Presentación del libro "Intelectuales, peronismo y universidad", Ciudad de santa Fe

El 2019 nos encontrará unidos o dominados

Aritz Recalde, mayo 2016

La Republica Argentina está iniciando la primera etapa de una crisis económica, política y social con destino sumamente incierto. En tal sólo cinco meses de una nueva gestión presidencial, el país se encuentra inmerso en recesión económica y protagoniza una inflación superior al 20%. Productos esenciales como la carne, el pan y la leche aumentaron en valores cercanos al 50%, originando en la mayoría popular un deterioro de su capacidad de consumo. De no modificarse la política económica, Argentina atravesará el año 2016 en una situación de estanflación.

El detraimiento del mercado interno resultante del desempleo, de la inflación y de las inmensas ganancias de las empresas de servicios de luz o de gas, hacen poco viable la actividad productiva de la Argentina. En paralelo, el gobierno nacional favorece la apertura comercial, la libertad financiera de los especuladores y emite bonos a altas tasas, generando incentivos a los negocios financieros y la fuga de capitales, por sobre la producción.

La crisis de Brasil, la baja del crecimiento de China y el deterioro del precio de nuestros productos de exportación, van a impedir cualquier tipo de “despegue” económico en el corto plazo.

El Estado está siendo cartelizado por las Corporaciones Trasnacionales, que definieron las siguientes prioridades de la política macroeconómica:

-          Pagarle a los fondos buitres para beneficiar al sector financiero norteamericano y europeo.

-          Devaluar el peso y bajar las retenciones de las grandes cerealeras y mineras exportadoras.

-          Habilitar el aumento del combustible, la luz, el gas y el agua, para generar exorbitantes ganancias de las empresas de servicios. Para mantener la rentabilidad de las multinacionales, el combustible aumentó un 30% en tan sólo unos meses en un contexto de baja del precio del petróleo mundial. Para completar la discrecionalidad del Ministro de Energía, importamos gas licuado de Chile vía la empresa Shell de la que él es representante.

-          Emitir bonos a altas tasas favoreciendo los negocios de los bancos y especuladores locales e internacionales.

-          Permitir el aumento de precios de las grandes cadenas formadoras de precios.

No hay economía pública que soporte esta política y es por eso que se obliga al trabajador, los jóvenes, a los jubilados y a las PYMES a financiar la malversación de la riqueza nacional. Se le exige al obrero aceptar ser despedido o negociar una paritaria por debajo de la inflación. La política social de CAMBIEMOS parece orientada a pagar meramente el aumento de la boleta de la luz. Solamente y por citar dos casos, al jubilado le otorgaron un (1) bono de $ 500 y el proyecto de ley para la devolución del IVA de la canasta básica a los titulares de planes sociales, tiene un tope de escasos $ 300 mensuales. El empresario argentino está siendo perjudicado y pese a que CAMBIEMOS dice frenar la “ley anti despidos” en nombre del productor. Éste último supuesto carece de realismo cuando le suben todos los servicios y los impuestos, en cifras varias veces superiores a la indemnización al trabajador. Con dicha política macroeconómica, las PYMES o comercios se ven obligados a aumentar sus precios - profundizando la recesión del país - y muchos de ellos directamente van a quebrar.  

La estrategia de los poderes internacionales que hoy manejan la Argentina consiste:

-          Actuar políticamente con los delegados de los poderes económicos (CEOs en la gestión), mediáticos (local y extranjero) y judiciales. A estos tres poderes, los acompañan sectores partidarios del GEN, del PJ, del sindicalismo o del Frente Renovador, entre otros.  

-          Debilitar al Estado y al gobierno argentino, frente al poder de las empresas y las potencias extranjeras.

-          Debilitar a las organizaciones sindicales públicas y privadas, para poder transferir ganancias al capital foráneo y concentrado. Derrotado el sindicato, el empresariado local queda a la merced del importador extranjero y la financia internacional.

-          Desplazar a la empresa argentina y a la actividad productiva local, para importar manufactura extranjera.  Proponen detener la sustitución de importaciones de los últimos años, para hacer de la Argentina una plaza de la especulación financiera y un exportador de alimentos y recursos naturales.  

-          Mantener la crisis de gobierno, para empujarlo a la privatización de los activos públicos y a la apertura radical de la economía.

A cambio, los organismos financieros ofrecerán dólares que serán fugados  en el mediano plazo por las multinacionales, que permitirán a la clase media atesorar y a los representantes e intermediarios de estos negocios, enriquecerse.

