Dionela
Guidi para MOVIMIENTO
El anuncio por parte del gobierno
nacional de intervenir la empresa
Vicentin, tras un escandaloso proceso de endeudamiento y quiebra, y de enviar
al parlamento un proyecto para su expropiación abrió una posibilidad histórica
de intervenir en el comercio exterior de granos, actividad central en la
generación de divisas para el país y un drama nodal a través del cual orbita
gran parte de las tensiones políticas y económicas entre los distintos
proyectos de país en pugna. La puja alrededor de qué sectores se apropian de la
mayor porción de la riqueza que genera el sector agrario argentino es un
conflicto teñido de sangre, fundamentalmente del campo nacional que sufrió las
embestidas de “los dueños de todas las cosas”.
Las
idas y vueltas en el proceso judicial, la presión corporativa del sector
agrario y de sus vasallos políticos, y un endeble poder de iniciativa del
gobierno fueron diluyendo las expectativas de la participación estatal y
gubernamental en los destinos de la empresa y de su rol en el desarrollo de la
economía. Existen
proyectos alternativos en la mesa de negociación entre el gobierno, la justicia
y los privados, pero el foco fue virando de gesta nacional a objetivos más
modestos como la conservación de la empresa en manos “argentinas”.
En este sentido traemos a la memoria la experiencia del IAPI durante los dos
primeros gobiernos peronistas, ya que entendemos que puede servir como norte a
partir del cual trazar una política estratégica de recuperación de soberanía
en el comercio exterior. Vicentin puede ser un buen primer paso en esta
materia, si viene a enmarcarse en un proyecto de Nación y no en el mero
salvataje con dinero público de desfalcos privados.
El Instituto Argentino de Promoción e Intercambio fundado el 28 de mayo de 1946 fue
el organismo más relevante creado por el gobierno peronista para el control del
comercio exterior. Celso Furtado se refirió al IAPI como “el intento más
amplio que se haya hecho jamás en América Latina de poner las exportaciones
bajo el control del Estado” (Galasso, 2006: 447).
El organismo nació con la misión de
intervenir el sector exportador del comercio de cereales, carnes y oleaginosas,
que hasta ese momento se hallaba controlado por consorcios extranjeros, únicos
compradores de nuestra producción. Con la creación del IAPI, el Estado pasó a
monopolizar el comercio exterior. De esta forma fijó precios, realizó compras para el mercado interno y vendió en el
plano internacional. El IAPI se convirtió en el único comprador de las cosechas
de cereales y oleaginosas y el vendedor en algunos casos exclusivo de estos
productos en el mercado internacional. Asimismo, intervenía como comprador
de los productos que se importaban.
Mientras el consorcio extranjero
generaba para sí enormes ganancias, los productores locales recibían una
escueta paga por su producto y la inmensa mayoría de los argentinos no tenían
acceso al pan. Menciona Antonio Cafiero:
“La servidumbre del colono comenzaba por la entrega de su producción a un
acopiador de campaña, quien generalmente era también propietario del
almacén de ramos generales de la zona. De este había obtenido, previamente, el
dinero necesario para sus gastos de siembra, recolección, compra y reparación
de bienes de labranza, etc, y los medios de subsistencia para la propia familia
(…) La “pesada” en las balanzas y el calado de las bolsas para formar muestras
de la mercadería que entregaba al acopiador para determinar su cantidad y
calidad era operaciones que veía realizar impávidamente, así fueran en la
liquidación que se le hacía partes sustanciales de su legítimo derecho. La
fijación del precio quedaba a merced de las oscilaciones de los respectivos
mercados, cuyo manejo ignoraba, cuando no se veía obligado a percibir nada más
que un anticipo- sobre el cual pagaba intereses- a la espera de la fijación
definitiva del mismo. Los pagos en especie y los fraudes a través de manipuleos
de las famosas “libretas”, que contabilizaban los propios acopiadores
constituían el eslabón final de la sutil cadena que lo envolvía, remachada por
los precios del arrendamiento impuesto por el terrateniente. Sobre esta
servidumbre, de características medievales, sentaba su poder el monopolio. La
comercialización de las cosechas argentinas se constituyó en fuente de pingües
beneficios para intermediarios. Desde los acopiadores de campaña, pasando por
los corredores, comisionistas y especuladores de cereales hasta llegar a los
exportadores, circulaba la principal riqueza argentina dejando en cada etapa
partes sustanciales del fruto de los esfuerzos de los productores. Un sistema comercial de crudo capitalismo y un
complejo de prácticas abusivas y desleales succionaban implacablemente tanto la
economía del productor como la del país”. El autor retoma a Lucio Moreno
Quintana cuando dice: “180.000 productores eran expoliados por 3.000
acopiadores cuyo negocio dependía de cincuenta firmas exportadoras”. Continúa
Cafiero: “Las ‘cincuenta’ firmas exportadoras que menciona Moreno Quintana eran
en la práctica, solamente cuatro” (Cafiero, 1974: 171-172).
