Por Aldo Duzdevich
30 de noviembre de 2019
Para INFOBAE
En Poder y Desaparición, la politóloga y
ex prisionera de la ESMA Pilar Calveiro, afirma: “Los desaparecidos eran, en su
inmensa mayoría, militantes. Negar esto (…) es una manera más de
desaparecerlos, ahora en sentido político. Lo de la corrección o incorrección
de sus concepciones políticas es otra cuestión, pero lo cierto es que el
fenómeno de los desaparecidos no es el de la masacre de “víctimas inocentes”, sino
el del asesinato y el intento de desaparición y desintegración total de una
forma de resistencia y oposición: la lucha armada y las concepciones populistas
radicales dentro del peronismo y la izquierda.”
LOS
TRES MITOS MÁS DIFUNDIDOS
El
primero es la creencia de que la mayoría de los desaparecidos no tenía una
militancia política activa.
El
segundo, relacionado con el anterior, es que el terrorismo de Estado con
desaparición y muerte se aplicó por igual a los militantes de todos los
partidos de izquierda.
El
tercero, muy en boga, es que la mayoría de los desaparecidos pertenecía a la
clase trabajadora, en especial a comisiones internas o que eran delegados de
fábricas.
Como voy a referirme a cantidades de
desaparecidos, hago mío otro criterio de Calveiro: “Diez, veinte, treinta mil
torturados, muertos, desaparecidos... En estos rangos las cifras dejan de tener
una significación humana. (...) La misma masificación del fenómeno actúa
deshumanizándolo, convirtiéndolo en una cuestión estadística, en un problema de
registro. Como lo señala Todorov, ‘un muerto es una tristeza, un millón de
muertos es una información"'.
LOS
DESAPARECIDOS DE LA IZQUIERDA NO ARMADA
El comunicado Nº45 de la Junta Militar
publicado el 26 de marzo de 1976, declaraba “prohibidas las actividades de las siguientes
organizaciones: Partido Comunista Revolucionario (PCR); Partido Socialista de
los Trabajadores (PST); Partido Política Obrera (PO); Partido Obrero Troskista;
Partido Comunista Marxista Leninista.”
Nótese que no figura el Partido Comunista Argentino (PC) el
cual inicialmente saludó la llegada de los militares al poder. Sin embargo, Edo
E. Balsechi en su libro Raíces y proyección antiimperialista contabiliza 117
militantes del PC desaparecidos.
Respecto el PST, según el trabajo
realizado en 2016 por sus dirigentes Nora Ciapponi y Gustavo Reynoso, de 1976 a
1982, esa fuerza política tuvo 86 desaparecidos y/o asesinados.
El Partido
Comunista Revolucionario (PCR), que manifestó su oposición al golpe desde
el mismo 24 de marzo, contabiliza, según su órgano de prensa Hoy, 11 militantes
asesinados antes del golpe y 23 desaparecidos con posterioridad a esa fecha.
El Partido
Comunista Marxista Leninista, una organización pequeña heredera de
Vanguardia Comunista, informa en su web PRML, que tuvo 19 desaparecidos, entre
ellos sus máximos dirigentes Roberto Cristina, Elías Semán y Rubén Kriscautsky.
Según la publicación Historia de Política Obrera, de Laura Kohn, antes
del golpe, el PO estableció una política de estricta clandestinidad y medidas
de seguridad para resguardar a los cuadros más expuestos. No hay mención de
militantes del PO desaparecidos, salvo el caso de su dirigente Pablo Rieznik,
secuestrado y liberado en 1977. Es interesante la visión del PO, que destaca
como un mérito de su organización el haber preservado la vida de sus cuadros,
eludiendo la represión, a diferencia de muchos jefes sobrevivientes de
organizaciones armadas que señalan como meritorio el tener miles de bajas en
sus filas.
Entre
todos los partidos de izquierda suman una cifra aproximada de 260
desaparecidos; un
número enorme de jóvenes asesinados, pero que dista mucho de ser mayoritario en
la cifra total.
