lunes, 12 de julio de 2021

HAY QUE EXORCIZAR A HAITÍ

 por Carlos A. Pissolito para ESPACIO ESTRATEGICO 


Qué sabemos de Haití: que fue el primer país americano en obtener la independencia, pero que, luego, sufrió una larga lista de tragedias. Hoy, por ejemplo, es el país más pobre de América, el 80% de sus niños no sabe quién es su padre, 7 de cada 10 habitantes viven con menos de 1,5 U$ por día y un 30% lo hace con la mitad o menos. La mitad de su población es analfabeta y las condiciones de salud en Haití son de las peores del mundo. También, que Haití ha tenido alrededor de 30 dictadores.

Quizá, François Duvalier, conocido como “Papa Doc”, haya sido el peor de todos con casi 30 años en el poder. Se hizo famoso por lucir, en forma permanente, anteojos de sol y por sus temibles escuadrones de la muerte, los “Tomtom Macoute”.  Menos conocido es el hecho de que practicaba y que oficializó el culto ocultista del Vudú, por lo que adquirieron legitimidad las prácticas demoníacas con danzas desenfrenadas, sacerdotes poseídos por espíritus, sacrificio de animales y la adoración de serpientes. Todo un modelo para el mal.

Por otro lado, Haití ha sido siempre muy castigado por fenómenos naturales, por ejemplo, en el 2008 sufrió el paso de tres huracanes en el mismo año y otro en 2016. Pero, como si todo esto fuera poco, en el 2010 soportó un tremendo terremoto que causó más de 200 mil muertos y que dejó en ruinas su capital, Puerto Príncipe.

Paradójicamente, no han sido pocas las intervenciones extranjeras, supuestamente, destinados a ayudar a Haití a salir de su miseria.  Ya, a principios del siglo XX, el presidente de los EEUU, Woodrow Wilson, invadió Haití para contrarrestar la influencia del Imperio alemán, bajo el pretexto de  restaurar el orden después de la muerte del presidente Vilbrun Guillaume Sam a manos de un pueblo furioso y para defender los intereses del banco de inversión estadounidense Kuhn, Loeb & Co.

Más recientemente, después de la partida del "presidente vitalicio" Jean-Claude Duvalier, hijo de Papa Doc, en 1986, Haití tuvo una serie de gobiernos de corta duración. Por lo que en 1990, su gobierno provisional le solicitó a la ONU, el envío de observadores. El Grupo de Observadores de las Naciones Unidas para la Verificación de las Elecciones en Haití (ONUVEH) fue desplegado y Jean-Bertrand Aristide, un exsacerdote, del Frente Nacional por el Cambio y la Democracia, fue elegido presidente.

Pero en 1991, un golpe encabezado por el teniente general Raoul Cédras acabó con el gobierno democrático. El presidente se exilió. La OEA condenó el golpe y envió  al argentino Dante Caputo como su enviado especial en el país. Luego, a  solicitud del presidente derrocado se desplegó en el país una misión conjunta ONU/OEA, la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH) para promover los DDHH e investigar sus violaciones. En el interín, las FFAA haitianas fueron disueltas. Un hecho que es conveniente retener.

Ante la falta de resultados concretos de la MICIVIH, la ONU estableció a la UNSMIH  (Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití) en 1996, a los efectos de mantener la seguridad y un entorno estable mediante el establecimiento de una fuerza multinacional compuesta por 600 militares y de 300 policías provistos por Canadá y por Pakistán, a su vez,  financiados por Canadá y por los Estados Unidos. Pese a este esfuerzo, el país siguió sumido en un creciente caos social, económico y político, por lo que la misión fue cancelada sólo un año después, en 1997.

A la UNSMIH, le siguió la MIPONUH (United Nations Civilian Police Mission in Haiti), cuya principal tarea era ayudar al Gobierno de Haití en la profesionalización de una policía nacional. A ésta le siguió la MICAH, (International Civilian Support Mission in Haiti)  en marzo del 2000, su mandato fue el de consolidar los resultados ya obtenidos por la misión anterior y asistir en la consolidación del poder judicial y promover el respeto de los derechos humanos.

El 5 de febrero de 2004, durante la 3ra presidencia de Jean-Bertrand Aristide, estalló una rebelión en la ciudad de Gonaïves a cargo del Frente para la Liberación y la Reconstrucción Nacional y que antes había apoyado a Aristide. Los rebeldes tomaron el control de Gonaïves y expulsaron de las calles a la débil Policía Nacional de Haití. El movimiento, pronto se extendió a todo el país, al incorporarse veteranos de las disueltas FFAA.

A caballo de la rebelión, un equipo de diplomáticos de los Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile, trató de mediar entre Aristide y los líderes de la oposición. Pero, luego, en extrañas circunstancias, Aristide fue obligado a exiliarse y a abandonar el país en un avión provisto por los EEUU. Inmediatamente, la ONU autorizó una misión transitoria, la MIF (Multinational Interim Force) de imposición de la paz, por tres meses, integrada por contingentes militares a proveer por los EEUU, Canadá, Francia y Chile.

A su término, Boniface Alexandre, quien se había hecho cargo del gobierno como presidente interino de Haití, le solicitó a la ONU el establecimiento de una fuerza provisional de paz. Por lo que en febrero del 2004, se creó la MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití) En 2017 la misión acabó, siendo seguida por una misión política con efectivos policiales reducidos,  la  MINUJUSTH (Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití).

Lo que hicimos, nosotros, los sudamericanos: Seguramente, nuestro lector, a estas alturas, debe estar mareado con tanta sigla y con tanta sucesión de misiones fracasadas. Pero hay una de ellas, la de la MINUSTAH, que debe retener, por que se trata de la única que logró un éxito relativo; ya que se mantuvo por más de una década en Haití y pudo cumplir, si no con todos, con la masa de sus objetivos.

Para nosotros, las razones de su razonable éxito o que, al menos, no haya fracasado como las que la precedieron y las que las sucedieron se debió a lo siguiente:

1ro Fue una operación conducida por sudamericanos, los que hicieron honor a un estilo que destacamos en su momento. Al respecto ver: “Operaciones de paz: ¿hay un estilo sudamericano?” https://espacioestrategico.blogspot.com/2011/09/operaciones-de-paz-hay-un-estilo.html

2do A la par, también, estos mismos países sudamericanos se embarcaron en tareas políticas, sociales,  económicas y culturales, anexas a la operación de paz, propiamente dicha.