Con la “práctica” Cafiero argumenta
que sólo cuatro firmas controlaban casi el 90% de la exportación: Bunge & Born, Luis Dreyfus, La Plata
Cereal y Louis De Ridder. Dijo Perón al respecto del rol de los intermediarios:
“El sector intermediario era un tumor que estaba allí, absorbiendo la mayor
parte de la vida de todos los demás tejidos de la economía argentina (…)
Cortamos eso, sacamos el tumor y pusimos la cánula: la cánula ahora es el
IAPI”. (Galasso, 2006: 448)
A través del IAPI, el Estado pasó a garantizar a los productores un precio aceptable
por sus productos, a la vez que subsidió alimentos de la canasta familiar y
obtuvo los mejores ingresos de la venta internacional. Al mismo tiempo realizó
transferencias de ingresos para el desarrollo industrial. Menciona Fermín Chávez: “En su actuación como único comprador con
los precios fijados por el Estado, y luego de cubrir las necesidades del
consumo interno, realizaba la venta de los saldos exportables, negociando con
los representantes de las entidades estatales de gobiernos compradores,
coexistiendo también un sistema privado, que se manejaba comprándole al IAPI
los exportadores particulares para luego exportar a los mercados de destino. La
compra a los productores y su posterior venta dejaba a este organismo buenas ganancias
que antes usufructuaban las firmas que canalizaban estas operaciones, entre
ellas Bunge y Born Ltda., Luis Dreyfus y Cía., La Plata Cereal y Louis de
Ridder Ltda., que entre ellas operaban más del 80% de las exportaciones de
cereales”. (Chávez, 1993: 85)
En consecuencia, la creación del IAPI
se complementó con otras medidas orientadas en el mismo sentido que otorgaban
el carácter integral a la política de control del comercio exterior de granos.
La puesta en marcha de este instituto
se insertaba en un proyecto más amplio de recuperación de soberanía, de
nacionalización de la economía con justicia social. Argumenta Norberto Galasso “Este instrumento, montado
para lograr una fuerte transferencia de ingresos desde el sector agropecuario
al Estado, a la industria y a los trabajadores, se halla orquestado con
varias medidas dirigidas a asegurar una remuneración justa al pequeño
productor, así como extraer esa parte de renta diferencial especialmente a los
consorcios cerealistas, a intermediarios financieros y a los terratenientes.
(…) Para esa apropiación de gran parte de la renta diferencial, el Estado
controla el comercio exterior –a través del IAPI– pero asimismo debe
monopolizar el manejo de las divisas y aplicar la paridad bancaria necesaria
para esta política, operaciones para las cuales cuenta con el Banco Central
nacionalizado”. (Galasso, 2006: 448-449)
Sostuvo Perón al enumerar las
políticas que contribuyeron a una redistribución más justa del agro argentino:
“Cuando yo me hice cargo del gobierno, el trigo se pagaba 6 pesos el quintal y cuando dejé el gobierno el trigo se pagaba
60 pesos el quintal. Hubo chacareros que compraron el campo con el
beneficio de una sola cosecha. Se realizó, a pesar de lo que muchos niegan, una
reforma agraria que en el primer Plan Quinquenal, entregó medio millón de
hectáreas de propiedad y deberían haberse entregado un millón de hectáreas en
el segundo Plan Quinquenal”. (Perón en Solanas, Getino, 1971)
Además de los beneficios que
implicaban para el productor la intervención del IAPI, éste contaba con un sistema crediticio ágil y completo
motorizado por el Banco de la Nación Argentina, que lo liberaba del tutelaje de
la intermediación financiera. (Cafiero, 1974) La creación del tractor
“Pampa” y del Rastrojero implicó una modernización del trabajo agropecuario con
inteligencia nacional.