COMISIONES
INTERNAS Y DELEGADOS DE FÁBRICA
Esta es una idea muy difundida entre
quienes siguen la temática del terrorismo de Estado. Se dice que la mayoría de
los desaparecidos pertenecieron a la clase trabajadora, en especial a
comisiones de base. En “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa
humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado” (2015),
informe conjunto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la
Secretaría de Derechos Humanos, el CELS y la FLACSO, se analiza a las 25
principales empresas involucradas en secuestros, torturas y desapariciones.
Contabilizados y comprobados, son 354 los casos de personas desaparecidas y 65
los de asesinadas.
Nuevamente, 350 o 400 víctimas es un
número horroroso, pero está claro que no se trata de la “mayoría de los
desaparecidos”. Además, hay que considerar que muchos delegados obreros tenían
la doble condición de militantes en partidos de izquierda o en alguna
organización armada.
LA
MAYORÍA FUERON VÍCTIMAS “INOCENTES”
A partir de 1983, en una democracia
naciente todavía muy débil, jaqueada por permanentes desplantes militares, y
quizás con la idea de que ello facilitaría el juicio a los culpables, se
generalizó la hipótesis de que la mayoría de los desaparecidos no tenía
militancia política, y se impuso la idea de “víctimas inocentes”.
Pero la palabra inocentes escondía una
grave contradicción. Si había “victimas inocentes”, entonces existían otras que
no lo eran. Y claramente ningún acto de las víctimas por grave que fueses
habilitaba a los organismos del Estado a responder con el secuestro, tortura y
asesinato. El prólogo del Nunca Más, el informe
de la CONADEP sobre el terrorismo de Estado, alimentaba esa confusión:
“Durante la década del 70 -decía- la Argentina fue convulsionada por un terror
que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda(…) a
los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un
terrorismo infinitamente peor que el combatido (…) ...se sabía de tantos que
habían sido tragados por aquel abismo sin fondo, sin ser culpables de nada;
porque la lucha contra los ‘subversivos’ se había convertido en una represión
demencialmente generalizada... (…) Todos en su mayoría inocentes de terrorismo
o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque
éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes
de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores.”
El informe de la Conadep distingue entre
víctimas "inocentes" y las otras. Una terminología que debe
entenderse en su contexto histórico
Cabe aclarar que, más allá de la
discusión sobre el prólogo, al que hay que analizar dentro de la hermenéutica
de la época, el trabajo de la Conadep -realizado en un clima de presiones y
amenazas- merece el mayor de los respetos y el reconocimiento histórico.
Hoy suena chocante la calificación de
“terroristas” y “subversivos”. Pero hay que recordar el contexto histórico. La
guerrilla había llegado a 1973 con un importante consenso social. Ahora bien,
cuando el ERP y luego Montoneros deciden continuar con la lucha armada durante
el gobierno constitucional, rápidamente comenzaron a perder apoyo popular y a
aislarse de la sociedad, lo que luego facilitaría su exterminio.
1975 es el año de la violencia en la
Argentina. Las bandas de ultraderecha -digitadas por la Inteligencia militar-
desatan una ordalía de sangre. Y los grupos guerrilleros llegan a su máxima
expansión y operatividad militar. Los militares adoptan la teoría de la “fruta
madura”: fomentar el caos y esperar el hartazgo de la sociedad para dar el
golpe.
El 24 de marzo los militares asumen el
poder, con el aplauso de las clases altas, el silencio cómplice de las clases
medias y la resignación de la clase obrera. Los diarios celebran en sus
titulares el “retorno a la normalidad” y la detención o la muerte de “elementos
terroristas”.