Concretamente y en forma sintética, podemos afirmar que la MINUSTAH nació de la decisión política compartida de tres presidentes sudamericanos. A saber: Nestor Kirchner de Argentina, Lula da Silva del Brasil y Ricardo Lagos de Chile. Bajo la conducción inicial y fundacional como “Force Commander” del general brasileño,  Augusto Heleno Ribeiro Pereira, quien supo volcar su experiencia en operaciones militares complejas y conducir al éxito a la misión impuesta por la ONU.

Para ello, los contingentes principales de Argentina, Brasil y Chile debieron adiestrar y equipar sus fuerzas para una serie de tareas para las cuales no estaban, totalmente, preparadas. Aunque Brasil contaba con la ventaja de que venía realizando misiones similares para pacificar las favelas de Río de Janeiro. Y Chile disponía de la experiencia de que sus tropas ya llevaban tres meses en el lugar.

Por su parte, la Argentina contaba con un excelente centro de entrenamiento para fuerzas de paz, el CAECOPAZ, en donde se procedió a entender el problema y buscarle una solución en base a la doctrina de las operaciones de paz complejas y a la historia militar universal. También, con la presencia de instructores policiales de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal Argentina y de oficiales de enlace de Brasil, Chile, EEUU, Francia y Gran Bretaña. A la par de oficiales de adiestramiento en el estado mayor de la MINUSTAH.

En pocas palabras, las fuerzas militares eligieron ser parte de la solución y no parte del problema, para lo cual debían evitar el Síndrome de Goliat y no aparecer como abusadoras del pueblo haitiano. Al efecto, se les proveyó de las reglas de empeñamiento adecuadas, así como de la inteligencia cultural que les permitiera lidiar con la situación de tener que operar en un país que no era el suyo.

En los hechos, durante más de una década la MINUSTAH pudo reemplazar al Estado haitiano que era inexistente. Realizando un sinnúmero de tareas, desde las humanitarias, la provisión de una limitada asistencia médica y hasta el mantenimiento del orden público. En forma paralela, se permitió la realización de elecciones libres, se recreó y se consolidó la Policía Nacional de Haití.

Lamentablemente, la ocurrencia del terremoto que además de los muertos civiles ocasionó la pérdida de casi 100 cascos azules, tuvo efectos devastadores. No sólo por la tragedia en sí, sino porque abrió la puerta a una catarata de ayuda humanitaria que no siempre pudo ser administrada correctamente en forma local. También, la difusión de una peste de cólera, traída por el contingente proveniente de Nepal, afectó en forma negativa a la misión. 

Asimismo, no podemos pasar por alto que los principales países contribuyentes comenzaron a sentir sobre sus hombros el peso de la tarea. Por ejemplo, en la Argentina, determinado sector político, no veía con buenos ojos que sus fuerzas de paz realizaran en un país extranjero tareas que les estaban vedadas por su marco legal.

Lo que habría que hacer: Tras el magnicidio de su presidente en ejercicio, Jovenel Moise y las inquietantes revelaciones que han seguido a este hecho que evidencian el empleo indiscriminado de compañías militares privadas al servicio de oscuros intereses. Sabemos que el gobierno interino de Haití ha pedido apoyo internacional para investigar los hechos y, también, la conformación de una nueva operación de para para mantener la paz y la estabilidad en el país, según lo ha informado la enviada de la ONU en el país, Helen La Lime.

Muy probablemente, hoy, carecemos de la sintonía necesaria en las respectivas agendas políticas del bloque regional conocido como el ABC. Pero, nunca se sabe, ya que sus FFAA han mantenido y mantienen una excelente relación. De hecho, Argentina y Chile, disponen de una fuerza de paz stand-by, la Fuerza de Tareas Conjunta Combinada “Cruz del Sur” que nunca ha sido empleada.

Por otro lado, no sólo habría que mejorar los resultados obtenidos por la vieja MINUSTAH, entre el que se cuenta, el nada despreciable, de haber dejado en Haití una fuerza policial operativa y eficiente.

Hoy por hoy, con ello no alcanza, ya que a Haití, le falta la columna vertebral de todo Estado necesita para existir. Vale decir, de FFAA profesionales bajo un adecuado control civil. Ya uno de sus presidentes, Michel Martelly, quiso restablecerlas bajo la forma de una guardia nacional; pero no pudo hacerlo al carecer, entre otras cosas, del apoyo de la ONU. (1)

Por lo que una nueva misión, debería enfocarse en esa tarea. La que tendría la ventaja adicional de incorporar la parte que hubiera quedado sana de sus disueltas FFAA, con lo que un natural foco para la conformación de bandas armadas de extinguiría.

 

Nota: Randal C. ARCHIVOLD (The New York Times). “Haitianos se entrenan para un futuro con Fuerzas Armadas”.

 

 

jueves, 8 de julio de 2021

En el cementerio de imperios enterraron a otro más

 Por Eduardo J. Vior para INFOBAIRES24


Después de un glorioso Desfile de la Victoria en Moscú el pasado 9 de mayo y de una combativa celebración del primer centenario del Partido Comunista de China en Beijing el pasado 1º de julio, este 4 de julio fue un triste Independence Day en Washington. Es que la retirada de la base militar de Bagram, 60 km al norte de Kabul, condensó en una imagen la derrota de los Estados Unidos después de 20 años de invasión en Afganistán. En la madrugada del 2 de julio y sin avisar al comandante afgano que debía asumir el mando de la instalación, las últimas fuerzas norteamericanas cortaron la electricidad y se escabulleron en la oscuridad.

La superpotencia imperial perdió la guerra más larga de su historia y no lo quiere reconocer, pero difícilmente pueda evitar que su derrota acarree una cadena de sinsabores en el sur de Asia.

Más de 1.000 soldados afganos huyeron este martes a la vecina Tayikistán ante el avance de los talibanes. Las tropas se retiraron por la frontera para «salvar sus propias vidas», según un comunicado de la guardia fronteriza de Tayikistán.

La violencia ha aumentado en Afganistán y en las últimas semanas los milicianos islámicos han conquistado importantes posiciones, especialmente en el norte del país, coincidiendo con la retirada de las fuerzas norteamericanas y sus aliados de la OTAN tras 20 años de ocupación. La gran mayoría de las fuerzas extranjeras ya se han ido antes de la fecha límite de septiembre y se estima que el Ejército Nacional afgano entrenado por los occidentales se desintegrará en pocas semanas.

En virtud de un acuerdo con los talibanes firmado en febrero de 2020, los occidentales debían retirarse hasta principios de mayo pasado, a cambio de que los guerrilleros dejaran de atacar a las fuerzas gubernamentales y siguieran combatiendo a las células del Estado Islámico que operan en el país. Luego los aliados postergaron su salida hasta septiembre próximo, pero en las últimas semanas la están apresurando.

