DENUNCIA PENAL CONTRA INGLATERRA Y AUTORIDADES NACIONALES POR
LOS EJERCICIOS MISILÍSTICOS DESDE TERRITORIO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Ha tomado estado público (Canal
“CRÓNICA TV”; noticiero mediodía del 14 de octubre de 2016) por reproducción
del cable de alerta emitido por el Servicio de Hidrografía Naval (Ministerio de
Defensa de la Nación), alertando a toda aeronave o embarcación, en zona del
Atlántico Sud, de la realización de ejercicios militares mediante el
lanzamiento de misiles -¿nucleares?- y ensayos de nuevas armas, que tendrá
lugar desde los emplazamientos militares, en las Islas Malvinas, de la potencia
usurpante –Inglaterra-, entre los días 19 y 28 de octubre de 2016.-
Frente a este grave atentado contra
la paz, la seguridad de la nación, que afecta el orden público constitucional
(Cláusula Transitoria N° 1, C.N.), los integrantes de la Asociación Civil
“INSTITUTO ARTURO E. SAMPAY”, que tiene entre sus objetivos estatutarios el
deber de observancia a la supremacía constitucional y de los tratados
internacionales de derechos humanos (arts. 2° y 3°), ha resuelto que sus
Directivos, Dres. JORGE F. CHOLVIS, EDUARDO S. BARCESAT y ARÍSTIDES CORTI,
formulen denuncia penal (art. 174, Cód. de Pdtos. Penal de la Nación), de competencia
originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentación que se
efectivizará el lunes 17 de octubre de 2016, en horario matutino, con sustento
en lo previsto por los artículos 1, inc. 1°, 219, 220, 225,227, 227 bis, 227
ter, y 248 del C. Penal Argentino.-
La denuncia penal enderezará contra
la representación legal del Reino Unido de Gran Bretaña, Gobierno de la Primer
Ministra, Da. THERESA MAY, y todo otro autor o partícipe penalmente
responsable, como asimismo contra todos los integrantes del Gobierno Nacional, que por celebrar
acuerdos lesivos del orden público constitucional, son partícipes y/o
encubridores de estos crímenes que configuran, en el plano del derecho
internacional, acto de agresión y crimen contra la paz (art. 45 y s.s., Carta
de la ONU).-
En la presentación judicial se pondrá
de relieve que esta conducta criminosa se ha visto facilitada por acuerdos y
compromisos tramados con la participación de funcionarios del más alto rango
del Gobierno Nacional, que han traicionada la política de reclamo de la
soberanía nacional sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, privilegiando
acuerdos económicos de expoliación de los recursos y riquezas naturales de las
Islas y plataforma submarina.-
Buenos Aires, 14 de octubre de 2016.-
Arístides Corti Jorge F. Cholvis Eduardo S. Barcesat
Vocal
Presidente Vocal
Instituto Arturo E. Sampay