por Eduardo J. Vior para InfoBaires24
Tras 16 años de gobierno de Angela Merkel, la recuperación de la economía y la renacida pandemia exigen del nuevo gobierno una capacidad de decisión que aún no se avizora.
Casi exactamente
dos meses después de la elección parlamentaria del 26 de septiembre los líderes
del Partido Socialdemócrata (SPD), el
Partido Verde (B90/Die Grünen) y el Partido Liberal Democrático (FDP)
anunciaron este miércoles que se habían puesto de acuerdo sobre el contrato que
regirá la coalición –apodada “semáforo” por los colores verde, amarillo y rojo
de los componentes- que asumirá la semana próxima para gobernar el país hasta
2025. Tanto su propio pueblo como sus muchos interlocutores externos esperan
que la mayor potencia del continente y tercera economía mundial adopte un curso
previsible. Lamentablemente, el programa de coalición dado a conocer esta
semana no parece capaz de superar la
contradicción entre sus lazos económicos con Rusia y China, y su alineamiento
ideológico y estratégico con EE.UU. y dentro de la OTAN.
La nueva alianza
de gobierno de Alemania se anunció rememorando el origen de la coalición
socialdemócrata-liberal que encabezó Willy Brandt (1969-74). “Atreverse a más
democracia” (Mehr Demokratie wagen) era entonces la consigna; “Atreverse a más progreso” (Mehr
Fortschritt wagen) es la actual. La diferencia entre el ímpetu reformista de
entonces y el tecnocratismo actual es expresiva de la falta de impulsos de la
Europa actual. Como muestra el programa de gobierno que presentaron el
miércoles, cada uno de los partidos firmantes se quedó con su porción de la
torta y nadie presenta una fórmula superadora.
Los aspectos más
salientes del recién firmado contrato son el acelerado abandono del carbón, el forzado avance hacia la movilidad
eléctrica, el aumento del salario mínimo, la regulación del consumo del
cannabis recreativo, una política inmigratoria más tolerante, la introducción
del ingreso ciudadano y mayores subsidios por cuidados dentro de la familia.
También se propone modernizar la infraestructura vial, ferroviaria y de
comunicaciones, incrementar la transición hacia la economía digital y
modernizar la administración pública. En el plano internacional se relativiza
el rechazo contra el Tratado de la ONU de 2017 para la prohibición de las armas nucleares y se anuncia una política
enérgica de defensa y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, al
mismo tiempo los firmantes se avinieron a la exigencia liberal de que no crezca el endeudamiento público ni se
aumenten los impuestos. Una verdadera cuadratura del círculo para una
política de reformas como la que supuestamente se está presentando.
La coalición del
“semáforo” quiere adelantar la eliminación
del carbón para 2030, afirma el acuerdo. Para lograrlo, la energía eólica y
la solar deben ampliarse masivamente. Para 2030, el 80% del consumo de
electricidad deberá proceder de energías renovables, lo que requerirá la
construcción de más centrales eléctricas de gas, hasta tanto se difunda la
generación de energía por hidrógeno.
Teniendo en cuenta la importancia del gas como energía de transición, no se
entiende, entonces, que la autoridad administrativa alemana haya suspendido el
proceso de autorización del gasoducto
Nord Stream 2. ¿O es que piensan comprar el caro gas licuado
estadounidense?
Los socios del
futuro gobierno también quieren triplicar la capacidad instalada para la
producción de energía de origen solar
hasta alcanzar los 200 gigavatios, entre otras cosas haciendo obligatoria las
placas fotovoltaicas en los tejados comerciales. Según el acuerdo, también se
acelerará la expansión de la energía eólica
en alta mar, que deberá ascender a 30 gigavatios en 2030 (antes se
programaban 20 GW).
La eliminación
del carbón también se acelerará mediante el comercio europeo de derechos de contaminación por CO2. Por
ello, la coalición quiere presionar a la UE para que fije un precio mínimo para
los certificados que las centrales eléctricas necesitan. Si no se consigue, se
decidirá a nivel nacional que el precio no caiga por debajo de los 60 euros por
tonelada. En la actualidad cuesta algo menos de 70 euros.
En el futuro, la
protección del clima se integrará en las decisiones del gobierno federal con
más fuerza que en el pasado. Cada ministerio debe examinar sus proyectos de ley
teniendo en cuenta su impacto climático y su compatibilidad con los objetivos
nacionales de protección del clima, así como presentar la correspondiente
justificación: el llamado chequeo climático. La Ley Federal de Protección del
Clima se desarrollará de forma «consecuente» antes de finales de 2022 y se
introducirá un programa de protección climática de emergencia.
