Publicado en “El Economista” 6.10.2021
La pesca
constituye para la humanidad una fuente importantísima de proteínas, de generación de empleo y beneficios económicos (unos 100
millones de personas viven de esta actividad); pero, su explotación,
debería administrarse adecuadamente si se quiere que su contribución al
bienestar económico y social sea sostenible, disuadiendo las actividades de los
buques que depredan el recurso. Optimizar la explotación, no solo es una
cuestión económica, sino una “Responsabilidad
Social”, más aún, cuando se trata de un recurso natural del Estado, donde éste
da en concesión transitoria su explotación a las empresas no, para que
éstas hagan lo que quieran con él, sino, para generar divisas; llevar adelante
un plan de ocupación estratégico del mar
argentino; poblar las ciudades y pueblos portuarios del litoral marítimo; crear
plantas de transformación industrial de las especies capturadas; generar el
máximo valor agregado a partir de las materias primas básicas; crear empleo
estable; fomentar la cultura del trabajo; promover hábitos alimentarios
saludables para mejorar la dieta, la salud de la población y, el bienestar
general de la comunidad. Todo ello, cumpliendo determinadas obligaciones
biológicas para asegurar una explotación sostenible.
Se estima que la explotación pesquera extranjera se lleva
del Atlántico Sur un millón de toneladas anuales y las estadísticas oficiales
indican que la Argentina desembarca unas 800.000 toneladas/año. A ello,
debemos agregar que los buques
extranjeros realizan importantes descartes al mar y los nacionales unas 300 mil
toneladas anuales de pescados, considerados sin interés comercial o como
producto de la pesca incidental (bycatch) cuando se captura langostino. Se
suman en esta depredación las capturas de individuos juveniles (del 35% al 70%)
o adultos en proceso de reproducción. El Estado está ausente para asegurar una
administración adecuada de los recursos que debieran disponer las generaciones
venideras.
Hoy, el
aprovechamiento racional de estos recursos
permitiría alimentar -con proteínas de alto valor biológico- a tres millones de
niños y adolescentes durante todos los días del año, a la par de generar unos
15 mil empleos en un país con 54% de niños pobres menores de 14 años pobres (5.400.000 de niños) y con un 11,3%
de desocupación. Es indigno no instrumentar un plan de administración total
del recurso.
No es un tema
nuevo. Lleva muchísimos años, pero el descarte y la pesca incidental se han
incrementado con el aumento de las
capturas de langostino que tienen un alto valor de exportación (U$S 6.400
la tonelada) con relación a la merluza que es una especie acompañante con un
precio sensiblemente inferior (U$S 1.410), lo que lleva a descartar estos
pescados, en lugar de desembarcarlos para su industrialización.
No buscar una
solución a esto -que es posible- es irracional e ilegal, pero, como refiere
Karina Fernández en la Revista Puerto (29/9/2021) son «Escandalosos (los) porcentajes de captura incidental de merluza»
ya que, de las históricas y ya inaceptables pescas incidentales del 30% «en las
últimas semanas de la temporada alcanzó niveles de hasta el 161% y promedios
del 56%, datos que el INIDEP suministra semanalmente a las autoridades
(mientras) los tripulantes dicen: estamos haciendo una matanza de merluza nunca
vista» y, en su gran mayoría son individuos juveniles, es decir que por encima
del volumen que se captura se atenta contra la sostenibilidad de la especie y,
a ello debe agregarse que «en la pesquería de merluza faltan los datos de la
flota fresquera, donde se desconoce cuál fue el nivel de captura incidental que
tuvo». A todo ello ya se refería en 2018 el Informe Nº 137
(Villarino-Tringali-Louge, INIDEP) donde la captura incidental de merluza de la flota langostinera, ascendía hasta un 43%,
con un 40% de juveniles de menos de 35cm, talla, que ni siquiera procesan los
fileteros, con datos que no incluían la flota congeladora y la fresquera de
altura de merluza y otras especies y, sin analizarse todos los buques y sin
observadores a bordo en la mayoría de las embarcaciones, los porcentuales
pueden ser sensiblemente mayores.
