Damián Descalzo
El pasado 20 de octubre se produjo uno de los
hechos políticos más importantes de los últimos años. Un importante grupo de
gremios enrolados en el Frente Sindical
para el Modelo Nacional y diversas organizaciones sociales y empresariales,
realizaron una movilización a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí se
celebró Santa Misa y se leyó un documento ecuménico. Desde los sectores ligados
al gobierno nacional sintieron el impacto del golpe e iniciaron una brutal
campaña de difamación contra esta acción. Disparatados argumentos se lanzaron
contra la Iglesia y el sindicalismo. Fue tan desvergonzado el ataque y tan
burda la operación, que se pretendió instalar en la opinión pública, la idea que
era incorrecta la “intromisión” de la Iglesia en asuntos de este tipo.
Evidentemente, los que así opinaron tienen un desconocimiento absoluto del
accionar de la Iglesia, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Con
ocurrencia, el dirigente sindical Omar Plaini señaló que “los que piensan que la relación de la Iglesia y el sindicalismo comenzó
el otro día en Luján, estaban viviendo en Cracovia” (Letra P, 28 de octubre
de 2018). Asimismo, expresó, que son habituales las reuniones entre los gremios
de la CGT y la Pastoral Social Católica. También recordó la íntima vinculación
entre el catolicismo y el peronismo: “Los
que venimos del peronismo decimos que tenemos la doctrina social de la Iglesia”,
indicó.
El sindicalismo se ha transformado en la
principal y más firme oposición que tiene el gobierno de Cambiemos. Las grandes
movilizaciones en contra de la política llevada adelante por el presidente
Macri han sido motorizadas por el movimiento obrero. Al respecto, se deben
recordar las movilizaciones al Monumento al Trabajo del día 29 de abril de 2016;
al Ministerio de la Producción, el día 7 de marzo de 2017 y a la Plaza de Mayo,
del 24 septiembre pasado, en la víspera del Paro General que se efectuó el día
25.
También le han molestado al gobierno nacional las
críticas que diversos sectores de la Iglesia han realizado a su política
económica. Por ejemplo, en marzo de este año, los obispos que participaron de
la 179ª reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina
(CEA) expresaron su preocupación a través de un comunicado, en el que se
manifestaron en estado de alerta por “la
delicada situación social que atraviesa el país” y por "el número creciente de despidos".
El promocionado asesor de Mauricio Macri,
Jaime Durán Barba –incluso desde antes del ballotage de noviembre de 2015- viene
lanzando diatribas en contra del Papa Francisco. También desde los grandes medios
de comunicación afines al gobierno nacional, existe una sostenida operación en
contra de nuestro ilustre compatriota que ocupa la máxima autoridad católica a
escala universal, en la que abundan los términos injuriosos y las noticias
falsas y/o tergiversadas. No resulta ajeno a esta maniobra, el hecho que se
haya instalado este año en la Argentina, la campaña por la legalización del
aborto y por la “separación de la Iglesia y el Estado”; en ambas manipulaciones
cumplió un rol clave el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos
Peña.
Resulta fácil de adivinar la respuesta que iba
a tener un gobierno intolerable con las críticas, ante los cuestionamientos por
parte de los dos principales actores sociales del país, la Iglesia Católica y el
Sindicalismo. Sus voceros oficiales y los oficiosos, han emitido improperios,
de todo tipo, en contra de la Iglesia, los sindicatos y los movimientos
sociales.
Por supuesto, esto no ha generado sorpresa en
el ámbito sindical, acostumbrado a estas burdas operaciones de desprestigio. “No se bancaron la buena relación que tienen
los sindicatos con la Iglesia”, indicó Pablo Moyano (Telam, 25 de octubre de 2018).
“Al gobierno le molesta la voz de la
Iglesia. Les molesta dos cosas. Que la Iglesia haga una crítica al modelo
económico, igual que lo hace el Papa a nivel mundial y les molesta que se
relacionen con nosotros”, aseveró en la misma línea, Omar Plaini (Letra P, 28 de octubre de 2018).