Por su parte, los talibanes cesaron de enfrentar al ejército, pero su solo avance provoca la desbandada de las tropas gubernamentales y la caída de cada vez mayores territorios en manos de la guerrilla y a más velocidad. Tanta que los propios rebeldes están preocupados por no caer en una provocación que justifique la permanencia de la OTAN en el país. Desde mediados de abril, cuando el presidente estadounidense Joe Biden anunció el fin de la «guerra eterna» de Afganistán, los talibanes se han expandido por todo el país, especialmente en la mitad norte, un bastión tradicional de los señores de la guerra aliados de Estados Unidos que ayudaron a derrotarlos en 2001.

El mes pasado, el movimiento religioso tomó Imam Sahib, una ciudad de la provincia de Kunduz, en la frontera con Uzbekistán, y se hizo con el control de una ruta comercial clave.

En las últimas semanas han conquistado asimismo grandes áreas en las provincias de Badajshan y Tajar, en las fronteras con Tayikistán y China y ahora gobiernan aproximadamente un tercio de los 421 distritos y capitales del país. Al posicionarse en la frontera noreste, extendieron su dominio sobre una vasta diagonal que va desde Paquistán, en el suroeste, hasta Tayikistán y les abre importantes comunicaciones con los países vecinos. Este corredor sólo está interrumpido por algunas carreteras troncales que atraviesan el país de este a oeste y todavía están en manos del Ejército.

El presidente afgano, Ashraf Ghani, insiste en que las fuerzas de seguridad del país son plenamente capaces de mantener a raya a los insurgentes, pero ante la perspectiva de un pronto derrumbe, los países vecinos se están preparando para una posible afluencia de refugiados.

Para tratar de contener el desastre, a fin de junio el gobierno de Kabul ha vuelto a convocar a las milicias que habían sido desmovilizadas en la década de 1990. Se trata de bandas al servicio de señores de la guerra locales, mayormente pertenecientes a las etnias del norte, especializados más en saquear y masacrar a civiles que en combatir a la milicia islámica. Hace treinta años ocuparon el país después de la retirada de los soviéticos y se enfrascaron en interminables guerras civiles, hasta que el triunfo de los talibanes acabó con ellas en 1996. Ahora su renovada movilización preanuncia el renacer de las luchas facciosas.

Después de 17 años de guerra en 2018 los talibanes entablaron en Doha (Catar) negociaciones directas con EE.UU. (quienes obviaron a sus aliados afganos) y en febrero de 2020 acordaron la retirada de los occidentales en el plazo de 14 meses. Después de asumir el gobierno en enero pasado, el presidente Joe Biden ratificó la retirada estadounidense, pero retrasó por cuatro meses la salida de las tropas y, como se confirmó hace dos semanas por el hallazgo “casual” en una parada de ómnibus en el sureste de Inglaterra de una carpeta con documentación secreta de la Defensa británica, Washington está combinando con Londres la permanencia en Afganistán de fuerzas especiales que le permitan mantener el control sobre el camino del opio, el principal recurso exportable del país, que durante dos décadas ha financiado generosamente a los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos.

Desesperados por evitar la derrota, los servicios norteamericanos han pergeñado una estrategia para irse y quedarse al mismo tiempo. Según propuestas que se discuten en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por su nombre en inglés) y fueron publicadas en US Today el lunes 5, “se necesitan nuevas formas de mantener a varios miles de contratistas occidentales en Afganistán o cerca de él, para que estos expertos técnicos puedan ayudar a mantener los helicópteros y aviones cruciales para trasladar las pequeñas pero excelentes fuerzas especiales de Afganistán”.

Más adelante concede que “algunas zonas remotas del sur y el este del país, especialmente en los cinturones tribales pashtunes más afines a los talibanes, deberían ser cedidas al adversario”. Y, prosigue, “una vez que las tropas terrestres de la OTAN se hayan retirado, la potencia aérea de la OTAN con base en la región podría utilizarse para ayudar a las incipientes fuerzas aéreas afganas a apoyar a sus tropas sobre el terreno, cuando se encuentren bajo un ataque concertado”.

Para graficar que la retirada es sólo superficial, continúa, “algunas zonas que queden bajo control de los talibanes deberían ser contraatacadas en algún momento, siempre y cuando los líderes talibanes presenten objetivos atractivos para las fuerzas afganas”. Problemáticamente, reincide en el recurso a los señores de la guerra: “las más adecuadas de las muchas milicias de Afganistán deberían ser puestas en nómina por el gobierno e integradas en un plan general de campaña. Los pagos deberían estar supeditados a cierta medida de contención y respeto [sic] por las vidas inocentes por parte de estos grupos”. Del mismo modo sostiene que “debe desarrollarse una estrategia de protección de las zonas clave de Kabul con detalles tácticos.  Puede que no sea posible mantener toda la capital”.

Y finaliza reconociendo que “deben prepararse grandes campamentos para aquellos afganos que se conviertan en desplazados internos debido a los combates en sus regiones de origen o a la brutalidad del dominio talibán que puede resultar en algunas zonas”.

La propuesta estratégica brevemente reseñada muestra que Washington de ningún modo piensa retirarse de Afganistán, sino que retiran a las tropas regulares, pero continúan devastando ese sufrido país.

Su concepto busca azuzar la guerra civil, perpetuar los odios interétnicos e interconfesionales e impedir la reconstrucción de la maltratada nación centroasiática. Para EE.UU. y el Reino Unido es esencial impedir la consolidación de un Estado nacional afgano que, por tradición y lógica geopolítica y geoeconómica, se alinearía con los demás países de Asia Central enlazados a China, Rusia y Europa continental por la Nueva Ruta de la Seda.

Si las potencias anglosajonas perdieran el control de este Estado-nexo entre el centro y el sur de Asia, entre el este y el oeste, es muy difícil que consigan bases en otros países de Asia Central. Por lo tanto, deberían retirarse a países costeros del Océano Índico. Sin embargo, es previsible que un Estado afgano reunificado agudicen las corrientes centrífugas que fragmentan a Paquistán. Si India no quiere quedar fuera del mapa asiático, la última línea de defensa anglosajona en Asia del Sur puede terminar pasando por el mar.

