Ernesto Villanueva y Aritz Recalde, mayo 2019
Contexto
político y cultural de surgimiento del peronismo
Juan
Domingo Perón accedió a la Presidencia luego del triunfo electoral del 24 de
febrero del año 1946. El instrumento político que lo llevó a la primera magistratura
se compuso de un entramado pluriclasista, pluripartidario y pluriideológico.
El
Justicialismo canalizó históricas demandas sociales y culturales de los
trabajadores, entre las cuales se destacó el ingreso gratuito e irrestricto a
la universidad consagrado en noviembre del año 1949. Además, se creó la
Universidad Obrera Nacional, orientada a favorecer el ingreso de los hijos de
la familia trabajadora. El pujante empresariado nacional requería nuevas
demandas de capacitación y de formación profesional y en la etapa se impulsaron
las disciplinas tecnológicas y las líneas de investigación ligadas al nuevo
patrón de desarrollo industrial.
El
Justicialismo organizó una estructura partidaria con miembros de distintos
orígenes ideológicos. Ya desde 1943, Perón entabló un vínculo con dirigentes
del socialismo y miembros de esa fuerza participaron en la creación del Partido
Laborista que fue un instrumento fundamental de la campaña electoral. Los
socialistas Atilio Bramuglia y Ángel Borlenghi ocuparon la titularidad de la
Cancillería y del Ministerio del Interior desde 1946. Además de dirigentes
originarios de la izquierda, del Partido Independiente (conservadores) y de
sectores nacionalistas, el peronismo integró a un importante grupo de miembros
de distintas corrientes de la Unión Cívica Radical (UCR). El Vicepresidente de Perón desde 1946,
Hortensio Quijano, fundó la UCR Junta Renovadora (UCR-JR) y con este sello
alcanzaron la banca de la Cámara de Diputados de La Nación 27 legisladores. Se
sumaron al Justicialismo otros 10 diputados de distintas corrientes internas
del radicalismo, en un bloque partidario compuesto de 109 miembros (CEHP 2019).
Un grupo de radicales de FORJA ocupó lugares importantes de la administración
de la Provincia de Buenos Aires (Godoy 2015).
Es
interesante remarcar que al momento de tratar el Proyecto de Ley Universitaria
en 1947, representaron al Justicialismo varios diputados de origen UCR-JR.
Dichos legisladores eran docentes y académicos como Raúl Bustos Fierro (UCR-JR
Córdoba), José Luis Moreno (UCR-JR Mendoza), Ricardo Guardo (UCR-JR Capital
Federal) o Leonardo Obeid (UCR-JR Córdoba). Estos radicales tuvieron una
influencia fundamental en la organización universitaria de la etapa, que
adquirió marcados rasgos reformistas.
El
peronismo fue un movimiento pluri-ideológico y lo integraron católicos, judíos,
musulmanes y dirigentes marxistas y agnósticos. Esta diversidad estuvo
estrechamente vinculada a la estratificación social de la Argentina, edificada
con la afluencia de inmigrantes de diversas comunidades étnicas y nacionales.
Tal cual documentó Raanan Rein, el peronismo protagonizó una experiencia de
asimilación cultural sumamente exitosa (Rein 2007 y 2018). Si bien la iglesia
católica aumentó su influencia en el área educativa ya desde los años treinta,
las seis universidades argentinas[1] durante el
peronismo mantuvieron su condición de instituciones con una amplia pluralidad
religiosa, étnica y partidaria (Recalde 2016) (Puiggrós 1993) (Dercoli 2014).
La
política nacional ingresa a la universidad
La
Revolución de 1943 y el posterior ascenso del peronismo dividió a todas las
fuerzas partidarias y la disputa política nacional se trasladó al seno de las
universidades. Uno de los escenarios de la disputa fue la campaña electoral de
1946, en la cual se movilizaron docentes y estudiantiles en ambas expresiones
electorales. La FUA y las federaciones de Buenos Aires y del Litoral integraron
las columnas de la Unión Democrática y encumbradas autoridades académicas
firmaron una solicitada auspiciando la detención de Juan Perón y el traspaso de
poder a la Corte Suprema de Justicia.
