Aritz Recalde, agosto 2016
¿Para qué el Decreto de
Necesidad y Urgencia 267/15?
El Gobierno Nacional sancionó el DNU 267/15
por intermedio del cual derogó parte importante del articulado de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual
(26.522/09) y la de Argentina Digital
(27.078/14). Básicamente y de manera sumamente resumida, el DNU implicó:
a-
Beneficiar
al GRUPO CLARÍN.
- El DNU prorrogó por 10 años las licencias
del grupo de medios. En el año 2005 el Gobierno Nacional ya había prorrogado
por el mismo tiempo las licencias (Decreto 527/05).
- Evitó que Clarín aplique la cláusula
antimonopolio de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que había
sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
También para proteger al grupo empresario, en
2002 Duhalde sancionó una ley que puso un tope del 30 % del capital extranjero
en medios (Ley 25.750/03). La finalidad fue evitar que un acreedor foráneo se
quede con Clarín, que había tomado préstamos para comprar los cableoperadores
del interior.
- El DNU favorece la posibilidad de que el
grupo retenga y amplíe su red de televisión por cable (“TV por suscripción”).
El decreto estableció que la TV por cable se regula por la misma norma que las
telecomunicaciones y no por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Actualmente
y como resultado de la reforma, no hay límite del número de licencias, los
operadores no deben respetar las grillas, ni promover canales locales y tampoco
están obligados a cumplir con las finalidades culturales de la ley 26.522/09.
Es de esperar que Clarín refuerce su política
de apropiación del cable en todo el país que aplicó en los años noventa. El
grupo adquirió Nextel para ampliar su actividad a los servicios de telefonía y
la nueva normativa le permite ampliar sus licencias de TV abierta.
El Grupo Clarín es el gran beneficiario del
DNU y todo indica que CAMBIEMOS le pagó su apoyo político en la campaña electoral
del año 2015.
b-
Favorecer
al GRUPO TELEFÓNICA. Además de la
prorroga de licencias mencionada, el gobierno apoya a este grupo con la
posibilidad de que en dos o tres años las telefónicas puedan vender televisión
por cable o satelital.
c-
Debilitar
las FUNCIONES DE REGULACIÓN del sistema de medios por parte de las
organizaciones libres del pueblo y el Congreso, en relación al Poder Ejecutivo.
El Decreto clausuró la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual (AFCA) y
la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
(AFTIC), creando en su lugar el Ente Nacional de Comunicación (ENACOM). El
ENACOM se compone de un presidente y de tres directores nombrados por el Poder
Ejecutivo. De los tres directores que designa el Congreso uno corresponde a la
primera minoría. En resumen, Mauricio Macri designa cinco miembros del ENACOM y
la oposición solamente dos. La norma establece que sus miembros pueden ser
removidos sin causa o proceso y desaparecen las representaciones de las
provincias o de las universidades.
El DNU flexibiliza la transferencia de
licencias entre los grupos, cuestión que facilita la consolidación del sistema
de oligopolios y acentúa la falta de regulación pública.
En paralelo, el gobierno apoyó la finalización
de Futbol Para Todos, transfiriendo la televisación de los partidos a los grupos
privados. Paradójicamente, la mayoría de los costos del futbol siguieron siendo
abordados por el Gobierno Nacional.
Comisión
para la reforma de las leyes de Servicios de Comunicación y Argentina Digital
El DNU creó una Comisión para la elaboración
de un proyecto de reforma la las normas derogadas. La Comisión publicó un
documento con 17 “Principios que regirán
la Ley de Comunicaciones Convergentes”. El texto fue elaborado por un
colectivo de seis personas dirigidas por Silvana Giudici y con figuras
vinculadas a Clarín y Telefónica.
En general, el documento está cargado de “buenas
intenciones” como es el caso de la convergencia, la pluralidad de voces, el respeto
a los derechos de los usuarios, el derecho al acceso a internet, la autonomía
de los órganos de control, la adjudicación “razonable” de licencias, la
promoción de la cultura nacional, la defensa del empleo del periodista, el
pluralismo de los medios estatales o la existencia de medios comunitarios.
