Julio Piumato para INFOBAE
Poco tiempo antes del golpe militar del 24 de marzo la entonces Presidenta de la Nación Isabel Martínez, había alertado acerca de que "quieren acabar con la justicia social y voltear las chimeneas que levantó Perón, para que la Argentina vuelva a ser campos y vacas solamente como antes de Perón”. Lamentablemente, en pleno siglo XXI podemos decir que sus palabras fueron proféticas y tristemente anticipatorias del destino de la Argentina. Nuestro pueblo se empobreció y el país se vio sumergido en un ciclo de crisis económicas, sociales y políticas permanentes. Derrocado el tercer Justicialismo el país inició una larga decadencia y retrocedió décadas en las variables sociales, económicas y culturales.
El Golpe de 1976 fue una respuesta al 17 de
octubre de 1945 y consagró la contrarrevolución iniciada a partir del año 1955.
Tras ésta última asonada castrense, civiles y militares habían implementado un
régimen ilegal de proscripciones y de violaciones permanentes de los derechos
humanos, sociales y políticos de los trabajadores peronistas. Clausuraron
partidos políticos, centrales gremiales, fusilaron, reprimieron con el Plan
CONINTES y sometieron al país a un estado de desgobierno y de violencia
permanente y trágica. La dictadura de 1966 extendió la represión a varios de
los aliados golpistas de 1955. El enfrentamiento entre argentinos marco varias
generaciones e impidió la construcción de un Proyecto Nacional.
El golpe de 1976 es la fase más evolucionada del
proceso antidemocrático, antinacional y antipopular implementado por un sector
del poder con el fin de impedir que triunfe el proyecto de la Revolución Justicialista.
A las oposiciones internas se les sumó una trama de poder internacional que
organizó el Plan Cóndor y que financió a las dictaduras en buena parte del
continente. El establishment consideró que había llegado la hora de terminar
definitivamente y en palabras de John William Cooke, con el “hecho maldito del país burgués” y con el
conjunto de organizaciones populares.
La dictadura de 1976 tuvo, en un gran resumen,
tres grandes objetivos. El primero, fue el de cerrar el ciclo político inaugurado
el 17 de octubre y que se caracterizó
por darle un inmenso protagonismo a los trabajadores en la vida nacional y
centralmente a las organizaciones sindícales y a la CGT. Con este fin, los
militares asesinaron y encarcelaron a dirigentes e instalaron un sistema
institucional para debilitar al movimiento obrero organizado. El Informe Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas detalló que 30,2 % de los
detenidos-desaparecidos denunciados en eran obreros, el 17,9 %, empleados, el
10,7 % profesionales, el 5,7% docentes y el 21 % estudiantes. Entre estos
últimos, uno de cada tres trabajaba. O sea, que alrededor del 60% de las víctimas de la dictadura eran
trabajadores. Este dato no es una casualidad, sino que confirma una tendencia
política y una acción criminal iniciada en 1945 con el asesinato de Darwin Passaponti
y continuada salvajemente en el bombardeo y con la violencia de 1955.
Los golpistas de 1976 clausuraron la CGT e
intervinieron la mayoría de los sindicatos del país. Los representantes de los
trabajadores fueron desplazados de los ámbitos de toma de decisiones
institucionales. Se declaró ilegal la huelga y las medidas de fuerza fueron
penalizadas criminalmente. Se sancionó una normativa de prescindibilidad de los
trabajadores del sector público que pasaron a ser considerados “subversivos”. Los
delegados del poder económico concentrado extranjero volvieron a gobernar con
total impunidad como lo hacían antes de 1943.
Se congelaron nuestros salarios, en paralelo a que
se liberaron los precios de los alimentos y de los alquileres. La participación
en el ingreso de los trabajadores se redujo drásticamente. En 1954 se alcanzó
el máximo histórico del 50% de apropiación de la riqueza nacional por parte de
los obreros. En 1974 era del 43% y con la dictadura descendió al 20-25% según
el año.
En el año 1976 se clausuró el Congreso de la
Nación, se intervino la Corte Suprema y se suspendió la actividad de los
partidos. Se suprimieron muchas normas protectoras del trabajo. Con la ley
22.105 de 1979 se derogó la 20.615/73 de
Asociaciones Profesionales. La regulación de la dictadura buscó
condicionar el funcionamiento de nuestros sindicatos y se nos quitó el manejo
de las obras sociales aplicando el planteo de Albano Harguindeguy acerca de que
la “unidad sindical atenta contra los
principios liminares del Proceso”.
El segundo gran objetivo del Golpe de Estado fue
el de retrotraer las medidas nacionalistas e industriales impulsadas a partir
de la revolución de junio de 1943 y con fuerza desde 1946. El país destruyó
empresas nacionales y concentró y extranjerizó su capital. La Argentina se
transformó en un destino para la especulación financiera y se destruyó riqueza
productiva. En 1955 la deuda era de 500 millones de dólares, en 1976 subió a
8.000 millones, en 1983 a 45.000 millones y en 1989 alcanzó la cifra de 63.000
millones. Hoy supera los 380.000 mil millones de dólares.
El tercer objetivo del golpe fue el de cambiar de
raíz la cultura nacional, terminando con las ideas soberanistas, con la
solidaridad social y con la unidad de destino de todos los argentinos. Se instalaron
los valores del individualismo, del consumismo, del “no te metas” y del
nihilismo político. Paulatinamente y cuestión continuada y profundizada en los
año noventa, se fue fragmentando la comunidad y se rompieron muchos de los
valores humanos fundamentales de la solidaridad, del compromiso y de la
participación. Los argentinos perdimos la fe en nuestro destino nacional y poco
a poco nos fuimos acostumbrando a la actual decadencia.
El 27 de
abril de 1979 los trabajadores hicimos la primera huelga. El contexto era terrible,
ya que solamente entre 1976 y 1980 habían detenido, torturado y en muchos casos
desaparecido a 18 mil delegados de fábrica. Yo integré esa lista negra.
Gracias a la acción del Movimiento Obrero, de los
grupos de derechos humanos y de una importante cantidad de dirigentes sociales,
políticos y culturales conseguimos derrotar a la dictadura y recuperamos la
democracia formal en 1983. Lamentablemente, en cuarenta años no consagramos la
democracia social, ni la independencia económica, ni la soberanía política. Los
militares se fueron, pero nos quedó su proyecto económico y su Ley de Entidades
Financieras 21.526/77. La desigualdad social que vinieron a instalar se
institucionalizó y de los 800 mil pobres de 1976, hoy pasamos a casi 18
millones según las proyecciones del Observatorio Social de la UCA.
Hoy es un día de Memoria, de Verdad y de Justicia.
Además, debemos tener conciencia que en 1976 se
sacó del poder a un gobierno justicialista como en 1955. Es por eso, que los
trabajadores no podemos bajar nuestras banderas, sería una traición a nuestro
mártires y a nuestros héroes. Tenemos que seguir luchando por la defensa de la
soberanía política y popular; por la consagración de la independencia económica
y del desarrollo integral; por la justicia y por la dignidad social de la familia
argentina; y por la afirmación de nuestra conciencia nacional histórica y
suramericana.
