Aram Aharonian, agosto 2018 (*)
En Colombia se respira una
atmósfera de zozobra e inestabilidad social, tras el asesinato de 330 líderes
sociales, la amenaza permanente a periodistas y el temor a que Iván Duque, el nuevo mandatario, se
aventure en dos guerras: una interna y otra contra su vecino, Venezuela.
“La única forma de tratar de
unir a la nación es inventando un enemigo externo, para apelar al nacionalismo,
una guerra contra los “castrocomunistas” venezolanos, desviando la atención de
la continuidad del genocidio interno y la crisis social, económica y
financiera”, señala el analista Camilo Rengifo.
Durante cuatro períodos
presidenciales, Álvaro Uribe y Juan
Manuel Santos, quien además fue ministro de Defensa del primero en epócas
de los “falsos positivos” –campesinos asesinados y vestidos con ropa de
guerrilleros para mostrar a la prensa victorias militares-, la hipótesis del
conflicto siempre estuvo en al aire, en guerras de micrófonos o con injerencia
directa en asuntos internos del vecino del noroeste.
Y, los mentideros políticos
señalan que Santos quiso despedirse del gobierno apoyando el intento
(frustrado) de magnicidio del presidente venezolano Nicolás Maduro, el 4 de
agosto último. Pero esta última jugada del benemérito Nóbel de la Paz, no le
salió bien.
James Mattis, secretario de Defensa de los Estados Unidos visitó a
mediados de agosto Braail, Chile, Colombia y Argentina, con una agenda que
insistía en el tema de la inestabilidad política y la supuesta crisis
humanitaria de Venezuela, que podría afectar el escenario regional, junto al
temor por un conflicto armado entre Colombia Y Venezuela tras el atentado
fallido -con drones cargados de explosivos- contra Nicolás Maduro.
La gira busca resaltar
los vínculos de Washington con lo que considera su patio trasero, según destaca
un comunicado del Pentágono, pese a que EEUU no ofreció todavía ninguna agenda
positiva de cooperación. Las alianzas panamericanas han sido punto
focal de las visitas, este mismo año, del exsecretario de Estado Rex Tillerson,
su sucesor Mike Pompeo y del vicepresidente Mike Pence a la región.
El ministro brasileño de Defensa, Joaquim Silva e Luna, dijo que
entendió bien lo que quiso decir Mattis, “pero eso es una disputa comercial
en todo el mundo; hay una gran reorganización en todo el mundo, en Asia, en la
Unión Europea, es una disputa de mercado” y señaló que es posible que Brasil se
beneficie de una guerra comercial entre EEUU y China.
Según Mattis, su país
apoya “decisiones soberanas de estados soberanos, pero advirtió de
“invasiones de otros países. El libreto pareciera convertir a Latinoamérica en
un campo del juego geopolítico estadounidense.
Otra preocupación del
mandamás del Pentágono es la reunión en Argentina del G-20, donde el anfitrión
tiene responsabilidades en defensa y seguridad de los líderes del mundo
“desarrollado”, que permitan la asistencia de Donald Trump: cómo
participar de manera discreta sin resentir las pasiones nacionales. La propuesta
de Mattis fue la posible cesión de equipos para un área específica; la
prevención de ciberataques, con “inhibidores” de circulación de
drones.
En los países visitados, Mattis auscultó la influencia y presencia
en Sudamérica de dos rivales, China y Rusia. Y al respecto señaló que “hay
más de una forma de perder la soberanía en este mundo. No es sólo por las
bayonetas. Puede ser con países que llegan ofreciendo regalos, préstamos
amplios que acumulan deudas masivas en otros países a sabiendas de que no
podrán repagarlas, es lo que parecen ser los préstamos chinos a naciones como
Venezuela y Filipinas”.
La visita de Mattis a la
región se produjo tras el encuentro del titular de la Armada estadounidense con
sus pares de Argentina, Brasil y Chile en Cartagena, Colombia, en el marco de
la 28 Conferencia Naval Interamericana que congregó a los jeraracas navales de
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
La fachada para imponer un bloqueo marítimo a Venezuela podría ser el
eufemísticamente llamado ejercicio naval multinacional Unitas Lix-2018, del
que Colombia será anfitriona en septiembre próximo, señala el analista
mexicano-uruguayo Carlos Fazio.