EL
VERDADERO OBJETIVO DEL GOLPE
El
objetivo principal del golpe era terminar con el gobierno nacido en 1973, hacer
desaparecer al peronismo de la escena política y reinstaurar un plan económico
liberal y antinacional cuyo cerebro era José Alfredo Martínez de Hoz. Aunque fue presentado como la
principal excusa, el objetivo del golpe no era combatir la guerrilla. Ya en
marzo del 76 ésta estaba muy golpeada en el plano militar, y su accionar la
había llevado al aislamiento político y a la pérdida de apoyo popular. Pero,
para movilizar a los militares e impulsarlos a dar un nuevo golpe, el establishment
debía dotarlos de una renovada mística. Las propuestas de Martínez de Hoz:
“libertad del mercado cambiario”, “libertad de tasas de interés”, “libertad de
importaciones”, “libertad de precios y congelamiento de salarios”,
“privatización de empresas públicas”, etc. no seducían especialmente a los
cuadros medios y jóvenes de las fuerzas armadas. Ni siquiera los militares más
torpes sentían que valiera la pena la lucha por “la libertad de las tasas de
interés de los bancos”.
Había
que encolumnarlos detrás de un objetivo más movilizante: “defender la civilización occidental y
cristiana de la amenaza del comunismo”; “defender la bandera nacional contra la
intención de reemplazarla por un ‘sucio trapo rojo'”. Entonces destruir a la
guerrilla pasaba a ser el objetivo central de las Fuerzas Armadas, mientras
Martínez de Hoz y su equipo se ocupaban de los grandes negocios de y con el
Estado. A tal punto existió esta “división del trabajo” que a las patotas
represivas les dejaron la rapiña de los muebles y de los dineros que les
pudieran sacar a los guerrilleros, mientras el establishment engordaba de
millones de dólares sus cuentas en el exterior. Muchos años después, desde la
cárcel, el dictador Jorge Rafael Videla se quejaría amargamente de aquellos
hombres de negocios que los empujaron a tomar el poder y luego los dejaron
solos en su desgracia.
LA
VOZ DE LAS MADRES Y FAMILIARES
Cuando madres y familiares comenzaron a
reclamar por las desapariciones, era muy entendible que evitasen hacer mención
a cualquier militancia política de sus hijos. Al riesgo, se le sumaba la
estigmatización social, el “algo habrán hecho”; incluso algunas sufrieron
pintadas en sus casas: “madre terrorista”.
Por otra parte, era razonable que la
mayoría de los padres desconociera la militancia de sus hijos, sobre todo si
era armada. La primera regla de la clandestinidad es el secreto, incluso en el
núcleo más cercano. O no se les decía nada, o se mostraba militancia
estudiantil, activismo social o gremial. Es por eso que, en la mayoría de los
casos, genuinamente los padres pensaban que sus hijos “no andaban en nada”. La
dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeyda, dijo: “Después de muchos,
muchos años, me enteré de que mi hijo militaba en el ERP (Ejército
Revolucionario del Pueblo)”.
En 1983, durante los juicios a las
Juntas, el principal argumento de las defensas de los militares era acusar a
los testigos de pertenecer a organizaciones “terroristas”. Los sobrevivientes
de los campos de concentración que daban testimonio evitaron reconocer su
militancia y se presentaban como simples simpatizantes o militantes de grupos
juveniles.
Recién a fines de los 90, las agrupaciones de H.I.J.O.S. comenzaron
a reivindicar la identidad política de sus padres. Y sólo después de las
primeras condenas por delitos de lesa humanidad en 2006/7, se comenzó a tratar
con mayor libertad el tema de la militancia de testigos y víctimas, y a
relacionar la “secuencia de las caídas” según el área de la organización a la
cual pertenecían.
LA
METODOLOGÍA DE LA REPRESIÓN
El 24 de marzo de 1976, a la madrugada,
se inició la “Operación Bolsa”, como la
llamó Videla. Consistió en detener a varios centenares de funcionarios y
dirigentes peronistas, empezando por la presidente, Isabel Perón, que pasó
5 años detenida. La intención era anular cualquier intento de resistencia civil
al golpe y mostrar hacia adentro y afuera del país una represión “civilizada”,
de presos “a disposición del Poder Ejecutivo”, sin causa ni condena pero en
cárceles oficiales.
