Aritz
Recalde, junio 2016
Extraído de la Revista Orillera, Año 1, N 1.
Invierno 2016
La reciente escena que protagonizó el ex secretario
de obras públicas de La Nación José López, desató un debate sobre la corrupción.
Más allá de lo que se puede suponer, consideramos que el concepto de corrupción
no es una categoría simple de definir, por el hecho de que forma parte de una
disputa política de sentido.
Tradicionalmente las elites y sus aparatos de
comunicación, destacaron que la corrupción es una actitud propia de la
dirigencia partidaria. Dicha suposición, tiende a subestimar la gravedad de actos
ilícitos que son efectuados por grupos empresarios contra el patrimonio público
y que disponen de complicidad de sectores del Poder Judicial. El presente texto
destaca que:
a-
La
noción de corrupción es una construcción política y sus alcances forman parte
de una lucha por el poder económico y social.
b-
La
corrupción es un recurso fundamental para la acumulación económica del
capitalismo neoliberal.
c-
La
corrupción económica existe en base a la complicidad y/o participación judicial
y mediática.
La corrupción partidaria es trasversal a
las fuerzas políticas
La participación de funcionarios en actos de
corrupción contra el Estado, es tan vieja como la actividad política. Lo mismo
se puede decir sobre la utilización de la categoría corrupción, que
históricamente se esgrimió para justificar la asunción de diversos y
contradictorios tipos de gobierno, incluyendo aquellos derivados de golpes de
Estado.
Uno de los primeros corruptos de la vida
nacional independiente fue Bernardino Rivadavia, quien se desempeñó como
representante de empresas que negociaban con el gobierno que él mismo presidía.
Tal cual documentó José María Rosa, Rivadavia - adelantándose en más de un
siglo al macrista Juan José Aranguren- recibía una “comisión” por parte de
empresas mineras inglesas, a las cuales intentó otorgarles licencias de explotación
de los recursos naturales de la provincia de la Rioja. Manuel Dorrego llamó a
este sistema donde el poder económico controla las decisiones políticas, como
la “aristocracia del dinero”. Para
debilitar la capacidad de lobby de los ingleses, Juan Manuel de Rosas
directamente cerró el Banco Nacional refundado por Rivadavia. Varias décadas
después, Hipólito Yrigoyen hacía campaña electoral por el voto secreto al cual
consideraba como un mecanismo tendiente a evitar el corruptor ejercicio de la
“compra” de voluntades. Paradójicamente, los titulares del golpe de Estado que
lo derrocaron justificaron su salida del gobierno acusando la UCR de
protagonizar negociados, coimas o la entrega fraudulenta de cargos públicos. Al
proyecto iniciado en el año 1930 José Luis torre lo caracterizó directamente de
“infame”, por considerar que
funcionaba como un mecanismo político tendiente a “vender a la patria”. Otro caso que adquirió notoriedad fue el
denunciado por Lisandro de La Torre. En el año 1935 siendo senador, el titular
del Partido Demócrata Progresista se opuso férreamente al accionar del gobierno
de Agustín Justo, al cual acusó de beneficiar ilícitamente a los frigoríficos
ingleses. En parte, la justificación de la revolución del año 1943 tuvo que ver
con un intento de superar un sistema de fraudes políticos, económicos y de
injusticias sociales. Juan Perón al momento de lanzar el Estatuto del Peón
Rural, aseveró que la oligarquía controlaba el Estado y se repartía las “ganancias con los caciques” y actuaba
con “merodeadores de grandes empresas”
y con los “escribas sin escrúpulos al
servicio de los poderosos”. A la caída de Perón los militares ordenaron
realizar un informe sobre la gestión del gobierno depuesto. La investigación
fue publicada en el año 1958 bajo el titulo “El libro Negro de la Segunda Tiranía” y acusó al peronismo de ser “corruptor y demagógico”, cuestión por lo
cual la asonada castrense estaba justificada en la necesaria “reconstrucción moral”. Arturo Illia
anuló los contratos petroleros del también radical Arturo Frondizi, al
considerarlos carentes de legitimidad y “dañosos”
a los intereses de la Nación. Juan Carlos Onganía al asumir el mandato de facto
en el año 1966, mencionó que iba a cumplir un imperativo patriótico y
desinteresado tendiente a terminar con la “falsedad
y el engaño”. El periodista Rogelio García Lupo documentó con detalle la
trama de negociados efectuados por la conjunción de representantes civiles,
jefes de armas y las corporaciones trasnacionales desde 1966. Lupo resaltó que
durante los años sesenta las corporaciones y la corruptela política y militar
organizaban un “gobierno invisible”