El IAPI fue asumiendo variados y
diversos roles ajustados a las necesidades del desarrollo nacional. Como ya
mencionamos, como organismo comercial fue quien monopolizó la adquisición de
las cosechas, estableciendo los precios con suficiente antelación en relación a
los costos de producción. De esta manera se protegió al productor de los
vaivenes del mercado y absorbió las diferencias que se producían al efectivizar
las ventas en el ámbito internacional.
Asimismo, negoció con los distintos
gobiernos extranjeros la colocación de esos productos, creando diferentes
instrumentos que promovían y protegían los términos y los montos de tales
ventas.
Además, estuvo encargado de la compra
de bienes de capital para promover la industria local. En aspecto sostiene Mario Rapoport: “A medida que la política
económica peronista fue profundizando hacia un modelo económico
nacional-distribucionista, el IAPI fue adquiriendo otras funciones distintas.
En el ámbito interno otorgaba fondos a las diversas reparticiones y entes
públicos destinados a la compra de bienes de capital, operando como un
verdadero organismo financiero. En esta función cumplió un papel muy importante
al participar en la nacionalización de empresas y en la compra de bienes de
capital para diversos emprendimientos estatales. En el ámbito externo, y con el
objetivo de expandir el comercio exterior, el IAPI otorgó financiamiento a
otros países para que pudieran comprar en el mercado argentino especialmente
productos alimentarios. También adelantó fondos a astilleros europeos para la
construcción de embarcaciones de pasajeros y de carnes refrigeradas”.
(Rapoport, 2012: 357)
En este rol de “pivote” como lo
denomina Antonio Cafiero, fue un factor
crucial para la adquisición de los ferrocarriles controlados por británicos y
franceses, la Unión Telefónica, buques para la Flota Mercante, la
construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia – Buenos Aires, obras para Gas
del Estado además de escuelas y fábricas entre otras muchas inversiones.
(Cafiero, 1974)
Fiel a los principios de la Comunidad
Organizada, a partir de 1953 comenzó a ejecutar acciones para realizar el
traspaso de las actividades comerciales controladas por el IAPI a las
cooperativas de productores agrarios: “Solamente habremos de decir que si las
cooperativas agrarias comercializaban tan solo el 28% de la producción de
cereales argentina, en los años anteriores a la campaña agrícola 1953-1953, a
partir de ésta fueron extendiéndose rápidamente en todo el campo argentino, a
punto tal que en la cosecha 1954-1955 el porcentaje del comercio agrícola
realizado por cooperativas llegó al 51,4% (…) los propios productores asociados
habrían de ser los únicos distribuidores- desde la chacra hasta el puerto de
importación extranjero- de esta riqueza argentina”. (Cafiero, 1974: 181)
Vale mencionar los esfuerzos que ya se
venían realizando desde la revolución del ’43 como antecedentes del IAPI,
orientados a suprimir el control del capital extranjero dentro del mercado de
granos. Señala Fermín Chávez “como
antecedente del IAPI, justo es recordar el Decreto 10.107/44 que declaró de
utilidad pública y sujeto a expropiación el uso de elevadores de granos, cargadores,
galpones, etc y otras dependencias de los puertos susceptibles a ser utilizadas
para el almacenamiento y embarque de granos, declarándose la caducidad de
los arrendamientos y cesiones, disponiéndose que su explotación quedaría
reservada a la Comisión de Granos y
Elevadores. Con el dictado de dicho decreto, culminó el privilegio de
algunas firmas exportadoras, que abonaban precios ínfimos por locaciones de
estas instalaciones y cobraban altísimos alquileres a la Junta Reguladora de
Granos por el depósito que se realizaba de los mismos”. (Chávez, 1993: 84)
Durante este periodo también se congelaron los arrendamientos, medida que
favoreció a los locatarios de los campos, así como la sanción del Estatuto del
Peón Rural que protegía al eslabón más débil del trabajo agropecuario.
