Una
pregunta más inquietante de lo que parece
Por
Ernesto Tenembaum para INFOBAE
La
resolución en la que Claudio Bonadio reclama el desafuero y la detención de la
ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner tiene 369 fojas. La mayoría de
ellas se refiere a la cuestión de fondo, que intenta responder una pregunta
nodal: ¿la firma del memorándum de
entendimiento con Irán, constituye el delito de traición a la patria? Para
responderla recorre todos los debates
que se dispararon desde que el fiscal Alberto Nisman presentó la denuncia por
encubrimiento, días antes de morir: las condenas contra los funcionarios
iraníes por el atentado a la AMIA, el cambio de postura de Argentina respecto
del tema en el 2010, las sucesivas reuniones secretas entre los diplomáticos
argentinos e iraníes, la manera en que se pergeño el acuerdo, el rol de sus principales
protagonistas, el descargo de cada uno de ellos.
En
todo ese desarrollo, Bonadio concluye en
que existen suficientes elementos para considerar "prima facie" que
el delito existió. Sin embargo, aclara que su convicción no necesariamente es
categórica: es, apenas, una sospecha. Textual: "El Juez que ordena el
procesamiento no emite más que un juicio
de probabilidad, donde los elementos afirmativos deben ser francamente
superiores a los negativos (…) tampoco es preciso que el magistrado haya
adquirido certeza de que el delito existe y de que el imputado es culpable.
Basta, entonces, con la exigencia de
elementos de convicción suficientes para juzgar, en ese momento y
provisionalmente, que se ha cometido un hecho delictuoso".
Más
allá de la opinión de cada persona sobre esta causa, y las hay muchas y
diversas, está claro que Bonadio es prudente: sospecha que hay un delito pero
aclara que no tiene certeza de su existencia. En ese marco, toma especial
relevancia la fundamentación que realiza de su dramática decisión de pedir el encarcelamiento de la principal líder de la
oposición y de un puñado de sus seguidores. Sus argumentos están
desarrollados en 19 de las 365 páginas bajo el título "De la
libertad".
Bonadio
sostiene que durante la ejecución del delito por el que procesa a los
sospechosos, algunos de estos realizaron maniobras para sortear los organismos
de control del Estado. De esa manera, concluye que, como mantienen vínculos entre
sí, podrían volver a hacerlo. Luego se apoya en la jurisprudencia. En la
historia reciente, muchos personas que tuvieron poder fueron detenidas sin que
antes mediara una condena. De esos fallos, Bonadio extrae párrafos que le
sirven para justificar la decisión que se conoció esta madrugada. Así, desfilan
nombres muy conocidos, como Ruben Beraja o María Julia Alsogaray. En esos
fallos, y en muchos otros, se sostiene
una y otra vez, que no es necesario que los imputados entorpezcan con hechos
probados el desarrollo de una causa: basta con que el juez sospeche que podrían
eventualmente hacerlo.
Naturalmente,
Bonadio cita una resolución reciente de la Sala II de la Cámara Federal que,
dadas las circunstancias, comienza a adquirir una relevancia histórica. Allí
dice: "… a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no
corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados
se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente
relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que
permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo
del acuerdo criminal se encuentran aún
vigentes y puedan estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación
penal".
En
ese sentido, a cualquiera le será difícil rebatir sus argumentos. La
jurisprudencia sostiene que basta una
sospecha fundada de un juez para que este procese a alguien. Y basta otra
sospecha para detenerlo. Si un juez sospecha –o dice que sospecha– que un
sospechoso podría entorpecer la causa, está en condiciones de pedir que lo
encarcelen sin que demuestre acabadamente que es un criminal que entorpeció la
investigación. Bastan sus sospechas. Eso no es nuevo, como se ve en el texto, y
no se trata de una convicción personal sino de un consenso dentro del Poder
Judicial.
El
margen que eso otorga a comportamientos arbitrarios es gigantesco. Tan delicado
es el tema que, en los últimos meses ha generado múltiples reacciones que
derrumbaron los muros de la famosa grieta. Se
supone que los kirchneristas deberían estar en contra de las detenciones y los
antikirchneristas a favor. Pero esto no ocurre en este caso.
El
Colegio de Abogados está presidido
por Guillermo Lipera, un abogado que tuvo una posición durísima respecto del
gobierno anterior. A mediados de noviembre, luego de las detenciones de Amado
Boudou y Julio De Vido, emitió una declaración donde expresaba su alarma:
"Como principio rector rige la
libertad del imputado durante el desarrollo del proceso penal. La privación de
la libertad no es un fin en sí mismo sino un medio instrumental y cautelar. La
prisión preventiva es una grave restricción a la libertad personal, pues
implica una detención sin condena que solo podrá ser admisible si se fundamenta
debidamente".
