Lic. Alejandro TOZZOLABuenos Aires, 18 de junio 2018
Ante la gravedad de crisis económica que
atraviesa el país, consideramos la formulación de acciones básicas de
emergencia que impacten positivamente, incrementando el nivel de actividad,
mejorando la distribución interna del ingreso, nivelando el déficit fiscal y el
cierre de la brecha externa de la cuenta corriente y la cuenta de capital.
El Gobierno nacional decidió recurrir al
FMI porque literalmente se le “cerraron” las principales plazas de capitales
del mundo para colocar deuda externa voluntaria, en tanto que:
· - la
depresión del mercado interno por caída del nivel real de los ingresos de la
masa de la población,
· - el
bajo nivel de inversión consecuente en la economía real, (más allá de los
capitales especulativos y financieros),
· - el
incremento de la energía y el transporte que impactaron estructuralmente en los
costos reales de producción y en el ingreso disponible de los habitantes e
implicaron mayor pérdida de competitividad y productividad local,
· - la
pérdida de ingresos fiscales por la reducción abrupta o la quita lisa y llana
de las retenciones a la renta primaria de los agroexportadores y las compañías
mineras, la inédita anulación de la obligatoriedad de liquidar las divisas de
las exportaciones y la pérdida fiscal pro cíclica a la no liquidación de granos
que supone la reducción de medio punto mensual a las retenciones sobre la soja
hasta fines de 2018,
· - la
liberación de todos los controles a los capitales para que fuguen sin límites y
en tiempo real
..sólo podían traer como consecuencia el
temor de los propios capitales internacionales a la capacidad de pago de
intereses y repago de capitales frente a un déficit fiscal y cuasi fiscal consolidados
de 9% del PBI y un déficit de cuenta corriente
de más del 5% del PBI en el marco de un endeudamiento externo del país por casi
100.000 millones de dólares entre diciembre de 2015 y el presente.
A ello se sumó un contexto
internacional, ya visible desde 2016, contrario a la sobre liquidez y bajas
tasas de interés, con la reaparición de la protección interna de los mercados de
los distintos países frente a la producción extranjera en la actual guerra
comercial mundial, la reducción del precio de las commodities y la colocación
de excedentes de producción de los principales países del planeta en aquellos
países que –como ha sido el caso de la Argentina en estos dos años y medio- por
conductas dogmáticas e ideologizadas sobre la supuesta “libertad de los
mercados” abrieron indiscriminada e irracionalmente sus mercados internos a la
competencia sin escala y subvencionada del exterior.
En tanto, la función del FMI como
prestamista de última instancia del sistema financiero internacional tiene por
objetivo asegurarle a los acreedores de la deuda que los presupuestos públicos
de los países y las cuentas corrientes externas de los mismos aseguren el
repago de la deudas contraídas, se toma como axioma que para lograr ese
objetivo hay que reducir el Gasto Público de los países y, a través de un tipo
de cambio elevado, reducir el consumo interno para tener mayor excedente exterior.
Lo demostrable en todos los casos
concretos de la historia, tanto en la Argentina como en los países que debieron
someterse a esta clase de políticas, es que ese razonamiento axiomático y
contrafáctico solamente trae aparejado mayor reducción estructural de los
mercados internos de los países y menores ingresos fiscales con los cuales
hacer frente no sólo a las responsabilidades públicas internas de esos Estados,
sino siquiera para pagar la carga de intereses de la misma deuda externa. Lo
que obliga a estos países al círculo vicioso de volver a ajustar para lograr un
excedente con el cual pagar la mayor carga nueva de intereses, en una secuencia
sin límites.
Por todo lo reseñado anteriormente y sin
desmedro de la prosecución de políticas de más largo plazo que restituyan los
grados mínimos de autonomía económica y soberanía política con la necesaria
justicia social que se estipulan en el trabajo elaborado en la fecha por la CGT
(“EN DEFENSA DEL TRABAJO Y DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL”), recomendamos al
Secretariado de la UOMRA, el planteo al P.E.N. de las siguientes medidas de
política económica de emergencia:
· - Control
de la Cuenta de Capital y el Mercado de Cambios, retomando la acción
regulatoria del BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV). De este modo,
deberá limitarse el libre giro de capitales por sobre los $100.000 dólares
mensuales, con acabada demostración de su justificación.
