Por: Eduardo J. Vior para EL PAIS
El pasado viernes 6 de agosto el jefe de asesores del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Jake Sullivan, y una significativa delegación del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado de Estados Unidos se reunieron con el presidente Alberto Fernández, el canciller Felipe Solá y el Secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz. Aunque no trascendieron detalles de lo conversado, tanto el perfil técnico de la delegación norteamericana como declaraciones previas del jefe de la misma indican los objetivos de la visita: emblocar a los países del Cono Sur en la estrategia norteamericana impidiendo al mismo tiempo su cooperación regional, advertir sobre la influencia rusa y china y cerrar el cerco cibernético, para evitar la incorporación por nuestro país de la tecnología del 5G.
Previamente, Jake Sullivan había ofrecido al gobierno de
Jair Bolsonaro el apoyo para que Brasil se convierta en socio global de la OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico Norte), como moneda de cambio por vetar
el 5G de China. El tema fue discutido por Sullivan con el gobierno brasileño el
jueves 5 durante su estadía en Brasilia. El emisario de Joe Biden se reunió con
el presidente, con el ministro de Defensa, el general Braga Netto, y con los
jefes de las tres fuerzas armadas.
Por parte de la
Casa Blanca participaron también los directores del Consejo de Seguridad
Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan
González; para Tecnología y Seguridad Nacional, Tarun Chhabra, y para Seguridad
Cibernética, Amit Mital.
Para nuestro
país la decisión que adopte el Alto Mando brasileño reviste una importancia
máxima, porque, si decide asociarse a la OTAN, estará levantando nuevamente un
muro en la frontera con Argentina, como el que frenó durante mucho tiempo nuestra integración y recién fue derribado
en 1979 por el Tratado Itaipú-Corpus. EE.UU. está acordonando el hemisferio con
una combinación de señuelos y advertencias. A Argentina, por ejemplo,
ofrecen participar en las negociaciones sobre Venezuela que se celebrarán en
México, a cambio de que cerremos la puerta a Huawei y cancelemos importantes
proyectos constructivos.
Estas maniobras
norteamericanas son sumamente preocupantes, ya que retrotraen a la región a una
competencia ya superada por la hegemonía regional y arrasan con una experiencia
de cooperación interestatal en materia de Defensa
que permitió la construcción del Mercosur y, más tarde, de la Unasur, con su
correlato militar: el Consejo de Defensa Suramericano.
Esta presión
sobre nuestras decisiones soberanas es posible, porque nuestro país necesita el
voto estadounidense, para refinanciar el oneroso crédito del FMI contraído por Mauricio Macri en 2018. Al mismo tiempo,
Washington nos chantajea impidiéndonos cumplir con los compromisos contraídos
con la República Popular de China en el marco del Acuerdo de Cooperación
Estratégica Especial de 2013, sobre todo en el refinanciamiento de las represas
Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en
Santa Cruz. Al incumplir nosotros nuestras obligaciones, Pekín ha paralizado
las demás inversiones comprometidas, especialmente la reconstrucción y
expansión del Belgrano Cargas. El embrollo estratégico, diplomático y
económico en que nos encontramos subraya la importancia de dar continuidad a y
sacar las adecuadas conclusiones de la Directiva de Defensa Nacional publicada
el pasado 19 de julio en el Boletín Oficial.
La Directiva se
aprobó a través del Decreto N° 457/2021
y contiene relevantes modificaciones a las directivas (DPDN) de 2009 y 2014.
Los lineamientos fueron elaborados después de que en 2020 se decidiera revocar
la DPDN dictada por el gobierno de Cambiemos y volver a la de 2014.
El nuevo texto,
publicado al cabo de seis meses de discusión entre los ministerios de Defensa y
Relaciones Exteriores, comienza con un “diagnóstico y apreciación del escenario
global y regional”, dentro del cual se establecen los tableros “estratégicos –
militares”, el “económico-comercial” y el “transnacional”, de modo de hacer
posible definir los cursos de acción de esta norma. Por concluir los
fundamentos del documento, ésta es la parte que más interesa aquí.
En primer lugar la DPDN señala, en el marco
del Diagnóstico y Apreciación del escenario de Defensa Global y Regional, que
“La política de defensa nacional se desarrolla de manera articulada y
complementaria con la política exterior, buscando contribuir de este modo a la
protección de los intereses vitales y estratégicos de la Nación, a la
consolidación de la paz regional y a la vigencia del derecho internacional”.
En este punto la interrelación entre los ministerios de Defensa y Exteriores es
vital a la hora de prever los futuros escenarios de la Defensa Nacional.
