El derecho a la información en
peligro
Las planillas oficiales dejan
clara la persecución contra este diario y el grupo de medios que integra. La
abrumadora mayoría de los avisos se concentra en los medios que le otorgan el
blindaje que hasta ahora disfruta y dejan afuera las miradas críticas.
Las planillas sobre
distribución de la pauta oficial en el primer semestre de 2017, emitidas por la
Jefatura de Gabinete, dejan clara la persecución contra el grupo Octubre,
propietario de PáginaI12, y contra las voces disidentes del gobierno de
Mauricio Macri. A la vez, muestran el abrumador favoritismo del grupo Clarín en
el reparto de los fondos del Estado, en todos los rubros, que suma
337.295.758,66 millones de pesos en los primeros seis meses de este año. El
diario Clarín (sólo el diario) recibió del Estado 54.613.989,52 pesos frente a
3.206.000 que se le pautó a PáginaI12 en el mismo período. El diario La Prensa,
hoy prácticamente desconocido para el gran público, recibió el doble de pauta
que PáginaI12 y en el caso de Perfil, que sólo sale dos veces por semana, casi
le fue otorgado el triple. Todos estos no son hechos aislados. El Estado le dio
a Radio Mitre, del Grupo Clarín, 39.600.000 pesos durante el primer semestre de
2017 mientras que la AM750, del Grupo Octubre, prácticamente no recibió pauta.
Según los ratings de Ibope, AM750 está en pleno crecimiento y mientras Mitre
consigue el 42 por ciento de share, AM750 ya está por encima de nueve.
En la TELEVISIÓN POR CABLE hay otra muestra evidente de la discriminación
de acuerdo a la línea editorial. Actualmente TN y C5N tienen casi el mismo
rating, pero el cable del grupo Clarín recibe cinco veces más publicidad
oficial que el cable del grupo Indalo.
Esta arbitraria persecución no
puede desligarse de la ofensiva que diferentes medios con aceitados lazos con
el Gobierno, y proclives a otorgar espacio a las más variadas operaciones de
inteligencia, vienen desplegando en contra del Secretario general del Sindicato
y la Federación de Empleados de Edificios, Víctor Santa María, quien también es
director del Grupo Octubre, al que pertenece este diario junto a otros medios
de comunicación y emprendimientos educativos y culturales.
Antes y después de asumir, el
gobierno de Mauricio Macri hizo alharaca de que la pauta se distribuiría en
función de criterios objetivos. Recién en agosto de 2016 se conoció la RESOLUCIÓN 247/16 que fijaba alguna
pauta en ese sentido, a pesar de que todos los especialistas en comunicación
las consideraron insuficientes y que contribuían a profundizar el sesgo
concentrador que plantea la publicidad privada. Las cuatro principales eran: 1)
Alcance del medio, 2) Pertinencia del mensaje, 3) Zona geográfica y 4) Fomento
de la pluralidad de voces. Sin embargo, a pesar de todas sus limitaciones, como
se advierte por las cifras en juego (todas ellas tomadas de la planilla
publicada en la página oficial de la Jefatura de Gabinete), el Gobierno ni
siquiera cumple con las pautas que se autoimpuso.
La discriminación se produce en todos los rubros. Por ejemplo, en
la publicidad estatal en los SITIOS WEB,
la mayor cantidad es para Infobae, 12 millones de pesos, pero de inmediato
aparecen otros medios favorables al gobierno, Clarín y La Nación, con ocho
millones y siete millones de pesos respectivamente. El Estado prácticamente no
pautó en la web de PáginaI12 que, con más de cuatro millones de usuarios únicos
por mes, de acuerdo a las mediciones de Analytics/Google, es una de las diez
más consultadas de América latina, según el respetado International Media &
Newspaper.
En la EDICIÓN DE PAPEL, Clarín recibe pauta del gobierno nacional y de
los organismos descentralizados –Afip, Pami, Anses y otros–, pero además el
estado también le otorga publicidad a la revista Viva. A esto deben sumarse
enormes cifras del gobierno de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, los
otros dos grandes anunciantes desde el aparato estatal, que mantienen los
mismos criterios de discriminación política que usa el Gobierno nacional de
igual signo partidario.
Esos criterios políticos
aparecen también en la asignación a La Prensa o Perfil. Sólo una nítida
maniobra de discriminación explica que los dos primeros reciban el doble o
triple de pauta que PáginaI12 .
EL CUADRO RESPECTO DE LA RADIO ES IGUAL O PEOR. La 750, del grupo Octubre, que registra en el
último año el mayor crecimiento de la radio argentina, no aparece siquiera en
las planillas del primer semestre. Radio Mitre prácticamente llegó a los 40
millones de pesos –39.700.000– en el primer semestre, una cifra que no resiste
el menor análisis si se compara con la AM750 que tiene casi el diez por ciento
del share, es decir el diez por ciento del total de la audiencia de las radios
AM. Radio Rivadavia con 7.500.000; Continental, con 4.700.000 Y Radio Belgrano
con cuatro millones de pesos figuran con cifras significativas y tienen un
rating muy inferior a la 750. Nuevamente se marca que el criterio es político.
El ataque sobre el Grupo
Octubre en los medios de comunicación no se limita al campo publicitario sino
que también se expresó en la cancelación sin motivo ni explicaciones del
contrato para la edición y comercialización de la revista que distribuye en
todos sus vuelos la empresa Aerolíneas Argentinas.
Los rastros de la
discriminación aparecen por todas partes. El canal de noticias del grupo
Clarín, TN, tiene –según la medidora Ibope– 2,72 de rating frente a 2,54 de
C5N. Es decir que hay una marcada paridad. Sin embargo, TN recibió casi 16
millones de pesos de pauta oficial en el primer semestre, mientras que C5N
consiguió apenas cinco millones de pesos, tres veces menos.
La estrategia parece clara: concentrar los fondos en los amigos de la
Casa Rosada y perseguir a quienes se oponen a las políticas de ajuste. La
discriminación salta a la vista en todos los aspectos. La revista Caras tiene
150 por ciento más publicidad que PáginaI12, lo mismo sucede con Noticias y
Gente.
Otro dato que llama la
atención es la asignación a Latin American Communications de 80 millones de
pesos de publicidad oficial en vía pública durante el primer semestre. Es la
misma empresa que hizo la campaña electoral de Cambiemos.
Para hacerse una idea del
impacto de semejante favoritismo y consecuente discriminación en el reparto de
la publicidad oficial, se debe tomar en cuenta que ésta alcanza a solo un diez
por ciento de la torta publicitaria total. El 90 por ciento de esta se rige
absolutamente por el criterio aplicado por las empresas, que en su mayor parte
dejan fuera del reparto a los medios de comunicación masiva que ponen en
discusión sus criterios acerca del modelo económico que se debería llevar
adelante en el país. Es por eso que, cada vez más, el debate sobre la necesidad
de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, en todos los
organismos internacionales dedicados al tema, se centra en las maneras en que
los estados deben compensar la arbitrariedad privada, de manera de garantizar
el acceso a una pluralidad de contenidos mínima que permita la verdadera
discusión democrática. El gobierno de Mauricio Macri parece decidido a cerrar
toda discusión y a ahogar cualquier intento de información que no provenga de
sus funcionarios, sostenedores y amigos, incluidos en primer lugar los medios
masivos que le otorgan el blindaje que hasta ahora disfruta.