Edgar Isch L.
No ganaron las elecciones, el pueblo
no los convocó, pero los técnicos del Fondo Monetario Internacional ordenan hoy
el Ecuador en plena alianza con el gobierno de los empresarios. Pocos días
antes del paquetazo de medidas económicas y laborales anunciadas por el
presidente Lenin Moreno, ya la prensa comercial anunció que el FMI no daría el
nuevo desembolso del crédito contratado si no se hacían las reformas desde el
gobierno.
Y, una vez tomada la decisión, el FMI
salió a dar su “apoyo” a la decisión gubernamental, como si la bendición del
organismo multilateral la santificara.
Pero las medidas tienen el carácter de
las recetas neoliberales: debilitar el Estado y fortalecer las grandes
empresas; obligar a los pobres a pagar la crisis que causaron los poderosos y
los benefició; hambrear a un pueblo entero para garantizar el pago de la deuda
externa.
Ello se enmascara en discursos de
transparentar las finanzas, de “poner la casa en orden” y, por supuesto, de
sacrificarnos “todos” para lograr días mejores. Los gobiernos neoliberales en
el momento de tomar medidas de este tipo dicen que hay que apretarse los
cinturones por un tiempo, pero que a la vuelta está el paraíso. Este, pretende
que no hay que apretarse los cinturones, que el incremento del precio de gasolinas
y del transporte de alimentos y personas, no afectará a la población.
Que las medidas tengan relación
directa con imposiciones colocadas sobre el país a cambio de deuda externa es
uno de las causales de su ilegitimidad. Las condicionalidades que vienen con
los desembolsos, que ponen obligaciones al Estado que se califica de soberano,
los registros de avances en el que se entrega al FMI información que se
mantiene oculta al pueblo, destruye cualquier sentido de la democracia.
Añádale las expresiones de Lenin
Moreno en la ONU, llamando a la intervención contra el pueblo de Venezuela, la
entrega de una base aérea en Galápagos para uso de naves de inteligencia de
Estados Unidos (que el gobierno niega que sea una base, como si el imperialismo
no hubiera ampliado su definición de las mismas), las salidas del Ecuador de Unasur y la OPEP, centros de integración
Sur-Sur, y se tendrá el cuadro completo de un gobierno sumiso a intereses
extranjeros, que pisotea la independencia del Ecuador.
Su
alianza con la gran burguesía es natural pues este pequeño sector de la
sociedad ecuatoriana se encuentra integrada, en relaciones constantes y
permanentes, con las transnacionales y los intereses foráneos.
El paquete de medidas impuestas
supuestamente traerá trabajo. Este fue el ofrecimiento del plan de gobierno de
Alianza País, que se ha cumplido al revés. Según el ministro del Trabajo,
Andrés Madero, en una comparecencia en la Asamblea Nacional señaló que solo
desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019 se habían despedido a 11.820
trabajadores del sector público. Ahora se anuncia 10 mil despidos más.
Desde el sector privado la reducción
de trabajadores también ha sido una constante, de manera grave en el sector de
la construcción que es uno de los que más obreros contrata, pero cuya situación
nada tiene que ver con las medidas económicas.
En Ecuador hay una contracción
económica general, el PIB crece en un punto o menos, el consumo de las familias
ha decrecido, el manejo económico lleva a muchos a buscar productos de primera
necesidad en Colombia (por eso el paro reciente de la pauperizada provincia
fronteriza de Carchi), de manera que no hay condición de crecimiento de
empresas para consumo interno. De hecho, se habla de miles enfocadas en
servicios y comercio que han quebrado, aumentando el desempleo.
En estas condiciones, el anuncio del
gobierno no es más que demagogia y el pretexto para eliminar derechos
laborales, incrementando la precarización laboral. Entre las medidas de este
tipo, que empiezan con los nuevos contratos, están:
Los contratos ocasionales se renovarán
con un 20% menos de remuneración. Se violan principios constitucionales que
protegen los derechos adquiridos, se viola el principio de a igual trabajo
igual remuneración y se permite la sobre explotación.