Pero estas groseras operaciones en contra de
la relación entre la Iglesia y el sindicalismo y la fingida indignación por la “intromisión”
de la Iglesia en la vida del país, no pueden ocultar la realidad histórica: los
estrechos vínculos que han existido desde hace décadas entre la Iglesia
Católica y el Movimiento Obrero argentino.
En este punto, haremos una breve relación sobre
los puntos de contacto que hubo entre la Iglesia Católica y el Sindicalismo Peronista
en la defensa de los derechos de los trabajadores en los años de la tiranía
cívico militar.
Iglesia y
Sindicatos contra la Dictadura Cívico Militar
El objetivo del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional fue
reestructurar al sindicalismo desde el Estado y modificar los rasgos básicos
del mundo del trabajo en la Argentina.
En esos años se produjo la más salvaje
embestida contra los derechos de los trabajadores de toda nuestra historia. El
mismo 24 de marzo de 1976 -día del golpe de Estado que derrocó al gobierno
peronista encabezado por María Estela Martínez de Perón-, la Junta Militar,
emitió el decreto 9/76, que dispuso la suspensión de la actividad gremial, limitándola
a la administración interna y a la defensa de intereses individuales. Luego se
intervino la Confederación General del Trabajo (CGT), a través del Comunicado
n° 58. También se dictaron las leyes nº 21.261 y 21.400, que suspendieron el
ejercicio del derecho de huelga y de las medidas de acción directa.
El día 27 abril de 1979, la CGT realizó la
primera huelga general contra la Dictadura;
el movimiento obrero se consolidó como la principal oposición al gobierno
tiránico.
Unos meses después llegó la respuesta; fue el
ataque más directo contra el Modelo
Sindical Argentino por parte de la tiranía cívico militar. Se sancionó, el
día 15 de noviembre de 1979, el decreto ley 22.105, con el claro objetivo de
debilitar al movimiento sindical organizado y, de esa forma, disminuir su
poder.
En primera instancia, se eliminó a la
Confederación General del Trabajo y se prohibió la agremiación de tercer grado.
La ley innovó sobre la tradicional pirámide sindical. Dentro de los tres
clásicos grados, privilegiaba la formación de asociaciones de base o de primer
grado, o sea, sindicatos que afilian a personas individuales. Si bien admitía
la asociación de asociaciones (federación), limitaba su función a la
concertación del convenio colectivo; en cambio, no admitía las organizaciones
de tercer grado, es decir, la representación gremial de todos los trabajadores
del país. En forma expresa determinaba que debían ser disueltas: por resolución
ministerial se dispuso la liquidación de la CGT.
Asimismo, se pretendió fragmentar -retomando
lo realizado por el gobierno de Illia en 1966- a las organizaciones sindicales
de ámbito nacional, reduciendo su zona de actuación a un territorio más acotado
(sólo una jurisdicción) y se prohibió la sindicalización conjunta de personal
jerarquizado con personal subalterno. Finalmente,
prohibió la actividad política de los sindicatos.
La Iglesia
Católica defiende el Modelo Sindical Argentino
En los meses previos al dictado de esta norma,
se hicieron públicas las intenciones de la tiranía cívico militar de modificar
la Ley de Asociaciones Profesionales. En esos momentos, la Iglesia Católica
empezó a ocuparse, particularmente, del tema sindical. En julio de 1979, la
Comisión Permanente del Episcopado Argentino resolvió encomendar al Equipo de Pastoral
Social la elaboración de un documento acerca de la cuestión sindical.
En agosto de 1979, el Episcopado Argentino
efectúo una declaración, sobre el derecho de agremiación:
La formación de entidades sindicales, de
cualquier ámbito geográfico o grado de organización, constituye la expresión de
un derecho natural de la persona humana: el de asociación. Por tanto, no puede
ser desconocido, negado, ni retaceado.
