por Carlos Pissolito
Lo que hemos
vivido los argentinos en ocasión de los festejos de la obtención de la 3ra Copa
Mundial es un hecho nuevo. Uno que no responde a los cánones normales de la
política partidista argentina.
Más tiene que
ver con la “acclamatio” una institución
política utilizada durante 1500 años en la proclamación popular de los reyes
desde Roma hasta finales de la edad media
y que ha sido recuperada en este comienzo del tercer milenio.
Lo que hemos
presenciado es como millones de argentinos, al margen de todas las estructuras
partidarias y hasta estatales, se han manifestado a favor de su seleccionado
nacional. Para poder hacerlo han tenido que moverse en contra de lo
“políticamente correcto” manejado por los partidos políticos tradicionales y
los aparatos culturales manejados por los mass media.
Lo han hecho para reconocer la exitosa
labor de una asociación libre del pueblo. En este caso, la AFA. Una
asociación fundada por Alejandro Watson Hutton en Buenos Aires, el 21 de
febrero de 1893 y que es el ente rector del fútbol en Argentina. Como tal, es
la encargada de organizar y regular las distintas selecciones nacionales y los
campeonatos oficiales, en todas las modalidades del deporte en nuestro país.
En
contraposición, por lo demostrado por varios sucesivos gobiernos de los últimos
40 años, la AFA puede ser catalogada
como una organización exitosa que ha logrado tres Copas Mundiales de Fútbol, en
1978, en 1986 y el 2022. Lo ha logrado merced a coordinar el esfuerzo
mancomunado de una gran cantidad de
clubes de fútbol ubicados a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio
nacional.
Lo han hecho a través de un círculo
virtuoso de inversión que incluye instalaciones deportivas, servicios varios y
mucha pasión por lo que se hace y que ha permitido mejorar y mantener una cadena de conocimiento
deportivo de primerísimo nivel mundial.
En pocas
palabras, una organización exitosa que ha podido perseguir la excelencia, aún
en un país plagado de inconvenientes de todo tipo derivados de su mala
conducción política.
Pero, si
asumimos que el primer derecho político del ciudadano es ser bien representado
dentro del sistema democrático, la “acclamatio” se produce cuando los miembros
de la sociedad civil, espontáneamente, han hecho elecciones por aclamación y no
por la emisión de un sufragio. Pues, se han sentido defraudados por la clase
política. Y cuya expresión más conocida ha sido el conocido: “qué se vayan todos” expresado a caballo de
la crisis del 2001.
Desde esa fecha hasta nuestros días, las
crisis de representatividad, no sólo no han desaparecido, se han venido repitiendo, sucediendo y
agravando, una tras otra. Por ejemplo, la pobreza y la indigencia no han
dejado de crecer. A la par, que problemas crónicos como la inseguridad, la
inflación y el desempleo no han dejado de crecer.
Porque, al fin de cuentas, no sólo no se
fueron todos. Se reciclaron y siguieron en sus puestos como si nada. Pero, las
crisis no han dejado de repetirse y ser cada vez más profundas.
Del tal modo,
que el sistema de representación política actual exige una serie de reformas
urgentes que eviten un cambio revolucionario violento. A los efectos de que
estas reformas queden orientadas a incorporar a la “acclamatio” de alguna
forma.
En este sentido, casi nadie niega la
necesidad de proceder a una reforma profunda del sistema de representación
política. Ya que esta forma de democracia indirecta, delegativa no va más. Pues
no representa ni los intereses ni los deseos del pueblo.
Hoy esto sería,
relativamente, sencillo de hacer. Al margen de las consultas populares que
prevé la ley (Art. 40 de la Constitución Nacional), están la herramienta nueva
de las omnipresentes RRSS. Las que bien pueden usarse para lograr una necesaria
legitimidad de ejercicio del poder.
Lo que queda claro, es que la democracia
tiene que volver a ser el gobierno de las mayorías y para las mayorías y no
perderse en la concesión de derechos a las minorías sexuales, raciales,
religiosas y que no representan a nadie y que son sólo la expresión de la
agenda 2030 promovida por organismo globalistas como el Foro Económico Mundial
o la ONU. .
Pero, más allá
de la designación y la implementación de nuevos mecanismos de participación
ciudadana, lo que se exige como condición previa, es una nuevo ethos por parte de nuestros políticos. Uno basado en una actitud
de servicio que los lleve a superar sus posturas y egoísmos personales que los
caracterizan hoy por hoy.
En este sentido,
ya no alcanza con la legitimidad política que otorgan las elecciones libres y
transparentes. Los gobiernos deben completarla con una legitimidad de
ejercicio, derivada del buen gobierno, orientado a la búsqueda del bien común y
a la solución de los problemas políticos que afectan a nuestra Nación desde
hace décadas.
Tampoco se puede descartar que si esta
evolución hacia formas de una mayor participación ciudadana no se diera o se
viera impedida desde el establishment político, que se produjeran procesos
revolucionarios violentos destinados a derribar las estructuras vigentes. En
otras palabras, “el que se vayan todos”, se transformaría en “no los dejemos
escapar”.