Como respuesta directa de dicho programa antinacional y antipopular, se generó una importante movilización. Solamente en los últimos tres meses, se produjeron masivos hechos colectivos:

-          Reclamo contra los despidos de empleados estatales (CTA y organizaciones sociales y políticas).

-          Movilización frente a tribunales de Comodoro Py (Kirchnerismo).

-          Movilización de trabajadores privados y estatales el día del trabajador (CGT – CTA).

No hay antecedentes en los últimos años de tan masivas y diversas movilizaciones en tan corto plazo. En paralelo a estos tres grandes actos, hay cientos de manifestaciones de empleados petroleros, de empresas privadas, públicas o de la construcción. En el ámbito universitario se produjo un hecho histórico y los tres claustros (docente, no docente y estudiantil) convocaron a un paro y se movilizaron conjuntamente el 29 de abril. Los jóvenes de diversas orientaciones políticas, de izquierda o peronistas, marcharon por el boleto estudiantil el 6 de mayo. 

La política macroeconómica favoreció una unidad de acción de los sindicatos nucleados en CTA y todo indicaría la conformación una CGT única. Cristina Fernández de Kirchner convocó a un “frente ciudadano”, que parece reiterar la experiencia trasversal de Unidos y Organizados de los últimos años de su gestión. El 3 de mayo asumió la lista de unidad del Partido Justicialista y se convocó a su reorganización, incluyendo a delegados del sindicalismo y a dirigentes partidarios no kirchneristas. Hay otro sector de agrupaciones sociales, culturales y de izquierda que desarrolla una acción intransigente contra el gobierno nacional y que no se siente representado en los dos sectores, pero que confluye en su enfrentamiento a Macri.

CAMBIEMOS asumió el mando del gobierno de la Argentina con el apoyo del poder económico, mediático y judicial. Además, canalizó el descontento popular contra una crisis económica mundial que impactó en nuestro país, que tuvo bajas tasas de crecimiento. Mauricio Macri se apropió del sentido de la palabra “cambio” o “mejora” de las demandas sociales o de seguridad no resueltas. Además y cuestión fundamental, CAMBIEMOS acertó en la estrategia política a diferencia del Frente Para la Victoria (FPV) que careció de una campaña consistente y de una propuesta para movilizar a la sociedad. Macri alcanzó la Presidencia gracias al histórico triunfo de María Eugenia Vidal en Buenos Aires y éste último se consolidó como resultado de las divisiones y errores de estrategia del FPV. Cristina impulsó para la gobernación a sus jefes de Gabinete y del AFCA y ello derivó en una derrota histórica que no tuvo antecedentes en el justicialismo bonaerense.

La potencial división del Kirchnerismo trasversal y el peronismo, es la garantía de continuidad del neoliberalismo de CAMBIEMOS.  La Argentina y su pueblo demandan la unidad nacional y para garantizarla, es importante el reconocimiento mutuo de la importancia de ambos sectores. Sobre esta alianza  SINDICAL, JUSTICIALISTA Y KIRCHNERISTA, deberá diagramarse la estrategia de articulación con el resto de los sectores políticos y sociales.      

En el año 1946 Juan Perón convocó a la unidad de todas las organizaciones y constituyó el Partido Único de la Revolución Nacional, antecedente del actual Partido Justicialista. A 70 años de la histórica unidad política nacional, tenemos la responsabilidad de emularla reconociendo que el año 2019 nos encontrará unidos o dominados.  

Universidad, igualdad y desarrollo

Por Julián Dércoli *

Durante el último tiempo, los diarios de mayor tirada dedicaron una serie de notas a la problemática universitaria. Podemos agrupar esos artículos en dos bloques. El primero contiene notas que denuncian favoritismo y desmanejos fruto de la intervención de “la política”. El segundo bloque se caracteriza por cuestionar principios básicos de nuestro sistema, tales como la gratuidad y la capacidad de la universidad para garantizar la inserción laboral y el desarrollo. Ambos bloques comparten una misma cosmovisión: la universidad ya no es lo que era, ya sea porque la política se entrometió en los claustros y esto la pervirtió, o porque el sistema universitario se presenta como anquilosado ante un mundo nuevo “más dinámico”.

