Diario Página 12
El complejo agrario, mineras e industrias exportadoras
dejaron de pagar unos 5000 millones de dólares el año pasado por la quita de
retenciones. Esa transferencia no significó aumento de inversiones, de empleo
ni de ventas al exterior.
La pérdida de recursos fiscales por la eliminación de
retenciones representó un punto del PIB en 2016.
Por Federico Kucher
La quita de retenciones del 2016 implicó una pérdida de
recursos fiscales de 70.000 millones de pesos (equivalente a 5000 millones de
dólares). Ese dinero fue transferido a diferentes actores del complejo agrario,
minero e industrial. La cifra, que representa 1 punto del PIB, dejó de
computarse como recaudación del sector público y potenció el desequilibrio del
déficit fiscal el año pasado. El incremento de las exportaciones, pese a los
argumentos del Gobierno acerca de que la devolución de ese arancel a las
exportaciones iba a estimular las ventas al exterior de productos de la
industria, la minería y el campo, fue 15.000 millones de pesos en 2016 (1000
millones de dólares). El complejo exportador aportó menos de un dólar por cada
cinco que recibió del Estado.
El Centro de Economía Política (CEPA) elaboró un estudio en
el que se estimó la pérdida de recursos que generó para el sector público la
decisión de quitar retenciones, una de las promesas de campaña que el macrismo
cumplió sin titubear, a diferencia de lo que ocurrió con el Impuesto a las
Ganancias y el millón de créditos hipotecarios. En el informe se detalla que el
sector agropecuario pagó el año pasado 67.180 millones de pesos en retenciones,
un monto concentrado en el rubro de la soja. Si no se hubieran anunciado
cambios, el complejo debería haber pagado 115.195 millones de pesos, por lo que
hubo una caída de ingresos de 48.015 millones.
La rama manufacturera, en particular, los fabricantes de
aceite de soja, abonaron por retenciones unos 4305 millones de pesos el año
pasado, cuando con el esquema anterior hubieran pagado cerca de 16.083
millones, es decir una pérdida de recursos de 11.777 millones de pesos para el
Estado.
Las empresas mineras, en tanto, pagaron sólo 24 millones
de pesos en derechos de exportación en 2016, cifra que podría haber ascendido a
9841 millones sin cambios. La decisión de quitar el ciento por ciento de las
retenciones a las mineras provocó una pérdida de recaudación de 9817 millones
de pesos. La cifra es desproporcionada porque la exportación de minerales el
año pasado aumentó sólo por el equivalente a 360 millones de pesos. El Estado
premió así a las empresas mineras con 27 dólares por cada dólar que generaron
de exportación.
Al sumar los resultados del sector agropecuario,
industria y minería, el CEPA estimó que las firmas dedicadas al negocio de la
exportación deberían haber pagado 141.118 millones de pesos en retenciones el
año pasado, pero gracias al anuncio del macrismo de modificar las retenciones
el monto descendió a 71.509 millones, lo cual implicó un retroceso de la recaudación
de 69.609 millones de pesos. El 69 por ciento de los recursos que dejó de
percibir el sector público se lo quedó el campo, mientras que el 17 por ciento
fue para la industria y el 14 por ciento para la minería.
La rentabilidad extraordinaria que obtuvieron los grupos
exportadores no sólo no se tradujo en mayor producción y exportaciones sino que
tampoco implicó un avance del empleo. Los datos del Ministerio de Trabajo
registraron que los puestos en el sector industrial pasaron de 1.252.108 a 1.204.285
individuos entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016, lo cual implica una
reducción de 47.823 trabajadores formales. En la minería se pasó de 85.735 a
80.325 empleos, una baja de 5410 y en el campo se pasó de 316.546 a 322.081
personas, con suba de 5535 trabajadores, lo que no llega a compensar la caída
de las otras dos actividades.
La eliminación de las retenciones tampoco tuvo un impacto
significativo en materia de inversiones y los recursos embolsados por el
complejo exportador fueron a alimentar en parte la fuga de capitales del
mercado interno el año pasado, la cual alcanzó niveles record de la última
década. La modificación de los derechos de exportación implicó una mayor
regresividad de la recaudación, al incrementarse el peso del IVA.