Aritz Recalde - febrero 2017
De manera sucinta, la
inflación se puede definir como el aumento sostenido y generalizado de los precios.
El fenómeno es el resultante de las disputas de poder social y produce
beneficiarios y perjudicados.
La justificación neoliberal
Los programas neoliberales
de reducción de la inflación implicaron una masiva transferencia de ingresos
que empobreció al trabajador y que destruyó a la pequeña y mediana empresa
nacional. Las acciones de gobierno guiadas por esa ideología tienden a
priorizar, sin excepciones, la acumulación de ganancias del empresario
oligopólico y del financista extranjero.
Los representantes del poder
económico sostienen que la inflación se genera por la acción de los
trabajadores y del Estado. El acrecentamiento de los precios sería la
resultante de:
·
Emisión monetaria, gasto público y regulaciones estatales.
Estas últimas generarían “problemas de confianza” en los inversores.
·
Aumentos salariales que amplían la demanda de bienes.
Con dicho diagnostico las
políticas económicas neoliberales suelen estar vinculadas a:
·
Reducción del déficit fiscal: disminuyendo la emisión destinada
a la inversión pública del gobierno (educación, salud, ciencia o seguridad). El
paquete de medidas puede incluir privatizaciones a grupos extranjeros que
generarían “clima inversor” y divisas.
·
Aplicar planes de reducción de la masa monetaria desde el
Banco Central. La regulación de tasas de interés y la emisión de bonos son dos
de sus mecanismos.
·
Rebajas salariales y debilitamiento del poder adquisitivo del
trabajador. En democracia[1] proponen
bajar la tasa de actividad y aumentar el desempleo con la finalidad de disminuir
la capacidad de negociación sindical. Es frecuente que los delegados del poder económico
apliquen políticas de alto impacto (shock distributivo) como es una fuerte
devaluación o el aumento de tarifas, en paralelo a que el gobierno presiona
para poner techo a las paritarias o directamente congelar salarios.
·
Aumentar la oferta de bienes en el “corto plazo” a partir de:
a-
Flexibilizar controles y regulaciones económicas creando un
supuesto “clima inversor”.
b-
Aumentar las importaciones para bajar los precios de
productos locales.
c-
Reducir la capacidad de compra del salario y destinar el
excedente a la potencial inversión de capital.
d-
Bajar impuestos y desandar la capacidad recaudatoria del
Estado que es desfinanciado, para derivar la riqueza en potenciales inversiones
privadas.
En el año 2016 CAMBIEMOS
sub-ejecutó el presupuesto nacional y en 2017 redujo los fondos prácticamente en
todas las carteras, menos aquellos destinados al pago de deuda que aumentaron
exponencialmente. El gobierno eliminó regulaciones a las importaciones y a la
salida de dólares, desarticuló el programa precios cuidados, desestimó
controles sobre los intermediarios y bajó las retenciones al agro, al petróleo
y a la minería. Con el objetivo de reducir el volumen de pesos circulantes, el
Banco Central generó incentivos (ganancias exorbitantes) para la especulación
financiera. Las paritarias laborales quedaron por debajo de la inflación y con
la finalidad de “enfriar la economía”, los ministros pusieron en el congelador
a los desempleados, pobres e indigentes.
Todos los esfuerzos
resultantes de la política económica actual (devaluación, LEBAC o baja de
retenciones) los cargó la masa popular, mientras que los grupos económicos (exportadoras,
bancos y empresas de servicios) acumularon un importante excedente. A
diferencia del planteo oficial, los recursos atesorados en pocos sectores como
resultado del empobrecimiento general de la población, no derivaron en
inversión. Tampoco existió una relación directa entre trabajadores más pobres, super-ganancias
empresarias y crecimiento económico.