Los argumentos que esgrimen las notas del primer bloque son fácilmente rebatibles. La denuncia de la intromisión de la política como elemento perverso en la vida universitaria ha sido un elemento constitutivo de las interpretaciones hegemónicas de nuestra historia, contra el cual es necesario discutir, ya que afirma una perspectiva en la cual los mayores “éxitos” de la universidad se produjeron cuando no se metió en el medio “la política”. Estas interpretaciones están sostenidas sobre el pretendido ascetismo de la ciencia y la universidad, que concluye en una falsa dicotomía entre política y calidad educativa, una de las aristas de la dicotomía fundante del liberalismo criollo: civilización o barbarie.

El rasgo destacable de los artículos enmarcados en el segundo bloque es que plantean la necesidad de una modernización de las universidades. El cinismo de sus argumentos radica en que proponen elementos de individualización y privatización del sistema como claves para avanzar hacia una mayor igualdad y efectividad. Un ejemplo de esto es el artículo “¿Gratuidad es sinónimo de igualdad?”, publicado por La Nación. Su punto de partida es que la ausencia de un arancel implica una “gratuidad indiscriminada” que no “asegura la permanencia y la graduación”, razón por la que la inversión del Estado en educación superior finaliza en la apropiación de este beneficio por una minoría que se gradúa. Por eso, concluye que el desarancelamiento es un gasto ineficiente por parte del Estado, y propone que “paguen los que puedan” o “cobrarles a los graduados”. En otros casos se proponen “rigurosos” exámenes de ingreso, que descartan la posibilidad de la igualación social por intermedio del proceso educativo.

Es menester aclarar que nuestras universidades son desaranceladas, desde 1949, porque el Estado comprendía a la educación superior como una herramienta para contribuir al desarrollo del país, y para esto era necesario que accedieran las mayorías sin distinción económica. De esta forma se ampliaría la cantidad de cuadros profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo nacional. En esta concepción, el beneficiario de la educación superior no es el individuo, sino el conjunto de la sociedad.

Ahora bien, el desarancelamiento no es sinónimo de permanencia y graduación en sí mismo, por eso el anterior gobierno promovió una mayor inversión en materia de becas y distintos programas de inclusión educativa, que, junto con el esfuerzo de las universidades nacionales, permitió el incremento del número de graduados, así como un cambio positivo en la tasa graduados-ingresantes (ver los anuarios estadísticos de la SPU y los informes del CEA 5 y 12).

Por otro lado, podemos coincidir al menos parcialmente, en que nuestra formación universitaria se encuentra desfasada con respecto a las demandas sociales y económicas. Esto se vincula con la cultura del aislamiento entre universidad, Estado y sociedad predominante en nuestra historia. Entendemos que es una relación a modificar en base a una estrategia de desarrollo nacional y no en función de las propuestas del mundo privado, ya que si esta demanda es resuelta por el mercado lo que se logrará es una segmentación de los circuitos educativos, perpetuando las diferencias de clase existentes en la sociedad.

Quienes queremos una Argentina desarrollada y socialmente justa, entendemos a la universidad como una de las herramientas para construir ese desarrollo. Otros proyectos políticos desestiman el papel del Estado y de la universidad, por eso buscan atacarlo esgrimiendo móviles de “eficacia y efectividad”. Desde esta supuesta racionalidad universal pretenden impugnar a las universidades nacionales, cuando un análisis de nuestro pasado reciente muestra que, con políticas activas, las universidades pueden corregir las tendencias negativas que las atraviesan. En otras palabras, aquello que se presenta como racionalidad universal no es más que el fruto de intereses de los negocios educativos privados por quebrar la hegemonía que tienen nuestras universidades en la formación superior.

* Autor de La política universitaria del primer peronismo; docente y no docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Extraido de http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-298620-2016-05-06.html

LO INÚTIL DE MACRI

Norberto Alayon - Buenos Aires, 4 de mayo de 2016

Todos los 1º de mayo se conmemora el Día del Trabajador. A partir del gobierno del empresario neoliberal Mauricio Macri, que asumió hace casi 5 meses, ya se produjeron en el país más de 120 mil despidos de trabajadores (inclusive, algunos estudios de centros especializados hablan de 140 mil). El 29 de abril se concretó una multitudinaria movilización sindical para protestar contra la enorme pérdida de puestos de trabajo y brindar apoyo a la sanción de una ley antidespidos (para proteger el empleo), acerca de la cual el gobierno amenazó que la vetaría en caso de ser aprobada.

