El secretario general de la
Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, ofreció un
discurso durante la segunda jornada de
la Conferencia del Centenario de OIT.
En Ginebra, Suiza, Piumato se
expresó en relación del informe de Expertos sobre los pisos de protección
social.
Lo hizo en el marco de la Comisión de Normas por la discusión de la
Seguridad Social, en la 108° Conferencia de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
A continuación, el discurso
completo de Piumato, también Secretario de Derechos Humano de la CGT, en
relación a la Recomendación 202 sobre los pisos de protección social:
“Gracias Sr. Presidente.
Los trabajadores sabemos que
la verdadera vía de reparar la exclusión social es la consolidación de sistemas integrales de protección social.
La Declaración por la Justicia Social para una Globalización Equitativa nos
proporciona el continente: los cuatro componentes del trabajo decente son inseparables
y se potencian entre sí.
De allí que una mejor
protección social no depende solamente de una normativa favorable. Resulta
funcional al objetivo de extensión y a la universalización de la cobertura, una
política de empleo productivo y de calidad, una transición de la economía
informal hacia la formalización y un espacio de diálogo efectivo con los
actores sociales representativos. Esta es una de las lecciones que nos dejan
los años de vigencia de la Recomendación
202.
Pese a los esfuerzos normativos
de extensión de la protección social en
muchos países, sólo el 29 % de la población mundial tiene acceso a sistemas de
seguridad social integrales, y el 55 % de la población mundial no está
protegida efectivamente en ningún ámbito.
El informe puesto a
consideración recopila datos concluyentes sobre el papel que desempeñan los
sistemas de protección social en la reducción y prevención de la pobreza, la
desigualdad, la exclusión social y la inseguridad social.
Creemos que para que esto sea
una realidad, la protección social no
puede estar sujeta a una mirada mercantil o financiera. Es el Estado quien
debe asumir la responsabilidad de esta forma de organización de la sociedad
frente a la desigualdad. Una sociedad que no tenga como centro el trabajo
decente y como objetivo el logro del pleno empleo digno y productivo no puede
garantizar la sustentabilidad de los sistemas de seguridad social y protección
social.
Si los Estados, como afirma el
informe, son los responsables últimos de la marcha de los sistemas integrales,
sus funciones deben ir más allá de la mera supervisión. La gestión de sistemas públicos que aseguren acciones tendientes a
resolver las fallas de mercado a las que esta sujeta la protección social.
La referencia en la R 202 a
las garantías de protección social supone la necesidad de una base de
presupuestos nacionales creciente teniendo en cuenta las necesidades de
cobertura frente a los fenómenos de exclusión característicos en nuestros
países y que son de naturaleza estructural.
Un dato concluyente del
informe respecto a la suficiencia presupuestaria de los sistemas nacionales es
el porcentaje de gasto en protección
social del PBI.
El valor máximo es del 6% para países de Europa central mientras que
América se encuentra en el 3%. Este nivel de gasto resulta claramente
insuficiente para dar respuesta al paquete de garantías previsto por la R202.
Escasa mención se hace de la
necesidad de revisión de la arquitectura tributaria. El solo hecho de aumentar
la presión tributaria en sistemas regresivos para financiar el paquete de
garantías previsto, puede resultar viable desde el punto financiero pero es
socialmente injusto.
Es necesario pensar soluciones
de la mano de la expansión del empleo, aumento de la contributividad,
fortalecimiento de la capacidad de tributación con progresividad e inclusión de
colectivos laborales. Esta es una vía virtuosa de sustentabilidad social para
sistemas de protección social que den respuestas a las asignaturas pendientes
del modelo industrial tradicional y a los desafíos del trabajo influenciado por
los cambios tecnológicos hacia el futuro. La mejor manera de impulsar
definitivamente la Recomendación 202 tal
como fuera concebida requiere de un cambio de mirada sobre las medidas de
austeridad que el orden económico impone a los países emergentes.
La Recomendación 202 va mucho
más allá. Cumplir con las garantías previstas en ella requiere de todo un plan de desarrollo que supone la
construcción de una infraestructura adecuada para proporcionar unos sistemas de
prestaciones integrales que permita, en forma sostenida, alcanzar las metas
de la agenda 2030.
Necesitamos darnos cuenta -en
especial los gobiernos que son responsables de las políticas públicas-, que no
estamos avanzando por el buen camino.
Seguimos inmersos en lo que el
Papa Francisco llama la “cultura del
descarte”, que condena a gran parte de la población mundial a la exclusión,
fruto de la concentración económica y el aumento de las desigualdades y la
pobreza. Solo centrándonos en la justicia social, podremos encaminar la agenda
2030 hacia el horizonte que prometen.
Muchas gracias
