Por Maia
Volcovinsky, Comisión Directiva Nacional de la Unión de Empleados de la Justicia
de la Nación.
31 marzo,
2019
Las dos herencias fundamentales del
Justicialismo y de la obra política de Juan Domingo Perón son la conciencia
social de los trabajadores y el Modelo Sindical Argentino. Ambos aspectos
alcanzaron rango constitucional con la Carta
Magna del año 1949, que sancionó los Derechos Sociales del trabajador, la
familia, la ancianidad y la educación y la cultura. La Constitución del ‘49
incluyó el “derecho a la defensa de los intereses profesionales” y habilitó la
libertad de agremiación con el fin de proteger y de respetar los intereses del
obrero y de su familia. El mandato político de la Carta Magna fue
institucionalizado en un sistema de leyes, decretos y resoluciones que normaron
la libre determinación de los trabajadores con la finalidad de hacer valer sus
derechos.
LA COMUNIDAD ORGANIZADA SUPLE LAS FALENCIAS
DE UN ESTADO EN RETIRADA
La historia
argentina es expresión cabal de que, pese a los sucesivos golpes cívico-militares
y a los frecuentes cambios de ideologías de gobierno, la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores fueron siempre
sus organizaciones sindicales y la conciencia política de sus dirigentes y
afiliados.
Si bien la Constitución Nacional como norma
fundamental establece el bienestar del trabajador y su familia en todas las
etapas de la vida, poniendo en cabeza del Estado la responsabilidad de que así
sea (artículo 14 bis), en la actualidad millones de argentinos no tienen acceso
a derechos básicos fundamentales como son el empleo, la salud, la vivienda, la
educación y el esparcimiento. Según datos del reciente informe de UNICEF, el 48% de los niños argentinos vive en la
pobreza, lo que casi equivale a decir que nacen para morir lentamente de hambre
y de privaciones esenciales en un país rico en producción de alimentos y
recursos naturales que, no obstante, aún mantiene en su memoria histórica sus
glorias pasadas, cuando con Perón obtuvo el pleno empleo y el bienestar
integral de todos los argentinos.
GARANTÍA DE ACCESO A LA SALUD DE MEDIO PAÍS
En este
contexto aciago para el país, es necesario ratificar que el modelo sindical
argentino continúa siendo el garante de la protección y defensa de los derechos
sociales de millones de compatriotas. Adquiere especial relevancia la cobertura
en salud efectuada por los sindicatos frente a un Estado cada vez más ausente
de las necesidades de las mayorías y a servicios privatizados e inaccesibles
para una importante franja de nuestra población. A mediados del siglo XX*, los
trabajadores organizados en sindicatos decidieron desarrollar estructuras de
atención en salud, las denominadas obras
sociales, financiadas con aportes del trabajador (3%) y del empleador (6%)
y con toda una serie de leyes que a lo largo de la historia las regulan
garantizando que “las obras sociales sindicales son patrimonio de los
trabajadores que las componen.”
Mal que les
pese a algunos agoreros del liberalismo anti sindical, las obras sociales
gremiales son fundamentales en el sistema de salud de la Argentina ya que
atienden a más de 16 millones de
beneficiarios. Es decir, prestan servicio de salud al 43% de la población,
muy por sobre el porcentaje que asiste el sistema público que ronda el 31%,
PAMI un 12% y las prepagas un 14% (incluidos los desregulados del sistema de
O.S.).
De no ser por
las obras sociales sindicales, el estado de situación de la salud de los
argentinos sería realmente catastrófico.
EFICIENTE Y SOLIDARIO
El subsistema
de obras sociales sindicales no sólo lleva adelante la mayor cobertura en salud
del total poblacional, sino que además lo hace con excelencia y eficientemente.
No son casuales los ataques que soporta, ya que su misma existencia pone en
evidencia el fracaso del sistema privado sin control y del público en su actual
estado de abandono.
Las obras sociales sindicales están regidas por
los valores que guían a las organizaciones que las conducen. Así, la
solidaridad es el principio rector de todo su accionar. Este funcionamiento
solidario se vuelve más notorio en épocas de crisis como la que estamos
viviendo: la prestación al/la trabajador/a suspendido/a o despedido/a y su
familia, es sostenida por el conjunto a pesar de la falta de pago de los aportes.
Asimismo, el valor de la cobertura per cápita es más
bajo que en el sistema público (60% del mismo y 30% del sistema prepago). Es
decir que brinda mayor cobertura, nivel y alcance de prestación, con menos
recursos. Además, destinan una buena porción de sus ingresos (15% promedio
de sus recursos) al Fondo Solidario de
Redistribución, cuya finalidad primaria es la de financiar tratamientos de
alta complejidad, (discapacidad, HIV, trasplantes, oncología, etc.) y subsidiar
a las obras sociales más pequeñas. Hace décadas que los diferentes gobiernos se
vienen apropiado de parte de estos fondos, incumpliendo la ley, desfinanciando
a las obras sociales y perjudicando la salud de los trabajadores, lo que ha
sido razón de innumerables reclamos.
Cambiemos
carece de una política soberana de salud pública para los argentinos y se
limita a aplicar el programa del FMI
que exige destinar los recursos estatales al pago de deuda externa, jamás al
desarrollo productivo y social del país. Es por eso que bajó de rango al ex Ministerio de Salud -ahora devenido en
Secretaría-, retrotrayendo nuestro país a 1945**, en un hecho sin
precedentes en el mundo cuyas consecuencias trágicas observamos a diario en los
sectores más desprotegidos: el resurgimiento de enfermedades erradicadas hace
tiempo en el país se cobra cientos de vidas de las familias humildes, no
existen políticas de prevención, ni de asistencia sumado al deterioro de la
calidad de vida en general.
En tal
sentido, los trabajadores agremiados creemos que el Estado debe desarrollar con
urgencia un plan integral y federal de salud pública a mediano y largo plazo.
Los sindicatos, a través de las obras sociales, somos los principales garantes
de la salud de la familia argentina y estamos capacitados y dispuestos para asesorar
a todas las fuerzas políticas en su diagramación e implementación.
Como parte
del proyecto de refundación integral de la salud pública, el Estado debe saldar las deudas con las obras sociales, no sólo porque
es una apropiación indebida de nuestros aportes que perjudica las prestaciones
de miles de trabajadores, sino porque somos la más profunda expresión de
eficiencia, capacidad y solidaridad en el sistema de salud argentino, en
armoniosa combinación de esfuerzos de entidades sociales y privadas, monitoreadas
por los representantes de los aportantes, con objetivos de bienestar general.
*Los sindicatos desarrollaron diversas
experiencias de gestión solidaria en salud desde principios del SXX. Durante el
peronismo se multiplicaron esas experiencias, aunque la perla en esos años fue
el desarrollo del sector público prácticamente ausente hasta entonces en
materia de salud. Durante la dictadura de Onganía, en la intención de ampliar
el negocio para las prestadoras privadas, se promueve una regulación de las
obras sociales. En ese marco, gracias a la presión de las organizaciones
gremiales (únicas en pie a pesar de los golpes) se logra una presencia
determinante en las mismas que es la garantía del sentido solidario de su
funcionamiento.
**En 1946 Perón le expresa a Ramón
Carrillo que le parece increíble que tengamos un Ministerio de Ganadería que se
ocupe de cuidar a las vacas y que no haya un organismo de igual jerarquía para
cuidar la salud de la gente.