En el
contexto del debate de la Ley Universitaria del año 1947 se produjeron fuertes
debates y acusaciones cruzadas que revelaron el alto grado de politización de
la Educación Superior que el peronismo no inventó, pero que innegablemente
potenció. Hubo profesores y estudiantes de origen e ideario radical y
socialista en ambos espacios políticos, aunque las conducciones de la UCR y del
Partido Socialista se manifestaron en pública oposición a Perón. Por ejemplo,
en el recinto de la Cámara de Diputados el radical Alfredo Calcagno cuestionó
la vinculación con el conservador Patrón Costas que tenía el interventor de la
UNLP de 1944, Ricardo Labougle. El dirigente justicialista originario de la
UCR- JR, Eduardo Colom, le respondió acusándolo de que los rectores
universitarios concurrieron a un banquete con el embajador de los EUA, Spruille
Braden (Sesiones Cámara de Diputados 1947: 702).
Durante
la etapa se crearon nuevas agrupaciones
y el oficialismo impulsó la Confederación General Universitaria (CGU), la
Agremiación del Profesorado Universitario (ADA) y la Confederación General de
Profesionales (CGP), que oficiaban como la contracara de la Federación Universitaria
Argentina (FUA) y de los Colegios Profesionales ligados directamente a la
oposición partidaria nacional.
Esta
situación derivó en renuncias, cesantías docentes y en enfrentamientos entre
los grupos identificados con el oficialismo y con la oposición. Las tensiones
en la universidad de 1946, fueron análogas a las disidencias de la UCR con los
conservadores de Córdoba en el año 1918.
La diferencia entre ambos procesos es que el peronismo supuso una
continuidad mayor con la institución reformista[2],
a diferencia de esta última tradición que rompió más tajantemente con las
autoridades y con los académicos anteriores al radicalismo (Recalde 2016).
Si bien
esa disputa malgastó esfuerzos y conllevó a que valiosos académicos[3] se
alejaran de la universidad, no impidió el desenvolvimiento de un proyecto
científico y tecnológico sumamente importante para la institución hasta
nuestros días. Lamentablemente para el país y para la comunidad académica en
particular, esta lucha entre partidos nacionales y corrientes universitarias
siguieron y se radicalizaron durante el periodo y culminaron en el golpe de
Estado de 1955 que expulsó a numerosos profesores[4]
y autoridades de las universidades. Incluso, el estatuto de la UBA de 1956
estableció la prohibición de la cátedra para quienes se identificaran con el
peronismo.
Los
Planes Quinquenales y la Constitución Nacional de 1949
“La
enseñanza impartida hasta el presente ha tenido un carácter enciclopedista, y
nosotros debemos ir a la especialización. Hacen falta especialistas y no los
hay (…) La mejor colaboración que pueden prestar los profesores al Plan
Quinquenal es estudiándolo para ver cuáles deben ser las especializaciones a
crearse”. Juan D. Perón año 1947
Una de
las características centrales del justicialismo fue que planificó las políticas
del Estado. En varios aspectos, esta voluntad entraría en colisión con una
tradición que no percibía la necesidad de un diálogo permanente entre
necesidades nacionales y formación académica, producto de una visión
profesionalista estrecha.
El
Gobierno Nacional sancionó el Primer Plan Quinquenal (1947-1952) que incluyó
once metas generales para la universidad y un proyecto de ley para su
regulación. La iniciativa adjuntó una “exposición de motivos”, en la
cual la nueva fuerza política reivindicó el legítimo derecho a regular la vida
académica. El documento consideró necesario vincular más estrechamente el
desarrollo nacional y la ciencia. Entre otras metas, el Plan Quinquenal
contempló extender la dedicación exclusiva de los docentes y su ingreso por
concurso. Proyectó establecer la gratuidad de los estudios y crear un sistema
de becas, entre otros temas fundamentales en los que había acuerdo entre oficialismo
y oposición.