Estados Unidos puede retrasar por meses y años la pacificación de Afganistán, pero la inmensa derrota que ha sufrido es inocultable. Cada uno de los tres imperios que antes se estrellaron con la resistencia de esta sufrida nación terminaron fracturándose, incapaces de resistir las tensiones étnicas y culturales desatadas por sus fracasos. El Imperio Americano debería aceptar su derrota, retirarse de Surasia y buscar un modo pacífico de convivencia con esas culturas milenarias, pero no parece dispuesto a aprender. Tanto peor y más largo será su sufrimiento y el que provocará a las víctimas de su agresión.

viernes, 2 de julio de 2021

El escudo de vacunas de Cuba y los cinco monopolios que estructuran el mundo |

 Boletín 26 (2021) del Instituto Tricontinental de Investigación Social


En 1869, a los quince años, José Martí y sus jóvenes amigos publicaron una revista en Cuba llamada La Patria Libre, que adoptó una posición fuerte contra el imperialismo español. El primer y único número incluyó un poema dramático de Martí, titulado “Abdala”. El poema es sobre un joven, Abdala, que sale a luchar contra viento y marea para liberar a su tierra natal, que Martí llama Nubia. “Ni laurel ni coronas necesita / Quien respira valor”, escribió el poeta. “¡A la guerra, valientes!” dice Abdala en su llamado, continuando con estas líricas palabras:

Y de escudo te sirva ¡oh patria mía!

El bélico valor de nuestras almas.

Martí fue arrestado y sentenciado a seis años de trabajos forzados. Finalmente, el gobierno colonial español lo envió al exilio en 1871. Pasó gran parte de ese tiempo escribiendo poemas patrióticos, ensayos y comentarios políticos y organizando la resistencia al imperialismo español, principalmente en Nueva York. Regresó en 1895, solo para ser asesinado poco después en una escaramuza. Su legado quedó plasmado en la guerra contra España en 1898 y en la Revolución Cubana que comenzó en 1959.

Los versos de Martí sobre “el valor bélico de nuestras almas” sirviendo al país como un “escudo” son la base para el nombre de la nueva vacuna cubana, Abdala. Esta vacuna, la quinta que ha producido Cuba, fue desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) en La Habana. Al anunciar los resultados de sus ensayos, BioCubaFarma, la principal institución en biotecnología y farmacéutica en el país, señaló que tiene una tasa eficacia de un 92,28%, casi tan alta como la eficacia de las vacunas de Pfizer (95%) y Moderna (94,1%). Esta vacuna es administrada en tres dosis, con intervalos de dos semanas entre cada una. Las autoridades cubanas planean vacunar a tres cuartas partes de su población para septiembre. Hasta el momento, ya han sido administradas más de 2,23 millones de vacunas a los 11 millones de cubanos en la isla, 1.346.000 de personas con al menos una dosis, 770.390 con la segunda dosis, y 148.738 con la tercera.

Cuba ya ha planeado exportar sus vacunas a diversos países del mundo y hasta ahora ha producido cinco diferentes candidatas a vacuna, incluyendo Soberana 02 y la vacuna intranasal sin aguja, Mambisa. Esta última, que representa una gran esperanza para la administración de la vacuna en países de bajos recursos, lleva ese nombre por los guerrilleros que lucharon en la Guerra de los Diez Años (1868-1878) por la independencia de España.

Todas estas vacunas han sido desarrolladas bajo las duras condiciones impuestas por el bloqueo ilegal de Estados Unidos. Desde 1992, la Asamblea General de la ONU ha votado anualmente contra el bloqueo estadounidense, excepto en 2020, cuando no hubo votación debido a la pandemia. El 23 de junio de 2021, 184 Estados miembros de las Naciones Unidas votaron nuevamente para poner fin a este bloqueo. En el contexto de la pandemia de coronavirus, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo: “Como el virus, el bloqueo nos asfixia y nos mata. Debe terminar”. Uno de los efectos del bloqueo es que ha impedido que Cuba pueda comprar ventiladores para tratar a pacientes críticos, ya que las dos compañías suizas que los fabrican (IMT Medical AG y Acutronic) fueron compradas por una empresa estadounidense (Vyaire Medical, Inc.) en abril de 2020. En respuesta, Cuba ha desarrollado su propio ventilador.

Al mismo tiempo, el país caribeño sufre de una escasez de jeringas, ya que los fabricantes de jeringas están de algún modo vinculados a la industria farmacéutica de EE. UU. Terumo (Japón) y Nipro (Japón) tienen operaciones en Estados Unidos, mientras B. Braun Melsungen AG (Alemania) está asociada con Concordance Healthcare Solutions (EE. UU.). Una empresa india de jeringas, Hindustan Syringes & Medical Devices Ltd., está vinculada a Envigo (EE. UU.), lo que hace que el gobierno estadounidense observe de cerca a dicha empresa. En un acto concreto de solidaridad, se está levantando una campaña para recaudar fondos para compra jeringas para Cuba.

El proyecto Our World in Data (‘Nuestro mundo en datos’) calcula que, hasta el 29 de junio, se han administrado poco más de 3.000 millones de dosis, lo que significa que han sido vacunadas menos de mil millones de personas de los 7.700 millones que hay en el mundo. Poco más del 23% de la población mundial ha recibido su primera dosis. Pero los datos muestran que los programas de vacunación han sido, como se esperaba, muy poco equitativos. En países con bajos recursos, solo el 0,9% de la población ha recibido al menos una dosis. En abril de 2021, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo: “Sigue existiendo un alarmante desequilibrio en la distribución mundial de las vacunas. (…) en los países de ingresos elevados casi una de cada cuatro personas ha recibido una vacuna, mientras que en los países de ingresos bajos son una de cada más de 500 personas. Permítanme que lo repita: una de cada más de 500 personas”. En mayo de 2021, Ghebreyesus dijo que el mundo estaba en una situación de “apartheid de vacunas”.

En febrero de 2021, en uno de nuestros boletines, el Instituto Tricontinental de Investigación Social señaló que vivimos en una época de “tres apartheids”: médico, de alimentos y de dinero. En el centro del apartheid médico está el nacionalismo de las vacunas, el acaparamiento de vacunas y, como le llama Ghebreyesus, el apartheid de vacunas. El asunto es muy grave. La alianza de vacunas COVAX ha visto que las vacunas quedan fuera de su alcance, tanto por los acuerdos bilaterales entre los países ricos y los productores de vacunas, como por la falta de apoyo financiero de parte de los Estados más ricos a los más pobres. Las tendencias muestran que muchos países no tendrán un porcentaje importante de su población vacunada antes de 2023, “si es que ocurre”, dice la Intelligence Unit de The Economist.