El 1º de mayo, el presidente Macri decidió compartir un almuerzo con un reducido sector sindical, que encarna las posiciones de derecha más recalcitrantes, que formaron parte del devastador proyecto menemista y, a la vez, con conexiones diversas con la dictadura cívico-militar de 1976 que asoló al país. Con este sector, el presidente Macri se sintió cómodo para compartir la ingesta dominical, junto a su esposa Juliana Awada (exitosa empresaria de cuestionados talleres textiles), su ministro de Trabajo Jorge Triaca (hijo), que el mismo 29 asistió a una misa en memoria del represor de la dictadura Miguel Ángel Egea, involucrado en reducir los bienes que robaban a los secuestrados en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), y Marcos Peña, su Jefe de Gabinete.

En la ocasión, el presidente Macri puso en evidencia -una vez más- su densidad intelectual, expresando que “Hace cinco años que no se genera trabajo de calidad, porque ocultaron el desempleo con trabajo público inútil” (destacado nuestro). “La primera víctima es la persona, cuando se da cuenta que no cumple una tarea útil para la sociedad. La suma de los empleos inútiles es una ruta descuidada donde los argentinos pierden la vida”.

El gobierno, conducido en áreas estratégicas por una gran cantidad de empresarios y CEOs de empresas nacionales e internacionales, viene desplegando una arrasadora tarea antiestatal que se manifiesta en los despidos de trabajadores (aunque a muchos los reemplaza por los militantes propios del partido PRO) y en el cierre, desmantelamiento, suspensión, o reducción de planes y programas diversos, tales como Arsat 3, Atucha 3, Conectar Igualdad, Fines, Progresar, Orquestas Infantiles, Centros Culturales, Qunitas, Argentina Sonríe, Televisión Digital Abierta, entre muchos otros. Todo ello acompañado de una enorme campaña de estigmatización, difamación e insultos plasmados en las difundidas expresiones de “ñoquis” y “grasa militante”.

En la folletería oficial de la campaña presidencial de la Alianza Cambiemos, el entonces candidato Mauricio Macri exponía sus “sueños y compromisos”. Afirmaba: “Mi primer desafío como presidente será POBREZA CERO. Vamos a ayudarte para que tengas más oportunidades, porque es inaceptable que haya tantas personas sin trabajo y muchas otras que ven que su esfuerzo no alcanza para crecer”. Y “Es hora de UNIR A LOS ARGENTINOS y mejorar nuestra convivencia. No te vas a sentir agredido si pensás distinto; una justicia independiente se ocupará de defenderte a vos y no al poder”.

Hoy, ya como presidente, el trabajo público le parece inútil a Mauricio Macri y los incesantes despidos se suman de a miles. Es probable que le parezcan más útiles las designaciones actuales de otros empleados y funcionarios públicos, muchos de ellos parientes directos de los dirigentes de la Alianza PRO-Cambiemos en el poder, y algunos hasta sin reunir los “requisitos mínimos” para la función. Veamos, por ejemplo, algunos de los tantos casos: Inés Zorreguieta Cerruti, hermana de Máxima la Reina de Holanda, en el ministerio de Desarrollo Social; Beatriz Orlowski, esposa del diputado y dirigente del PRO Eduardo Amadeo, también en el ministerio de Desarrollo Social; Carla Piccolomini, esposa del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en Radio y Televisión Argentina; María Cecilia Loccisano, esposa del ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), en el ministerio de Salud; Josefina Rouillet, esposa del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en el Fondo Nacional de las Artes; Mario Frigerio, tío del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en la AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones); Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, en ARSAT; Amadeo Nicora, primo del ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, en el INTA; Matías Santos Crocsel, hijo del ministro de Turismo, Gustavo Santos, en el mismo ministerio; María Alejandra Illia, prima de la vicepresidenta Gabriela Michetti, en el Senado de la Nación; Enrique Pinedo, hermano del senador Federico Pinedo, en el mismo Senado nacional; Marina Klemensiewicz, esposa del Vocero presidencial, Iván Pavlovsky, en la subsecretaría de Hábitat; Iván Kerr, primo del presidente de la ANSES, Emilio Basavilbaso, en la subsecretaría de Vivienda; entre los de mayor trascendencia pública en el corto tiempo que lleva “Cambiemos” en el gobierno.