El salario mínimo legal se incrementará de una
vez de los €9,60 por hora actuales a €12. La comisión del salario mínimo
decidirá entonces sobre nuevos aumentos. Por su parte, la magra ayuda social
actual será sustituida por un ingreso ciudadano y, por lo tanto, desvinculada
de la situación particular de emergencia.
La coalición del
semáforo quiere introducir la distribución controlada de cannabis a los adultos «con fines de consumo» en las tiendas
autorizadas. Así se controlaría la calidad, se evitaría la transmisión de
sustancias contaminadas y se garantizaría la protección de los menores. Al
mismo tiempo se van a endurecer las
normas de comercialización y patrocinio del alcohol, la nicotina y el cannabis.
La emisión de visados se acelerará y se digitalizará cada
vez más. Las personas que el 1 de enero de 2022 lleven cinco años viviendo en
Alemania, no hayan cometido ningún delito y “estén comprometidas con el orden
democrático” obtendrán un permiso condicional de residencia por un año. De
este modo se espera acelerar la estabilización de los cientos de miles de
refugiados y solicitantes de asilo acogidos desde 2015 y que todavía esperan a
resoluciones de la autoridad de inmigración que les permita estabilizarse en el
país.
A partir de
2022, se incrementarán los fondos de regionalización
en el transporte local. La empresa ferroviaria estatal Deutsche Bahn AG seguirá
siendo de propiedad pública. Se reforzará el tráfico transfronterizo y se
desarrollarán servicios ferroviarios nocturnos con la UE y los Estados
miembros. Para 2030, el 75% de la red
ferroviaria deberá estar electrificada. Al mismo tiempo Alemania se
convertirá en el primer mercado de la movilidad eléctrica con al menos 15
millones de coches eléctricos en 2030. El SPD, los Verdes y el FDP también
quieren una reforma del peaje para camiones y, a partir de 2023 aplicar una
«diferenciación de CO2» del peaje para vehículos pesados.
El nuevo
gobierno alemán quiere abandonar el rechazo fundamental del país al Tratado de
las Naciones Unidas sobre la Prohibición
de las Armas Nucleares (de 2017) y participar en la Conferencia de las Partes
en calidad de observador. Todas las potencias nucleares, así como todos los
Estados de la OTAN, incluida Alemania, han rechazado hasta ahora este tratado
por considerar que los tratados previamente acordados ofrecen una mejor base
para el desarme nuclear.
Contradictoriamente,
la futura coalición se propone respetar a partir de 2023 los límites para la
toma de deuda pública previstos en la
Ley Fundamental. No obstante, el año que viene todavía se pedirán nuevos
préstamos para paliar los efectos de la pandemia.
Las medidas de
transición hacia una economía ecológica con empleos de calidad suponen enormes
inversiones. Si no se aumentan los
impuestos ni el déficit público, el dinero debe provenir de las exportaciones.
Hoy en día China es de lejos el mayor socio comercial de Alemania. La
transformación de la movilidad sólo es realizable, si las empresas automotrices
germanas cuentan con un mercado del tamaño del chino. Sin embargo, en el
contrato de coalición la República Popular es mencionada de un modo
especialmente negativo.
La coalición del
“semáforo” pretende ampliar su comercio y asociación económica con Pekín y al
mismo tiempo increpar públicamente a sus dirigentes para que acepten críticas y
denuncias sobre el manejo de sus asuntos internos. Si insiste en este
sinsentido, dañará las vitales relaciones económicas entre ambos países y, si
no lo hace, será fácil pasto de la crítica interna y externa por incongruencia.
En ambos casos perderá legitimidad y cercenará su propia capacidad de decisión.
El contrato de
coalición que acaban de presentar los líderes de la socialdemocracia, los
liberales y los ecologistas es contradictorio e inconducente. Su contenido
refleja la contradicción entre intereses y presiones encontradas en el seno de
la futura coalición, que a su vez se corresponden con las presiones que
aherrojan al país desde el Este y el Oeste. La República Federal sólo puede
desarrollarse con sentido social y ecológico, si se complementa con el bloque euroasiático, pero, para poder
hacerlo, debe aventar entre sus aliados el temor al resurgimiento de una gran
potencia independiente en el centro de Europa. Si Olaf Scholz no se muestra
capaz de mantener unida su coalición, mientras estrecha los lazos con el Este y
al mismo tiempo apacigua los temores de sus aliados sumándolos al proyecto de
complementariedad, el país se estancará y quedará a merced de las presiones
encontradas de amigos y adversarios.