Por Gabriel
Fernández para RADIO GRAFICA
El pedido
público de la SIP se refiere (lo explica en un comunicado), a las “amenazas de
procesos judiciales y campañas de descrédito en contra de prestigiosos
periodistas argentinos, entre ellos, Luis Majul, Jorge Lanata y Daniel
Santoro”. Como se observará, la entidad empresaria internacional no teme limar
su propio prestigio.
El titular de la entidad, Christopher Barnes,
indicó que es preciso “prestar atención a Argentina, porque creíamos que la
persecución, el acoso y la estigmatización gubernamental contra medios y
periodistas era cosa del pasado”. Barnes es director del diario jamaiquino The Gleaner (El Cosechador, podríamos traducir).
“Esperamos que el presidente Fernández, respetuoso de las garantías
constitucionales, alentará la moderación de sus funcionarios y no permita al
país retroceder al pasado en materia de libertad de prensa y expresión”
completó.
La acción de la
SIP –“esos hampones”, como definiera limpiamente a sus miembros Arturo
Jauretche– se relaciona con la persistencia y profundización de polémicas
abiertas en la sociedad argentina acerca de algunas escandalosas
tergiversaciones mediáticas de la realidad nacional. En ese marco es preciso
inscribir la vinculación de periodistas liberales antiperonistas con los servicios de inteligencia, su
accionar para tensionar el rol del Poder Judicial y su boicot a la cuarentena
dispuesta por el oficialismo para cuidar la salud de la población en medio de
la emergencia sanitaria.
En el ámbito
local, el diario La Nación, entre otros,
salió a fundamentar el planteo de la SIP. En su edición de hoy apuntó que
“dirigentes del oficialismo reclamaron públicamente que sean detenidos algunos
periodistas. Lo que llevó a profesionales prestigiosos, como Marcelo
Longobardi a advertir que se preparan intentos para encarcelar periodistas en
la Argentina”. Con sentido del humor no develado, el matutino que participó de
todos los golpes de Estado en la Argentina contemporánea intentó describir la
asociación citada: “entidad sin fines de
lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión
en las Américas. Con sede en Miami, la componen representantes más de 1300
publicaciones”.
Sigamos. El
periodista mexicano Roberto Rock,
presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP,
explicó que la preocupación por los hechos recientes responde a que “el
hostigamiento verbal o virtual y la estigmatización, más allá de la intención
de buscar restar credibilidad a los periodistas, indefectiblemente son el
preámbulo de la violencia. Las autoridades de la SIP dijeron que el discurso de
odio, que actualmente ha generado un trascendente debate a escala mundial,
además de incentivar la violencia, debilita la libertad de prensa y la
democracia”.
La maniobra
tiene la intención de acorralar al
gobierno argentino para que obedezca los lineamientos económicos propuestos por
las minorías agroexportadoras, los sectores financieros y las compañías
privatizadas de servicios públicos que están entrelazadas con los grandes
medios. También, a forzar un desencuentro interno en la coalición
gobernante, induciendo un desmarque entre el jefe de Estado y su
vicepresidenta, quien lo había promovido en el tramo preelectoral. Asimismo, a quebrar el vínculo entre los espacios
kirchnerista y massista que configuran las zonas más importantes de esa
agrupación.
El decurso de
los acontecimientos recientes ha evidenciado la configuración de un bloque productivo
nacional formado por la totalidad de los protagonistas del mercado interno.
Estas franjas, a diferencia de otros tramos de la historia, han encapsulado a las minorías antiproductivas y están
presionando sobre el gobierno para el establecimiento de una economía nacional
orientada al crecimiento y la generación de empleo. Es necesario recordar
que el conjunto de las empresas productivas argentinas, más las cooperativas
–entre las cuales se cuentan los medios de comunicación populares-, el
movimiento obrero y las organizaciones sociales, han desplegado su planteo por
una intervención estatal, especialmente en el rubro agroalimentario y
exportador.
Sin embargo,
hasta el presente, el presidente Alberto Fernández intentó un buen trato con
los medios monopólicos. Los recibió, dialogó con sus directivos y sus
periodistas, ratificó las grandes pautas publicitarias previas y hasta cooperó
con el pago de sueldos con el argumento de zanjar dificultades financieras en
medio de la cuarentena contra la pandemia. La respuesta salta a la vista. En
ese trazo de acción, cabe incluir la desatención hacia los medios sociales que
la comunidad ha generado, pese a aventajar notoriamente en calidad a los
concentrados, y la neutralización de los lineamientos editoriales de los medios
públicos, que no van a fondo en ninguna de las temáticas de actualidad y ni
siquiera se animan a realzar las políticas estatales.
Bien. Esta táctica asentada en la amistad con los
monopolios de la comunicación ha llegado a un borde inocultable. El trato
privilegiado y la priorización de sus intereses sólo ha derivado en crecientes
ataques contra la sociedad, focalizados en un momento crítico de la vida
nacional. Esto es así porque la trama económica que contiene a esas empresas va
mucho más allá de la voluntad de un directivo o de un periodista y se genera en
las necesidades de los conglomerados empresariales que dominan el rubro. Estos
espacios no respaldaron la gestión oligárquica previa por error; lo hicieron
para desmontar la economía productiva nacional y trasladar recursos hacia la
renta, la exportación primaria y la fuga de divisas.
El gobierno argentino tiene ahora la
posibilidad de actuar en beneficio del pueblo en su conjunto. No sólo porque es
justo hacerlo, sino también porque posee un respaldo social sólido y
mayoritario para concretarlo. Ese apoyo puede diluirse si insiste en
consentir insultos como los descriptos en las líneas precedentes y persistir en
una política que fortalece a quienes lo atacan. La intoxicación que están
gestando los conglomerados que encarna la SIP, damnifica la perspectiva de
construir una sociedad armónica. Las derivaciones a gran escala de semejante
accionar pueden ser trágicas para nuestra Patria.