En buena medida, gran parte del decálogo de
intenciones ya integraba la regulación anterior. El texto tiene grandes
omisiones y a la vista de lo que está efectivamente ocurriendo, difícilmente se
puede cumplir el “espíritu de la Comisión”. El supuesto que originó la refirma
que es la potencial convergencia y la necesaria pluralidad de medios públicos,
son una máscara para que Clarín, Telefónica y otros grupos concentrados locales
y extranjeros controlen la totalidad de licencias de radio o televisión.
Además y tema preocupante, se están perdiendo
miles de puestos de trabajo en medios y poderosos grupos norteamericanos como
Turner, están por adquirir un canal y el negocio de la televisación del futbol.
El
sistema de medios de comunicación y la dependencia cultural
Las medidas de gobierno de CAMBIEMOS
profundizan la condición cultural dependiente de la Argentina. En el plano de
la comunicación se reproduce la asimetría de la división internacional del
trabajo, que está caracterizada por la existencia de un centro que vende
tecnología y exporta contenidos (EUA y Europa) y por una periferia que
reproduce los patrones culturales dominantes. Las potencias económicas y
culturales desarrollan su predominio a partir de vincularse con actores
locales. Esta realidad no es meramente un problema argentino, sino que
caracteriza a Chile (Diario Mercurio), Venezuela (Grupo Cisneros) o Brasil (Grupo
Globo). Estas empresas de medios son puertas de entrada en Iberoamérica de los
intereses geopolíticos, económicos e ideológicos de las potencias internacionales.
El funcionamiento del sistema de medios del
país se caracteriza por tres rasgos fundamentales que son:
-
Comportamiento
OLIGÁRQUICO.
La historia de nuestra comunicación está
ligada directamente al poder de la oligarquía económica y política. La línea
editorial de los principales medios es la de los grupos agroexportadores o la
de los grupos industriales. Arturo Jauretche lo describió con lucidez cuando
mencionó que “El
cuarto poder está constituido en la actualidad por las grandes empresas
periodísticas que son, primero empresas, y después prensa. Se trata de un
negocio como cualquier otro que para sostenerse debe ganar dinero vendiendo
diarios y recibiendo avisos (…) Así, el diario es un medio y no un fin, y la
llamada “libertad de prensa”, una manifestación de la libertad de empresa a que
a ella se subordina, porque la prensa es libre sólo en la medida que sirva a la
empresa y no contraríe sus intereses”.
-
EXTRANJERIZANTE
Y ANTINACIONAL.
El mundo se desenvuelve en una férrea disputa
cultural. Las Potencias tienen sus propias agencias y medios de organización y de
difusión cultural para Iberoamérica. Los Estados Unidos disponen de la CNN en
español, los rusos RT en español, los chinos administran la agencia Xinhua y
los británicos Reuters. Además de las agencias de noticias, hace tiempo que las
potencias extranjeras están comprando los medios de comunicación en el país.
CAMBIEMOS promueve que el norteamericano grupo
Turner adquiera Telefe (español) y el negociado de la transmisión del futbol. De
conseguirlo, los EUA abrirían CNN
argentina e impondrán su ideología desde el deporte y las noticias.
Los españoles manejaron con perspectiva
estratégica este mecanismo y a la par que compraron canales y radios con Carlos
Menem, fueron persuadiendo a la opinión pública para que sus grupos económicos
se queden con el petróleo (REPSOL), Aerolíneas (Marsans) o las telefonías de la
ex ENTEL (Telefónica). No exageró Juan José Hernández Arregui cuando mencionó
que “Desacreditar
y aislar todo pensamiento argentino era la misión combinada de la prensa, la
radio, el cine, al servicio de los centros organizados del poder mundial”.
Tal cual denunció Julian Assange, el grupo
norteamericano Silicon Valley (Apple, google o facebook) utiliza las nuevas tecnologías
al servicio de la política exterior norteamericana. Estos grupos controlan a
las personas, moldean conductas y direccionan búsquedas de información, de consumos
comerciales y de opiniones políticas en las redes.
Buena parte de nuestra comunicación en redes
sociales, televisión o radio está orientada al beneficio de empresas extranjeras
y promueve la geopolítica europea y norteamericana en la región.