Durante el año 2016 la
inflación fue la más alta en 25 años y según un estudio de Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMET superó el
40,9%. Tomando distancia de sus anuncios de campaña acerca de un prominente
segundo semestre, Mauricio Macri ya aclaró que en realidad “necesita 20 años de crecimiento continuo”
para “sacar a todos los argentinos de la
pobreza”. Al Presidente le faltó decir que además de “crecimiento”, haría
falta “distribuir” la riqueza y que de esa manera no habría que esperar tanto tiempo
requiriendo injustos sacrificios a los argentinos más débiles.
La inflación es un reflejo de la lucha política interna
La inflación del año 2016 fue impulsada desde el gobierno nacional para
garantizar los negocios del sector financiero, de los grupos exportadores de
alimentos y de las empresas de servicios.
Los políticos neoliberales
niegan que sus medidas estén orientadas a beneficiar al capital oligopólico y
trasnacional y nunca reconocen que sus programas de gobierno no democratizan
los costos de las crisis, sino que las transfieren al pueblo.
Más allá de la agenda
neoliberal ya descripta, la
inflación es una manifestación de la lucha de clases y supone disputas de
intereses y tensiones de poder entre:
-
Capital vs trabajo.
-
Capital productivo vs
especulativo.
-
Capital industrial vs
empresas de servicios.
-
Capital industrial vs sector agropecuario.
-
Grupos nacionales vs
extranjeros.
-
PYMES vs oligopolios.
Los diversos sectores van a utilizar su poder político y económico para
subir el precio de sus bienes. Los aumentos relativos de los productos implican
el desplazamiento de la riqueza de una clase/sector hacia la otra.
Atendiendo esta circunstancia, los Estados con vocación industrialista se
apropian de los excedentes agrarios y financieros y los destinan al desarrollo
del conjunto social. En el caso argentino, el peronismo (1946-1955) nacionalizó
el comercio exterior, los depósitos bancarios y el Banco Central. Esta decisión
soberana privilegia el interés social al de facción o clase y les permite a los
países mantener a bajo costo los créditos productivos, los alimentos y las
materias primas.
CAMBIEMOS representa a los sectores agropecuarios y es por eso que
aplicó una devaluación superior al 60% en el año 2016. Es por ésta misma causa
que el gobierno nacional eliminó las retenciones al trigo (harina), el maíz
(aceite), la carne o la soja (con reducción parcial). Acto seguido, el sector transfirió
a precios la variación de costos de las importaciones y obligó a la población a
pagar la canasta alimentaria a valores internacionales (dólares). Los aumentos
redujeron la capacidad de compra del salario y originaron problemas de
competitividad del sector industrial manufacturero.
Desde el año 2016 los recursos naturales y las empresas de servicios
dejaron de ser concebidas como una actividad complementaria o estratégica, para
volverse meramente unidades de negocios. Los abusivos aumentos del combustible,
de la luz, del gas y del agua fueron trasladados a los precios por el sector
productivo y por el conjunto de actores de la economía (clubes de barrio,
escuelas privadas, clubes, municipalidades, etc.-).
El caso de la inflación de los derivados de los hidrocarburos en una
muestra contundente del poder político del sector. Si los precios
internacionales del barril del petróleo aumentan, automáticamente suben los
costos internos de las naftas o los aceites. El proceso inverso no ocurre y la
caída de los valores de los mismos productos en el mercado mundial no origina
reducciones de precios. Incuso y por decisión del Ministro Aranguren, en el año
2016 aumentaron los combustibles con la finalidad de garantizar ganancias en
dólares a las empresas que representa (en un contexto devaluatorio). En
paralelo, en el año 2017 el gobierno eliminó las retenciones a la exportación
petrolera y acompañó la reducción de los derechos laborales de los trabajadores
del sector.
Resultado del apoyo estatal a los empresarios, las paritarias quedaron
por debajo de la inflación y las familias perdieron poder adquisitivo. Según el
estudio de la UMET, en el año 2015 el salario real creció en promedio 3% y en
2016 cayó un 6,1%. En el Informe “El
impacto asimétrico de la aceleración inflacionaria en argentina (2015-2016)”,
se demostró que los aumentos perjudicaron principalmente a los estratos más
pobres de la sociedad por el hecho de que destinan la mayor parte de sus
ingresos al consumo de alimentos, al alquiler y al pago de servicios. Los tres
rubros fueron los que más subas presentaron el último año, reflejando el
contenido oligárquico y de clase de la inflación actual que multiplica pobres,
para beneficiar a unos pocos ricos.