Simultáneamente, en total
clandestinidad, las fuerzas armadas aplicaron la doctrina antisubversiva que los franceses usaron en Argelia. La represión
clandestina apuntaba primordialmente a ERP y Montoneros y seguía el
procedimiento “captura-tortura-información-nueva captura”. Las primeras
víctimas de secuestro eran los cuadros llamados “de superficie”, que no eran
clandestinos pero tenían nexos hacia dentro de las organizaciones. Los más
expuestos eran, en caso del ERP, la Juventud Guevarista y militantes del FAS
(Frente Antiimperialista y por el Socialismo); y de Montoneros sus agrupaciones
JUP, UES, JP, JTP y otras.
Es
decir, se iba de los cuadros menos comprometidos a los cuadros combatientes. Con este mecanismo repetido infinidad
de veces, avanzaban muy rápidamente hacia los niveles más altos de la
organización. En el caso del ERP, en sólo cuatro meses, el Ejército aniquiló a
todo su estado mayor. En Montoneros, el jefe de columna Paco Urondo cayó en
junio del 76 y en diciembre fue el turno de Carlos Hobert, n°2 de la conducción
nacional, lo que motivó la salida del país de Firmenich y el resto de la
conducción.
La
represión ilegal tuvo por objetivo principal destruir al ERP y Montoneros. Claro que sirvió a otros objetivos no
menos importantes, como diseminar el terror en la población, disciplinar a los
sectores más combativos de las grandes concentraciones fabriles, secuestrando y
asesinando delegados y comisiones internas enteras.
No hay cifras exactas, pero se calcula
que el ERP llegó a tener unos 6000
militantes de los cuales sólo diez o quince por ciento eran combatientes. Montoneros tenía unos 10 mil, con el
mismo porcentaje de combatientes. La mayoría cumplía tareas políticas y/o de
apoyo y logística. Por eso cuando se
dice “militante montonero” no necesariamente se alude a jóvenes que hayan
participado de alguna acción armada. Pero, al estar dentro de la organización,
eran secuestrados y torturados para que dieran información sobre su
“responsable” o jefe. En algunos casos luego de la tortura eran liberados y
su relato contribuía a diseminar el terror.
El comandante montonero Juan Carlos
Scarpati, que logró escapar de Campo de Mayo, afirmó que el 95% de las caídas de cuadros eran por la información obtenida en la
tortura y solo el 5% por otras fuentes de inteligencia militar. La
descripción de Pilar Calveiro del tratamiento en los campos de concentración
deja claro que casi ningún ser humano podía resistir ese nivel de tortura sin
hablar. Probablemente hubo excepciones o casos, como el de algunos altos jefes
o personajes conocidos que les fueron más útiles vivos, para que los recién
llegados al campo creyesen que estaban allí por haber delatado, quebrando así
su voluntad de resistir.
LOS
DESAPARECIDOS VINCULADOS A ERP Y MONTONEROS
Aunque existe mucha literatura sobre el
terrorismo de Estado, hay escasos análisis estadísticos de la militancia
política de los desaparecidos. Solo a través de datos parciales podemos inferir
algún tipo de conclusiones.
El listado más importante se lo debemos
a Roberto Baschetti quien, con el
aporte de militantes sobrevivientes, creó y actualiza la página web “Uno por
uno los militantes del peronismo revolucionario”. Allí figuran aproximadamente
4500 nombres de desaparecidos con la historia militante de cada uno, todos de
organizaciones peronistas y básicamente del Capital y GBA. Es una página en
permanente construcción, es decir incompleta por definición.