¿Cuál es la causa de estos tres apartheids? El control que un puñado de empresas ejerce sobre la economía mundial, impulsado por cinco tipos de monopolios, como planteó nuestro fallecido amigo Samir Amin:

El monopolio sobre la ciencia y tecnología

El monopolio sobre los sistemas financieros

El monopolio sobre el acceso a recursos

El monopolio sobre las armas de guerra

El monopolio sobre las comunicaciones

 

Estamos estudiando detalladamente esta lista y la relación entre cada uno de sus elementos, analizando si se ha dejado algo fuera. Amin sostiene que no es solamente la falta de industrialización lo que produce la subordinación de algunos países, sugiere que lo que ha mantenido al mundo en esta situación de profunda desigualdad han sido estos cinco monopolios. Al fin y al cabo, muchos países del mundo han desarrollado industrias en los últimos cincuenta años, pero siguen siendo incapaces de avanzar en un programa social para sus pueblos.

Para la discusión sobre el apartheid de vacunas son centrales al menos dos de esos monopolios: el monopolio sobre las finanzas y el monopolio sobre la ciencia y tecnología. La falta de recursos disponibles lleva a muchos países al Fondo Monetario Internacional (FMI), a diversos inversores públicos (el Club de París) o al capital comercial (el Club de Londres). Estos financistas siguen el ejemplo del FMI, que ha exigido a los países hacer recortes en diversas áreas cruciales para la vida, como la educación y la atención sanitaria. Reducir el financiamiento de la educación merma el potencial de los países de desarrollar suficientes profesionales científicos, así como el ambiente científico necesario para crear tecnologías esenciales como lo son las candidatas a vacuna. Recortar fondos al sistema de atención sanitaria y adoptar las reglas de propiedad intelectual que bloquean la transferencia tecnológica deja a los países desarmados para enfrentar adecuadamente la pandemia.

Una falta de fondos ha llevado a muchos Estados a abandonar la posibilidad de que puedan mejorar el bienestar de su población (en abril de 2020, 64 países gastaban más en servicio de la deuda que en su sistema sanitario). En plena pandemia, no basta con exigir la transferencia de tecnología a otros países para que estos puedan producir vacunas. La tecnología es la ciencia de ayer, la ciencia es la tecnología de mañana.

Utilizar la riqueza social de la población, enseñar ciencias y establecer una norma básica de alfabetismo científico son lecciones esenciales de la pandemia. Estas lecciones han sido bien aprendidas por el pueblo cubano. Es por esto que Cuba, contra todo pronóstico, ha desarrollado cinco vacunas diferentes. Abdala y las otras cuatro vacunas cubanas son un escudo contra el COVID-19. Estas vacunas surgen de la productividad social de la Cuba socialista, que no se ha rendido ante la vileza de los cinco monopolios.

 

 Cordialmente, Vijay.

¿ASISTENCIALISMO, AGUANTE O PROMOCIÓN?

 Carlos M. Vilas para la Revista Movimiento 


Toda Política Social conjuga una dimensión promocional y una dimensión asistencial, de acuerdo con la concepción doctrinaria y al programa político en los que se inscribe. La del peronismo fue promocional y de proyección universalista, tributaria de un rediseño amplio y profundo de la sociedad y el Estado. La dimensión asistencial pública –a pesar de su notoriedad y potenciación en recursos y eficacia en contraste con la tradicional beneficencia privada– fue complementaria, dirigida hacia aspectos y sujetos que por razones particulares o excepcionales no eran alcanzados por aquella. Esta relación se invirtió en los regímenes neoliberales, en los que la impronta promocional y universalista desapareció o se contrajo drásticamente y la dimensión asistencial devino asistencialismo: la focalización en casos particulares reemplazó al universalismo. La ampliación reciente del monto y la cobertura de la Tarjeta Alimentar suscitó críticas de dirigentes de organizaciones sociales del campo popular por el sesgo supuestamente asistencialista y las consiguientes limitaciones de la Política Social del gobierno del Frente de Todos, en el marco de este segundo año de enfrentamiento a la pandemia. En esta nota presento algunas reflexiones respecto de esas críticas y repaso las acciones, los instrumentos y la concepción política desplegados por el gobierno en las presentas circunstancias. La discusión y la valoración de determinados instrumentos de política expresa en realidad la presencia de concepciones diferentes respecto de qué posición tomar frente a las características institucionales y socioeconómicas de nuestra sociedad, y cómo encarar la pandemia con miras a construir escenarios ulteriores menos catastróficos que los que auguran las proyecciones de la realidad actual.

Integralidad y fragmentación en la Política Social La Política Social abarca un arco amplio de áreas y cuestiones referido de variada manera al bienestar de los individuos y las familias; en realidad, del conjunto de la sociedad –por eso se habla de bienestar social. Qué entiende una sociedad por bienestar varía de acuerdo con múltiples factores: la conciencia de justicia predominante, su gravitación en el modo de organización política, la matriz de relaciones de poder, el nivel y el estilo de desarrollo de las fuerzas productivas, el bloque de fuerzas que la conducen políticamente. Seguridad social, salud, vivienda, asistencia, educación, se consideran actualmente áreas integrantes de una concepción amplia del bienestar. Muchas otras cuestiones y campos de intervención que contribuyen a ese fin –empleo, infraestructura, transporte, ambiente– tienen incidencia en la calidad de vida de las personas y familias, pero en general –o en principio– no son consideradas en sí mismas competencia de la Política Social, por más que graviten en ella. Esto produce efectos en la organización de los gobiernos y en los modos y alcances de la gestión.

Algunas de las áreas referidas poseen, desde mucho antes que se hablara de “política social”, niveles propios de desarrollo, complejidad, dotación de recursos, etcétera, o por su contribución al esquema más amplio de desarrollo. A menudo las “sacan” del ámbito de la Política Social, o por lo menos asignan el diseño e implementación de sus acciones a esferas de gobierno específicas: ministerios, secretarías, coordinaciones. Por encima de las discusiones teóricas sobre la asignación de tal o cual área de intervención a tal o cual organismo o nivel jerárquico, suelen registrarse competencias por acceso a recursos y despliegue de carreras institucionales. Esto favorece la persistencia de un enfoque fragmentado más allá de lo que aconsejan la complejidad y especialización de las diferentes áreas, y contribuye a que las necesarias instancias de coordinación –creadas para asegurar coherencia en las acciones y prevenir la dispersión de esfuerzos y otras disfunciones– enfrenten limitaciones en el cumplimiento de sus objetivos. La coordinación resulta en muchos casos una yuxtaposición de aspectos parciales, más que la incorporación de esos elementos en una unidad superior de conducción. Tanto más cuando la instancia de coordinación tiene menor nivel institucional o político que las unidades supuestamente coordinadas. El problema es importante y obedece a una variedad de factores, pero su análisis excede el objeto de esta nota. Aquí diré solamente que no está causado únicamente por los vericuetos o las urgencias de la gestión, sino ante todo por una conceptualización insatisfactoria de la Política Social. Por razones teóricas o por imperativos prácticos se pierde de vista la integralidad de la Política Social y de su objetivo final –el bienestar social– en detrimento de las políticas sectorialmente consideradas.

