Por Julio
Piumato en INFOBAE
17 de mayo de
2020
La pandemia del coronavirus agravó en
nuestro país, en la región y en el mundo la crisis sanitaria, económica y
social estructural que fue originada por el capitalismo financiero.
Actualmente,
los Estados tienen que hacer frente a los efectos negativos para los pueblos
que trae aparejado el COVID-19. En este escenario, se están evidenciando con
claridad los límites que adquieren las ideas y las propuestas neoliberales del
libre mercado y del Estado mínimo. Tomando distancia de esta ideología
disfrazada de discurso científico, los distintos gobiernos del mundo están
interviniendo activamente con regulaciones económicas, sociales, migratorias y
sanitarias. Para detener el avance del coronavirus los Estados nacionales están
siendo fortalecidos en Europa, en Estados Unidos y en la región sudamericana.
Los norteamericanos están implementando un inédito programa de apoyo productivo
y social con la ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus
(CARES).
En el terreno
económico y social, la Argentina
atraviesa un difícil escenario caracterizado por una recesión de más de dos
años, una inflación acumulada cercana al 50% anual, con un sector pyme al borde
de la quiebra generalizada y con una deuda pública superior a los 300 mil
millones de dólares. El desempleo pasa los dos dígitos y la pobreza castiga
alrededor del 40% de la población. Diariamente se producen despidos,
suspensiones y la inactividad de la economía informal están dejando a la gran
masa de trabajadores argentinos desprovistos de los ingresos básicos para
mantener dignamente su familia.
El gobierno
nacional tiene que actuar con contundencia, con inteligencia y con coraje para
resolver este difícil escenario. Se están tomando oportunas medidas para
impedir despidos, subsidiar empresas para el pago de los sueldos y otras
tendientes a proteger a la economía informal. A estas acciones de emergencia
hay que integrarlas a un programa de desarrollo de largo plazo, que puede ser
diagramado desde el Consejo Económico y
Social que anunció hace tiempo Alberto Fernández y que aún no se
implementó.
El
impostergable programa de la reconstrucción hoy tiene su gran limitante en el
financiamiento, por el hecho de que el sistema financiero está escindido del
desarrollo nacional. El régimen que
regula el Banco Central, los bancos privados y públicos y el conjunto de las
entidades financieras fue formulado por la dictadura de 1976 (en 1977) y por
los ideólogos neoliberales de los años noventa. Este sistema es el garante
del endeudamiento estructural sin desarrollo, de la fuga de capitales y de la
especulación que desincentiva la producción y que impide la creación de empleo.
Para poder
crecer y solucionar los problemas nacionales en un mundo cerrado por el
coronavirus, la Argentina necesita con celeridad refundar su régimen
financiero. A continuación, enumeramos siete razones fundamentales que
justifican el impostergable y estratégico cambio de regulaciones que tiene que
impulsar Alberto Fernández.
1. Cuidar a los ahorristas frente a las
crisis. La historia argentina es una muestra de que frente a las crisis y
las corridas bancarias los ahorristas pierden su capital y las entidades
financieras los estafan. El sistema bancario privado se acostumbró a distribuir
las pérdidas y mucho menos a repartir las ganancias.
2. Transformar el ahorro argentino en
inversión productiva y social. El sistema financiero presta atendiendo
meramente el interés de dinero de corto plazo y no el interés público estratégico.
Es necesario, por eso, orientar el ahorro nacional a la inversión productiva de
mediano y de largo plazo. Con este fin deben modificarse las normas que
orientan el Banco Central y la Ley de Entidades Financieras. Como dice el Papa
Francisco, el dinero debe servir, no reinar.
3. Los intereses nacionales tienen que ser
protegidos. Durante la dictadura de 1976, el menemismo y el gobierno de
Mauricio Macri, el Banco Central fue una pieza fundamental para organizar y
para legalizar la especulación financiera y la fuga de capitales. Debe
reformarse integralmente el sistema protegiendo al Estado, al productor y al
trabajador argentino. La acumulación pública de deuda de manera injustificada y
con fines meramente especulativos debe ser duramente penalizada.
4. El ahorro argentino debe sustituir el
oneroso costo de querer vivir con el ahorro extranjero. La falta de un
correcto uso del ahorro nacional lleva a los gobiernos a tomar deuda y con ello
se hipoteca la recaudación de impuestos que son dedicados al pago del capital y
de los intereses de los acreedores. Hay que aprender a vivir con lo nuestro,
como dijo Aldo Ferrer. Y esto aunque parezca antiguo en este retroceso
histórico, es futuro. El crédito externo debe ser un complemento y no la base
del financiamiento argentino.
5. La política monetaria tiene que
integrase al plan nacional de desarrollo. En nombre de la autonomía del
Banco Central, se hace política a favor de los especuladores extranjeros y de
la fuga de capitales. Es fundamental una reforma de la estructura de decisión y
de las funciones del organismo para que esté definitivamente al servicio de la
producción y del trabajo de los argentinos.
6. La banca pública debe ser un motor del
desarrollo. El país requiere de un Banco Industrial de Desarrollo y de un
Banco Hipotecario que contribuyan a financiar la actividad estratégica
productiva y la vivienda social del pueblo argentino.
7. El sistema financiero tradicional puede
coexistir con otros regímenes cooperativos y mutuales. Con este objetivo, el
Estado tiene que impulsar y normar los diversos sistemas sociales de la
monetización y del intercambio.