que beneficiaba a las dominaciones extranjeras. En el año 1976 Jorge Rafael
Videla aseguró que asumía el mando del país para terminar con el “desgobierno, la corrupción y la complacencia”
del gobierno democrático de Isabel Perón. Durante la gestión militar ingresaron
al Banco Central y a la cartera económica, representantes directos de la
oligarquía, de la finanza internacional y de los grupos concentrados. Resultado
de su accionar, se consolidó una inmensa transferencia de recursos del conjunto
de la sociedad a un grupo reducido de factores de poder, entre los cuales
estuvo el grupo Macri que según el historiador Norberto Galasso, aumentó su patrimonio
de 7 a 47 empresas. A la vuelta de la democracia Carlos Melconian siendo Jefe
del Departamento de Deuda Externa, contribuyó a la licuación de la deuda de miles
de millones de dólares de los grupos económicos, entre los cuales estaba los
del presidente Macri. Durante el menemismo sectores del Partido Justicialista
estuvieron involucrados en ventas ilegales de armas a Ecuador, en el trágico
contexto de la guerra contra Perú. El gobierno de Fernando de La Rua involucró
a la UCR en un caso de coimas, cuya finalidad era aprobar la flexibilización
laboral contra los derechos trabajadores. Como resultado del escándalo de la
“Banelco” renunció el vicepresidente Carlos Álvarez. La participación de Federico
Sturzenegger en el Megacanje de deuda del año 2001, hoy es investigada
judicialmente. Resultado de esa onerosa negociación, el gobierno nacional pagó
comisiones cercanas a los 150 millones de dólares y negoció préstamos con la altísima
tasa de interés de hasta 15 %. Ricardo Jaime o José López, son dos figuras que comprometen
en casos de corrupción a miembros del partido Frente Para la Victoria. Fernando
Niembro debió renunciar en plena campaña electoral, por no poder justificar la
causa por la cual recibió más de 20 millones de pesos de parte del gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Existieron casos de corrupción en las filas de
los liberales, los conservadores, radicales, menemistas, kirchneristas o
macristas, sean civiles o militares, sin excepciones. El acto ilícito o de corrupción
suele derivarse en lo siguiente:
a-
Acumulación
personal de la riqueza a favor de los dirigentes.
b-
Acumulación
de riqueza al espacio político. José Luis Manzano, aunque luego lo negó, habría
bautizado este mecanismo como un “robo
para la corona”.
c-
Compra
de votos legislativos o de dirigentes con la finalidad de orientar sus
decisiones.
d-
Compra
de voluntades políticas por parte del poder económico o de otras elites.
Los casos ubicados en los puntos A y B son el
centro de la denuncia mediática y ocupan un espacio fundamental en la opinión
pública. Los golpes militares de 1930, de 1955 o de 1976 denunciaron,
principalmente, este tipo de accionar. La finalidad del universo C,
indudablemente, parece ser un mecanismo frecuente para la construcción de
consensos legislativos y partidarios en un ámbito donde se compran y se venden
votos y voluntades. El punto D y pese a ser el más oneroso de los cuatro ya que
implica la pérdida del patrimonio económico y de la soberanía de un país, suele
ser poco investigado por la justicia, escasamente conocido por la opinión
pública y ocultado por la prensa. Yrigoyen, Lisandro de La Torre, Perón, Illia
o García Lupo, consideraron a esta corrupción como el mecanismo y la garantía
para la acumulación del poder económico de las elites antinacionales y
antipopulares.
Las diversas acusaciones que recibieron Mauricio
Macri y su grupo empresario se ubican en los universos A y D. El presidente
reconoció disponer de 18 millones de pesos no declarados en las Islas Bahamas y
no pudo negar que tiene cuentas en diversos paraísos fiscales como Panamá.
La Oficina Anticorrupción no parece muy
preocupada por estas difusas y contradictorias declaraciones gananciales de
Macri o de otros funcionarios nacionales como es el caso de Juan José Aranguren
que es accionista de Shell y contratista de la misma empresa desde el Estado
(corrupción tipo D). El gobierno de los CEOS que hoy controla la Argentina,
institucionalizaría un sistema de corrupción tipo D. Es de esperar que el
Estado reiteraría el mecanismo de transferencia masiva de fondos desde la
mayoría social, hacia la minoría empresaria, repitiendo lo ocurrido en todas
las oportunidades en las cuales las Corporaciones extranjeras controlaron el
gobierno con Onganía (Krieger Vassena), con Videla (Alfredo Martínez de Hoz),
con Menem (Roig de Bunge Born o Domingo Cavallo) o con De La Rúa (López Murphy
y Cavallo).
