Aritz Recalde
Noviembre de 2019
1.
Introducción
El
22 de noviembre del año 1949 por Decreto Presidencial 29.337, se suspendió el
cobro de los aranceles universitarios. Con la medida se apuntó a democratizar
el ingreso a la educación superior favoreciendo importantes reformas políticas,
económicas y culturales en la sociedad argentina.
Hasta
el advenimiento del Peronismo, la institución fue elitista y funcionó como un
medio de separación de clases sociales otorgando el monopolio del conocimiento
y del poder que ello conlleva, a una minoría selecta. La oligarquía terrateniente,
el capital extranjero y un reducido grupo de empresarios y de comerciantes
radicados en las capitales de provincia, detentaron el poder económico y
también el cultural. Ello les otorgó capacidad de decisión política y el
control institucional del Poder Judicial, de la administración económica, la
salud pública y la educación, entre otras esferas de gobierno.
Según
lo detalló Arturo Jauretche en su libro el Medio Pelo en la Sociedad Argentina, el desarrollo económico y social argentino
de fines del siglo XIX y de principios del XX, generó las condiciones para el
surgimiento de los sectores medios y de pequeños empresarios, muchos de ellos de
origen inmigrante. Estos grupos forjaron un status aspiracional conformado por valores,
prácticas y consumos culturales. La identidad de los sectores medios se
construyó a partir del deporte (tenis o del rugby), de habitar barrios acomodados,
ir al hipódromo, tener auto y pileta o viajar de vacaciones. La posibilidad de
estudiar en colegios de elite y de acceder a la universidad fueron dos piezas
fundamentales de su status.
Jauretche
puntualizó que las clases altas y los representantes de los poderes extranjeros
delinearon los contenidos y las finalidades de la educación superior, en un
proceso que denominó de “colonización pedagógica”. El resultado fue que las
clases medias y los empresarios argentinos educados en las universidades aspiraron
a ser “clase alta terrateniente” y a verse más como europeos que como
americanos y eso los condujo a distanciarse del pueblo. Los intelectuales de
clase media se convirtieron en una “intelligentzia” y reprodujeron
inconscientemente los conceptos formulados por las usinas ideológicas del extranjero.
Como resultado de esa educación, las burguesías locales carecieron de ideología
propia, de conciencia y de normas de grupo y para ellos “inglés es el lenguaje
de los negocios” y “francés el lenguaje del espíritu”.
Jauretche
mencionó que los descendientes de los criollos, de los pueblos originarios y de
los gauchos fueron desplazados violentamente a los márgenes de las grandes
urbes y culminaron en las villas miseria. Fueron por mucho tiempo desempleados,
trabajadores rurales temporarios y con el advenimiento de la industrialización
integraron las cuadrillas de obreros de la incipiente economía nacional. Los
sectores populares tenían vedado el ingreso a los colegios nacionales y a la
universidad y accedían meramente a la escuela primaria en la cual asimilaban
los valores de la clase dominante, que edificó desde allí una “política de la
historia” y una “colonización pedagógica”.
Ese
esquema clasista, racista y estratificado de la universidad fue cuestionado por
los nuevos grupos políticos y culturales que paulatinamente se integraron al
socialismo y a la Unión Cívica Radical y que confluyeron en las jornadas de la
Reforma del año 1918.
La
sanción de la gratuidad universitaria de 1949 supuso un reconocimiento a los
reclamos y a las luchas de las generaciones anteriores. Tal medida fue facilitada
por el hecho de que el Justicialismo logró apoyó en un sector del reformismo[2] y por
la capacidad de instalar agenda que tuvo el Movimiento Obrero organizado.
La
eliminación de los aranceles adquirió implicancias sociales, ideológicas,
políticas y económicas de largo alcance y fue y sigue siendo un rasgo
fundamental de la cultura nacional de la Argentina. La democratización de la
educación favoreció un cambió de status de las clases medias y de los trabajadores.
Los primeros modificaron su visión del mundo acercándose a las posiciones
populares y como parte de dicho proceso es que pueden interpretarse la
nacionalización de los grupos medios de los años sesenta, el Cordobazo o el rol
de los jóvenes en el tercer gobierno Justicialista. Para los trabajadores la
gratuidad de la universidad supuso un cambio político y aspiracional. Los
obreros ascendieron socialmente, ocuparon lugares fundamentales del poder
estatal y privado y tuvieron una renovada conciencia de su centralidad en la
construcción de La Nación Argentina.
En
el presente artículo vamos a documentar brevemente el marco histórico de
aparición de la gratuidad universitaria. Haremos referencias a un conjunto de
iniciativas previas al año 1949 y detallaremos de manera sucinta algunos
debates sobre el restablecimiento de los aranceles luego de 1955.
2.
La
Reforma Universitaria del año 1918 y la gratuidad universitaria
En
el año 1972 el filósofo Juan José Hernández Arregui mencionó que la gratuidad
universitaria alcanzada en 1949, integró el ideario de los reformistas de 1918.
