Por Carlos E. Lippo
Tal como hemos venido señalando en
anteriores trabajos, una guerra de
cuarta generación en su variante
financiera nos ha venido siendo aplicada por el imperio desde hace ya
muchos años, tantos como los años transcurridos desde que el Comandante Chávez
declarase de manera expresa el carácter anti imperialista de nuestra
revolución, a mediados del año 2004 (1).
Las principales puntas de lanza del
imperio en el desarrollo de la guerra bajo esta variante fueron al inicio las
llamadas empresas “calificadoras” de
riesgo financiero: Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, entre las más
connotadas, las cuales sin ningún vestigio de escrúpulos ni de profesionalismo,
establecieron el llamado “riesgo país” de Venezuela en niveles muy superiores a
los que ellas mismas establecían para otros países de la región con economías
comparables a la nuestra, como Colombia, pero agobiada en aquel entonces por
una guerra interna de más de medio siglo y hasta de países con economías mucho
más pequeñas, como Jamaica y Panamá, no exportadoras de petróleo ni de ningún
otro recurso estratégico, por añadidura. Y todo ello en una época en la cual
nuestro país, que se encontraba en absoluta paz, había logrado que le
certificaran las mayores reservas de hidrocarburos del planeta y disfrutaba de
unos precios mundiales del petróleo superiores a los 100 dólares por barril.
Al atribuir
a nuestro país, por razones estrictamente políticas, un nivel de riesgo
financiero muy por encima del que realmente debería tener con base en
criterios de orden económico y financiero, se le hizo víctima de forma casi
inmediata de un fuerte impacto adverso caracterizado por:
·
Una
casi absoluta falta de participación del
“capital productivo internacional” en proyectos de inversión no vinculados
a la producción de hidrocarburos, de la cual logramos sobreponernos gracias a
la participación de países amigos, que como China, Rusia, Bielorrusia e Irán,
han venido invirtiendo en una gama importante de proyectos en diferentes áreas.
·
Un
continuo y progresivo encarecimiento de
la deuda externa en divisas que se ha vio precisado a contraer el país con
los agentes del mercado internacional para financiar proyectos de inversión,
por tener muy poco o ningún acceso a créditos de los organismos multilaterales
controlados por los Estados Unidos (Fondo Monetario Internacional, Banco
Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo), por negarse a aceptar las
condiciones de entrega de la soberanía económica que tales organismos exigen.
Las condiciones para el acceso a los mercados financieros internacionales se
fueron haciendo tan “leoninas” bajo la acción de las calificadoras de riesgo,
que PDVSA tuvo que dejar de emitir títulos de deuda en divisas en el año
2009 y la República en el 2011, conformándose de esta manera una especie
de bloqueo financiero virtual a
Venezuela promovido por el imperio; bloqueo
que se hizo absolutamente real con la emisión de una orden ejecutiva de Donald
Trump, vigente desde el 25 de agosto de 2017, contentiva de las primeras
sanciones de carácter económico-financiero aplicadas a la República y a su
empresa matriz del sector de los hidrocarburos (PDVSA) (2), aunque ya con
anterioridad, desde el mes de mayo del mismo año la misma administración Trump,
en cuatro oportunidades, había aplicado sanciones de naturaleza financiera a 25
funcionarios miembros de los distintos poderes públicos del Estado Venezolano,
desde el Presidente Maduro hasta el constituyentista Herman Escarrá.
Bajo la redacción general y ambigua
característica de las órdenes ejecutivas imperiales, ésta del 25 de agosto
establece sanciones destinadas a: bloquear
el acceso del estado venezolano y la empresa estatal PDVSA a nuevas fuentes de
financiamiento en dólares; bloquear todas las operaciones con dos títulos
valores (bonos) emitidos legalmente por PDVSA; e impedir la percepción de los
dividendos resultantes de las operaciones de su filial CITGO en territorio
estadounidense. Sin embargo dada la supremacía del Sistema Petrodólar a
nivel planetario, en la práctica se
trata de la exclusión de Venezuela de toda transacción financiera
internacional, lo que nos ha venido dificultando de manera extrema la
importación de alimentos, medicinas y otros bienes e insumos de primera
necesidad, así como de un bloqueo bancario total contra PDVSA, con el propósito
de imposibilitar las transacciones directas de hidrocarburos.
El impacto de estas sanciones es de tal
magnitud, que de ellas ha dicho Peter Koening (3), economista y analista
geopolítico de origen estadounidense, ex funcionario del Banco Mundial, que se
trata de las más amplias sanciones económicas de la historia, siendo
representativas de una guerra financiera directa que prácticamente paralizaría
a Venezuela y que constituyen además un crimen de guerra, ya que ponen en
peligro y amenazan las vidas del pueblo venezolano.
