Resumen de algunos
apartados de la entrevista publicada en la Revista Orillera N º 2 de la Universidad Nacional de Avellaneda
La vigencia de un
paradigma negativo
Acá
tenemos un dilema: no pudimos superar el
paradigma en materia de seguridad basado en el pensamiento mágico del poder de
la pena, de la eficacia del reforzamiento de las agencias que integran el
sistema penal. Paradigma que llevó al populismo penal, a la inflación de
las penas, y a una brutal ineficacia, respecto del rol del Estado. Lo curioso
de eso es que en vez de revisar los fundamentos de ese paradigma para
cambiarlos, se fue escalando cada vez más. Hemos llegado a tener penas
grotescas. En algún momento se penaba más el robo de automotores en la
legislación penal argentina, que el homicidio, o la tenencia ilegal de armas.
Pero, ¿por qué es motivo de esta porfía insistir en una metodología y en un
abordaje errático? Porque la mirada diversa afectaba y afecta intereses de
sectores económicos que representan modelos que rechazan las políticas
distributivas y sociales que permitirían terminar con la exclusión social, o
limitarla. Cambiar de paradigma
significa ir a buscar en la exclusión las causas profundas de la violencia
criminal. Si tenemos 12 millones de personas en estado de pobreza y 4 millones
en estado de indigencia, lo que tenemos es una fuente enorme de violencia,
de la peor de las violencias: la que se pretende contener con la violencia institucional
policial. En vez de resolver un problema, lo incentivamos, produciendo efectos
secundarios patéticos, como el envilecimiento de la fuerza policial que, por
actuar respondiendo a exigencias sociales construidas por los medios de
comunicación dominantes, termina por transformarse –en vista de lograr
objetivos– en escuadrones de la muerte, con procedimientos ilegales, acciones
fuera de control y en amenaza para los ciudadanos. Este cambio de paradigma es
el desafío de la clase política argentina. Dos
veces, en gestiones peronistas, se intentó una transformación; con una mirada
sobre lo social distinta, de inclusión, comprensiva de la fenomenología que era
necesario atender. Y nos encontramos con las mismas objeciones, y los mismos
objetores, con las mismas respuestas, y es el día de hoy que hay gente
ignorante (a quienes les publican artículos), que quieren la sanción de dos
leyes que son para una discusión muy seria. La del denominado “arrepentido”; y
la de extinción del dominio. Empujan, empujan y empujan… De arrepentidos y
extinciones
(….)
No advierten las objeciones de carácter
constitucional que existen y que lesionan el Estado de derecho. Basta mirar a
los “arrepentidos”: tenemos un tipo muriéndose de risa del sistema
judicial, frente a una jueza que le pone el oído, para decir una cantidad de
estupideces; y otro que se hace el enfermo, y con un “brote psicótico” se va al
convento. Esos son los arrepentidos… no jodamos. Y cuando se habla de la “delación
premiada”, que es el verdadero nombre (porque de arrepentido no tiene nada), el
tipo va a ver cómo se las rebusca para que le saquen un pedazo de pena,
botonea… Lo curioso es que no va a delatar al cómplice, ¡va a involucrar a
cualquier sujeto!, o va a favorecer a uno en detrimento de otro, mintiendo,
deformando la realidad, desorientando la pesquisa, porque al propio tiempo las
cosas que él va diciendo se la publican los diarios. Basta escuchar lo que
declaró (José) López, un disparate… Un proceso penal en el que se investiga un
fenómeno de corrupción y el sujeto se mofa de la justicia, haciendo
manifestaciones grotescas… que se apareció la virgen… explicaciones absurdas.
