Martín Balza
En el mundo, el dinero sucio
del narcotráfico financia el terrorismo, las mafias y el crimen organizado.
Argentina destina el 90% de sus recursos para combatir el narcomenudeo y el 10%
para prevenir y rehabilitar.
El tráfico ilícito de drogas
en el mundo y en la región ha creado una creciente preocupación que se extiende
también a otros delitos transnacionales, como el tráfico ilegal de armas, la
trata de personas y el lavado de activos, todos ligados entre sí y a la
corrupción.
Expertos internacionales
aseguran que la lucha contra el
narcotráfico (que en el mundo tiene un ingreso ilegal del orden de los 500 mil
millones de dólares) se va perdiendo, y ya no es solo una actividad
delictiva sino también, en muchos casos, una forma de vida en varios países.
Los recursos que varios Estados asignan para abordarlo—entre ellos nuestro
país—han sido poco equilibrados, privilegiando combatir la oferta y el menudeo
en un 90% y un magro 10% a la prevención, atención y rehabilitación.
Los resultados son negativos y
las capturas se concentran en los eslabones más débiles, mientras los más
fuertes trascienden fronteras generando un “efecto globo”, y se trasladan de
acuerdo a las facilidades que encuentran en distintos países o regiones.
La invención y producción de
nuevas sustancias psicoactivas se han incrementado, el consumo no disminuye y
en casi todos los países aumenta significativamente. Los mayores productores
del mundo de clorhidrato de cocaína se encuentran en Sudamérica: Colombia,
Bolivia y Perú; como así también el principal productor de marihuana: Paraguay.
El mayor centro de consumo y de adictos es Estados Unidos que, a
pesar de tener una frontera de 3.200 km, amurallada y controlada, recibe
anualmente más de 600 toneladas métricas de cocaína, a través de la ruta
sur-norte: Colombia, Istmo Centroamericano y México. Curiosamente recibe
también un 60% de la heroína que produce Afganistán; antes de la intervención
militar estadounidense recibía sólo el 6%.
Según un reporte del Global
Financial Integrity, en algunos países de la región, el dinero sucio del narcotráfico alcanzaría hasta una participación del
2% de sus respectivos PBI. A nivel mundial se percibe claramente el
financiamiento al terrorismo, a las mafias y al crimen organizado.
Nuestro país está lejos de
avanzar hacia lo que algunos llaman, impropiamente “colombianización” o “mexicanización”. En este último país la
década de la lucha contra el narcotráfico ha dejado más de 100 mil muertos,
cerca de 30 mil desaparecidos y 35 mil desplazados, sin réditos contra el fin
propuesto. Al respecto, son elocuentes las palabras del general mexicano
Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa: "Esto no se resuelve a balazos
(…) Soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas
institucionales”. (…) Las fuerzas armadas no están capacitadas para cumplir
funciones de seguridad pública y carecen de respaldo legal para hacerlo (…) El
poder judicial ha creado una puerta giratoria que permite a los delincuentes
salir de prisión por fallas al debido proceso o porque argumentan violaciones a
sus derechos humanos”.
La situación en Colombia no es muy diferente. En lo que va del año se han
registrado 3.500 asesinatos (235 más que en el mismo período del 2017); la
producción alcanza superó las 900 toneladas métricas de cocaína, las hectáreas
sembradas se incrementaron a más de 170 mil. El narcotraficante colombiano de
hoy se esconde bajo la fachada de empresario y el traslado de la droga se
realiza con el de los productos de consumo masivo.
El accionar de los
narcotraficantes colombianos se ve favorecido por la presencia de varios miles
de hombres pertenecientes a las FARC que no se incorporaron al acuerdo de paz;
por el Ejército de Liberación Nacional y por las Bandas Criminales. La
presencia de ellos en varias regiones tiene un fin específico: mantener el
control del narcotráfico. México y Colombia tienen una calificación de riesgo
extremo a nivel mundial.
En los países que emplearon a las Fuerzas Armadas para combatir el
narcotráfico los resultados han sido negativos, letales, desmoralizadores y
afectaron seriamente la esencia y la profesionalidad de las mismas. Sería
una miopía inconducente priorizar la lucha contra un flagelo controlable por
las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales. No nos preocupemos por algunos
vasos de leche derramados y recuperables, concentrémonos en no perder la vaca,
materializada en los desprotegidos e indefensos escenarios estratégicos
vitales—joyas de materias primas actuales y futuras—como nuestra Patagonia; el
Litoral Marítimo con más de 6 mil kilómetros, su proyección hacia la Antártida
y las Malvinas, y su plataforma continental; y el Acuífero Guaraní (tercero del
mundo). Recordemos que más temprano que tarde los conflictos en el mundo se
originarán por la escasez de agua dulce.
En muchos países, la lucha
contra la calamidad de la droga marcha con políticas carentes de un diagnóstico
medular que oriente a privilegiar un equilibrio entre el presupuesto asignado a
la represión y a la prevención. Debe ampliarse a otras áreas como la educación,
la salud pública, la política migratoria, la cooperación internacional, tareas
de inteligencia y contrainteligencia, y con funcionarios y jueces comprometidos
con los delitos que declaramos combatir. De lo contrario, el narcotráfico
infiltrado en mafias corruptas fácilmente llegará a la política y, mediante
hábiles “gambitos” controlará a los gobiernos de turno.
Martín Balza, ex Jefe del
Ejército y ex embajador en Colombia y Costa Rica, veterano de Malvinas
