Radiografía de la Policía de la Provincia de Buenos Aires:
estructura de negocios, dominio territorial y los siempre infructuosos intentos
de domar a la bestia.
Daniel
Cecchini / 6 OCTUBRE 2016
En un nuevo espasmo mediático-judicial, el descubrimiento de
36 sobres con más de 150.000 pesos en un allanamiento realizado el mes pasado
en la Jefatura Departamental de La Plata volvió a sacar a la luz una de las
tantas aristas de la trama oscura que atraviesa desde hace décadas la historia
de la fuerza de seguridad más numerosa de la Argentina: la corrupción de la
Policía Bonaerense. Y actualiza, una vez más desde el retorno de la democracia,
el debate sobre las limitaciones del poder político para controlar a una
institución armada capaz de poner en jaque a cualquier gobierno.
El recuento de causas
judiciales, investigaciones internas y externas, sumarios y denuncias que
involucran a la Policía de la Provincia de Buenos Aires permite componer un
mapa de negocios ilegales que produce millones de pesos: prostitución, juego
clandestino, regulación del tráfico de drogas, robos por encargo a través de
delincuentes profesionales o de jóvenes de sectores vulnerables que son
obligados a cometerlos, liberación de zonas para la perpetración de delitos y
redes de desarmaderos de autos, por nombrar sólo algunos. Y,
complementariamente, mecanismos de corrupción interna al servicio del
enriquecimiento de los jefes, que incluyen la compra de destinos al frente de
comisarías mediante cuotas mensuales y el pago de comisiones a cambio de
ascensos.
Los datos duros
muestran que la Bonaerense es una megafuerza de seguridad que prácticamente no
tiene parangón con ninguna otra policía del mundo democrático. Sus casi 90.000
efectivos hacen que en el territorio de la provincia haya un policía por cada
185 habitantes. Una tasa desmesurada si se la compara, por ejemplo, con la de
la policía de Nueva York -tan elogiada por los políticos autóctonos a la hora
de reclamar mano dura- que sólo tiene un uniformado cada 561 ciudadanos. Si se
quiere una medida más cercana, en Río de Janeiro hay un policía cada 355
habitantes, mientras que en San Pablo la tasa baja a uno cada 488.
En las últimas dos décadas su crecimiento ha sido casi
exponencial: de 45.000 efectivos en 1997 (1 cada 297 habitantes) pasó a 55.000
en 2011 (1 cada 289) y a 82.000 en 2014 (1 cada 201). El último gran salto lo
pegó en 2015, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli incorporó de un saque
a casi diez mil nuevos agentes para satisfacer las “necesidades” de la
estrategia de saturación de las calles de su último ministro de Seguridad,
Alejandro Granados.
En su informe anual
de 2016, la Comisión Provincial por la Memoria denunció explícitamente las
consecuencias de esta política. “El despliegue territorial de las fuerzas
policiales se acrecentó de manera superlativa y la política expresa de
endurecimiento implicó un incremento de la violencia policial sobre los
sectores más vulnerables de la población -dice el documento-. Del mismo modo,
el despliegue estatal de la violencia en las condiciones descriptas es la
condición de posibilidad para el gatillo fácil, las torturas, el hostigamiento
policial, el reclutamiento para el delito o el armado o fraguado de causas.
Estos entramados y prácticas de control territorial son centrales para entender
el incremento de ingresos al sistema penal y el consecuente escenario de
masivas vulneraciones de los derechos humanos de las personas privadas de
libertad”.
Semejante presencia
en el territorio hace de la Bonaerense un factor fundamental a la hora de
definir no sólo la seguridad sino la calidad de vida en general de los
ciudadanos de la provincia. Eso, a su vez, la transforma en un actor político
de peso, algo que la diferencia de la mayoría de las policías del planeta. “El
primer punto de anclaje de la Bonaerense es su poder de dominio territorial, su
capacidad de llegar a los intersticios más desagregados de los territorios, lo
que también es un capital gigante para vincularse con los mercados ilegales. La
policía también gestiona el delito. Eso es otro potencial que la Bonaerense
tiene como margen y caudal de negociación con el poder político, es decir,
determinar o regular en esos territorios los mercados ilegales. Y eso para
cualquier gestión de gobierno es un capital muy importante, porque es lo que
determina que la situación local se torne más o menos violenta”, explicó
Rodolfo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de
la Comisión Provincial por la Memoria.
Seguridad para el
delito
La regulación de los mercados ilegales significa también
hacer caja. Un oficial retirado explicó a este cronista que la recaudación es
piramidal. El dinero se consigue en la calle -las comisarías funcionan como
entes recaudadores- y va subiendo hasta llegar a los jefes. En el camino,
quienes participan se van quedando con su parte. Quienes no quieren participar
del negocio -que los hay- son marginados y, por lo general, terminan en destinos
que tienen todas las características de un castigo. “Las comisarías se
adjudican de acuerdo a dos criterios que no son opuestos: las reciben los
protegidos de los jefes y quienes ofertan más por ellas. Cada comisaría tiene
un precio, que consiste en una cuota mensual que tiene que ir para arriba. Todo
lo que se recauda por encima de esa cuota, queda en la comisaría, donde una
parte se destina al funcionamiento y otra va a parar a algunos bolsillos,
primero el del comisario y después, proporcionalmente, para abajo”, dijo. Otro
ex policía confirmó el mecanismo. “En algunos casos, las comisarías están
sobrevaluadas. Lo que recaudan normalmente no alcanza o apenas es suficiente
para pagar la cuota. Entonces, en esos lugares, si uno presta atención, ve que
empieza a haber más robos”, agregó.