Pero la posición de la Iglesia Católica no se
redujo a recordar el derecho a asociarse, sino que también reivindicó el
derecho de los trabajadores de tener el modelo sindical que consideren más
conveniente:
Los trabajadores tienen el derecho de conferir
a sus asociaciones profesionales la estructura y organización que juzgaren más
idóneas, según las circunstancias y en orden a la defensa y promoción de sus
legítimos derechos y aspiraciones. Debe dejarse que ellas decidan libremente
las características de las mismas, sin imposiciones privadas u oficiales.
Esta defensa de la causa obrera por parte de
la Iglesia Católica no fue un hecho aislado. La condición de sindicalismo
“cristiano” del sindicalismo argentino (en un hecho que sólo tiene comparación
con lo sucedido en Polonia), generó simpatías y afinidad en las filas católicas,
desde mediados de los años ‘40.
La Iglesia tuvo un rol de mucha solidaridad
con los reclamos obreros durante la tiranía cívico militar. A algún
desprevenido podrá sorprenderle esta aseveración. En los últimos años se ha
pretendido instalar -por parte de sectores que responden a una tradición
política ajena al sentir y al pensamiento de las mayorías nacionales y
populares- la idea de una Iglesia católica “cómplice” de la dictadura. Sin
perjuicio del criticable contacto que un sector de la jerarquía católica (que,
en modo alguno, representó a la totalidad de la inmensa grey católica nacional)
mantuvo con las máximas autoridades del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, existieron importantes miembros
de la Iglesia que estuvieron del lado del mismo pueblo al que pertenecen.
Pan, Paz y
Trabajo
El 7 de noviembre de 1981 se llevó adelante la
más importante manifestación popular en contra del régimen cívico militar. El
movimiento obrero y la Iglesia Católica fueron los principales actores aquella
jornada. De la movilización participaron miles de compatriotas; se calcula que
hubo entre diez mil a quince mil personas. La marcha la organizó la CGT,
liderada por Saúl Ubaldini en aquellos momentos, y se dirigió hacia la Iglesia
de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, bajo la consigna “PAN, PAZ Y
TRABAJO”, (que fue retomada por el sindicalismo peronista –y no de casualidad-
en la última marcha hacia el Santuario Mariano de Luján, en octubre pasado, al
que hacemos referencia al comienzo de este artículo). En la puerta de la
Iglesia se celebró una Santa Misa católica. El cura párroco, Humberto Bellone,
inició su homilía diciendo que “La
justicia social está basada en la verdad, y en la verdad que surge de la
realidad de Dios … Dios es providente, y no se va a olvidar de sus hijos, de
todos nosotros” (Beliz, CGT, el otro
poder, 1988).
Ubaldini expresó que Dios estaba con los
trabajadores; Lorenzo Miguel declaró que esa manifestación había sido “la demostración de un sentimiento nacional,
humanista y cristiano” (La Razón, 8/11/1981).
En la desconcentración de la Misa, se entonó “La Marcha de los Muchachos Peronistas” y
se coreó una consigna que, con el paso de los meses, cada vez se escucharía
más: “Se va a acabar/ se va a acabar/ la
dictadura militar”.
Desde la irrupción del Peronismo en la vida
política de nuestra nación, se ha producido una íntima relación entre la
Iglesia Católica y el Movimiento Obrero. Esta cercanía coadyuvó a que la
comunidad argentina viviera sus años más gloriosos y que tuvo resultados
nefastos cuando se produjo un lamentable distanciamiento. Esa proximidad
afectiva volvió a conseguir buenos frutos, en plena lucha contra la más
horrenda tiranía que soportó el pueblo argentino en el siglo pasado. Tenemos
esperanza que ese amor al prójimo -entre dos sectores indisolublemente
integrados a la sustancialidad de nuestro pueblo- podrán volver a recrear
provechosos beneficios, a toda la comunidad nacional que lo merece y espera.
Que así sea.
Revista MOVIMIENTO