Una
administración eficiente no consiste solo en otorgar permisos o cuotas de
captura, se debería iniciar con la asignación de recursos, que son escasos, a
quienes pescan sustentablemente y agregan el máximo valor. No es una tarea
sencilla, el administrador y, el concesionario, tienen la obligación de
explotar todo el recurso posible y sostenible, sin alterar el equilibrio
biológico, el ecosistema y, ambiente marino. Ni más, porque el ecosistema se
alteraría y se agotaría el recurso; ni menos o aún menos descartando, porque se
dejarían de extraer y utilizar recursos generadores de riqueza y empleo y,
porque se perderían ingentes cantidades de proteína del más valioso valor
biológico.
Según la FAO, un 47% de las reservas
pesqueras están explotadas en su totalidad; un 15% sobreexplotadas; un 10%
agotadas y, un 25% subexplotadas y, el volumen de pescado desperdiciado alcanza
a un volumen no menor de 7.290.000 toneladas al año en todo el mundo y a las
300 mil toneladas -como dije- en la Argentina.
En este
escenario, ya en 2013 el BID en su
“Proyecto de Desarrollo Pesquero Sustentable” informaba que en la Argentina
había un 20% de descarte y subdeclaración. Ello nos estaría indicando que
los buques argentinos tirarían al mar o no declararían unas 160 mil toneladas
de pescados aptos para el consumo humano. Por su parte, la Auditoría General de
la Nación en varios informes manifestaba que «no hay sanciones y el Instituto
de Investigación (INIDEP) precisa que los buques no usan mecanismos de
selectividad adecuados y tiran unas 32 mil toneladas de merluza/año». En igual
sentido, el Informe Técnico Oficial 32/15 (Santos-Villarino, INIDEP) decía que
«se descartan entre 52.000 y 108.000 toneladas de merluza hubssi por año» a lo
que hay agregar todas las especies consideradas “no comerciales” que igualmente
se descartan una vez que son capturadas. Y el mismo informe indicaba: «Persiste
una mayor presión pesquera sobre el grupo de 2 años (juveniles)», es decir, que
además de depredar -porque el inicio de la madurez ocurre a los 2,6 años- se
impide el crecimiento de estos ejemplares, que no alcanzan todo su desarrollo y
peso, con la consiguiente disminución del stock y volumen pescable. Este
informe, ya en 2017 indicaba, que el grupo de edad era de 2,2 años, continuando
la depredación y, en la pesca incidental del langostino fue de un promedio de 1
año, es decir que desde hace unos diez años la captura es sobre los juveniles,
en transgresión a la Ley de Pesca 24.922 (Art. 21º inc. o).
De estos
informes se puede inferir el descarte al mar de unas 300 mil toneladas de
pescados anuales, de la mejor calidad y aptitud para el consumo humano y, a
todo este brutal descarte al mar de proteínas, habría que agregar los residuos
que se descartan al mar sin fabricar harinas en los buques congeladores, otra
importantísima fuente de proteína.
La Unión Europea ya declaró el “descarte cero”
desde enero de 2014 y, en la Argentina se prohíbe el descarte desde 1998
(Art. 21º Ley 24.922), con cuya materia prima se resolvería el hambre de tres
millones diarios a los niños y adolescentes argentinos. Dar solución a esta
cuestión dramática, reduciría el hambre y la pobreza y, cumpliría con el
derecho básico a la alimentación reconocido en nuestra Constitución, la
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y, consagrado en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
Dr. César
Augusto Lerena
Experto en
Atlántico Sur y Pesca, exSecretario de Estado, exSecretario de Bienestar Social
(Ctes) exProfesor Universidad UNNE y FASTA, ExAsesor en la H. Cámara de
Diputados y en el Senado de la Nación, autor de:
“Malvinas.
1982-2022. Una Gesta Histórica y 40 años de Entrega. Pesca la moneda de cambio”
(2021) “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la
Casa Común.