El atentado buscaba que el
poder fuera transferido sin demora a las “autoridades civiles legítimas,
miembros de la Asamblea Nacional” presidida por Julio Borges, tras “liberar”
una zona del país e instalar allí un “gobierno paralelo” que ejerciera
funciones de hecho, con el respaldo de Washington, sus socios de la OTAN y el
Grupo de Lima.
Hoy la producción de coca alcanza en Colombia niveles record,
grupos armados ilegales luchan por territorios en los que el Estado tiene
escasa o nula presencia y una oleada de 330 asesinatos de activistas
sociales en los últimos meses, mostró que la paz sigue siendo un término
relativo.
Si Iván Duque, el nuevo
presidente -que quiere reformular el acuerdo de paz con la guerrilla de las
FARC que su antecesor Juan Manuel Santos se abstuvo de implementar-no logra
llevar el Estado a las zonas rurales, hoy en manos de narcotraficantes y
paramilitares (o no está interesado en ello), poco cambiará en Colombia, que
registró al menos 260 mil muertos, 60 mil desaparecidos y más de siete millones
de desplazados.
¿FIN DE LA ZONA DE PAZ?
La coordinación conservadora
de varios presidentes suramericanos lograron desmontar los más importantes
avances de la integración de los países de América del Sur que conformaron la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) como
bloque referente de las relaciones mundiales marcadas por la multipolaridad de
potencias y de proyectos integracionistas regionales y declararon a la región
como zona de paz.
La potencia económica y
política de los gobiernos de Argentina y Brasil, respaldados por los
presidentes de Perú, Chile, Colombia y Paraguay (el denominado Grupo de Lima),
comenzó su tarea destructiva en abril pasado, cuando determinaron “suspender su
participación” en el organismo
Y el momento “adecuado” (la
asunción de la presidencia pro-tempore de Bolivia) finalizó dos años de
sigilosos movimientos de debilitamiento y parálisis de todos los proyectos
integracionistas construidos al margen de la influencia y predomino de Estados
Unidos: Mercosur, ALBA, CELAC y Unasur.
Desmantelados los organismos
de integración horizontal, vuelve el poder del panamericanismo monroista
-América para los (norte)americanos-, dejando en pie a la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo la tutela de Washington.
Pero no logran consenso, porque Nicaragua, Venezuela y Bolivia, al menos, se oponen
a la injerencia en asuntos internos de otros países. Y por eso, EEUU trata
de desestabilizar sus gobiernos con todos los medios posibles,
La Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), creada en 2008, auspició el Consejo de Defensa
Sudamericano, integrado por 12 países, que entre sus propósitos principales
tuvo consolidar a la región como zona de paz y servir de contrapeso a los
afanes intervencionistas del Pentágono en los ejércitos locales, con fines de
alineamiento y adoctrinamiento.
Pero la contraofensiva
conservadora y del Comando Sur del Pentágono siguió adelante. En mayo último, Juan Manuel Santos anunció
que Colombia – con siete bases estadounidenses en su territorio- se
sumaba como “socio global” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
máximo exponente de las intervenciones militares, abiertas y encubiertas,
después de la guerra fría. Ahora Chile quiere seguir el mismo camino.
Y ahora, de la mano del
embajador de EEUU en Bogotá, Kevin Whitaker el nuevo presidente colombiano,
Iván Duque, apadrinado por Álvaro Uribe, sindicado como genocida y unido al narcotráfico
y el paramilitarismo, quiere ser protagonista del “Golpe Maestro”.
Este plan,
fue diseñado por el almirante Kurt
Tidd, jefe del Comando Sur, quien aspira a que el gobierno bolivariano
sea derrocado a través de una “operación militar bajo bandera internacional, patrocinada
por la Conferencia de los Ejércitos Latinoamericanos, bajo la protección de la
OEA y la supervisión, en el contexto legal y mediático del secretario general,
Luis Almagro”.
Según se supo en el Congreso
estadounidense, Duque tiene una estrategia para negociar con EEUU una dispensa
para Colombia con los aranceles de importación del acero y el aluminio: manejar
la guerra encubierta del Pentágono contra Venezuela, desde la frontera
colombiana.
A inicios de julio y antes de
asumir la presidencia, negoció en Washington con el vicepresidente Mike Pence,
el secretario de Estado, Mike Pompeo, la directora de la Agencia Central de
Inteligencia, Gina Haspel, el zar antidrogas James Carrol, y el asesor de
Seguridad Nacional, el superhalcón John Bolton.
