Miguel Ángel Barrios y Norberto
Emmerich
30/05/2017
Así como el narcotráfico
brasileño está asociado a las cárceles, toda problemática del narcotráfico en
Argentina suele tener un correlato futbolístico. La disputa rosarina por el
control territorial de las zonas de narcomenudeo entre Los Monos y Los Garompas
es en realidad una derivación de la disputa entre las barras bravas de Newell’s
Old Boys y Rosario Central.
Lo mismo sucede con la banda
de Los Gardelitos y Boca Juniors, cuando Macri era presidente del club. Se
trata de un cartel del narcotráfico afincado en el norte del GBA proveniente de
Tucumán, donde fueron expulsados por los Alé (secuestradores de Marita Verón) y
estaban afiliados a San Martín de Tucumán y al gobernador Alperovich.
En varias transferencias de
jugadores argentinos, verdaderas operaciones de lavado de dinero, estuvo
involucrado el Cartel de Sinaloa. Patricio Gorosito, ex presidente del club
Real Arroyo Seco y testaferro de Julio Grondona, fue condenado a 19 años de
prisión en la causa Carbón Blanco (tráfico de una tonelada de cocaína a
Europa).
¿Por qué el fútbol y el
narcotráfico se vinculan tan estrechamente en Argentina? El fenómeno de los
“barra brava” es típicamente argentino, el más violento y peligroso del mundo
según Insight Crime. Conforma agrupaciones férreas, jerárquicas y cohesionadas
tras la cultura del aguante, un ejército eficaz para el control del mercado de
consumo de drogas, convirtiendo a los “barras brava” en unidades de negocios
(entradas, trapitos, transferencias y droga). Este carácter organizacionalmente
centralizado y territorialmente diseminado coincide con el perfil ideal de un
cartel de consumo.
¿Por qué la política argentina se relaciona
con los “barra brava”? Al igual que todo grupo de narcotráfico en el mundo, las
hinchadas proveen servicios ilegales de seguridad, siempre necesarios para el
disciplinamiento político del descontento, como bien supo Mariano Ferreyra,
asesinado por miembros de la Unión Ferroviaria y “barras bravas” de distintos
clubes de fútbol, en lo que se denominó “represión tercerizada”.
El libro de Juan Manuel
Lugones, “Barrabravas para todos” abunda en detalles. Scioli, Macri, Massa,
Aníbal Fernández, todos buscaron vincularse con los barras bravas. Las
hinchadas de Boca y River negociaron con La Cámpora para poner banderas de “Clarín
Miente” y “Néstor vive” en las canchas. Guillermo Moreno llenó el INDEC de
barras bravas para impedir números negativos para el gobierno.
Sin embargo la vinculación de
la política con el fútbol en el ejercicio ilegal de la política no explica una
vinculación de la política con el fútbol en la búsqueda de realizar negocios de
narcotráfico. ¿O sí?
El tráfico de efedrina,
sustancia necesaria para la producción de metanfetaminas, era prácticamente
libre durante los años 2003-2007, llegando a importar desde el mercado de
origen (India y China) hasta 19.200 kilos de efedrina en el año 2007. Los
narcos beneficiados por la apertura invirtieron en la campaña electoral de
2007, lo que significó un triunfo para el gobierno y para el narcotráfico
argentino y mexicano (Cartel de Sinaloa). La matanza de General Rodríguez
cambió el mercado mundial de precursores químicos y el gobierno actualizó su
política. Como éste hay numerosos ejemplos de vinculación de los gobiernos con
el narcotráfico, pero no muestran al fútbol como entidad intermediaria ni
establecen circuitos perdurables.
La posibilidad de que la
política utilice la droga como moneda de pago por los servicios prestados por
los “barra brava” es razonable, pero indemostrable todavía. Si así fuera, se
conformaría un circuito de oferta y demanda que intercambiaría favores
políticos por droga. Tal circuito constituiría el surgimiento de un hipotético
sexto mercado del narcotráfico: la
narcopolítica, el ejercicio narcotráficamente sustentado de la política.
Así fue el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa en México, el narcotráfico
al servicio del Estado.
La violencia en el fútbol es
el resultado lógico de esta convivencia tripartita que dirime el control ilegal
del territorio amparada en protecciones y coberturas políticas, que mediante
las muertes dominicales redefine las líneas territoriales, los liderazgos y las
reglas de juego, todo amparado por el Estado.