El parcelamiento se advierte también en el campo académico: hasta donde me consta, los programas universitarios de Política Social –en cualquiera de sus niveles: grado o posgrado– se orientan explícita o implícitamente hacia la política asistencial. Dejan de lado su necesaria articulación a las restantes áreas que integran con ella una política por encima de parcelas y enfoques sectoriales, y contribuyen por lo tanto a un mismo y amplio fin. Esta desconexión teórico-metodológica abona el terreno para ulteriores disecciones prácticas y asigna a la Política Social una impronta conservadora que desconoce su virtualidad como herramienta de transformación. Al contrario, una concepción integral permite elaborar un diseño estratégico de la Política Social de acuerdo con sus objetivos de bienestar y las articulaciones recíprocas de las diferentes áreas y políticas sectoriales, así como una valoración de conjunto por encima de los logros o falencias de cada una de las políticas: toda acción política requiere una política general. En ausencia de esa visión general, la mira se centra en una parte o área de la política, y a partir de esa parte se predica sobre el todo, o el todo se diluye en alguna de las políticas sectoriales, o incluso en acciones o instrumentos particulares. Algo de esto está presente en las discusiones sobre los alcances y limitaciones de la Tarjeta Alimentar a las que me refiero en la sección siguiente.

Integralidad no es solo asunto de administración o de diseño normativo. Para que uno y otro sean efectivos deben sustentarse en una concepción de unidad de propósito del Estado y la acción pública. Esa concepción, más doctrinaria que meramente ideológica, dota de fuerza espiritual, coherencia e inspiración a la construcción normativa, y ofrece una interpretación de la realidad y una perspectiva de futuro, unidas por el imperativo de la acción. Si esa concepción doctrinaria no existe, ninguna ingeniería administrativa o jurídica podrá traerla a la vida.

En la Europa de la segunda posguerra del siglo pasado esa concepción nutrió al Estado de Bienestar en todas sus variantes. En Argentina constituyó el eje doctrinario del peronismo: la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación; la Justicia Social sustentada en la Soberanía Política y la Independencia Económica.

Las regresiones oligárquicas, las piruetas desarrollistas, las metamorfosis del capitalismo y las tropelías represivas no alcanzaron para desarraigarla de la conciencia popular. En la década de 1980 la Política Social dejó de ser un modo de organización del Estado –y por tanto de sus vinculaciones con el conjunto de la sociedad– para reducirse a política hacia los pobres. La reconversión fue detonada por el crecimiento exponencial del empobrecimiento de grandes sectores de la población; el acelerado deterioro del mercado de trabajo y de los sistemas de salud y educación públicas y de seguridad social; y la profundización de las desigualdades, en escenarios de reciente y problemática recuperación de los sistemas democrático-representativos. El sesgo promocional, la vocación universalista y la integralidad fueron remplazadas por la contención, la focalización y la fragmentación. La orientación hacia el bienestar fue sustituida por el combate a la pobreza y los programas de emergencia. Enmarcada por un vertiginoso y muy agresivo programa de privatizaciones, la asistencia social se convirtió en la cara visible de lo que alcanzó a sobrevivir de una Política Social, minimizada ahora a administración de programas diseñados “llave en mano” por los organismos financieros que promovían el ajuste.

La prioridad ya no era el bienestar, sino la continuidad de los pagos a los acreedores externos y la contención del malestar social. En una sociedad fragmentada por el impacto del “Consenso de Washington” y los efectos estructurales de la reconfiguración capitalista, con el surgimiento de nuevos actores sociales y el retroceso de otros, la integralidad en materia de Política Social resurgió en la Argentina de las primeras décadas de este siglo en los gobiernos peronistas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El tema ha sido ampliamente estudiado y debatido en textos propios y ajenos por muchos especialistas, compañeras, compañeros y colegas de diferentes orientaciones políticas y académicas.

También cuenta con trabajos ampliamente difundidos el examen de la contratendencia desatada durante el cuatrienio del gobierno macrista, las características del escenario socioeconómico, fiscal y financiero, y las condiciones de vida en que se hallaban grandes porciones de la población cuando ese gobierno resultó derrotado en las elecciones de octubre 2015 y asumió dos meses después el gobierno del Frente de Todos: dos años sucesivos de recesión económica (- 2,6% en 2018 y -2,1% en 2019); inflación alta y en aumento (47% en 2018 y 53% en 2019); crecimiento de la pobreza (41% de la población total y 63% de la población infantil); casi 10% de desocupación en el sistema registrado de empleo; dos quintos de la fuerza laboral desempeñándose de manera informal; una deuda externa que creció de 52,6% del PBI al 91,6% entre finales de 2015 y finales de 2019, predominantemente en dólares, con tasas de interés muy superiores a las vigentes en los mercados internacionales de crédito y con un calendario de pagos que comenzaba a regir pocos meses después de la inauguración del nuevo gobierno. Pocas semanas después llegó la pandemia. Aguante, asistencia, promoción La aceleración de los tiempos generada por la globalización del COVID-19 agravó las tensiones entre lo que hay que hacer y las herramientas para hacerlo: rigideces y demoras administrativas, inadecuación de la información disponible, lenta renovación de personal en posiciones clave para el diseño y ejecución de las políticas.

En un número anterior de Movimiento (número 23, julio 2020) analicé las principales políticas de cara al impacto social de la pandemia. Una visión de conjunto cuestiona la caracterización de la Política Social como mero asistencialismo, aunque es cierto que persiste una fuerte e inevitable preocupación por atender los efectos más urgentes en los grupos más vulnerables, muchos de los cuales ya venían severamente castigados durante el cuatrienio precedente. Existe una continuidad entre las acciones emprendidas durante 2020 y 2021 en el escenario de deterioro social agravado por la pandemia, y también una gran diferencia: el desarrollo de vacunas, la celebración por parte del Estado de convenios con los laboratorios para su adquisición y el inicio de la vacunación. La disponibilidad y la aplicación de vacunas contra la COVID-19 define en este sentido un punto de inflexión en las respuestas de política a la pandemia.