A Pence, “preocupado” por la
supuesta amenaza a Colombia de la “dictadura” de Maduro –como ya se lo había
manifestado a Santos en su visita a Bogotá y en la reunión cuando la Cumbre de
la OEA en Lima- le solicitó apoyo en materia militar, de inteligencia y
seguridad.
El 10 de agosto, tres días después de asumir la Presidencia,
anunció el retiro “irreversible” de Colombia de Unasur y abogó por la
aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela, tras
prometer que llevaría a Maduro ante la Corte Penal Internacional, la misma
“justicia” internacional, donde Uribe, está acusado por crímenes de lesa
humanidad, y donde hacen cola los mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto.
Un día antes, en la sede de la
cancillería colombiana en Bogotá, el nuevo ministro del exterior, Carlos Holmes
Trujillo, se reunió con Julio Borges, sindicado como uno de los coautores
intelectuales del frustrado magnicidio del presidente venezolano Nicolás
Maduro, para expresarle el “apoyo incondicional” del gobierno de Duque para
“rescatar la democracia y la legalidad en Venezuela”.
Gustavo Álvarez Gardeazábal,
al criticar las declaraciones de Duque en Washington, cuando afirmó que iba a
liderar un bloque latinoamericano contra Maduro, en una nota titulada “¿A la
guerra?’, advertía que así un presidente no esté de acuerdo con la
ideología de una nación, no puede comenzar a hacer declaraciones que vayan en
contra del principio del respeto soberano. Y advertía que si la guerra llegase
a suceder con el país hermano, Colombia perdería “pues Venezuela está mejor
armada que nosotros”.
La periodista María Jimena
Duzán, en su última columna antes de que la amenazaran, recordaba las
declaraciones del general retirado Leonardo Barrero (“Prepárense porque vuelve
la guerra”) y se preguntaba cuál será el blanco principal de esta nueva guerra
anunciada: ¿los líderes sociales que están cayendo como moscas, los ocho
millones de ciudadanos que votaron por Petro, los diez millones de personas que
votaron por Duque y que aún creen en ‘pajaritos en el aire’?
Paralelamente, desde junio está en Cúcuta y Maicao,
poblaciones fronterizas con Venezuela, un contingente de “cascos Blancos” de la
cancillería argentina. Gabriel Fucks, extitular de estos “contingentes de
paz”, señaló que la misión en la frontera colombiano-venezolana, más que una
acción de asistencia sanitaria, forma parte de una política de presión contra
Venezuela.
No es de extrañar que el
gobierno de Mauricio Macri se haya
sumado a los planes estadounidense-colombianos, dada su posición subordinada en
la OEA. Macri, además, aceptó desplegar en el territorio
argentino una nueva red de bases
militares estadounidenses: una en Neuquén, en el estratégico sur
patagónico, cerca de la reserva gasífera de Vaca Muerta, financiada por el
Comando Sur con “ayuda humanitaria” y dos
en Tierra de Fuego, la de Tolhuin y la de Ushuaia.
UN VASTA FRONTERA CALIENTE
La mayor parte de los
problemas que se suscitaron históricamente y se siguen suscitando en extensa
frontera común de más de 2.200 kilómetros, los genera la actitud del
establishment colombiano, generando tensiones que en algunos casos han estado a
punto de desencadenar conflictos de carácter bélico, a veces alegando presuntas
reivindicaciones territoriales.
Generar tensiones con
Venezuela sirve para desviar la atención de la violencia de seis décadas en
Colombia, parte de la normalidad en ese país y que contrasta en las
últimas dos décadas por la existencia de sistemas sociales, económicos y
políticos contrapuestos. El mensaje de la conducción política colombiana y los
medios de comunicación hegemónicos, no ha cambiado: su lenguaje es agresivo,
belicoso, xenófobo y permanentemente amenazante.
El periodista José Vicente Rangel, exvicepresidente y
excanciller venezolano, señala que la provocación en política siempre ha estado
en la base de cualquier aventura. Dos períodos constitucionales de Álvaro
Uribe, dos de Juan Manuel Santos y el próximo de Iván Duque, cuyo lenguaje
provocador antes de tomar posesión del cargo, es el mismo de sus predecesores.
La oligarquía y la derecha
colombianas tienen planes políticos y militares contra Venezuela, no de ahora,
con motivo del desarrollo del proceso bolivariano contra el cual aducen
razones de carácter ideológico, sino de muy atrás en el tiempo, durante
otros gobiernos venezolanos. Desde el intento de usurpación de los derechos
venezolanos sobre Los Monjes, la provocación de la fragata Caldas en el Golfo
de Venezuela.