En este contexto
se destaca en el Diagnóstico que en estos últimos 30 años el sistema
internacional sufrió grandes transformaciones, al pasar de una estructura
bipolar a una unipolar y de ésta en la actualidad a una más difusa y compleja.
En el campo internacional existe una alta competitividad entre los Estados,
preponderando un escenario de amenazas interestatales en el que los actores no
estatales han quedado relegados como fuente de amenaza, a lo que se suman la
creciente brecha en el uso y empleo de las tecnologías en el campo de batalla y
la carrera armamentística.
En el campo
regional, en tanto, la DPDN registra lo
siguiente: “El Cono Sur se encuentra inserto en una dinámica compleja de
redefinición de sus mecanismos de cooperación e integración regional. Es
difícil prever el impacto que estas transformaciones pueden tener en el mediano
y largo plazo, ya que esto dependerá de los nuevos modelos de coordinación que
se definan para el entorno regional más inmediato del país. Sin embargo,
incluso en un contexto político relativamente fragmentado y menos favorable al
de décadas pasadas en materia de soluciones regionales para los problemas
comunes, el fortalecimiento del diálogo constructivo y la coordinación con
nuestros vecinos continuarán siendo prioridades estratégicas de la República
Argentina”.
Con respecto a
la Cuestión de Malvinas se enfatiza que
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes que, siendo parte integrante del
territorio argentino se encuentran ilegítimamente ocupados por una de las
principales potencias militares mundiales, el Reino Unido”. En este punto se
considera que el despliegue militar en estos territorios impone a la Argentina
una obstrucción para el ejercicio pleno y efectivo de la soberanía del Estado.
Por otro lado, se da mayor importancia al posicionamiento estratégico de las
islas “en cuanto representa no solo un polo de recursos naturales sino un
centro de operaciones con la Antártida y las conexiones marítimas de los
océanos.”
“La recuperación
de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo
de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho
Internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino” ratifica la DPDN.
Ya a fines del
año pasado la Directiva de Política de Defensa Nacional se encontraba lista
para ser tratada por otras dependencias del Estado Nacional. Sin embargo, su
publicación se demoró más de seis meses por las diferencias y discusiones
dentro del poder ejecutivo. Según cita Zona Militar, tanto el contenido, como
las menciones sobre la Cuestión de Malvinas que se hacían en la versión
original fueron sustancialmente limadas para la publicación. No obstante, a
diferencia de las directivas anteriores, la nueva estrategia de Defensa da
absoluta prioridad a la dinámica en el Atlántico Sur y a la amenaza
representada por la presencia de un importante contingente militar británico en
las Islas Malvinas.
Sin embargo, teniendo en cuenta las políticas
norteamericana, británica e israelí para el Cono Sur, se echa de menos que la
Directiva desconsidere las amenazas implicadas por la presencia de fuerzas
extrarregionales en el área de las Tres Fronteras con Brasil y Paraguay y
el aprovechamiento de la localización de nuestro país en los cursos medio y
bajo de los ríos Paraná y Uruguay para dañar nuestra economía mediante medidas
hidrológicas, medioambientales, tráfico, trata y comercio ilegal. Sin confundir las políticas de Defensa y de
Seguridad, es empero imprescindible no perder de vista aquellas medidas tomadas
por estados extranjeros para perjudicar intencionalmente nuestra economía y las
condiciones de vida de nuestra población. Del mismo modo, hay que tener en
cuenta el control de nuestras redes informáticas y comunicacionales por
empresas extranjeras que, junto a sus intereses comerciales (muchas veces
ilegítimos), se han convertido en brazos ejecutores de la política de
predominio de sus países de origen. Este amplio espectro de amenazas requiere
una respuesta no sólo, pero también militar, para salvaguardar la soberanía
política y la independencia económica de Argentina.
Finalmente, cabe referir la mayor carencia
no atribuible a la Directiva de Defensa Nacional: la falta de un plan general
de reconstrucción y liberación nacional que le dé marco. Muchas de las
falencias recién señaladas y muchas otras que no se han mencionado para no
abundar, pero también para no desmerecer un documento valioso, se deben a la
falta de una estrategia general consensuada y conocida por todo el pueblo que
sirva de guía ordenadora a todas las políticas sectoriales. Sin esta
estrategia (un verdadero proyecto nacional) la mejor Directiva de Defensa
tantea en la oscuridad.
La Directiva de
Defensa Nacional representa un significativo paso adelante hacia el desarrollo
del instrumento militar de la soberanía nacional, pero debe ser complementada
por un plan general de reconstrucción y liberación nacional que le dé el
encuadre político que hoy le falta y dentro de la misma Directiva deben
completarse los huecos que han quedado abiertos. Para que el paso se convierta
en marcha precisa un plan de ruta y muchos pasos más.