Mariana Mazzucato es una economista italiana, docente de la Universidad de Sussex (Inglaterra) y autora del libro “El Estado emprendedor”. Recientemente estuvo en Santiago de Chile, invitada a dictar la Cátedra Prebisch en la CEPAL. Al pasar por Buenos Aires fue entrevistada por el periodista Tomás Lukin, quien publicó el reportaje en el suplemento “Cash” del diario “Página 12”, del 30 de abril pasado. En sus declaraciones formula significativas apreciaciones sobre el papel del Estado:

“En países como Estados Unidos, China y Alemania, el crecimiento fue el resultado de un Estado muy activo en la innovación”. “La pregunta entonces es quién se beneficia de esa visión estúpida donde el Estado queda relegado al rol de porrista en lugar de ser un jugador relevante”. “Sin el Estado liderando los procesos de innovación es imposible lograr el desarrollo. Como dice Bill Gates: ‘el sector privado es inepto, el Estado debe liderarnos y nosotros lo seguimos’”.

Lo políticamente “picante” de este reportaje surge de lo que escribió en su cuenta de twitter, la profesora Mazzucato: “Ayer hablé con el presidente de Argentina Macri. Charlamos sobre el rol del Estado en la innovación y por qué las políticas económicas neoliberales fallan. No estoy segura que lo haya entendido” (destacado nuestro). La experta italiana habrá viajado de regreso con esa duda, pero a una enorme cantidad de argentinos nos queda la certeza, para nuestra desgracia, de que Macri no entendió o no quiere entender el perjuicio que le está ocasionando al país.

En el mes de noviembre de 2014 se llevó a cabo, en Buenos Aires, un encuentro organizado por un denominado Foro de Convergencia Empresarial. En ese evento, en el que participaron los directivos de las principales compañías del país, intervino el representante de la importante empresa argentina Techint (que tiene fijado su domicilio en Luxemburgo), la cual, presidida por el ítalo-argentino Paolo Rocca, se dedica a la fabricación de caños sin costura, destinados a la industria petrolera.

Con brutal sinceridad, el representante del Grupo Techint expresó que “El mercado le va a ganar al Estado”. Fantástica convicción que revela el posicionamiento ideológico-político de este tipo de empresarios que, a la par de lucrar con el Estado, simultáneamente se proponen debilitar y “derrotar” al Estado, si éste no se somete de manera dócil y cómplice para garantizarles sus enormes ganancias.

Seguramente, esos empresarios tenían en el 2014 añoranzas de otros períodos, de otros gobiernos y de otros funcionarios que servían más puntualmente a los intereses de las empresas “argentinas”. Debían extrañar al Dr. Juan Alemann, quien fue secretario de Hacienda del dictador militar Jorge Rafael Videla y del dictador civil José Alfredo Martínez de Hoz, cuando afirmaba con convicción que “… en definitiva, el Estado es el socio oculto de todas las empresas privadas”. En algunos momentos de la historia, el Estado opera como el “socio oculto” de las empresas privadas y en otros como el “socio desfachatado” que ya no necesita disimular, momentos en los cuales los sectores del gran capital despliegan obscenamente sus enormes privilegios, con toda soberbia y hasta como si se tratara de un hecho “lógico y normal”. Muchos empresarios “nacionales” se enriquecieron de manera exponencial e inimaginable con los negocios que encararon con el Estado o con la protección del Estado, especialmente durante la dictadura cívico-militar y luego con el menemismo (aunque también en otros períodos). Sería muy ilustrativo constatar, por ejemplo, la cantidad de empresas y de capital acumulado por parte del Grupo Techint o del Grupo Macri, antes y después de la dictadura (1976-1983).

Estos sectores, hoy fuertemente encarnados en la conducción del gobierno nacional, no soportan la existencia de un Estado que tienda siquiera a regular los intereses no idénticos entre el capital y el trabajo. Quieren un Estado que sólo exprese y defienda sus intereses, al cual puedan condicionar y hasta conducir para imponer con impudicia las reglas y los intereses del mercado. De ahí se desprende su desmedido y sistemático afán de debilitar a todo aquel Estado que intente ponerle límites a su voracidad.

Hoy, a escasos cinco meses de la restauración de un proyecto conservador, en los argentinos se va acrecentando la marcada desazón acerca de la probidad y la inteligencia de los gobernantes actuales, corroborándose con esta degradada caracterización de “lo inútil” en el discurso y en el accionar del presidente Mauricio Macri.

Juan Enrique Guglialmelli y las relaciones argentino brasileñas

Aritz Recalde, abril de 2016

Proyecto de Investigación “Modelos de desarrollo Argentino Brasileño”,

UNAJ – Secretaría de Política Universitaria.