A riesgo de incurrir en esquematismo, diría que durante 2020 las acciones del gobierno tuvieron claro énfasis en materias de asistencia y seguridad social: transferencias de ingresos vía AUH, AUE, IFE, ATP, REPRO, Tarjeta Alimentar, distribución de bolsones de alimentos, apoyo a la economía social –“Potenciar Trabajo” y otros–, restricciones temporales en el ejercicio del derecho de propiedad y en las relaciones laborales – suspensión de despidos sin causa o por menor nivel de actividad, suspensión de desalojos de unidades de vivienda, etcétera. ANSES, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio del Trabajo fueron las agencias dinámicas de ese primer momento. En 2021 el acceso a vacunas colocó junto a esas agencias al Ministerio de Salud. La diversidad de campos de acción y la pluralidad de agencias de gobierno que intervienen en ellos desde sus respectivas incumbencias sectoriales potencia la relevancia estratégica de una visión de conjunto de las acciones de gobierno en escenarios políticoinstitucionales en los que distintos actores proyectan objetivos no siempre compatibles, y en interlocuciones en las que con frecuencia las disputas sobre los instrumentos de la acción política son en realidad disputas sobre las políticas y sus objetivos.

La discusión reciente sobre la Tarjeta Alimentar ilustra bien la presencia de este sesgo a la vez fragmentario y descontextualizador. La creación de la Tarjeta Alimentar, anunciada durante la campaña electoral del Frente de Todos en 2019, tiene por objetivo contribuir a enfrentar la dimensión más lacerante de la pobreza extrema –el hambre– en las apremiantes condiciones de inminente vencimiento de tramos de repago del endeudamiento generado por el gobierno anterior y, poco después, el agravamiento de las condiciones económicas y sociales como efecto de la pandemia. Sus destinatarios y destinatarias se desempeñan en actividades de la economía popular o informal. Depende del Ministerio de Desarrollo Social y se financia a través de los mayores ingresos recaudados por el aporte tributario extraordinario a las grandes fortunas y el aumento de la recaudación impositiva. Coherente con su objetivo, la tarjeta sólo puede ser utilizada para la compra de alimentos. No suplanta a la AUH ni a otras políticas preexistentes. Las opiniones favorables o las críticas que se han difundido acerca de la tarjeta revelan mucho más que una valoración de su desempeño específico. Explícita o tácitamente, con mayor o menor intensidad discursiva, todas expresan una opinión acerca de la vinculación de la Tarjeta Alimentar con determinadas consideraciones respecto de la generación de los escenarios o las condiciones de contexto o los sesgos estructurales –como se prefiera llamarlos desde diferentes opciones teóricas– que hacen posibles, eventualmente necesarios y no solo accidentales el empobrecimiento de grandes porciones de la población y la desigualdad extrema. Es decir, la degradación del bienestar social a bienestar de algunos, algunas o algunes. Tanto el informe del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana Tarjeta Alimentar: una ayuda necesaria pero insuficiente (ISEPCi, 2020) como el del Observatorio de la Deuda Social La Tarjeta Alimentar a un año de su implementación (ODS, 2021) coinciden en su principal conclusión: la tarjeta ayuda, pero no resuelve. La cantidad y la calidad de alimentos al alcance de los hogares vulnerables que accedieron a ella mejoraron. Sin embargo, el problema está lejos de ser superado, y no sólo porque la cobertura es parcial. ISEPCi señala la gravitación de la inflación de precios en la detracción del poder adquisitivo de la tarjeta y su monto reducido –monto y cobertura fueron ampliados en abril pasado. ODS presenta las principales variables sociodemográficas que configuran las unidades de consumo. Está ausente en ambos estudios una consideración de las variables estructurales, o ambientales, o de contexto, que contribuyen a la producción del empobrecimiento y la desigualdad como fenómenos que la pandemia masifica y profundiza. Se asientan en modelos cuyas variables constitutivas se relacionan entre sí de manera coherente, al mismo tiempo que los factores externos –el contexto, por ejemplo– son tratados como constantes. No se contempla siquiera como hipótesis que esos factores son en realidad variables que actúan en otro nivel de determinación: desde ese nivel definen las condiciones de comportamiento del modelo y la eficacia del instrumento de política para alcanzar su objetivo. La vinculación entre instrumento, problema y contexto-ambiente-estructura sobresale en cambio en las críticas formuladas por algunos dirigentes de organizaciones sociales, difundidas ampliamente por la prensa. La Tarjeta Alimentar es presentada en ellas como “política emblema del gobierno”, una política asistencialista que no saca a la gente de la pobreza y apunta a generar efectos inmediatos que no aportan respuestas eficaces y de mayor efectividad: “pan para hoy, hambre para mañana”. Estimula la integración de la población como consumidora en mercados altamente concentrados que, a lo sumo, “derraman miguitas” hacia los más necesitados, en escenarios de concentración económica e inflación que reducen el poder real de compra de los usuarios. Además, la bancarización de la tarjeta retrae de la asignación nominal la comisión que cargan las entidades. En resumen, la tarjeta es “un error económico, social y cultural” (Infobae 8, 9 y 10 de mayo de 2021; La Nación, 9-5-2021; Clarín 9-5-2021; El Cronista 10-5-2021).

Hay aquí un estilo de construcción discursiva típico de la militancia política que contrasta con el más distante de la retórica académica de los informes anteriores. Incluso algunos excesos retóricos: la Tarjeta Alimentar no es una política asistencial vertebral, sino complementaria de una política alimentaria, y tampoco es presentada como emblemática en el discurso gubernamental: integra un repertorio amplio de acciones de Política Social preventiva, promocional y no sólo asistencial.

También es cuestionable que las compras de alimentos se efectivicen mayoritariamente en las grandes cadenas de supermercados: según el estudio de la ODS, 65% de los hogares destinatarios de la tarjeta declaró realizarlas en pequeños comercios barriales. Menos de 33% elige supermercados de alguna cadena.

Al margen de estos desajustes particulares, es innegable que estas críticas dan en el blanco en lo que toca a las determinaciones externas de la asistencia alimentaria, pero desatienden la especificidad del instrumento y su diferenciación respecto de previas modalidades de transferencias monetarias. Simplificando mucho las cosas, podría decirse que los modelos de transferencias de ingresos apuntan a una reproducción simple de los escenarios: resuelven problemas inmediatos, pero no previenen su reiteración al no enfocar los factores que los generan. Es algo así como la política del aguante: en el atractivo de los resultados inmediatos anida la razón de su insuficiencia. Las críticas de las organizaciones sociales cuestionan este permanente correr detrás de los problemas y proponen modelos de generación de ingresos a partir del empleo: no reparten pescado, enseñan a pescar. El “Plan de Desarrollo Humano Integral” propuesto por una convergencia de organizaciones sindicales y de la economía social epitomiza este enfoque, pero también se inscribe en él el programa “Potenciar Trabajo” del Ministerio de Desarrollo Social. No son lo mismo, ni en escala ni en proyecciones, pero tampoco incompatibles.