Los funcionarios públicos pasarán de
tener 30 días de vacaciones a 15, como el sector privado, pero desconociendo
que esos días eran una suerte de compensación porque el empleado público no
recibe reparto de un reducido pedazo de las utilidades empresariales.
Trabajadores de empresas públicas
aportarán mensualmente, como mínimo, un día de su salario. Más los 15 días
anteriores y doce aquí, estamos hablando de un mes entero al año que se afecta
y que, podría decirse trabajaran sin cobro (en los 15 días de vacaciones se
recibía pago por vacaciones pagadas, no por días laborados).
A
cambio, estas son las medidas para el sector empresarial:
Eliminación del anticipo del impuesto
a la renta, que venían exigiendo al gobierno.
Eliminación o reducción de aranceles
para equipo, maquinaria y materia prima, tanto agrícola como industrial, para
que tengan “mayor competitividad”.
Eliminación de aranceles a la
importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras.
Reducción y simplificación del
Impuesto a la Renta al sector bananero.
Devolución de tributos a los
exportadores para “dinamizar la economía”.
Reducción a la mitad del Impuesto de
Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital.
Las empresas que perciben anualmente
más de 10 millones de dólares “Pagarán por tres años una contribución especial,
que totaliza más de 300 millones, que se destinarán exclusivamente para
seguridad, educación y salud”, según anunció Moreno. Una mínima cantidad frente
a los impuestos, intereses y multas que ya les perdonó con la remisión
tributaria, con la que los Grupos Económicos se acogieron al pago de USD 801
millones, pero dejaron de pagar USD 987 millones (Jonathan Báez, ISIP, 2019),
aunque hay estimaciones que sería mucho más, llegando a señalarse la cantidad
total estaría por encina de los 2.000 millones de dólares.
Como se ve, la balanza de las
decisiones del FMI y el gobierno tiene una clara identidad de clase. A ello se
añade la liberación de los precios de las gasolinas y diésel, hasta hoy subsidiados.
El inmediato aumento del transporte de carga y pasajeros implica otro golpe a
la economía de los sectores populares y medios, pero no afecta a los
industriales que pasan esos costos a los precios del consumidor.
En estas condiciones, se justifica la
pronta reacción de la población para protestar. Principalmente convocados por
sectores perseguidos por el anterior gobierno como el Frente Unitario de
Trabajadores (FUT) que agrupa a las mayores centrales sindicales y a la Unión
Nacional de Educadores, la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador
(CONAIE), el Frente Popular, la Federación de Estudiantes Universitarios
(FEUE), y otras, que han logrado gran respaldo social.
Junto a un paro de los gremios del
transporte que inició a media noche del 2 de octubre, apenas a un día de
anunciadas las medidas, dificultan el asalto a los intereses populares y
conducen a que incluso sectores de derecha pretendan ser “comprensivos” con la
respuesta popular que va en aumento. La lucha social apenas está iniciando.
“Se acabó el miedo, retomamos la
lucha”, ha sido una expresión repetida en las calles y las redes sociales. Hoy
el miedo pasó a las filas del gobierno que a primeras horas de la tarde del 3
de octubre dispuso el estado de excepción en todo el territorio nacional.
El decreto presidencial 884 tiene 10
artículos que, entre otras cosas, moviliza a las Fuerzas Armadas y la Policía
para mantener el orden, suspende en todo el territorio nacional el ejercicio
del derecho a la libertad de asociación y reunión, para impedir la conformación
de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día, limita el
derecho a la libertad de tránsito en todo el país “en los casos en que se
atente contra los derechos y garantías del resto de ciudadanos” y se autoriza
la requisición de bienes y de servicios.
La
medida, altamente represiva y antidemocrática, es condición normal de las
medidas impuestas por el FMI y los sectores empresariales de mayor poder. La
injusticia de las decisiones gubernamentales se apoya en la reducción de
derechos.
En las marchas y calles, se observa
una gran agresividad de las fuerzas represivas del Estado, se arresta a
personas que están amenazadas de juicios penales y se pretende amedrentar a la
población. La paz social buscada por los gobiernos se ha roto en el Ecuador,
ahora reinicia el tiempo de la lucha directa. “Se acabó el miedo, retomamos la
lucha”.
Edgar Isch L.: Académico y exministro
de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