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En el mes de enero del año 1970 Juan Enrique Guglialmelli[1] publicó en la revista Estrategia el texto “relaciones argentino – brasileñas”. Allí manifestó que las vinculaciones con Brasil “constituyen uno de los elementos claves de la política exterior de la Argentina. Lo fueron en el pasado y lo serán sin duda en el futuro” (Guglialmelli 1970: 59).

Guglialmelli analizó las vinculaciones entre ambos Estados desde una perspectiva del desarrollo nacional argentino. En su punto de vista, la nación es “la matriz dentro de la cual resulta posible desenvolver las potencialidades espirituales, culturales y materiales de un pueblo. La necesidad de extender a todos los sectores del aparato productivo (integración sectorial) y a todas las regiones del país (integración geoeconómica) la acción dinámica del desarrollo, supone, justamente, la toma de conciencia de la solidaridad nacional y el desenvolvimiento consecuente de lealtades hacia todos los miembros de la sociedad” (Guglialmelli 1970: 64).

El autor describió las políticas de Brasil y estudió su vinculación con la economía, el territorio y las relaciones exteriores de nuestro país. Consideró que era estratégico para el desarrollo de Argentina, conocer y predecir los objetivos nacionales y políticos del país vecino. Guglialmelli destacó que nuestra clase dirigente subestimó las cuestiones geopolíticas y menospreció el problema del espacio y olvidó aspectos fundamentales como el de las regiones “fronterizas marítimas”. El autor resaltó que los gobiernos argentinos desconocieron el significado geopolítico de factores como la energía, la minería o la industria (Guglialmelli 1976 b: 239-240).

Estas variables tenían que ser analizadas conjuntamente con los factores geopolíticos mundiales que operaban en el contexto y que influían sobre el desenvolvimiento de la Cuenca del Plata.

El gigante brasileño

Guglialmelli destacó la importancia geopolítica para la Cuenca del Plata, el hecho de que Brasil sea el país más extenso y poblado de Sudamérica. En el año 1970 Brasil tenía un crecimiento vegetativo del 3,3 % de su población, perfilándose en el mediano plazo entre los cinco países más poblados del mundo. En 1976 resaltó como un acierto el movimiento migratorio de la población brasileña, que se desplazó de Río de Janeiro hacia el sur, oeste y sudoeste del país. El caso argentino era diferente y las migraciones se trasladaron hacia las grandes ciudades de Rosario y de Buenos Aires. El autor manifestó que la población “brasileña avanza desde el litoral hacia el interior de su territorio, la nuestra abandona el interior, concentrándose sobre el área puerto” (Guglialmelli 1976 b: 227).

Brasil expandió su territorio en las etapas históricas de la colonia, del Imperio y de la Republica. Como resultado de un importante crecimiento espacial, el país compartía con la Argentina 1000 Km de longitud de fronteras.

Con la finalidad de describir la política espacial brasileña, en un artículo del año 1973 Guglialmelli retomó nociones del coronel brasileño Mario Travassos, a quien le atribuyó divulgar una política tendiente a fortalecer el control territorial de Bolivia y Paraguay, neutralizando la acción argentina. Aplicando la lógica argumental del coronel, Brasil organizó un sistema de ampliación y de modernización de caminos y de puertos que conectaban al país con el comercio de la Cuenca del Plata.

Es en este sentido, que el país vecino impulsaba el Operativo Misiones con el propósito de “incorporar la zona argentina al norte y noreste de Santo Tomé (Corrientes) al área de influencia de Porto Alegre – Río Grande” (Guglialmelli 1973: 123). En el mismo artículo, el autor destacó que la “llave” del nuevo sistema portuario para integrar físicamente la Cuenca del Plata, sería Río Grande que se habilitaría como “superpuerto” antes del año 1980. En un texto del año 1974 insistió en que “Brasil pretende que Río Grande compita con Buenos Aires y Montevideo, para lo cual no sólo amplía su capacidad portuaria, sino que extiende su área de influencia mediante su red vial y ferroviaria, hacia Misiones, Corrientes, Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay” (Guglialmelli 1974 b: 182).