El poder fáctico colombiano ha estado involucrado en múltiples operaciones
contra Venezuela: comerciales financieras en la frontera, con el
contrabando de extracción, con la actuación de grupos paramilitares,
infiltrando unidades a través de la frontera a fin de generar actos terroristas
en territorio venezolano.
Uribe instrumentó una alianza
con la oposición venezolana golpista, a la que orientó y financió abiertamente,
e incluso se lamentó, en una insólita declaración, no haber tenido tiempo
–siendo presidente– para atacar militarmente a Venezuela (a lo cual, por
cierto, Chávez le contestó que lo que le faltó fueron cojones).
Santos, sibilino y de la
aristocracia bogotana, intrigó en organismo internacionales y en gobiernos de
la región para adelantar una campaña consistente en afirmar que con motivo de
la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro había acabado con la
democracia venezolana, y se negó a reconocer su reelección.
EL ATENTADO QUE QUISO ACELERARLO TODO
El 4 de agosto, durante la
parada militar por el aniversario de la Guardia Nacional un grupo terrorista
atentó con drones DJI M600 -de última generación, con un rendimiento de vuelo
mejorando y una mayor capacidad de carga, utilizados con fines industriales y
profesionales de diversos rubros, incluidos los militares- cargados de
explosivos contra el presidente Maduro, para intentar conseguir por la vía del
magnicidio lo que la oposición de ultraderecha no ha podido conseguir en una
veintena de elecciones.
Tampoco lo logró con el golpe de Estado de 2002 contra el
presidente Hugo Chávez, ni con el sabotaje petrolero de 2002-2003, ni con la
desestabilización y las guarimbas de 2014 y 2017 desarrolladas éstas por
sectores radical proestadouniodenses de la oposición venezolana, con el apoyo y
financiamiento de Washington, Madrid y Bogotá, el aliento de la
jerarquía conservadora de la Iglesia católica y los medios hegemónicos
cartelizados, nacional y trasnacionales.
Ni siquiera con las sanciones y la guerra económica, y la guerra de
Cuarta generación, con campañas de intoxicación mediática, sabotajes y actos
violentos, con apoyo de la Organización de Estados Americanos y los gobiernos
del llamado Grupo de Lima.
Según los expertos, uno de los
drones usó como explosivo pólvora y pentrita y el otro pólvora y C-4 (explosivo
plástico de uso militar utilizado en las operaciones de bandera falsa de la Red
Gladio de la OTAN y también por agentes de la CIA para derribar la
aeronave de Cubana de Aviación sobre Barbados, en 1976 (murieron 73 personas),
y en el asesinato del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, en
Washington, ese mismo año.
Obviamente el Comando Sur
estadounidense no detuvo sus planes por el fracaso del atentado con drones, que
debía provocar –de acuerdo al plan- un asesinato en masa de líderes civiles y
militares en Venezuela, el caos social y una guerra civil, sino que sigue
tratando de generar divisiones en las Fuerzas Armadas bolivarianas, para
impulsar algún levantamiento en guarniciones castrenses, como lo intentaran en
el Fuerte Paramacay.
Los frustrados magnicidas confesaron que recibieron entrenamiento en la
finca Atalanta en el departamento colombiano Norte de Santander, donde
aprendieron a manejar drones, a cambio de 50 millones de dólares y residencia
en Estados Unidos (no en Guantánamo).
Tras el atentado terrorista, la mayoría de los presidentes (¿conocían el
plan?), mantuvieron silencio, minimizaron el incidente con drones,
relativizaron el atentado o silenciaron la tentativa de magnicidio y el acto de
terrorismo, y cuándo no, recuperando las nociones oscurantistas de siempre, lo
calificaron como un “montaje”, “autoatentado” o “maniobra”. En los hechos
estaban validando el (su) fracaso..
COLOFÓN
Quedan muchas interrogantes:
¿Qué pasaría con los pueblos: aceptarían una guerra? ¿Es este todo el escenario
deseado por todo el gran capital? ¿Qué actitud tomarían China y Rusia, por
ejemplo? ¿Qué pasará en EEUU con las elecciones parlamentarias? ¿El gran
capital seguirá apoyando a Trump o preferirá su reemplazo por Pence?
Sin duda hay que llamar a una
actitud activa por la paz, crear conciencia de los peligros que corre
Latinoamérica toda. Es la paz o la destrucción. Es el futuro de la región.
(*) Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en
Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración
Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de
Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