En el año
1949 se sancionó una nueva Constitución Nacional. Por primera vez en la
historia de la Argentina, la Carta Magna incluyó la autonomía[5] de las universidades cuyos alcances serían
determinados “dentro de los límites establecidos por una ley especial que
reglamentará su organización y funcionamiento”. La Constitución estableció
que “El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado
superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio
de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el
ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la
colectividad”. Se crearon “regiones universitarias” y se mandató a
la institución a “organizar los
conocimientos universales” y a “profundizar el estudio de la literatura,
historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las
artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las
riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales”.
La
Constitución incluyó “cursos obligatorios y comunes” tendientes a la
formación política de los egresados, que tenían que adquirir “conciencia de
la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines
reconocidos y fijados en esta Constitución”.
La nueva
Carta Magna modificó el esquema de los cinco ministerios incluidos en la
Constitución de 1853. Gracias a esta reforma, en el año 1949 se creó el
Ministerio de Educación de la Nación como un desprendimiento del de Justicia e
Instrucción Pública. Con el flamante organismo y conjuntamente con el Consejo
Nacional Universitario, integrado por los rectores de las universidades
nacionales, instituido en 1947, el Estado propendió a reorganizar y a
reglamentar la cultura, la ciencia y la investigación de las Casas de Altos
Estudios. La nueva cartera educativa empezó a definir estándares y a regular
con mayor exactitud el funcionamiento del conjunto universitario. Se instauró
la asistencia obligatoria de los alumnos, el monopolio de la emisión de títulos
habilitantes, se coordinaron los planes de las carreras vinculadas y se
homologaron condiciones de admisión, de equivalencias y de tipos de ingreso. Se
regularon los mecanismos de entrada a la enseñanza por concurso y se
instauraron las Carreras Docentes, tendiendo a conformar un sistema más
integrado de Educación Superior (Ministerio de Educación de La Nación 1952:
30-31). La etapa estuvo caracterizada por la implementación de grandes
programas de obra pública en todas las universidades de la Argentina.
En el año
1952 se aprobó el Segundo Plan Quinquenal (1953-1957) que postuló ocho grandes
metas universitarias, entre las que se destacaron la de formar profesionales
con, “responsabilidad social y plena conciencia de que están obligados a
servir al pueblo”; la de consolidar una educación “gratuita,
eminentemente práctica y especializada”;
avanzar en la implementación de la dedicación exclusiva de los docentes;
abrir centros universitarios en todo el país; incluir de manera obligatoria “cursos
para posgraduados” y entablar una “vinculación permanente con el mundo a
fin de mantener el nivel de enseñanza universitaria”. El Plan propuso que
las universidades asesoraran al Gobierno Nacional.
Sobre
estas bases, la planificación gubernamental puntualizó que el Estado aseguraría
el ingreso a todos los aspirantes y que las instituciones tenían que incluir a
200.000 alumnos al año 1957 (un 100% más que en 1951). El Segundo Plan
Quinquenal contempló la apertura de las Facultades Obreras creadas por la ley
13.229/48.
La
planificación incluyó un apartado específico de “investigaciones científicas
y técnicas”. La iniciativa proponía formar investigadores con conciencia
social, “exaltando el valor de su misión en la comunidad y protegiéndolos
mediante una adecuada legislación”. La conducción de la política científica
estaba a cargo del flamante Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICyT), institución ignorada posteriormente como real antecedente
del actual CONICET.
El
nuevo modelo económico y a la Universidad Obrera Nacional
El
peronismo fue el primer gobierno argentino que postuló el objetivo de la
industrialización como causa nacional. Si bien a partir de la Primera Guerra
mundial el país sustituyó importaciones y proliferaron las fábricas, desde 1943
y con más fuerza en 1946, esta tendencia se integró a un programa planificado
de desarrollo. El Justicialismo bautizó a la meta de la industrialización como
“independencia económica”. El proyecto quedó formulado en los tres
grandes documentos que ya mencionamos, el Primer y Segundo Plan Quinquenal y la
Constitución del año 1949 que en su preámbulo introdujo la “irrevocable
decisión” de conformar una “Nación socialmente justa, económicamente
libre y políticamente soberana”.