Como sostuvo Cafiero: “No solo era necesario regular, orientar y dirigir la política
comercial agraria, en sus aspectos internos y externos, sino que además era
fundamental disponer de los recursos y medios necesarios para realizar una
política de nacionalización y ampliación de los servicios públicos, de
fomento de la industrialización, de regulación del mercado interno en función
de la política social en marcha, de centralización de las compras e inversiones
que se aprestaban a realizar casi todas las reparticiones y empresas de Estado,
las Provincias y los municipios”. (Cafiero, 1974: 178)
La suerte del IAPI estuvo echada producido el golpe de la “fusiladora” en 1955, quien
lo disolvió apenas tomó el poder. El retorno a las banderas de “libre mercado”
terminó esta experiencia soberana que se había ganado un odio particular entre
los sectores más concentrados del campo y la oposición liberal que derramó
sobre el instituto todo tipo de denuncias infundadas de corrupción. Dice Alejandro
Tarruela: “Reynaldo Pastor, diputado puntano por el partido conservador
exponía las razones del libre comercio mientras que Silvano Santander, diputado
radical, fabulador que debió reconocer en algún momento que urdía argumentos de
sus imaginerías, dijo en el Parlamento dónde conducía sus ataques al IAPI:
“cuál ha sido el criterio económico, financiero, comercial y jurídico del IAPI
en su acción monopolizadora como importador y exportador”. El General Lonardi
se lo respondería al justificar en el golpe de 1955, la disolución del
organismo y afirmar que se había caracterizado no sólo por una desacertada
gestión comercial y financiera, sino por constantes e injustificadas
intervenciones en distintos aspectos de la actividad económica. Se retornaba
así al ideario liberal del libre comercio (…)”. (Tarruela, 2012: 309)
A propósito de esta revancha
corporativa, Cafiero sostiene: “Ninguna
de las instituciones y sistemas creados para ejecutar el programa de
independencia económica abordado por el gobierno peronista ha sufrido más
ataques ni diatribas que el IAPI. Desde los viejos monopolios de
importación y exportación que de antiguo han actuado con impunidad en el
comercio exterior argentino, pasando por las enfáticas afirmaciones de los
sirvientes de los monopolios, hasta llegar a las voces interesadas de los
clientes exteriores del país, un coro ha anatematizado las funciones y la
acción desplegada por el IAPI en los tonos y con los argumentos más variados,
muchos de ellos colindantes con la procacidad”. (Cafiero, 1974: 179)
La Argentina exportó en el último año
100 millones de toneladas de granos y subproductos por un volumen de US$ 28.500
millones. Solo diez firmas controlan el 91% de la venta de granos al exterior.
Veamos algunas firmas extranjeras que controlan casi el 50% de la
comercialización: China Nationals Cereals, Oil &Foodstuffs comercializa el
15% de las ventas equivalente a 14,2 millones de toneladas. Luego, encontramos
a Cargill que concentra el 12% de las operaciones de venta por 11,9 millones de
toneladas. Continúa la lista Archer Daniels Midland con el 11% y Bunge con el
9%.
