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DICIEMBRE, 2017
Por Ollantay Itzamná/EL DIARIO
DE CARLOS PAZ, ARGENTINA.- El próximo domingo, 03 de diciembre, cerca de 6.5
millones de bolivianos/as acudirán a las urnas para elegir, por voto popular
directo, a 52 magistrados del organismo judicial. Sí, aunque Ud. no lo crea, el pueblo elegirá por voto popular a sus
principales jueces nacionales, por segunda vez. La primera vez lo hicieron en
2011.
Un total de 597 candidat@s fueron postulantes
para estas elecciones. De ell@s, 96 fueron preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (en
base a sus méritos académicos y laborales). De estos, 18 serán electos como
magistrados para el Tribunal Supremo
de Justicia (9 titulares, 9 suplentes); 18 para el Tribunal Constitucional Plurinacional (9 titulares, 9 suplentes);
10 para el Tribunal Agroambiental (5
titulares, 5 suplentes); y 6 para el Consejo
de la Magistratura (3 titulares, 3 suplentes).
Estos jueces, al igual que el resto de las
autoridades públicas por elección popular, son
revocables. El tiempo de sus funciones
es de 6 años, sin posibilidad de reelección.
Para el Tribunal Constitucional Plurinacional,
el Art. 197 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
dispone: “… estará integrado por magistrados/as elegidos con criterio de plurinacionalidad,
con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario
campesino”. De esta manera, se garantiza la representación de pueblos indígenas
y campesinos.
A diferencia de otros procesos electorales, en
las elecciones judiciales, los
candidatos no deben estar adscritos a ningún partido político (no hacen
campaña electoral por sí mismos).
Es más, sólo el Órgano Electoral Plurinacional
está autorizado para difundir el perfil y las propuestas de todas las y los
candidatos, en igual proporción y tiempo, en los medios de información. Y lo
realiza en los cuatro idiomas más hablados del país.
No existe país en el mundo, mucho menos los
países con democracias “avanzadas”, donde los magistrados o jueces principales
sean electos por voto popular. En 5 de
los 50 estados de los EEUU de Norteamérica también se eligen jueces, pero no es
de alcance nacional.
¿Por qué Bolivia optó por la elección de jueces por voto popular?
El nefasto sistema neoliberal convirtió a
Bolivia en una marca mundial en la corrupción pública, en tiempos muy
recientes. A principio del presente siglo, el país se coronaba como campeona
y/o sub campeona en corrupción pública internacional. Pero, ningún funcionario
público era investigado y/o condenado por esos u otros delitos públicamente
evidenciados.
Diputados
y senadores de los partidos políticos, entre patadas y puñetazos, se
distribuían los cupos de los tribunales de justicia para elegir a sus
allegados, quienes a su vez, por este favor, jamás les investigaban/juzgaban
como acto lealtad política a sus padrinos políticos corruptos.
Fue en ese contexto de corrupción pública
generalizada del sistema judicial nacional, y la impunidad cínica de los
políticos, que se optó por las elecciones de magistrados por voto popular. Y
así se dispuso en la Constitución Política del Estado Plurinacional (2009).
La finalidad fue democratizar el sistema
judicial mediante elección popular de los magistrados, y así atenuar los males
del sistema judicial como: la retardación de la justicia, la desigualdad en el
acceso a la justicia, el cuoteo político del organismo judicial, entre otros.
¿Por qué la teoría política de la democracia occidental no permite la
elección de jueces por voto popular?
La moderna teoría política del Estado
democrático plantea como uno de sus principales bases la división e
independencia de los clásicos tres órganos de poder de todo Estado (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial). Los integrantes del Legislativo y del Ejecutivo deben
ser electos por voto popular.
Los integrantes del sistema Judicial, según
esta teoría política occidental, deben ser nombrados por los “representantes
políticos de turno”, NO pueden ser electos por voto popular. Esto, para
prevenir a los pueblos de la “tiranía judicial de las mayorías políticas
circunstanciales”.
Bajo este argumento arcaico, y contrastante
con la realidad, abogados como Zaffaroni o políticos como Macri repelieron en
la Argentina reciente la democratización del sistema judicial de dicho país.
Después de más de 200 años de la vigencia de esta premisa democrática, se constata que
los sistemas judiciales son evidentes botines políticos que sirven para
enriquecer/proteger con la impunidad a los políticos-empresarios-militares
corruptos, y en no pocos casos para criminalizar a defensores de derechos. Los estados neoliberales llevaron esta
perversión a su máxima expresión.
En otros términos: la justicia
es imparcial (buena) en la medida que los jueces sean electos por los ricos,
pero es mala y populista si los juzgadores son electos por voto popular. Y,
lo más aberrante, aún hay humanidad que asume esta falacia como verdad.
¿Qué resultados dejó en Bolivia la elección de jueces en 2011?
La primera elección, por voto popular, de magistrados,
como proceso, hizo que las y los bolivianos se interesen y debatan la elección
de sus magistrados. Antes, el nombramiento de magistrados era tan
desconocido/misterioso/corrupto como los contratos “reservados” de
privatización en la época neoliberal. Ahora, es la ciudadanía (rural y urbana)
quien decide quiénes serán sus magistrados, aunque luego de un filtro previo de
candidatos en el Legislativo.
El sistema judicial boliviano, hace una década
atrás, había tomado la misma o peor velocidad de caída libre de sus pares de
Honduras o Guatemala. En la actualidad, en
estos países, la gente no sólo desconfía de los jueces impuestos por los ricos,
sino que los repudian, y “dirimen” los conflictos jurídicos con pistola y
machete (promedio de 20 asesinatos por día).
Y, del total de estos asesinatos a mano
armada, sólo un promedio del 5% es llevado al sistema judicial. Sin el cambio
judicial impulsado en Bolivia, el país sería una marca mundial en criminalidad.
Los males capitales del sistema judicial boliviano
(corrupción, retardación, discriminación…) aún persisten. En el país sólo
existe un total de 1,008 jueces para
resolver un total de más de 800 mil causas en trámite. De esos mil juzgadores,
apenas se elige, por voto popular, a 52. Pero, nadie puede dudar del inicio
de la democratización del sistema judicial.
Hace falta, no sólo aumentar
la calidad y cantidad de juzgadores, y presupuesto económico correspondiente,
sino, sobre todo, actualizar/modificar
las currículas de formación universitaria para profesionales del derecho. Hace
falta que boliviano/as transiten de víctimas o espectadores (del asunto
judicial) a defensores/actores de derechos en el sistema judicial. Hace
falta incursionar en la cultura de la conciliación,
antes que el litigio judicial.
En este contexto, todo proceso de
democratización judicial, por más incipiente que fuese, es siempre benigno para los pueblos. La pregunta es: ¿quiénes y por qué será que
se oponen o convocan a voto nulo en las elecciones judiciales en Bolivia? ¿No será
que temen perder el último “gancho” del cual pende su impunidad y privilegios
legalmente permitidos?