La doble vara para evaluar los actos de
corrupción
La noción de lo corrupto se construye a partir
de una articulación entre los poderes económicos, mediáticos, políticos y
judiciales. Lamentablemente, el Poder Judicial no parece ser un parámetro
imparcial y objetivo para definir los alcances y los responsables de la
corrupción. Por un lado, por el hecho que algunos jueces no están siendo
ecuánimes y suelen actuar en defensa de los partidos en el poder, de las
corporaciones económicas o bajo la influencia de los diversos poderes facticos.
Asimismo y tema más profundo, la legislación argentina es una representación
del poder existente y tiende a institucionalizar y a legalizar diversos
mecanismos de desigualdad y de transferencia de la riqueza colectiva hacia la
privada.
Dado el marcado partidismo de un sector
judicial, parecería que algunos de sus miembros están más preocupados por “imputar
mediáticamente” a una persona, que por hacerlo “judicialmente”. Dada la
mediatización de los casos, se invierte la lógica procesal y todos los
funcionarios son considerados culpables y son penados por la opinión pública
mucho antes del juicio previo que fija la ley. Como resultado de estas
operaciones, pueden declararte inocente judicialmente, lo que difícilmente va a
ocurrir es que te absuelvan éticamente frente a la sociedad. Si vas a la cárcel
o no importa poco y en realidad interesa que estés de por vida “preso políticamente”.
Cuando la corrupción involucra al poder
económico y a sus representantes, el tratamiento es más distante y menos
frecuente. Por ejemplo, la investigación de la evasión de las más de 4000 cuentas
bancarias en el HSBC de Suiza o la existencia de miembros del gabinete nacional
involucrados a estafas contra el Estado como fue el Megacanje de 2001, no se
presentan a la opinión pública como un caso flagrante de corrupción. Los actos
de evasión y de fuga de capitales son ocultados o matizados al atribuirlos a
omisiones desinteresadas de algún empresario, que en realidad haría ese delito
por “estar agobiado” como resultado de la presión fiscal del desmedido Estado
recaudador. Si un empresario roba al Estado en un paraíso fiscal, lo presentan
como parte de un problema de “confianza” que es causado por el gobierno. Se
invierte la prueba y el victimario se transforma en víctima. Por el contrario,
cuando un dirigente partidario estafa al Estado reteniendo dinero que no le
corresponde, lo acusan de ladrón y de hasta de traidor a la patria.
A diferencia de lo que se explica a la opinión
pública, la evasión fiscal de las corporaciones y el accionar mafioso que
conlleva la fuga de riqueza nacional empresaria, tiene una capacidad de daño social
muchas veces superior a aquella generada por los dirigentes que juntan billetes
en sus casas y/o autos. En ambos casos, sean funcionarios públicos, empresarios
o representantes de multinacionales en el gobierno, se está estafando al Estado
y al conjunto de la sociedad.
Debe quedar claro, que estamos muy lejos de
absolver de la responsabilidad que les cabe a funcionarios públicos o a
dirigentes partidarios, que en caso de demostrarse la apropiación ilícita de
recursos, deben recibir el peso de la pena judicial y de la reprobación de la
opinión pública. Esta circunstancia que es repudiable, no debe evitar la
posibilidad de conocer, de develar y de castigar la corrupción estructural protagonizada
por los grandes factores del poder económico.
La corrupción neoliberal
El sistema de acumulación de capital en el
neoliberalismo mundial, se desenvuelve organizando un sistema
institucionalmente injusto, antisocial y depredatorio del ecosistema y de los
recursos naturales. Además y cuestión cada día más evidente, el capital
trasnacional actúa violando la ley y estafando a los Estados y a los pueblos.
En Sudamérica los sistemas impositivos son
regresivos y benefician principalmente al capital trasnacional y a las
oligarquías. Pese a ello, existe un sistema organizado de evasión fiscal, de fuga
de capitales y de estafa permanente contra el Estado.
Entre las causas de la crisis económica mundial
del año 2008, está que las calificadoras de riesgo de inversión omitieron y/o
mintieron sobre la realidad financiera y bursátil. Estos entes que son manejados
por un pequeño círculo de factores de interés norteamericano y europeo, falsearon
la situación económica del sistema, permitiendo la ganancia fabulosa de reducidos
grupos de especuladores. Además de un extraordinario negocio, la corrupción de
las calificadoras favoreció la destrucción económica y financiera internacional.