Puntualizó que “En 1943 la universidad tenía algo más de 60 mil alumnos. Con
Perón llegó a 260 mil. La enseñanza universitaria era gratuita, comedores
estudiantiles, apuntes sin cargo impresos en la Fundación Eva Perón,
privilegios para los estudiantes que trabajan, colonias, supresión de los
exámenes de ingreso, mesas examinadoras mensuales, acortamiento de las
carreras, etc.- Tal cual lo había reclamado la Reforma de 1918, en la
Argentina, la enseñanza media y superior dejó de ser un prerrogativa de clase”
(Hernández Arregui 1972: 120).
Como
bien sostiene Hernández Arregui, la Reforma Universitaria del año 1918 estuvo
caracterizada por un anhelo de cambio social y por un espíritu democratizador.
Sus protagonistas cuestionaron el carácter arancelado y elitista del ingreso a
las instituciones educativas públicas, ya que ese limitante dejaba como saldo
que solamente las clases altas y medias acomodadas podían estudiar.
La
experiencia reformista propuso acercar a la universidad a los problemas de la
comunidad y favoreció la apertura de programas de extensión y de vinculación
con el medio. En su ideario la universidad no podía estar aislada de la vida
cultural del país, sino que debía comprometerse consciente y activamente con la
vida nacional.
Como
resultado del mandato del Primer Congreso
Nacional de Estudiantes efectuado en el mes de julio del año 1918, Gabriel Del
Mazo y Dante Ardigó elaboraron un Proyecto de Resolución de “Gratuidad de la
Enseñanza Superior” con el fin de
elevarlo al poder público. La
iniciativa propuso constituir una universidad “absolutamente gratuita” y que
esté caracterizada por ser “abierta, amplia y democrática”. Del Mazo y Arigó
destacaron que los altos aranceles conformaron una institución de carácter “oligárquica”,
que profundizaba las desigualdades sociales existentes impidiendo a los pobres
estudiar. La limitación económica se convertía en un filtro y muchos jóvenes no
alcanzaban ese derecho pese a que tenían capacidades y vocaciones. En su
óptica, la gratuidad de la institución iba a “afianzar la justicia”, contribuyendo a forjar un nuevo
humanismo educativo.
Para
financiar el Proyecto Del Mazo y Arigó impulsaron una reforma tributaria
recuperando la experiencia de la República Oriental del Uruguay[3],
que implementó un “Impuesto al Ausentismo” compuesto con una contribución
inmobiliaria efectuada sobre las personas que tenían una propiedad y no eran
residentes en el país.
La
iniciativa de gratuidad universitaria no fue implementada en 1918 y no derivó
en la propugnada actualización de la normativa nacional en la materia.
Retomando los postulados reformistas, en el Segundo Congreso Nacional de
Estudiantes Universitarios del mes de agosto de 1932, los jóvenes siguieron pidiendo
la democratización del acceso a las Casas de Altos Estudios. Entre las
resoluciones del Congreso, se consideró necesario:
“1)
El Estado debe establecer una asignación fija, que en ningún caso podrá ser
disminuida, que permita el eficaz desenvolvimiento de la Universidad,
limitándose únicamente a controlar la inversión de la misma. Ello sin perjuicio
de la formación del fondo universitario proveniente del gravamen al privilegio
y a la riqueza improductiva;
2)
La gratuidad de la enseñanza, que es una consecuencia de la democracia
universitaria y de la asistencia e investigación libre;
3)
Aumento de la remuneración a los profesores con el fin de asegurarles su
independencia económica;
4)
Se creará un amplio sistema de becas con el fin de: a- asegurar a los
estudiantes pobres sus estudios; b- asegurar a los estudiantes capacitados sus
cursos de perfeccionamiento con vistas a sus vocaciones docentes o de
investigación”.
En
esta oportunidad como en el año 1918, la gratuidad no fue sancionada y las
universidades siguieron siendo aranceladas y elitistas.
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[1] Sociólogo,
Magister en Gobierno y Desarrollo y Doctor en Comunicación. Docente de la UNAJ
y la UNLa.
[2] La rama política del peronismo se organizó con dirigentes
originarios de la izquierda –principalmente socialista-, del Partido
Independiente (conservadores), de sectores nacionalistas y de un importante
grupo de miembros de distintas corrientes de la Unión Cívica Radical. El Vicepresidente de Perón desde 1946,
Hortensio Quijano, fundó la UCR Junta Renovadora (UCR-JR) y con este espacio
alcanzaron la banca de la Cámara de Diputados de La Nación 27 legisladores. Se
sumaron al Justicialismo otros 10 diputados de distintas corrientes internas
del radicalismo, en un bloque partidario compuesto de 109 miembros. El Proyecto
de Ley Universitaria del justicialismo del año 1947 fue presentado en el
recinto de la Cámara de Diputados por varios miembros de la UCR-JR. Estos
sectores y otros radicales oriundos de FORJA aportaron muchos miembros de
militancia universitaria reformista, que tuvieron influencia en la organización
de la educación superior de la etapa.
[3] En la actualidad Uruguay sigue impulsando mecanismos alternativos
de financiamiento educativo. La ley 16.524/94 creó el Fondo de Solidaridad que “tendrá
como destino financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad
de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación
Técnico-Profesional”. Según lo estipuló la normativa “El Fondo se integrará con
aportes anuales efectuados por todos los egresados en actividad que posean
título profesional expedido o revalidado por la Universidad de la República o
por el nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional”. La norma
tuvo algunas modificaciones con la ley 17.451/02.
