Dr. César Augusto Lerena para "El Economista".
25 de agosto de 2021.
Observo en los últimos tiempos que hay una mayor atención en la cuestión Malvinas; desde, la puesta en duda sobre su pertenencia hasta la reivindicación de derechos. En medio de ello, nuestros funcionarios se limitan a invitar a dialogar por enésima vez a Gran Bretaña y a resaltar las fechas conmemorativas, sin lograr un solo avance, mientras que los ingleses, controlan cada día más nuestro territorio.
El próximo 40
aniversario de la recuperación de Malvinas nos encontrará peor que en 1982: el mar argentino más ocupado y con una
secretaría de Malvinas inerte.
En 1982 el Reino Unido tenía invadida 11.410
km2 (Malvinas) y hoy tiene ocupados y explota 1.650.000 km2 de territorio
marítimo e insular. Más de 100
buques operando en Malvinas que extraen 250 mil toneladas anuales de recursos
pesqueros por valor de mil millones de dólares anuales y, en todo el
Atlántico Sur, más de 350 buques extranjeros se llevan anualmente un millón de
toneladas por un valor de cuatro mil millones de dólares, el doble de las
exportaciones argentinas. Si se hubiesen promovidos acuerdos entre empresas
para la pesca de los recursos migratorios en alta mar otro hubiese el
desarrollo empresario y social de la Patagonia.
Ahora, el
gobierno ilegal de Malvinas está en proceso de construir un puerto en Malvinas
que se constituirá en la puerta de
acceso a la Antártida y de logística de los buques que operan al sur del Mar
argentino, remplazando a Ushuaia y a otros puertos del litoral nacional.
Desde la firma de los Acuerdos de Madrid (1989/90) los británicos se llevaron
recursos migratorios argentinos por valor
de 32 mil millones de dólares.
Sin embargo, los
gobiernos no han tenido voluntad de
desechar los Acuerdos de Madrid ni el Pacto de Foradori-Duncan (2016),
puestos ejecución sin aprobación del Congreso, en los que se incluyeron por
primera vez, las Islas Georgias del Sur
y Sándwich del Sur. Les permitió a los británicos avanzar los millones de km2
referidos; regular el movimiento de las naves militares argentinas; facilitar
la relación de Malvinas con Brasil y Chile y, con ello, el contacto
comercial de las islas con el mundo e implementó la “fórmula del Paraguas” que
permite que Gran Bretaña avance y Argentina esté congelada.
Par otra parte,
el abogado Marcelo Kohen, que hoy
asesora al presidente de la Nación en el Consejo Nacional de Malvinas,
elaboró en 2018 un plan que les permitiría a los isleños establecer -entre
otras cosas- quiénes podían o no radicarse en las Islas y, a los treinta años,
tener un referéndum para determinar si adoptan la soberanía británica o
argentina. Un Plan que pondría en manos británicas la soberanía de Malvinas, ya
que es de esperar, que, si los isleños británicos son los únicos que votan,
ocurriría lo mismo que ya ocurrió en el referéndum ilegal de 2013, donde el 99%
opto por continuar siendo súbditos británicos.
Por su parte, Uruguay abre sus puertos a la pesca ilegal
en el Atlántico Sur y tiene previsto para 2022 la habilitación del puerto
pesquero Capurro, para atender la operatoria y logística de los buques que
pescan en el Atlántico Sur y en Malvinas y, licitar su operación que, si son
“empresas chinas”, tanto Uruguay como la Argentina, perderán el control de la
pesca, en una región donde los buques
chinos son mayoritarios, aunque también pescan españoles, coreanos y
taiwaneses. El atlántico sur está internacionalizado y ello dio lugar a la
presencia de buques de las fuerzas armadas de Estados Unidos, bajo pretexto de
controlar la pesca ilegal.
En medio de
ello, debemos sumar la revitalización de algunas declaraciones que refieren a
que las Malvinas no son argentinas, como es el caso de la candidata a diputada Sabrina Ajmecht y de la reiterada
declaración en ese sentido de Beatriz Sarlo. Llama la atención, en ambos
casos que se preocupen por supuestos derechos de tres mil ocupantes de Malvinas
y no por los millones de argentinos que han perdido casi todos sus derechos
básicos, como la educación, el trabajo, la vivienda, etc. Estas declaraciones
se reflotan en coincidencia con el
Brexit, donde el Reino Unido necesita fortalecer su pertenencia sobre los
territorios de ultramar.
Debería agregar:
que todas las empresas que pescan en el
Atlántico Sur y Malvinas lo hacen
subsidiadas; las certificadoras internacionales de productos
pesqueros avanzan para decirnos qué empresa podrá o no exportar a los mercados;
nuestro Congreso promueve un área Marina Protegida Agujero Azul que dará argumentos al Reino
Unido para establecer nuevas restricciones a Argentina, impedirá la pesca
argentina y encarecerá la gestión en
lugar de darle los medios al INIDEP para que cumpla con la tarea de asegurar
una pesca sostenible y, también hay quienes promueven la creación de
Organizaciones Regionales (OROP) que reafirmarán a las empresas extranjeras y
al Reino Unido en la administración de aguas argentinas.
Hace casi
sesenta años que los gobiernos argentinos promueven el diálogo y la cooperación
unilateral, sin éxito. La Argentina tiene recursos diplomáticos, económicos,
técnicos, biológicos y empresarios, para que, en forma pacífica, pueda
cambiarse este modelo que impide el desarrollo regional, la generación de
empleo y el fortalecimiento nacional, alcanzando mejores condiciones para estar
más cerca de recuperar la integridad territorial con las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los mares correspondientes y, la disputa
sobre la Plataforma Continental y la Antártida.