Paradójicamente, actualmente esas mismas instituciones extorsionan a los países
en desarrollo bajando o subiendo el costo del crédito y la “credibilidad de los
gobiernos”. Su objetivo real es enriquecer a unos pocos grupos y Estados y ser los
garantes del ordenamiento geopolítico internacional.
La divulgación de cuentas no declaradas en el
HSBC o de los Panamá Papers, hicieron pública
la existencia de paraísos fiscales a
partir de los cuales los grandes financistas internacionales, los grupos
económicos de varios países y las corporaciones trasnacionales, evaden el pago
de impuestos y esconden riquezas no declaradas o de origen incierto. Este
sistema mundial de corrupción económica y financiera estructural, tiene
distintas terminales en Suiza, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur, las Islán
Caimán o el Reino Unido.
El daño económico, social y político de los
actos de corrupción estructural efectuados por las calificadoras de riesgo o
por la evasión de los paraísos fiscales es inmenso y contribuye a que el
sistema productivo mundial profundice la crisis.
Teatralización de la corrupción
Actualmente, pareciera que las denuncias de
corrupción importan más como actos de propaganda, que como acciones de
justicia. Varios jueces o fiscales actúan de manera tendenciosa y más allá de
la veracidad de la prueba y de la resolución final de la acusación, lo
importante es instalar el manto de duda acerca de la integridad del
funcionario. La sospecha de corrupción, sea real o infundada, es un instrumento
de persuasión política tendiente a disciplinar los comportamientos de los
dirigentes y a moldear la opinión pública. El modus operandi de varias de las
operaciones judicial - mediáticas parece ser el siguiente:
a-
El
guión de la teatralización lo redactan los servicios de inteligencia del Estado
por requerimiento de grupos económicos o de otros factores de poder.
b-
Un
fiscal y/o juez son los actores fundamentales de la película, que se construye previamente
con los medios de comunicación.
Los medios oligopólicos en sintonía con los
servicios de inteligencia y el Poder Judicial, preparan el momento de la
presentación pública del caso garantizando cobertura mediática e impacto
comunicacional. A contramano del típico secretismo y oscurantismo judicial,
algunos casos de investigación de hechos supuestamente de corrupción de
funcionarios públicos, se presentan en tiempo real con las cámaras de
televisión. Los periodistas de los grupos concentrados parecen empleados del Poder
Judicial y conocen los horarios, el día y el lugar de “algunos” allanamientos
de los domicilios de los imputados.
El manejo de la imagen y del contexto del
supuesto crimen, es fundamental y tiene que interpelar emocionalmente a la opinión
pública. Perros que huelen plata, vecinos que comentan insustancialidades o testigos
dudosos que historian la trayectoria supuestamente indecente de los acusados, forman
parte de la operación. Sobre la noticia judicial, se monta una maquina de
difusión desde los programas de espectáculo y de entretenimiento, que
garantizan que el público no especializado en temas técnicos se convenza de la
culpabilidad y maldad de los acusados. La veracidad o no de la denuncia importa
poco y lo fundamental es la capacidad de daño mediático que cae sobre los
acusados.
La utilización política del caso José
López
Tal cual adelantamos, la denuncia mediática y/o
la judicialización de la corrupción son construidas con finalidades políticas
determinadas históricamente. En el caso de José López la causa judicial está
siendo utilizada para:
a-
Debilitar
a Cristina Fernández de Kirchner y su círculo político.
b-
Dividir
al Frente Para la Victoria.
c-
Presionar
a la dirigencia partidaria para la aprobación de leyes o de proyectos de CAMBIEMOS.
d-
Debilitar
a la dirigencia política nacional, para empoderar a los grupos económicos y a
sus representantes.
e-
Construir
una agenda pública que oculte la trasferencia de la riqueza a los grupos
económicos que realiza CAMBIEMOS y que no permita debatir la grave situación
económica (recesión e inflación) y social (mayor desempleo, pobreza e
indigencia).
En definitiva, la sociedad argentina,
sudamericana e internacional debe combatir las diversas expresiones de la
corrupción. Por un lado, la partidaria por corroer la posibilidad del cambio de
la actividad política. Debe trabajar contra la acción fraudulenta de la
justicia, de los servicios de inteligencia y de los medios de comunicación que
pueden ser parte del problema y no su solución. Además y tema fundamental, hay
que erradicar el neoliberalismo financiero y especulador y su sistema
depredador, injusto y corruptor que está poniendo en duda la viabilidad del
planeta en su conjunto.