Para explicar el aumento de los precios en la Argentina no puede dejar
de contemplarse la estructura de producción e intermediación economía
concentrada. No pocas áreas del mercado son controladas por oligopolios
multinacionales, que ejercen presión sobre los precios y que incluso tienen el
poder de enfrentar a los gobiernos. Los grupos económicos ponen y sacan administraciones
y bloquean todos los intentos de regulación social y colectiva de la propiedad
y de la riqueza. Ricardo Alfonsín fue una de sus víctimas y lo destituyeron con
operaciones de evasión impositiva, de retiro de fondos de los bancos y con la fuga
de capitales favoreciendo el desabastecimiento y los aumentos masivos de
precios. Con la caída estrepitosa de la UCR, la democracia argentina perdió
poder frente a las corporaciones.
CAMBIEMOS le otorgó al empresariado los Ministerios y con ello el pueblo
delegó a las corporaciones la capacidad de regulación de los precios. Por
ejemplo, en la Secretaría de Comercio el Presidente designó a una figura
vinculada a la intermediación comercial (supermercados La Anónima), que es un
actor fundamental de la inflación en la Argentina. En los años noventa quedó demostrado
que el gato es mal guardián de las
sardinas o como dijo algún colega, los zorros de los grupos económicos
andan sueltos y se están comiendo a la gallina trabajadora y a la PYME nacional.
La inflación y la organización
internacional de la dependencia
En los primeros años del siglo XXI se produjo un aumento de los precios
de las materias primas (petróleo, alimentos o minerales). En parte, dicho
fenómeno se relacionó a la ampliación de la demanda de la economía China
caracterizada por un importante crecimiento ininterrumpido. Además, el capital
financiero de los países centrales destinó recursos a crear fondos de inversión
para producir bienes agropecuarios, haciendo del alimento mundial un bien de
especulación.
En el caso del valor de la energía, se sumaron diversos conflictos
geopolíticos y militares en zonas de producción de hidrocarburos como es el
caso de los enfrentamientos y disputas en los contextos de Irak, Afganistán,
Siria, Libia o Irán.
El aumento de los precios de las materias primas generó situaciones contradictorias.
Por un lado, permitió mejorar temporalmente el intercambio comercial de
Iberoamérica con las potencias industriales, bajando los precios relativos de
las importaciones de manufacturadas. Los países sudamericanos dispusieron de
mayores recursos para implementar los programas de desarrollo nacional.
La contracara de éste proceso fue el encarecimiento y el permanente
aumento de los precios de la tierra, de los alimentos exportables y de la
energía. El debate del año 2008 sobre las retenciones a las exportaciones fue
una manifestación clara entre dos posiciones frente al aumento de los valores
internacionales: se defiende el plato de comida de los argentinos o el tema es
reducido a la obtención de divisas por parte de las empresas. El gobierno de
CAMBIEMOS tomó esta segunda alternativa y los precios de los alimentos
aumentaron de manera muy superior al resto de la economía.
Aprovechando los altos valores, algunos países profundizaron su perfil
productivo extractivista y agro exportador. En la Argentina y el Brasil los valores
de la soja derivaron en deforestación, desplazamiento de la cría de ganado o de
la siembra de trigo y se hizo evidente la dificultad gubernamental para regular
el mercado de alimentos para su población. De continuarse la tendencia a hacer
de los comestibles una mera divisa, Sudamérica está condenando a la mayoría
popular al hambre o a la desnutrición.
Por el contrario, los chinos a los cuales les vendemos la soja la
utilizan para generar proteínas animales (en un 80%) y garantizar la nutrición
de sus habitantes y la competitividad de su economía. La decisión del país
oriental de importar la soja en lugar de producirla, fue parte de un plan
estratégico de desarrollo que no permitió que desaparezca la producción de
otros vegetales imprescindibles para la dieta nacional.