-
OLIGOPÓLICOS.
Como adelantamos, nuestro sistema de
comunicación es concentrado y permite que algunos pocos grupos manejen buena
parte de la emisión y distribución de la cultura. La ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual tenía, entre otras funciones, el objetivo de
democratizar esta concentración que hace imposible la pluralidad de voces y la
vida democrática.
Con el DNU que comentamos la aristocracia del
dinero está impulsando activamente la consolidación oligopólica y concentrada
de los medios.
La aristocracia del
dinero de CAMBIEMOS profundiza el proyecto neoliberal
Lejos
de ser original en este y en otros planos, el Gobierno Nacional aplica un
paquete de medidas que fueron iniciadas en el año 1955 y profundizadas a partir
del año 1976 y 1989.
AGENCIAS DE NOTICIAS
El peronismo impulsó un sistema de medios
públicos y privados, orientados a la promoción cultural y a la defensa de los
intereses nacionales. Con dicha finalidad abrió la agencia de noticias TELAM,
de cuya escuela de periodismo se formaron Rogelio García Lupo o Jorge Ricardo Masetti
quienes contribuyeron a crear la cubana Prensa
Latina. Luego del año 1955 las noticias internacionales fueron importadas
de las agencias norteamericanas que las cubren, editan y distribuyen en función
de su interés nacional.
En el siglo XXI los gobiernos populares del
continente crearon TELESUR, con la finalidad de romper el cerco informativo
neocolonial. Actualmente, CAMBIEMOS borró TELESUR de la grilla de la TV Digital
abierta y sacó a la Argentina del Canal sudamericano. En su lugar y en acuerdo
con el gobierno de los EUA, Mauricio Macri impulsa al grupo Turner y a la CNN.
Con la Resolución 166 - E/16 de la Jefatura
de Gabinete, el Gobierno Nacional se apropió de la base de datos del ANSES para
hacer propaganda con la telefonía y los correos electrónicos de los individuos.
En la campaña electoral de 2015 CAMBIEMOS se quejaba de la comunicación
gubernamental de Futbol Para Todos, que ahora realizan grupos económicos y que
manejarían los EUA. Actualmente y pese a lo que sostenían hace un año, realizan
una onerosa y masiva campaña de prensa que avanza sobre las libertades
individuales. La publicidad de gobierno es financiada con recursos públicos
derivados de los favores a Clarín o Telefonica y se complementa con un manejo
masivo y agresivo en redes sociales y buscadores de música o videos. Con la
Resolución 166 van a hacer propaganda en cadena en los teléfonos particulares y
en los correos personales de más de 30 millones de personas.
LOS
DUEÑOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Luego de producido un conflicto gremial entre
el Diario La Prensa y sus
trabajadores que culminó con un obrero muerto, el gobierno peronista expropió
el periódico en el año 1951. A diferencia de lo que tradicionalmente ocurre, el
Estado fallaba a favor de los obreros que recibieron el medio y lo
administraron de manera idónea y democrática. El nicho de mercado de La Prensa fue ocupado, en parte, por el
diario Clarín.
Para contrarrestar la acción oligárquica,
meramente comercial y extranjerizante del periodismo, el Estado creó la
televisión pública en 1951 (Canal 7). Durante la etapa el Estado potenció la
producción nacional y cultural y adquirió algunas radios.
El gobierno había generado las condiciones legales
y tecnológicas para la aparición de tres canales privados, que fueron asignados
luego del golpe de Estado de 1955. La dictadura de Aramburu clausuró todos los
medios de comunicación ligados al gobierno democrático, sean estatales,
partidarios o sindicales y sancionó el decreto 4161 que directamente prohibía
nombrar a Perón y a su Movimiento. Los nuevos canales de televisión fueron
adjudicados con un doble criterio:
a-
Los
titulares eran referentes políticos opositores al gobierno y a la democracia
popular;
b-
Los
contenidos y la tecnología eran principalmente norteamericanos. Canal 9 se
vinculó a la National Broadcasting Company (NBC), el 13 nació ligado a Goard
Mestre con vínculos con la Columbia Broadcasting System (CBC) y Time Life y el
Canal 11 con la American Broadcasting Company (ABC).
