Los acontecimientos que vive
el país nos exigen decir una palabra en el nombre del Dios de la Vida. Creemos
que no debemos callar y no rendirle culto a la cautela cuando se trata de la
vida o la muerte de los pobres.
Nos preocupan la acelerada
disolución del estado de derecho, de las garantías constitucionales y la
instalación de un virtual “Estado Policial”. Es sumamente preocupante la militarización de la Patagonia en pos de
defender los intereses de los terratenientes e inversores extranjeros por
encima de los derechos de la población y, dentro de ella, los derechos
ancestrales de los pueblos indígenas protegidos por la Constitución Argentina.
La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en circunstancias
represivas ilegales de la Gendarmería, y el asesinato por la espalda de Rafael
Nahuel, de quien no ha sido probada actitud violenta alguna ni manipulación de
armas, deben ser juzgados y castigados según la ley. La sangre de Santiago y
Rafael clama al cielo y será un peso en la conciencia del Estado que solo se ha
encargado de producir relatos fantásticos, difamaciones, mentiras y ha herido
la dignidad y el buen nombre del pueblo mapuche y la familia Maldonado.
Más preocupante aún es la vuelta a un discurso autoritario y represivo
que creíamos superado y protegido por la dinámica democrática que tanto nos
ha costado construir después de la sangrienta dictadura cívico-militar del ’76.
A la ya denunciada presión intimidatoria sobre los jueces y la Procuraduría y
la permanente violación de la división de poderes que este gobierno ha impuesto
como costumbre, se agrega la instalación de un poder represivo con atribuciones
por encima de la justicia y los jueces. La ministra de seguridad dice que “va a
creer a la versión de las fuerzas de seguridad” sin necesidad de probar nada y
que “ya no tienen límites”. Según el diario Clarín, el presidente Macri afirmó
que "hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba
que había que entregarse" “hasta ahora las fuerzas de seguridad eran tan
sospechadas como los delincuentes. Necesitamos correr esa raya cultural”.
La dictadura cívico-militar
usó la misma lógica para desaparecer personas. El gobierno instala la hipótesis del enemigo interno, culpa de la
violencia a grupos virtuales creados por el relato mediático y nos va llevando
a un peligroso y perturbador límite entre la democracia y el caos
autoritario, cuyo extremo puede llegar al terrorismo de estado. Es el regreso
del relato de la doctrina de la seguridad nacional, condenada por el magisterio
latinoamericano de la iglesia e instalado a través de las dictaduras militares
de los ‘70, que reivindica un modelo económico-político, de características
elitistas y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo en las
decisiones políticas, elimina derechos y se instala desde una matriz
militar-represiva, más allá de que este sea un gobierno en apariencia
democrático.
El saqueo del país y la exclusión de las mayorías a través de las
falaces reformas laboral, previsional y tributaria, que no son más que la
institucionalización del trabajo esclavo, la transferencia indiscriminada de
riqueza a las elites del capital concentrado, la pérdida de derechos
adquiridos, la retirada del Estado de su rol de protector y garante del
acceso a los derechos fundamentales del ser humano, es lo que caracteriza a
este gobierno depredador y para sostenerlo recurre a la represión como no
habíamos visto en democracia retrotrayéndonos a los peores momentos de nuestra historia.
Es por eso que exhortamos a los legisladores y dirigentes
sindicales a defender los derechos de trabajadores y jubilados, y a detener
la depredación de los recursos previsionales destinados a las arcas de los
prestamistas y al negocio privado de muchos funcionarios del Estado que
mantienen la doble vara de gerentes de capitales privados, naturalizando el
conflicto de intereses. Apoyamos de corazón la lucha de los espacios sindicales
y las asociaciones de trabajadores que han manifestado en el Congreso para
detener esta sangría de recursos y derechos de los argentinos.
Repudiamos la represión a los
legítimos dueños de la tierra usurpada por millonarios extranjeros y los
consiguientes negocios mineros o inmobiliarios y la sistemática mentira de los
Medios de Comunicación cada vez más ajenos a la verdad, la sensatez y los
aportes para la paz que tanto pregonan.
Nos solidarizamos con las ya
numerosas víctimas de este gobierno irresponsable: los 44 tripulantes -cuyo
paradero se desconoce todavía- del ARA San Juan, Santiago Maldonado, Rafael
Nahuel, los 10 muertos de Iron Mountain, Milagro Sala y sus compañerxs presxs
políticxs, y tantos otros.
Tiene razón el oficialista
senador Pichetto. “Los curas tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios”. Y
justamente la vida ultrajada de Rafita, el desfalco a los abuelos y
trabajadores que está previsto por este gobierno en el ajuste disfrazado de
reforma, el robo de la Patagonia por los extranjeros amigos de Macri a nuestro
pueblo mapuche y a todos los argentinos, son “cosas del Dios” que nos mostró
Jesús, el amigo de los pobres y excluidos… Ese Dios que Pichetto quisiera que
viva en la sacristía, pero está en el cerro esquivando las balas asesinas y en
las calles con nuestro pueblo reclamando justicia social.
Esperamos del episcopado
argentino un apoyo público a la defensa de los derechos de la población en
peligro, una condena pública del manejo autoritario y elitista de las fuerzas
de seguridad y la solidaridad con las víctimas de este modelo neoliberal
condenado por el Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia.
Curas en la Opción por los Pobres
Noviembre 2017