Entonces, caramba… Es tan perversa la
delación premiada que a vos te ponen en seis meses de proceso, veinte años de
prisión y después negociás, y si contás te van bajando la pena. Ello resulta sumamente peligroso porque
puede conducir a que la pena responda a propósitos diferentes a los que le son
propios y a obtener confesiones bajo coerción… El otro gran problema, de la
extinción de dominio, es que se la haya previsto sin sentencia penal firme. O
sea, arrasan con el artículo 17 de la CN –y con el artículo 23 del Código Penal
que ya contempla el instituto como accesorio a la condena– y deciden que a
alguien que tiene algo que se lo puede considerar de dudoso origen –pero a lo
mejor es suyo–, se lo saquen, lo vendan, lo despojen y después la sentencia
penal lo absuelve. Al Estado le va a salir caro…
Procesos de reforma y conducción política
Acá
hay una cosa muy de fondo, que no hemos podido superar, referida a la
concepción acerca de quién gobierna o conduce una policía. Y la distinción que
debe existir entre una conducción
estratégica –que es eminentemente política– y una conducción operativa –que es
eminentemente policial–. La conducción estratégica decide el qué, cómo y cuándo
de la persecución penal, y cómo vas a usar los recursos, cómo se van a
distribuir, a controlar, a disciplinar, a educar y cómo vas a hacer tantas
otras cosas, como combatir la corrupción interna, desarticular las bandas
mixtas, o las bandas policiales, etc. Entonces, para atender esta complejidad,
no debe haber jefe de policía, sino un ministro apto técnicamente, capaz de
poder gestionar. No podemos traer un advenedizo, carente de versación y
formación a cumplir funciones de ministro de Seguridad por el solo hecho de que
se trate de un buen puntero. No es correcto. De la misma manera que a mí no se
me ocurriría nunca el disparate de poner un talabartero al frente de un
hospital. Pero en Seguridad y en Inteligencia parece que todo es posible porque
se desdeña el conocimiento técnico y se cree que todo es negociación con
caciques policiales e intendentes. ¿Por qué motivo Scioli, que estaba
totalmente convencido, en apariencia, de las bondades de lo que habíamos hecho
en vista de los resultados que habíamos obtenido, cambia? Se terminó el
secuestro extorsivo, redujimos el homicidio a la mitad, redujimos en un 30% el
robo automotor, etc.; terminamos con el robo de los cables de cobre… No resulta
fácil dar respuesta a este interrogante. Distintos
sectores operan movidos por negocios vinculados con la venta de armas, la venta
de pertrechos, sistemas de video-vigilancia, seguridad privada, con un poder
extraordinario de lobby, operan a través de las fuerzas policiales, de los
jefes policiales, y de la política. Entonces, ahí queda el funcionario
político atrapado en un cerco, a quien todo se le brinda. Se le trae al jefe de
policía “ideal” y el ministro, entonces, lo designa convencido que ha resuelto
un problema porque siente que le sacaron un peso de encima, cuando en realidad,
abdicó de su rol político, de conducción, para transferírselo a un funcionario
que forma parte del problema que hay que atender. Es decir, debo resolver un
problema grave –con las pruebas a la vista– y ¿qué hago? Nombro a uno de
quienes forman parte de él para que conduzca la institución en el proceso de
cambio. Es increíble.
Reformas en Provincia de Buenos
Aires
Una
de las cosas que no se dicen, pero que ha sido importante, es que creé una segunda policía, que es la policía
de Buenos Aires Dos. Una policía sólo de seguridad y no de investigaciones,
porque en mi cabeza está la Policía Judicial, siempre; una policía de seguridad
para el Conurbano, que tuviera capacidad de articulación con las fuerzas
metropolitanas, un área, con la idea de una red; fortalezco y construyo esta
policía, voy corrigiendo la otra y no me quedo huérfano, tengo una red. Empezó
a funcionar muy bien porque fueron seleccionados los recursos, que cuesta
horrores seleccionar y muy bien capacitados.
Lo
primero que hice fue convocar a las
universidades y decirles “miren, necesito que se
abran
carreras, licenciaturas en Criminalística, necesitamos el aporte de las
universidades para enriquecer la formación de los aspirantes”. Eso fue
francamente positivo, por lo que fue un gran error eliminarla. Yo digo “proceso
de crisis” por lo siguiente: hay más
problemas, más noticias de policías delinquiendo que de delincuentes
delinquiendo. Se matan entre ellos, se hacen operaciones. Resulta que hay tres
comisarios detenidos porque mataron uno que lo debe haber puesto en descubierto
en algún negocio que estaban haciendo… tenemos ajuste de cuentas en la
provincia de Buenos Aires permanentemente;
fenómenos de corrupción
policial que ponen a la gobernadora en situaciones críticas y también a su
ministro de Seguridad.
(…)
Fíjense ustedes que esta policía
comunitaria, es una mala copia de
las policías
comunales hechas por
nuestra gestión. Cuando
dije que son hasta 70 mil habitantes, y no más de eso, es porque era evidente que
no le puedo dar a un intendente –que no tiene
la
más pálida idea de cómo se conduce una fuerza–, un cuerpo policial para que lo
maneje. Entonces tomé los escenarios de menos conflicto y ejercité, puse a prueba
el modelo para ajustarlo y ver cómo funcionaba. Y fue tan exitoso que cuando
Scioli lo quiso voltear en su proceso de romper todo lo que habíamos hecho, se
le pararon de mano los intendentes que
habían
adherido al régimen de la policía comunal y no los pudo voltear.
(…)
Se crea policías a diestra y siniestra, se
desentiende totalmente de los procesos de reclutamiento y de capacitación y
hace un mosaico patético; no solo fracasan sino que exponen a jóvenes a morir
en las peores condiciones. La inviabilidad de esta situación hace crecer la
preocupación… Por lo menos de parte de la gobernadora; creo que toma conciencia
de la dificultad que esto tiene; optó por hacer una designación política de su
ministro de Seguridad y dejó de lado la expertise como criterio rector de las
situaciones
y
me parece que van a tener una situación compleja para salir de esa encrucijada.