Según Guglialmelli, Brasil había conformado políticas de Estado tendientes a fijar prioridades para el desenvolvimiento de sus industrias y servicios básicos. El autor destacó en 1979 que:

 “Brasil no acepta la “apertura de su economía”, esto es desproteger la industria propia en beneficio de la ajena, o subordinar su estrategia en la materia a las conveniencias de afuera, no concordantes con su interés nacional (…) Desde una perspectiva histórica, la protección industrial fue el método al cual recurrieron las grandes potencias del mundo moderno para emerger como tales. Así procedieron Alemania, Japón, Francia o la Unión Soviética. Y es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde el proteccionismo fue predicado y practicado por Alexander Hamilton desde el día siguiente de la independencia y que triunfó definitivamente en la Guerra de Secesión (Guglialmelli 1979: 464).

En el siglo XX Brasil impulsó la siderurgia, el rubro textil, el sector automotriz, papelero o químico y para eso dispuso de inversiones de los Estados Unidos. La Inversión Bruta Fija Argentina del año 1978 no duplicó el monto de 1960, cuando en Brasil del mismo periodo se multiplicó por siete (Guglialmelli 1980: 561). El resultado de esta política, fue el mantenimiento de importantes tasas de crecimiento económico superiores a las de Argentina. Guglialmelli mencionó que a comienzos de la década del sesenta el PBI brasileño expresado en dólares era un 50% superior al argentino y que en el año 1978 la diferencia superó el 200%. 

El país avanzó en el control de sus reservas minerales y energéticas con la finalidad de apuntalar su industria pesada y desarrollar el “interior” del extenso territorio. Poco a poco, fue variando el perfil exportador de ambos Estados y nuestro país se perfiló como proveedor de productos primarios y Brasil como abastecedor industrial. Guglialmelli mencionó que las:

“exportaciones de Brasil hacia Argentina mostraban una mayor participación de productos industriales (…) el cambio operado en la estructura comercial bilateral entre la Argentina y Brasil se generó en el contexto de una agresiva política comercial brasileña, con fuertes rembolsos y amplia financiación al exportador, y en el marco de un sostenido y creciente aumento en la actividad económica. Este panorama alentador para las colocaciones externas brasileñas se enfrentó, desde la Argentina, con una política de apertura externa con reducciones arancelarias y sobrevaluación del tipo de cambio, tendiente a aumentar la corriente importadora y desalentar el avance de las exportaciones industriales” (Guglialmelli 1980: 563).

Según el analista argentino no todas eran buenas noticias en Brasil, ya que en el país coexistían el crecimiento económico y la acumulación concentrada de riquezas, con severas dificultades sociales. El acelerado desenvolvimiento económico de Brasil no le permitía terminar con la pobreza, el analfabetismo o con la existencia de áreas económicas pre capitalistas. Además, Brasil arrastraba importantes desigualdades económicas y sociales regionales entre el norte y el sur.

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[1] Enrique Guglialmelli (1917-1983) fue un militar e intelectual argentino especializado en cuestiones de geopolítica. Según se manifiesta en una entrevista que le realizó el Diario Panorama el 7/12/1970, integró la oposición a Juan Perón en el levantamiento castrense del año 1951. Durante el gobierno de Arturo Frondizi fue Secretario de Enlace y Coordinación. Acompañó al gobierno militar del año 1966 y por solo cuatro meses fue el Secretario del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), de donde renunció por tener públicas diferencias con las políticas liberales del plan económico (Guglialmelli 1971: 97- 106) (Jaramillo 2007:13-22). Se desempeñó como Director de la Escuela Superior de Guerra y del Instituto de Estudios Estratégicos y de las Relaciones Internacionales donde publicó y dirigió la revista Estrategia.  

Presentación del libro "Intelectuales, peronismo y Universidad" en la ciudad de La Plata

Resumen libro de Aritz Recalde “Intelectuales, Peronismo y Universidad”, Editorial Punto de Encuentro, año 2016.

Mencionó Salvador Ferla que “Dice Hegel en su Filosofía de la historia, que en América hasta los pájaros son inferiores. Opinión fácilmente refutable pero explicable en un europeo. Nuestros Sarmientos y Alberdis iban más allá. Pensaban que no sólo eran inferiores las aves sino los hombres”. Quienes escribieron la historia intelectual de la Argentina del Siglo XX y en particular aquellos que hablaron del Peronismo, continuaron la interpretación de Hegel y de los Sarmientos.