La
preocupación se extiende a distintos ámbitos. Dentro del periodismo, por
ejemplo, tres de las personas que han planteado reparos han sido los destacados
columnistas de la Nación, Carlos Pagni,
Joaquín Morales Solá y Hugo Alconada. Pagni explicó que con el criterio de
Bonadio, funcionarios actuales, como Mauricio Macri, Juan José Aranguren o Luis
Caputo podrían ser detenidos. Cuando le preguntaron por qué defendía a los
detenidos kirchneristas, Pagni explicó un principio elemental: "Las
garantías individuales se inventaron para personas como Amado Boudou, no para
la madre Teresa de Calcuta".
En
una nota titulada "Los límites de la prisión preventiva", Morales
Solá explicó por qué le resultaba arbitraria la detención de Boudou y
sospechosa la actitud del juez que la decidió. En la mañana de hoy, Alconada
Mon twitteó: "Comodoro Py. Un lugar donde, salvo excepciones, jueces y
fiscales son procíclicos. No investigan al funcionario mientras está en el
poder. Al contrario, le garantizan impunidad. Pero lo pasan por encima en
cuanto se marchan de la función pública".
Por
fuera de todos los debates, la decisión judicial de encarcelar a Cristina
Kirchner sin condena previa, genera una situación de hecho, en la cual ya
adquirió frecuencia semanal la aparición de jueces que encadenan sus dos
sospechas y ninguna certeza acabada para detener destacados personajes que se
vinculan a un sector de la oposición.
Uno
de los problemas de esa habitualidad es el perfil de los personajes a los que
el sistema les concede semejante margen para detener personas, o para
concederles la libertad. Hace varias semanas que el libro de no ficción más
vendido del país se titula "El
libro negro de la Justicia". Su autor es el periodista de Radio Mitre,
Gerardo Tato Young. Es un texto genial y tristísimo a la vez, que revela el
fracaso de la democracia en la construcción de una justicia federal respetable.
Allí desfilan, uno por uno, los señores que, con este sistema, tienen el
derecho de decidir sobre la libertad de los otros: entre ellos, Claudio
Bonadio. Cualquiera que desee ahorrarse tiempo, debe abrir el libro en el
capítulo 27, página 105.
Si
a estos jueces sospechosos se les otorga semejante poder, entonces, la pregunta
obvia es ¿quién sigue? Bonadio no sospechaba que De Vido podía interferir en la
causa por la tragedia de Once cuando estaba en el poder. En cambio, sospecha
que Fernando Esteche puede hacerlo ahora, cuando hasta los militantes de su
propia agrupación lo trompean y acuchillan en una manifestación sin ser
detenidos. ¿Qué pasará si un juez
decide, por una causa cualquiera, encarcelar a un empresario desconocido y le
exige condiciones materiales para liberarlo? Los tantásticos textos de Young y
Alconada Món revelan que no se trata de hipótesis abstractas sino de
posibilidades muy concretas.
Pero
esa pregunta —¿quién sigue?— tiene un alcance muy amplio. Los mismos jueces
protegieron al kircherismo y ahora mandan a detener a sus jefes. En el mismo período cierran en tiempo
récord causas que involucran a Mauricio Macri y a su jefe de inteligencia.
No es necesario ser un genio para deducir cual será el siguiente movimiento del
péndulo una vez que estas reglas se establecen en un país: la guillotina, tarde
o temprano, corta la cabeza de Roberpierre. ¿Quién sigue? Los empresarios y
banqueros que empiezan a desfilar por tribunales, ¿se sentirán tranquilos
sabiendo que dependen, apenas, de la simpatía de un juez con antecedentes
controvertidos?
Lo
más triste es que, en medio de este proceso, se pierde la posibilidad de juzgar
como corresponde, en procesos limpios y serenos, la corrupción del gobierno
encabezado por Cristina Kirchner. No es necesario ser holandés o suizo para
conseguirlo. El derrotero que sigue el juicio por la tragedia de Once demuestra
que basta con ser argentino. Se realizó mientras Cristina gobernaba, se condenó
a funcionarios pero también a empresarios y en las próximas semanas, si la
Cámara de Casación confirma las condenas, nadie podrá argumentar que se cometió
alguna arbitrariedad. Un proceso limpio no deja lugar a dudas, arrincona a los
culpables, no les deja espacio para victimizarse.
Un
debate, finalmente, empieza a instalarse sobre el perfil de la democracia
argentina. Hay muy pocos países en el mundo donde líderes de la oposición son
detenidos sin condena previa. En los úlitmos años, en Brasil cayó un Gobierno,
en Venezuela se cerró el parlamento luego de un baño de sangre, en Estados
Unidos se encumbró un personaje enfermizo, España se puso al borde de la
secesión, en Honduras se dirimen a tiros los resultados electorales. La
Argentina, mientras tanto, se desenvolvía con suma elegancia. ¿Tiene sentido
empezar a perderla de esta manera?