Como resultado de esta decisión gubernamental,
la Argentina ponía los medios de comunicación al servicio de las dictaduras
políticas y de la norteamericanización de la económica.
En el año 1974 el peronismo no renovó las
licencias de los tres canales privados que pasaron al Estado. Lo mismo hizo
Hugo Chávez en el año 2007 con Radio Caracas Televisión (RCTV) y no le renovó
la licencia. Como a Perón, al dirigente bolivariano lo acusaron de dictador.
Paradójicamente, cuando se privatizó Canal 9 a la vuelta de la democracia o las
televisoras 11 y 13 con Menem, los mismos periodistas hablaron de pluralismo y de
libertad de prensa. Se cumplió un principio dogmatico del liberalismo que
sostiene que las trasferencias económicas de la mayoría popular a una minoría oligárquica
son legítimas y que el proceso inverso es un medio de “subversión y
autoritarismo”.
Hasta la llegada de Carlos Menem a la
presidencia en el año 1989, la propiedad de medios tendió a ser nacional y sus perspectivas
y contenidos (series o noticias) extranjeros. El presidente riojano modificó la
ley de medios de la dictadura 22.285/80 que prohibía a los licenciatarios ser extranjeros.
En paralelo y en el marco de la Constitución Nacional de 1994, firmó tratados
de inversión con EUA permitiendo que la potencia del norte administre nuestra
cultura. La decisión de Macri de apoyar a Turner no es original, sino que
profundiza la dependencia cultural y política iniciada en el año 1955.
El menemismo mantuvo la prohibición para que
las cooperativas sean licenciatarias de medios, contribuyendo a la
consolidación de un modelo comercial y oligopólico de la cultura. El gobierno menemista
amplió la cantidad posible de licencias de cuatro a 24 y permitió el cruce de
empresas gráficas con la producción audiovisual. Los grandes grupos comerciales
tenían todo el poder mediático en sus manos y la democracia estaba silenciada.
REGULACIÓN DEMOCRÁTICA DEL SISTEMA DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Tal cual adelantamos, la historia de la
comunicación es la de nuestra oligarquía que evitó las regulaciones propias de
la soberanía popular. No es casualidad que en democracia sólo dos gobiernos
impulsaron leyes de servicios de comunicación: en 1953 y 2009. El poder económico
nacional y extranjero no sometió la regulación de medios a fines sociales y en
nombre de la libertad de prensa retuvo sus privilegios de clase o de facción.
Esta última condición también se repitió en
dictaduras y no es secreto para nadie que Clarín o La Nación apoyaron al golpe
de 1976 continuando una actitud que Mariano Grondona había aplicado desde Primera Plana y la dictadura de Ongania
de 1966.
La ley de medios del peronismo 14.241/53
declaraba al sistema interés público, prohibía el ingreso del capital
extranjero, impedía la formación de oligopólicos, vedaba la trasferencia de
licencias y le proporcionaba una importancia fundamental al sistema oficial de comunicación.
Desde el año 1955 se produjo el proceso inverso y la prensa se volvió eminentemente
comercial, de propiedad extranjera y concentrada en pocas manos privadas.
Desde la vuelta de la democracia la Coalición por una Radiodifusión Democrática,
impulsó una comunicación cultural y social que no sea un mero negocio, sostuvo
que había impedir la concentración y la trasferencia de licencias por parte de
los grandes actores. El espació bregó por la pluralidad de voces y por el
derecho a que los medios comunitarios y sin fines de lucro sean propietarios y
emisores. Desde su origen, la Coalición contempló la defensa de la cultura
nacional y local y la formación de una autoridad de control diversa y
democrática. Muchos de estos principios conformaron la ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual del año 2009. Esta última norma conjuntamente con la
ley de Educación Nacional del 2006, fueron los dos textos normativos más
debatidos en foros, sindicatos o universidades de toda la historia Argentina.
La aristocracia del dinero que gobierna los
destinos del país quiere retrotraer el sistema de medios al año 1955.