Consultado para esta
nota, un funcionario con más de veinte años de trayectoria en el área de
seguridad bonaerense, recientemente desplazado por decisión de la
administración de María Eugenia Vidal, relató una anécdota esclarecedora. “Hace
unos años le pregunté al criminólogo italiano Franco Basaglia por qué la mafia
no había podido hacer pie en la provincia de Buenos Aires -contó-. La respuesta
que me dio fue contundente: ‘Porque las actividades típicas de la mafia están
en manos de la policía; entonces la policía no necesita negociar con la mafia,
simplemente no le permite ocupar su lugar’”.
“El primer punto de anclaje de la Bonaerense es su poder de
dominio territorial, su capacidad de llegar a los intersticios más desagregados
de los territorios, lo que también es un capital gigante para vincularse con
los mercados ilegales”
En este contexto, con una gestión del delito que es
estructural dentro de la policía, resulta casi imposible que la fuerza se
autodepure. Los márgenes para que alguien desde adentro tenga las posibilidades
de denunciar esas prácticas ilegales son muy remotas. En una estructura que
está fuertemente vinculada con el delito, lo ilegal, la gestión territorial,
denunciar dentro de la misma estructura policial es casi un imposible sin asumir
altos riesgos personales.
Por otra parte, la
vinculación de la recaudación policial con el financiamiento de la política
parece ser un secreto a voces. Sin embargo, no hay datos concretos que
respalden esa conexión. “Las investigaciones se terminan la mayoría de las
veces donde terminan las cúpulas policiales. Es muy poco probable que en una
investigación se siga el nexo y se lleguen hasta las responsabilidades
políticas. Tal vez, con el tiempo, alguna vez ocurra, pero lo más concreto es
que lo que uno ve es de ahí para abajo: la recaudación de las departamentales o
de la órbita que tiene la gestión sobre determinados territorios, cómo eso se
va desagregando hasta los distintos actores que van interviniendo dentro de la
fuerza policial”, señaló Pomares.
¿Autogobierno o negociación?
Los pocos intentos realizados por algunos de los gobiernos
de la provincia de Buenos Aires para transformar a su policía en una fuerza
moderna e integrada al funcionamiento de las instituciones de la democracia han
fracasado de manera sistemática. En algunos casos, por decisiones de un poder
político que hace la vista gorda ante las relaciones de complicidad que existen
entre los jerarcas de la fuerza y muchos de los barones del conurbano. En
otros, cuando esos intentos fueron brutalmente escarmentados. La masacre de
Ramallo, en 1999, que terminó con la primera reforma encarada por León Carlos
Arslanian, es un caso paradigmático. No fue la única vez. Lo mismo sucedió,
entre otros hechos, con la desaparición de Miguel Bru, con los asesinatos de
Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, y con la desaparición de la familia
Pomar, que provocó la caída del ministro Carlos Stornelli durante la primera
gobernación de Daniel Scioli.
“El funcionamiento de
la Bonaerense es deficiente porque volvió a recuperar una fisonomía y un tipo
de funcionamiento que había sido superado por la reforma que se inició en 1998,
1999 y que se profundizó entre 2004 y 2007. Uno de los problemas más grandes
que tenía la Policía de la Provincia de Buenos Aires era el extraordinario
grado de autonomía y autogobierno al que había llegado y que lo había conducido
a procesos crecientes de corrupción y de violencia institucional.
Evidentemente, frente al diagnóstico preciso que se hizo en su momento, esas
cuestiones se corrigieron cuando se asumió el gobierno civil de la fuerza
policial con un diseño institucional apropiado y consistente en un ministerio
con competencia, funciones y funcionarios que se hicieron cargo de la
conducción estratégica. Ahora hemos vuelto al pacto civil policial y a un
autogobierno policial que le hace mal a la propia institución y debilita al
propio gobierno. Esto por supuesto lleva a resultados negativos en materia de
control de la seguridad”, dijo Arslanián a este cronista poco después de que
Daniel Scioli lo desplazara del Ministerio de Seguridad provincial.
Un repaso de los intentos de reformar la Policía de la
Provincia de Buenos Aires muestra que se trata de una serie de intentos
carentes de continuidad, que se interrumpen cuando cambia un gobierno o,
incluso, durante un mismo gobierno. “Parece ser una regla de la política que en
temas de seguridad pública, las medidas de fondo dan pocos resultados en
términos electorales y la potencialidad de muchos costos. Entonces suele ser
una ecuación en la que se opta por no tomar medidas de fondo. Creo que eso es
parte de una mirada muy cortoplacista, muy efectista de la política. Desde la
Comisión propiciamos que se tomen medidas de estado, que se elaboren políticas
de estado que trasciendan a la decisión coyuntural, pero lo cierto es que las
decisiones coyunturales suelen ser las que van direccionando las distintas
políticas que se aplican”, explicó Pomares.
Dentro de este
panorama, es difícil ver a la investigación sobre la corrupción policial que
llevó al descubrimiento de los sobres con dinero en la Jefatura Departamental
de La Plata como un punto de partida para un cambio estructural de la
Bonaerense -como se lo quiere hacer ver desde la administración Vidal-, sino
como el resultado visible de una interna que llevará al reacomodamiento de las
piezas y a una nueva distribución de poder dentro de la fuerza policial.