Surgieron libros, cátedras universitarias o artículos periodísticos que repitieron al unísono, que el Peronismo fue un movimiento político anti intelectual. Incluso, trascendió que el líder de ese Movimiento postuló la supremacía del calzado “alpargata criolla”, sobre la cultura europea y refinada del “libro”. No fueron pocos los investigadores, docentes o periodistas que al momento de tratar las políticas universitarias del peronismo, hablaron de proyecto “represivo” o incluso “policial”.

El libro “Intelectuales, Peronismo y Universidad” interpela y discute con argumentos y fuentes documentales a estos autores y sus interpretaciones, a las que denominó como “historia oficial de los intelectuales”.

Recalde destaca que el peronismo tuvo un PROYECTO UNIVERSITARIO que articuló los objetivos del pueblo y el nacionalismo, con los postulados propios de la reforma de 1918. En el año 1949 el gobierno sancionó la gratuidad universitaria y durante esa misma etapa, los docentes adquirieron el derecho a la dedicación exclusiva en sus cargos. En el tercer gobierno peronista los trabajadores no docentes ingresaron al gobierno universitario, que fue regulado por mandato expreso de la ley del año 1974. Durante la etapa se impulsó la expansión de la universidad en las provincias y la apertura de carreras regionalizadas como fueron los casos de las ingenierías de la Universidad Obrera Nacional.

El libro “Intelectuales, Peronismo y Universidad” reconstruyó los desarrollos de las CIENCIAS SOCIALES durante el Peronismo y en los años sesenta. El trabajo demuestra a partir de una recuperación de autores, libros e investigaciones, la existencia de una copiosa producción de docentes y de intelectuales.

Entre los aportes fundamentales del libro, se encuentra la recuperación de un grupo de INTELECTUALES escasamente difundidos y que fueron los artífices de una generación cultural en nuestro país y la región. Recalde reconstruye el ámbito de producción intelectual de los años cuarenta y cincuenta y demuestra que a diferencia de lo manifestado en investigaciones tradicionales, existió de una importante producción. El libro desarrolla el legado para la sociología de los docentes Juan José Hernández Arregui (UBA-UNLP), Alfredo Poviña (UBA-UNC) o José E. Miguens (UBA). Recalde menciona que en Derecho dio clases el introductor de Kelsen en el país, Calos Cossio (UBA) o el redactor de la Constitución Nacional de 1949, Arturo E. Sampay (UBA-UNLP). La filosofía tuvo un crecimiento importante con las plumas de Carlos Astrada (UBA-UNLP), Rodolfo Mondolfo (UNC), Rodolfo Agoglia (UNLP), Coriolano Alberini (UBA) o Nimio de Anquín (UNC). El autor destaca el crecimiento de las Ciencias de la Educación de la Argentina con los aportes de figuras de la talla de Emilio Cassani (UBA – UNLP).

El libro de Recalde se extiende en el tratamiento de los aportes teóricos de intelectuales de los años sesenta poco difundidos actualmente, como son los casos de Conrado Enggers Lan, Roberto Wilner, Justino O´Farrell, Roberto Carri, Enrique Pecoraro, Pablo Franco, Fernando Alvarez, Guillermo Gutiérrez, Justino O´Farrell, Gunar Olsson o Amelia Podetti.

El autor analiza las obras de estos intelectuales y su inscripción en el contexto político. Del trabajo surgen interrogantes como ¿cuál es el rol de la ciencia social? o ¿la ciencia, la ideología y la política están relacionadas?. La investigación analiza los aportes teóricos de los intelectuales y sus derivaciones políticas, que contribuyeron a la creación de nuevas articulaciones entre los sectores medios y los sindicatos.  La investigación profundiza debates centrales de los años sesenta y setenta sobre la historia, la violencia o el peronismo.  

El libro de Recalde continúa la propuesta de Norberto Galasso quien manifestó que “Tan grave, pues, resulta cerrarse totalmente a las ideas y experiencias producidas en otras partes del mundo, como rendirse ante ellas colonialmente.”

Presentación del libro "SOCIOLOGÍA PERONISTA"

A CARGO DE:

 ICIAR RECALDE  (Prof. de Sociología de la cultura latinoamericana de la FPyCS UNLP y de Literatura argentina del siglo XX de la UNLP)

DANIEL DI GIACINTI (Presidente de la Fundación Villa Manuelita)

 VIERNES 20 de Mayo de 2016    19.30 hs. 

 "La Chamuyera" 

CIUDAD DE ROSARIO

Calle Corrientes 1380 

Organiza: Fundación Villa Manuelita-Rosario