Para endurecer este real bloqueo
financiero Trump suscribió, a comienzos de 2018, dos nuevas órdenes ejecutivas
contentivas de amplias sanciones económico-financieras:
·
La del 19 de marzo, que prohíbe "todas
las transacciones vinculadas, provisiones de financiamiento y otros negocios
por parte de una persona de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, con
cualquier moneda, divisa o ficha digital", emitida por el gobierno de
Venezuela desde el 9 de enero de 2018 (4), con el propósito expreso de bloquear
a “El Petro”, nuestro criptoactivo respaldado actualmente por nuestras reservas
petroleras.
·
La
emitida el 21 de mayo (5), al día siguiente de las elecciones presidenciales en
las que resultase electo Nicolás Maduro, para ejercer la máxima magistratura
del país durante el próximo período 2019-2025,
en la cual entre otras cosas se prohíben: todas las transacciones relacionadas
con financiamiento para el gobierno de Venezuela por parte de empresas y
ciudadanos estadounidenses, o que guarden relación con Estados Unidos; la
compra de cualquier deuda expedida por el gobierno de Venezuela, incluso
aquellas facturas que aún no se hayan pagado; la venta, transferencia,
asignación o garantía otorgada a colaterales por el gobierno de Venezuela; así
como el poseer acciones en cualquier entidad en la que el gobierno sea
accionista mayoritario con un porcentaje del 50% o mayor.
Tengo plena confianza en que esta larga
introducción sirva para demostrar que el imperio, inicialmente por medio de
instituciones privadas interpuestas, las calificadoras de riesgo, y luego de
manera directa por medio de sanciones impuestas por la OFAC (Oficina de Control
de Activos Extranjeros) de su Departamento del Tesoro, nos ha venido aplicando
un cerco financiero que llevando ya casi 3 lustros, es la principal causa de
las extremas dificultades materiales por las que estamos atravesando, siendo él
mismo quien se empeña en gritar a los cuatro vientos junto a sus corifeos nacionales
e internacionales, que se trata de una crisis humanitaria causada por la
incapacidad del Gobierno Revolucionario; considero que habrá de servir también
para demostrar que las sanciones asociadas a la orden ejecutiva vigente desde
el pasado 1° de noviembre, relativas a
ciertas restricciones a la venta de oro por parte de Venezuela, objeto
central de estas notas, distando mucho de ser las primeras, sólo son las más
recientes sanciones que nos pretende aplicar el imperio en medio de la lucha
que debe continuar librando para tratar de sobreponerse a su propia e
irreversible decadencia.
De entrada es necesario comenzar por
decir que dichas sanciones con las cuales se estaría pretendiendo trastocar las
exportaciones de oro desde Venezuela, al prohibir a los ciudadanos y empresas
estadounidenses negociar con empresas e individuos que trabajen en la
"corrupta y engañosa" venta de oro venezolano (6), tienen una
justificación mucho más falaz que todas las anteriores, ya que una presunta
venta de alrededor de 20 toneladas de
oro a Turquía a comienzos del 2018, en la cual parecen haberlas
fundamentado, que por lo demás el país estaría en su pleno derecho de hacer, no
fue tal venta sino una exportación acordada del mineral con el propósito de
refinarlo y certificarlo como oro monetario susceptible de ser incorporado a
las reservas del Banco Central de Venezuela, una operación perfectamente normal
y legal que antes se hacía con países como Suiza e Inglaterra, pero que se ha
vuelto extremadamente riesgosa de hacer con ellos debido a su dependencia del
poder imperial. Así lo señaló a mediados de año (julio de 2018) el ministro de
minería, Víctor Cano, al declarar textualmente: “No es ningún contrabando a
Turquía. Son convenios que están firmados entre BCV y Turquía. Es un oro que se
está produciendo en Venezuela y certificado por nuestro registro de origen, con
todos nuestros controles internacionales para hacer la exportación y luego la
importación de ese oro ya refinado” (7) y adicionalmente, “(La certificación
la) Hacíamos en Suiza y ya no se hace en Suiza. Se hace en países aliados
porque imaginen que se envía el oro a Suiza y por sanciones nos dicen que allí
se queda”.
Sostengo responsablemente que se trata
de unas sanciones absurdas por ser prácticamente inaplicables, porque ¿qué
razones podría tener Venezuela para vender oro a los Estados Unidos, a pesar de
ser éste el país que mayor cantidad de este mineral está adquiriendo en la
actualidad, o en todo caso de negociarlo a través de ciudadanos o empresas
estadounidenses, cuando países comprobadamente amigos como Rusia, China e
India, con los cuales tiene actualmente muy activas relaciones comerciales, se
encuentran también entre los primeros diez países compradores de oro en el
mundo? (8).