Vicentin
y Aceitera General Deheza,
empresas con estrechos vínculos con el capital extranjero, realizaron
aproximadamente el 9% de la comercialización cada una, con 8,7 y 8,4 millones
de toneladas respectivamente. Las principales compañías manejan además los
puertos y terminales de embarque. 18 de las 22 terminales habilitadas se
encuentran ubicadas en el Gran Rosario. (Martínez, 2020)
La posible expropiación de Vicentin,
llevada a la quiebra por las maniobras espurias de sus propietarios realizados
con el aval de la gestión Cambiemos, languidecida en los últimos días por la
confrontación del conglomerado de la elite rural, la oposición política y los
medios de comunicación afines a estos intereses, sumada a la falta de
organización y estrategia en materia económica por parte del gobierno nacional,
parece abortar una oportunidad sustancial para volver a enarbolar un proyecto
de país acorde a las prioridades que urgen a la Argentina, al borde de una
profunda crisis económica y social. Un proyecto de país que comprenda al agro
como impulsor de una economía más justa y más fortalecida. Que contribuya al
desarrollo de quienes trabajan el campo y no del capital extranjero que controla
los precios de sus productos, su comercialización y remisión de la riqueza del
trabajo argentino a sus casas matrices, ni de los intermediarios que funcionan
como apéndice de esas corporaciones. Sostiene Aldo Ferrer en este sentido: “¿es el campo argentino un segmento del
mercado mundial o un sector fundamental de la economía nacional? Además ¿la
asignación de recursos la determina el mercado mundial o, en cambio, refleja la
estrategia de desarrollo argentina? Las únicas respuestas compatibles con el
despliegue del potencial productivo son que el campo es, en primer lugar, una
actividad fundamental de la economía nacional y luego, que la estructura
productiva debe ser el resultado de nuestra propia decisión”. (Ferrer, 2009:
99)
Si el Estado decidiera tomar las
riendas de la principal actividad que generadora de divisas, además de que la
ganancia de nuestra tierra bendecida y de su usufructo moldeado por el trabajo
quedara en el país, lograría intervenir en la fijación de precios de la compra
de los granos y de sus valores de venta en el mercado interno, pudiendo incidir
en el precio local de la harina y el pan, entre otros productos de consumo
básico local. Misiones que lo emparentarían con las delegadas en el IAPI aunque
de menor magnitud que este último, ya que entre otras cuestiones implicó la
nacionalización del comercio exterior.
Como también pudimos observar, la
creación del IAPI funcionó en
consonancia con otro conjunto de medidas económicas y sociales que sirvieron de
motor para la revolución justicialista. En la actualidad, son pocos los
elementos estratégicos que permitan vislumbrar un trazado político en pos de la
construcción de una nación bajo las tres banderas que rigieron al peronismo
histórico. En la medida que el pueblo organizado a través de las
instituciones intermedias de la comunidad no le exija a la dirigencia política
el cumplimiento de un programa en sintonía con los intereses nacionales,
seguiremos naufragando en los dimes y diretes de los avatares de la coyuntura.
Como sucedió en el pasado, las mayorías no dudaron en acompañar y dar su vida
bajo el liderazgo de Perón, único intérprete de una canción cuya partitura creó
el pueblo. Siempre estamos a tiempo, como cantó Zitarrosa “no hay nada más sin
apuro, que un pueblo haciendo la historia”.
Bibliografía
AAVV
(1993): Historia Argentina. El justicialismo. Tomo XIV. Buenos Aires, Oriente.
Cafiero
A (1974): De la economía social-justicialista al régimen liberal-capitalista.
Buenos Aires, Eudeba.
Ferrer
A (2009): Vivir con lo nuestro. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Galasso
N (2006): Perón. Formación, Ascenso y Caída. Buenos Aires, Colihue.
Martínez
B (2020): Granos, quiénes juegan en el mercado que aporta los dólares que
necesita el país.
www.lanacion.com.ar/economia/campo/asi-funciona-mercado-granos-argentina-nid2379909.
Rapoport
M (2012): Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003).
Buenos Aires, Emecé
Solanas
F y O Getino (1971): Perón, la revolución justicialista.
www.youtube.com/watch?v=r2VK2YSOpxI.
Tarruela
A (2012): Historia de la Sociedad Rural Argentina. De la colonización española
a nuestros días: radiografía de la oligarquía terrateniente. Buenos Aires,
Planeta.
Volkind
P (2020): Vicentin: Concentración y extranjerización en un sector estratégico.
elpaisdigital.com.ar/contenido/vicentin-concentracin-y-extranjerizacin-en-un-sector-estratgico/27320.