CONCLUSIÓN

La pandemia está generando efectos catastróficos en todo el mundo: millones de muertes, empobrecimiento de muchísima gente, crecimiento vertiginoso de la desigualdad y la polarización social, retracción productiva. Minorías que ya estaban bien antes de la pandemia y que ahora están mucho mejor; mayorías que ya estaban mal y que ahora son más numerosas y están peor; gente que se ha quedado sin porvenir y que está peleando el presente. Una extrapolación de los escenarios actuales a un después de la pandemia no debería desatender la plausibilidad de esos escenarios catastróficos, de los que la historia humana ofrece numerosos ejemplos. Enfrentar la pandemia implica enfrentar aquí y ahora esos escenarios posibles, diseñando y ejecutando políticas que encaren las urgencias del presente como parte de la configuración de escenarios en los que “reine el amor y la igualdad”. O algo así. Ello requiere, sobre todo, traducir las premisas doctrinarias en políticas públicas. En tal sentido, la discusión sobre la Tarjeta Alimentar remite, desde su propia peculiaridad, a la cuestión mucho más peliaguda de los combates por el bienestar en el marco de la pandemia y la configuración de los escenarios post pandémicos.

jueves, 1 de julio de 2021

A 86 AÑOS DE FORJA

 FUNDADORES DEL NACIONALISMO POPULAR REVOLUCIONARIO 

La Década Infame no era tan infame por el fraude político y la corrupción mercantil de sus clases dirigentes como por el dominio colonial de la cultura y la miseria estructural que interpretaba el tango. Era un país sometido económicamente a una potencia europea, con un pueblo subordinado, ignorante de las causas de su propia miseria, donde los peones votaban a los patrones y el debate político era entre el socialismo librecambista y el nacionalismo oligárquico en disputa por ver quien servía mejor al amo extranjero, donde la pobreza era lo normal y la dependencia estaba naturalizada: somos americanos, criollos brutos, negros a los que no nos gusta trabajar y además inferiores intelectualmente; peor aún: tuvimos la desgracia de que fracasaran las invasiones inglesas. Esas eran las verdades reveladas, lo cierto, lo inalterable, instalado por los medios de comunicación y las clases dominantes en la calle, en la escuela, en la universidad, en la lógica del conocimiento y en las raíces de la enseñanza.

En ese escenario aparecen los muchachos de FORJA, unos jóvenes audaces que tuvieron su primera batalla contras las convicciones instaladas por el colonialismo cultural en sus propias conciencias.

Mucho se parece aquella situación a la actual circunstancia nacional, aunque ya no es una Nación imperial la que nos domina: hoy, un partido político representa en el sistema democrático a las conciencia adocenadas, apenas estamos empezando a revisar la servidumbre de la justicia al poder concentrado de los monopolios y la finanza global, una economía donde el peso descomunal del FMI –el moderno Estatuto Legal del Coloniaje- impide cualquier intento de emancipación.

Sin embargo, mucho ha crecido la producción intelectual del campo nacional; aunque apenas roza la hegemonía cultural del imperio porque carece de los recursos de despliegue y propaganda que la hegemonía colonial le niega.

Lo de FORJA fue lo que en filosofía llaman ruptura epistémica. No fueron contra las consecuencias sino que revelaron las causas, no se quedaron en la crítica al pensamiento dominante: se internaron y cambiaron la forma de analizar la realidad, develaron la existencia y la fecundidad del sujeto social pueblo, y le imprimieron un salto en calidad a la lucha por la igualdad, la dignidad y la justicia.

Pusieron en crisis ese dominio mental, lo denunciaron y después adoctrinaron, y lo convirtieron en acción por la liberación material y espiritual de un pueblo que los necesitaba sin saberlo, el hombre que estaba solo y esperando, el espectador que bajó de la tribuna y se tomó toda la cancha. Y, desde ese pensamiento nacional, refundaron una nueva y poderosa doctrina: el nacionalismo popular revolucionario, latinoamericano y antimperialista.

El lema “Somos una argentina colonial; queremos ser una Argentina libre” abrió el cauce hacia una elaboración teórica que les permitió asegurar que no habría justicia social sin soberanía nacional ni independencia económica, bases de un movimiento nacional que se inauguró como identidad social y política con el peronismo.

Ese núcleo de corajudos pensadores, profesionales, intelectuales y políticos merece en nuestros días mucho más que un reconocimiento: es hora de elevarlos como ejemplo y de emular su osadía y generosidad haciendo conciencia de la necesidad urgente de enfrentar con herramientas nacionales la violenta ofensiva de los tutores de la colonización cultural. Una batalla que no sólo compromete al periodismo militante y a los centros de difusión del pensamiento nacional sino a las mismas casas de estudio de todos los rincones de la Patria, sin distinción de disciplinas ni niveles, donde se están formando las nuevas generaciones de argentinos.

Estudiosos y docentes de ideas pretendidamente universales en detrimento de un pensamiento situado, local, propio, nacional, haciendo valer premios y títulos otorgados por prestigiosas fuentes de inteligencia cosmopolita, dominan el mundo académico y profesional… y trágicamente hasta el marco de reputaciones que atesoran capitanes políticos que jamás pisaron los barrios de nuestras ciudades ni los campos del interior profundo.

Profesionales que reciben el título de escuelas estatales financiadas por la ciudadanía como patente de corso, especialistas en lucros, canonjías y beneficios individuales, sin vocación de servicio ni noción de sus responsabilidades por el país.

Dirigentes que dominan el oficio de los influencers, eficaces prescriptores de potentes marcas y patentes en las redes, la estadística y la encuesta pero que ignoran el lenguaje y las vivencias de las mayorías argentinas. La distancia cultural que los separa del pueblo es paralela a su ineptitud para hacerse cargo de las necesidades y los intereses del pueblo argentino, al que le deben sus títulos y sus cargos.

Es hora de introducir en los contenidos curriculares de todas las disciplinas claros componentes de defensa del interés nacional, de la solidaridad social y de aquellos asuntos esenciales de la historia que señalan los actores, la acción y los momentos culminantes de nuestras luchas por la emancipación nacional y social, por la grandeza de la Nación y la felicidad de su pueblo.

 

¡Homenaje a los 30 mil militantes nacionalistas populares revolucionarios caídos!

¡Vivan los muchachos de FORJA, don Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón!


VIVA LA PATRIA

Ernesto Jauretche

La Plata

29 de junio de 2021

 

 

La gobernación de Eduardo Duhalde 1991- 1999 El proyecto político que transformó la provincia de Buenos Aires

  Prólogo       Eduardo Duhalde, febrero de 2026 Cuando llegó a mis manos el borrador de este libro, que habla sobre la gestión de gobiern...