En una
gran síntesis, la independencia económica suponía:
-
Una amplia participación
estatal en la economía. La Constitución declaró de propiedad estatal a los
servicios públicos, a los minerales, a las caídas de agua, a los yacimientos de
petróleo, de carbón y de gas. El comercio exterior quedaba en manos del Estado
(Artículo 40 CN).
-
Un apoyo a la actividad
económica de capital nacional y de aquella orientada al mercado interno. La
Constitución declaró la “función social” de la propiedad privada y fijó
que el “capital debe estar al servicio de la economía nacional” y “Sus
diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio
común del pueblo argentino” (Artículos 38 y 39 de la CN).
-
Un desarrollo de la industria
que fue conceptuada como el principio fundamental del nacionalismo. Los Planes
Quinquenales proyectaron en el tiempo las metas de la industria liviana y
pesada y programaron la edificación de una infraestructura material y
científica para su efectiva realización.
Con estos
principios ideológicos ordenadores, a partir de 1944 se nacionalizaron el Banco
Central, los depósitos bancarios y el comercio exterior (Instituto Argentino de
Promoción del Intercambio). Se fundaron los bancos Industrial e Hipotecario
Nacional, entre otros instrumentos gubernamentales que destinaron los
excedentes financieros y agropecuarios al desarrollo productivo y social
argentino. Tal cual demostraron investigaciones recientes, durante la década de
1945 a 1955 se produjo un crecimiento del PBI y un avance de la producción
manufacturera. Esta dinámica favoreció el fortalecimiento de actividades de
alto contenido de valor agregado y científico como la metalmecánica o la producción
de una industria de línea blanda (Rapoport 2010) (Basualdo 2006).
Para
acompañar este proceso económico, el gobierno impulsó la investigación aplicada
desde la Dirección General de Fabricaciones Militares creada en 1941 por
iniciativa de Manuel Savio. El Justicialismo potenció la labor científica de
las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (1951-52) y de la Sociedad
Mixta Siderúrgica Argentina (1947). Fueron sumamente importantes las tareas de
investigación del Instituto Antártico (1951), de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA 1950) o del CONICyT.
Tal cual
adelantamos, la política universitaria integró un apartado específico en los
Planes Quinquenales y entre su metas centrales estaba la de acompañar la
incipiente industrialización. En 1944 se crearon la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP - Decreto 14.538/44 y ley
12.921/46) y la Dirección General de Enseñanza Técnica (Puiggrós 1993:
258-278).
La
gratuidad universitaria proyectada desde 1947 iba en el sentido de masificar la
institución y de formar a los nuevos profesionales requeridos por una economía
en crecimiento.
Un
capítulo aparte supuso la creación de la Universidad Obrera Nacional (UON). La
institución tenía la finalidad de formar profesionales de origen trabajador, de
consolidar un equipo docente formado en talleres, de asesorar a la industria y
de promover investigaciones aplicadas a la industria, entre otras. Los
egresados obtendrían el título de ingenieros de fábrica. Cabe destacar el
enorme parentesco de esta Universidad con el Instituto Politécnico Nacional
mexicano, creado durante la gestión de Lázaro Cárdenas.
La UON
fue la primera gran experiencia argentina de regionalización[6] universitaria.
La iniciativa fue largamente debatida en varias sesiones legislativas y
finalmente aprobada por la ley 13.229 de 1948. Sus distintas sedes impulsaron
carreras y líneas de investigación propias de cada distrito en el cual se
instalaron las Facultades Regionales. Inicialmente, se crearon unidades
académicas en Capital Federal, Santa Fe, Rosario y Córdoba. Poco tiempo
después, se fundaron las regionales de Bahía Blanca, La Plata, Mendoza,
Avellaneda y Tucumán.