Igualmente sostengo que sólo se trata de
una burda maniobra política destinada a
mejorar el posicionamiento de los candidatos republicanos en el estado de
Florida en víspera de las elecciones del 06 de noviembre, así como de
seguir apuntalando la matriz mediática de país forajido que llevan tiempo
intentando atribuir a Venezuela y a otros países amigos; sostengo esto,
basándome en los siguientes hechos:
-
Las
sanciones, que fueron anunciadas por el asesor de seguridad de la Casa Blanca,
el “impresentable” John Bolton, en lugar de por algún alto funcionario de los
departamentos de estado o del tesoro, como ha venido siendo lo habitual, fueron
presentadas ante una audiencia de venezolanos y cubanos “gusanos” en la
“Freedom Tower” (Torre de la Libertad) de Miami, una edificación tristemente
célebre por ser la que alojó a los primeros refugiados cubanos de la década de
1960; un anuncio que curiosamente fue hecho
un día después de que Trump hiciese campaña en Florida para los
candidatos republicanos al senado y a la gobernación (9).
-
Una
muy reciente encuesta divulgada por el asqueroso pasquín que lleva por nombre
“El Nuevo Herald” (10), al señalar que los “hispanos” de la Florida votarán
mayoritariamente por candidatos demócratas, prácticamente atribuye el triunfo a
Bill Nelson (senado) y a Andrew Gillum (gobernación), lo que constituiría un
duro golpe para el actual senador federal por ese estado y firme aliado de Trump
con quién comparte la misma neurosis contra Venezuela, “Narco” Rubio
-
Unas
falaces acusaciones proferidas al día siguiente del anuncio por Marshall
Billibgslea, subsecretario para el financiamiento al terrorismo del
Departamento del Tesoro, quien señaló textualmente en una conferencia en el
“Brookings Institution”: “Hemos visto 21 toneladas métricas o más que han ido a
Turquía, y hemos vistos empresas turcas reemplazar muchas de las empresas
alimentarias que incursionan en la corrupción relacionada al programa e cajas
de comida CLAP”, así como también: “este oro sale del país sin ninguna de las
precauciones habituales para garantizar que los fondos sean auditivos (¿!) y
catalogados debidamente como pertenecientes a las arcas del Estado y para ser
utilizados en pro de los ciudadanos” (11).
-
Un
más que necio planteamiento de Bolton en la ocasión de hacer el anuncio,
relativo a que el anunciado decreto
contra Venezuela, pide a los secretarios de estado, Mike Pompeo, y del tesoro, Steven
Mnuchin, que "identifiquen sectores de la economía venezolana" que
podrían estar sujetos a nuevas sanciones de EE. UU (12).
Para terminar sólo me resta señalar que
la escasa o nula trascendencia que nuestro gobierno ha dado a tales sanciones,
a juzgar por el hecho de que no he logrado conseguir en la Red ningunas
declaraciones al respecto, sirve para confirmar mi planteamiento de que se
trata de unas sanciones absolutamente absurdas; sin embargo, no podemos por
ello bajar la guardia pues ellas pudiesen ser el preanuncio de nuevas sanciones
del mismo tipo pero orientadas a otros sectores, como el petrolero, que si
pudiesen generar un nuevo impacto adverso sobre nuestra muy golpeada economía.
¡Hasta la Victoria, Siempre!
¡Patria
o Muerte!
¡Venceremos!
(1)
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=208217
(2)
http://albaciudad.org/2017/08/trump-impone-nuevas-sanciones-contra-venezuela/
(3)
http://www.ensartaos.com.ve/internacional/carta-abierta-al-presidente-maduro-la-realidad-del-bloqueo-de-trump/
(4)
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43464908
(5)
http://talcualdigital.com/index.php/2018/05/21/estados-unidos-ordena-nuevas-sanciones-economicas-para-el-gobierno-de-venezuela/
(6)
https://actualidad.rt.com/actualidad/294195-eeuu-nuevas-sanciones-venezuela
(7)
https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN1K82KE-OUSLD
(8)
https://www.msn.com/es-ar/finanzas/economy/los-10-pa%C3%ADses-con-las-mayores-reservas-de-oro-y-d%C3%B3nde-queda-espa%C3%B1a/ar-BBLi38R?li=AA4RBE
(9)
https://venepress.com/article/Trump-firmo-decreto-contra-exportaciones-oro-deVenezuela1541093706112
(10)
https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article220942705.html
(11)
https://venepress.com/article/Por-que-EEUU-sanciono-el-comercio-de-oro-venezolano1541277541775
(12) https://www.aporrea.org/economia/n333715.html