Independientemente de errores
que pueda haber cometido el gobierno bolivariano, es un imperativo ético
primordial condenar enérgicamente cualquier intento de injerencia en sus
asuntos internos. Los problemas de los venezolanos los deben arreglar los venezolanos.
Lo demás es, pura y abiertamente, una vil invasión.
Marcelo Colussi / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
Los tambores de guerra vuelven
a sonar en relación a la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, que es igual
a decir las multinacionales estadounidenses del petróleo, tienen puestos sus
ojos en la mayor reserva de oro negro del planeta, que justamente está en
la tierra de Bolívar, y todo indica que no van a detenerse en su intento hasta
conseguirla. Aunque la quema de hidrocarburos como energéticos constituye la
principal causa del calentamiento global, mientras haya petróleo en el planeta
estas rapaces empresas parecen dispuestas a seguir quemándolo (¡y vendiéndolo,
obteniendo fabulosas ganancias!). Las reservas probadas que yacen en el
subsuelo venezolano permitirían seguir contaminando el planeta (y dando mucho
dinero), de mantenerse el actual consumo, al menos por casi dos siglos más.
La Organización de Estados Americanos –OEA– es, como dijera hace años
el Che Guevara, el “ministerio de colonias” de Washington. Aunque eso resulte
patético, ayer como hoy es una triste verdad. Para muestra, lo que está
sucediendo en este momento con el papel jugado por su Secretario General, el
uruguayo (¿estadounidense?) Luis Almagro.
Siguiendo muy de cerca la
situación venezolana, convirtiéndose de hecho en el vocero oficioso de
Washington y de sus multinacionales petroleras, Almagro viajó recientemente a Colombia desde donde pidió, con el mayor
descaro y violando todos los protocolos diplomáticos, la opción militar para
acabar con la Revolución Bolivariana. “En cuanto a intervención militar
para derrocar a Nicolás Maduro creo que no debemos descartar ninguna opción”.
Según su decir, dado que las múltiples reuniones elucubradas por él desde la
OEA pidiendo sanciones contra Venezuela, o abiertamente su expulsión de ese
organismo regional, no dieron los resultados esperados, ahora “el tiempo se
agotó”.
¿Qué tiempo se agotó?,
podríamos preguntarnos. ¿La paciencia de la Casa Blanca será?, la cual probó
numerosísimas variantes para desplazar al gobierno venezolano –ayer con Hugo
Chávez, hoy con Nicolás Maduro–, siendo que ninguna de ellas le resultó. Ni golpes de Estado, paros patronales,
guarimbas, sabotajes, mercado negro, hiperinflación inducida,
desabastecimiento, provocaciones varias, pudieron torcer el rumbo del proyecto
nacionalista que hace ya cerca de dos décadas se viene desarrollando en
Venezuela. La intervención militar foránea se ve ahora como, quizá, la única opción
posible para detener el proceso político en curso.
Decir “intervención militar” es decir invasión de fuerzas extra nacionales
capitaneadas por Estados Unidos, que tiene preparada esta opción como un
recurso final para recuperar esas cuantiosas reservas petroleras, hoy
nacionalizadas y manejadas por un Estado con compromiso social. De ahí la
cantidad de bases militares con alta tecnología bélica, todas norteamericanas,
que atenazan a Venezuela (7 en Colombia, 1 en Curazao, 2 en Honduras), más el
posible accionar de ejércitos nacionales de algunos países latinoamericanos
bajo el manto de la OEA, todos bajo el liderazgo militar de Washington.
El pedido formulado por el
Secretario Almagro representa un fiel reflejo de la caracterización dada por el
Che Guevara: es una grosera intromisión del organismo regional en los asuntos
internos de un Estado miembro (la metrópoli ordenando qué hacer a sus
colonias). Con esta petición se viola flagrantemente el artículo 19 de la Carta
de la OEA. Esa no intromisión que establece el documento fundacional, estipula
que no deberá ejercerse injerencia en ninguna forma, ni militar ni bajo ningún
otro aspecto: político, diplomático, económico. Si la OEA considera que “el tiempo se agotó”, pareciera que eso no
responde a una sana y sopesada actitud diplomática de diálogo sino a la febril
mentalidad de un invasor ávido de robar lo que no le pertenece.
Claramente, el artículo 21 de
dicha Carta indica en forma tajante que el territorio de un Estado miembro es
inviolable, no pudiendo ser objeto ni de ocupación militar ni de ninguna otra
medida de fuerza tomada por otro Estado ni por el organismo, así sea en forma
temporal.
Por otro lado, el artículo 22
estipula que ningún Estado de la organización podrá acudir al uso de la fuerza,
salvo en caso de legítima defensa repeliendo una invasión.
De hecho, lo que plantea ahora
la OEA a través de su cabeza visible Luis Almagro –vocero encubierto de la Casa
Blanca– constituye una abierta ilegalidad en términos de derecho internacional.
Es, en concreto, un llamado a la violencia, incitando a la desestabilización de
un gobierno democráticamente electo. Es un llamado a la guerra, lisa y
llanamente. Si se quiere decir de otro modo: un absoluto absurdo en términos
diplomáticos, pues la organización que debería velar por la paz regional, está
haciendo una apología de la violencia.
Esta conducta injerencista de Almagro trajo como respuesta inmediata
del gobierno venezolano una denuncia presentada ante la Organización de
Naciones Unidas –ONU–.
Sin dudas la situación actual
del país caribeño es difícil, sumamente difícil. Los ataques solapados –y no
tan solapados– que el gobierno de Estados Unidos, junto a las oligarquías de
distintos países de la región latinoamericana, viene realizando contra Venezuela,
han dejado graves secuelas. El descontento en la población no es poco, pues la vida cotidiana se ha venido
deteriorando cada vez más en estos últimos años, a partir de la presidencia de
Nicolás Maduro. Pero queda claro que el problema no es tal o cual
presidente: es la voracidad de las compañías petroleras del país del norte que
no desean perder su botín, junto a otras innumerables riquezas que presenta el
territorio venezolano: agua dulce, gas, minerales estratégicos, oro, diamantes,
biodiversidad de su selva amazónica.
Independientemente de errores que pueda haber cometido el gobierno
bolivariano, es un imperativo ético primordial condenar enérgicamente cualquier
intento de injerencia en sus asuntos internos. Los problemas de los venezolanos
los deben arreglar los venezolanos. Lo demás es, pura y abiertamente, una vil
invasión.