El
diputado de la UCR Luis Dellepiane se opuso en el Parlamento a la creación de
la UON, argumentando que no podía impulsarse una educación de “clase” y
que sería más oportuno incluir las nuevas demandas técnicas en las universidades ya existentes. En su
óptica, a la UON le faltaba formación “cultural y humanística” (Sesiones
Cámara de Diputados 1948: 1981-1986). Un
argumento similar adujo el radical Gabriel del Mazo el 22 de julio y manifestó
que a la UON no le interesaban los “motivos de la educación humana (...)
cuando la técnica usurpa para si la totalidad, se vuelve de hecho un
totalitarismo”.
El
justicialista Ricardo Guardo (UCR-JR) replicó la crítica del bloque de la UCR y
en su opinión los “representantes obreros” en la Cámara de Diputados le
otorgaban “significado social” a la propuesta y la justicia social era
la “base, nervio y doctrina de nuestra conducta y de nuestra orientación”. Destacó que era necesario consolidar una “conciencia
técnica nacional”, sin la cual no podríamos superar el rol de “zona
agropecuaria” en el cual nos ubicó el “capitalismo internacional”.
Tomando el modelo histórico norteamericano, Guardo puntualizó que sería “fatal
para nosotros mantenernos ajenos a la realidad mundial sin que la tecnología
forme parte del patrimonio cultural de nuestro pueblo”. En su opinión y a
diferencia de Luis Dellepiane, creyó que las asignaturas de geografía e
historia incluidas en los Planes de Estudio de la UON, les daban a los
estudiantes una clara visión humanista (Sesiones Cámara de Diputados 1947:
1986-1993).
El
Peronismo y la Reforma de 1918
Tal cual
ya mencionamos, el modelo universitario del Justicialismo fue formulado y
defendido en el recinto por diputados de origen radical y reformista. En dicho
contexto parlamentario, Ricardo Guardo sostuvo que “Hoy somos
nosotros quienes vamos a dar la nueva interpretación del viejo y auténtico
anhelo de la universidad argentina, ya que los continuadores de 1918 han
encallado la nave” (Sesiones Cámara de Diputados 1947: 716). El diputado
puntualizó que “La universidad se pone a tono en un movimiento integral que
abarca todas las manifestaciones de la vida nacional. Y es el gobierno, señores
diputados, el que pone la fuerza del Estado a disposición de la reforma y
democratiza la universidad, terminando con su vieja oligarquía. Esa historia
de ayer se repite hoy. La chusma de ayer son los descamisados de hoy, que se
encuentran en la misma tarea (…) pues por más puros que puedan haber sido los
ideales del 18, la verdad es que su aplicación práctica, los resultados no han
sido tan halagüeños como se esperaba” (Sesiones Cámara de Diputados 1947:
713-714).
Leonardo
Obeid (UCR-JR) detalló que “ha llegado la hora de cumplir con la reforma, no
aniquilándola, como pretendieron sus enemigos, sino realizándola e
incorporándola al esfuerzo ordenado de la Republica” (Sesiones Cámara de
Diputados 1947: 698).
Héctor
Cámpora (Partido Laborista de Provincia de Buenos Aires) fue terminante al
afirmar con orgullo que él era reformista, que en su juventud había ocupado un
cargo directivo en la Federación estudiantil de Córdoba y que desde la
conducción del Centro de Estudiantes había bregado activamente por el triunfo
de una “conciencia que se revelaba contra injustos privilegios de los que
usufructuaba una clase que acaparaba las cátedras”. Desde su punto de
vista, la propuesta del Justicialismo no era anti reformista sino que, por el
contrario, retomaba su ideario y “traduce los sentimientos de la revolución
abriendo las puertas de todas las facultades a la juventud, cualquiera sea su
origen, raza o ideología en la vida ciudadana” (Sesiones Cámara de
Diputados 1947: 763).
Accede al texto completo en la REVISTA PENSAMIENTO UNIVERSITARIO
