso en la Universidad Lateranense:
pretende crear un sistema de certificación para inversiones y para empresas
según los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia.