· - Derogación
del Decreto P.E.N. 893/17, por el cual se eliminó la obligación a los
exportadores de liquidar en el país las ventas al exterior. Reimposición de la
obligación a las empresas a liquidar las divisas obtenidas por el comercio
exterior en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) en un plazo máximo de 30
días desde su cobro.
· - Reimposición
de retenciones del 30% a la exportación de soja y sus derivados, 15% para el
trigo y el maíz y 10% para el resto de los cereales y oleaginosas. Imposición
de 20% a las exportaciones mineras primarias, sin manufacturación local. Con
ello, el Estado recupera no menos de u$s 3.500 millones de ingresos fiscales
anuales mejorando el balance fiscal. Y, recupera también el control sobre el
precio de los insumos alimentarios internos.
· - Imposición
del 35% a la importación de Bienes de
Consumo Final No producidos en el país (máximo vigente por OMC), con Licencias No Automáticas (LNA) a todo el
universo de bienes; 14% por ciento para Bienes de Capital producidos en el
país; 0% para bienes de insumo e intermedios con destino a la manufacturación
local, 0% para Bienes de Capital No producidos en el país.
·
Imposición
de una tasa del 20% al turismo emisivo, aplicable sobre el valor de los
pasajes, los paquetes turísticos y los bienes adquiridos en el exterior a
través de los distintos medios de pagos existentes.
· - Reelaboración
de todo el cuadro tarifario de los servicios regulados por el Estado
(Electricidad, Gas, Servicios Sanitarios y Transporte Público) segmentando las
tarifas por niveles de consumo diferenciales e incrementales según tramos de
mayor consumo, tanto para los servicios residenciales como para las PyMEs y
todas las actividades productivas energético intensivas. Desdolarización de las
fórmulas tarifarias y ajustes según índices de variación salarial en el caso
del consumo residencial y del Índice de Precios Mayoristas (IPM) en las
actividades comerciales.
· - Dada
la pérdida abismal del poder adquisitivo de los asalariados frente a una
devaluación del 50% desde principios de año que velozmente se está trasladando
a los precios de todos los bienes y servicios básicos, recomposición salarial
de urgencia a través de la reapertura de negociaciones paritarias, tanto en el
sector público como en el privado.
· - Recomposición
de las Líneas de Crédito para la Inversión Productiva, tanto para capital de
trabajo como para inversión en bienes de capital y préstamos sobre facturas
conformadas a tasas inferiores al 20% anual para todas aquellas PyMES que, bajo
el estricto seguimiento y control en tiempo real con las nuevas tecnologías y
plataformas digitales, demuestren el cumplimiento de todos las obligaciones
fiscales, en particular las referidas al empleo legalmente formalizado
· - Defensa
irrestricta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y sus activos, no
sólo como fondeo actual y futuro del sistema de reparto de jubilaciones,
pensiones y asignaciones universales, sino también como único patrimonio social
y nacional para el financiamiento estructural del desarrollo productivo, tal
cual lo es el fondo soberano del Estado Noruego. El FGS que ha sido
sistemáticamente desfinanciado en estos dos años y medio al pasar de un valor
real de u$s 77.000 millones en diciembre de 2015 a u$s 44.000 a valores
actuales, aún así representa el mayor activo colectivo de la Argentina por
sobre el valor de las reservas internacionales de libre disponibilidad del
BCRA.
· - Recomposición
de los controles del comercio exterior y comercio interior con el
restablecimiento de las estadísticas de comercio, con seguimiento en tiempo
real por parte del Estado que permita evaluar las variaciones de costos,
necesidades de divisas, estrangulamiento de oferta y frontera de producción de
las empresas locales.
· - Extensión
de los planes de financiación al consumidor con costo financiero reducido.