El remedio puede ser peor que la enfermedad: estanflación
Los funcionarios
neoliberales hacen de la política antiinflacionaria una finalidad en sí misma,
sin atender los perjuicios que pueden aparejar sus decisiones sobre el conjunto
de la actividad productiva y social.
En el año 2016 la política
económica de CAMBIEMOS contrajo la economía que está en recesión (cayó el PBI
2,5%). La suba del precio de los créditos (tasa de interés), la apertura de las
importaciones y la contracción del consumo interno destruyeron varias
actividades productivas aumentando el desempleo, la pobreza y la
indigencia.
Durante su último mandato
Cristina Kirchner gobernó con una alta inflación, cuyo promedio rondó el 25%.
En parte, la incapacidad para resolver el problema fue justificada con la decisión de mantener el mercado interno de
consumo y el crecimiento en un contexto mundial de caída de los precios de las
exportaciones argentinas y de reducción del volumen comercial de los aliados
estratégicos Brasil y China.
El argumento de los ministros del gobierno anterior era que el consumo y
el crecimiento generan tensiones y acomodamientos de precios, que pueden ser
corregidos en paritarias sin necesidad de achicar la economía y cercenar
derechos. El Estado aparecía como un garante de la capacidad de compra del
salario de los trabajadores y de los jubilados.
Según los gestores del kirchnerismo, la contracara se su política era el
programa de metas monetaristas y antiinflacionarias que aplicó Dilma Rousseff
en Brasil. Como resultado de las medidas del Partido de los Trabajadores se
profundizó la caída de actividad productiva del país lusitano, con las
consecuencias sociales que ello conlleva.
La cultura inflacionaria y
los medios de comunicación
En la Argentina existe una cultura inflacionaria que es utilizada por
las corporaciones para maximizar sus beneficios.
La sociedad atravesó situaciones sumamente traumáticas como fue el caso
de la hiperinflación alfonsinista y ello generó una tendencia psicológica a
maximizar el corto plazo. La cultura inflacionaria, la presión empresaria y la acción
mediática inducen a los actores de la producción a ajustar constantemente precios,
adelantándose a la “potencial pérdida” de ingresos.
Los oligopolios de la comunicación utilizan la cultura inflacionaria
para maximizar ganancias de sus publicistas y para debilitar a los gobiernos
que consideran contrarios a sus propios intereses.
Acuerdos básicos para abordar
el problema de la inflación
La inflación es una manifestación de la lucha de clases y su posible
solución no es técnica, sino política.
Los sindicatos y las cámaras
empresarias y cooperativas nacionales, tienen un rol político fundamental en la
lucha por la determinación de precios justos.
La propiedad privada tiene una función social y ninguna corporación
puede oponer sus intereses de facción sobre los de la colectividad.
La política
antiinflacionaria debe partir de una concertación nacional que distribuya de
manera equitativa los esfuerzos.
La política antinflacionaria
no debe impedir que el conjunto de los sectores productivos y sociales se
desarrollen.
El Estado es el ordenador
social y tiene la soberanía para impedir la actuación oligopólica y abusiva de
los factores de producción e intermediación.
La democracia debe regular
el comercio interno y de exportación, promoviendo el trabajo y la producción y
castigando la especulación.
La Nación y su pueblo
son los destinatarios de las políticas del Estado y el consumo de las potencias
extranjeras no puede derivar en el hambre de la familia argentina.
[1] En la dictadura del año 1976 se prohibió la acción
sindical con una inusitada represión, se congelaron salarios, se devaluó la
moneda y se liberaron los precios. Como resultado del plan de Martínez de Hoz
se transfirieron recursos del trabajador al capital y se cambió radicalmente la
distribución de las ganancias entre la industria y la actividad financiera,
entre los capitales nacionales y extranjeros y entre las PyMEs y los grandes
grupos económicos que aumentaron considerablemente su capacidad de apropiarse
la riqueza.