La
gran mayoría de los desaparecidos tenía militancia política, en las
organizaciones armadas clandestinas o en las agrupaciones de superficie de esas
mismas formaciones
Un relevamiento parcial de 560 casos, de
los apellidos de A a D da como resultado: 41% en la categoría “militante
montonero”; 22%, “militante JUP-montoneros”; 11%, “militante JP-montoneros”;
7,5%, “militante JTP-montoneros”; 3,3% “militante UES-montoneros”; y 15% “otros”,
que engloba PB, FAP, y MR-17 y FR-17, dos agrupaciones poco conocidas, pero que
tienen una cantidad importante de desaparecidos.
Otro ejemplo más acotado es el caso de
la ciudad de Santa Fe. Luis Larpin, de ATE Santa Fe, y miembro del Foro contra
la Impunidad y por la Justicia, manifiesta que, en la capital santafesina, hubo
83 desaparecidos, de los cuales 7 estaban vinculados al ERP y el resto a
Montoneros. Y que, si bien hubo casos de secuestrados sin vínculos con alguna
organización, posteriormente eran liberados.
En el libro Las Viejas, historia de
Madres Línea Fundadora, se entrevista a 29 madres. Cruzando la información que
da cada una de sus hijos el resultado es que, sobre esos 29 casos, hay 19
vinculados a JP-Montoneros, 8 al ERP y sólo dos de militancia desconocida.
El Colegio N°4 D.E. 9 Nicolás Avellaneda
publicó un listado de 17 ex alumnos desaparecidos: 8 pertenecían a Montoneros,
2 al ERP, 4 a partidos de izquierda y sólo 3 de militancia política
desconocida.
De los veinte jugadores del La Plata
Rugby Club desaparecidos, según publica en “ El Grito del Sur” la periodista
Yair Cybel, once militaban en UES-JUP- Montoneros, cinco en el ERP y cuatro en
el PCML.
CONCLUSIÓN
Es
innegable que hubo casos de secuestrados “por error”, personas sin militancia
política. Incluso los
hubo por venganzas personales, con el solo objeto de robo o por estar en el momento
y lugar equivocados. Pero los represores tenían el olfato entrenado y, al poco
tiempo de golpear o torturar, percibían si el secuestrado les era “útil” o no,
según la información que podían obtener. El secuestrado por error podía morir
en la tortura, ser asesinado si había visto la cara de los verdugos, pero
también con frecuencia era liberado.
Lo importante es comenzar a dilucidar
aspectos de la tragedia que nos tocó vivir. Uno de ellos es devolverle la identidad política a los desaparecidos,
su pertenencia a una determinada organización y a un proyecto por el cual
estaban dispuestos a dar la vida.
A partir de allí, se puede y se debe dar
una discusión seria y madura respecto al acierto o al error de políticas que llevaron a un enfrentamiento
abierto, dejando un doloroso saldo de miles de muertos, en su mayoría
jóvenes.
Algunos ex dirigentes montoneros, entre
ellos Mario Eduardo Firmenich,
consideran un mérito de su organización tener semejante cantidad de bajas.
Dos ex-montoneros replican ese argumento. “El martirologio –dice por ejemplo el
historiador Ernesto Salas- es una característica de la guerra. Quien va al
combate quiere morir como héroe. El problema es cuando el martirologio se
convierte en tu única política. Cuantos más mueren, más ganamos”. Y Miguel
Fernández Long (ex-columna norte) afirma por su parte: “Firmenich era un tipo
convencido de que la mayor representatividad política se lograba trepando sobre
los muertos”.
Aquí se abre otro debate. Si los
desaparecidos murieron en una “guerra contra la dictadura”, como afirmaban las
conducciones guerrilleras desde el exilio, o fueron víctimas de una feroz
cacería de las fuerzas represivas contra las que nada podían oponer, ni
siquiera la pastilla de cianuro que les habían dado para “proteger a la
organización”.
Nuestra
generación, en especial quienes fuimos participes de esa etapa, tiene la
obligación hacia las nuevas generaciones de hacer un balance histórico que vaya
más allá del dolor por el recuerdo de las víctimas o de la mera exaltación de
la muerte heroica.
